Quito. 09.04.95. En Azogues, los perjuicios se cuentan por
montones. Mientras los acreedores montan guardia en el mandato,
comentan que un banquero "de años", Polibio Romero, perdió 160
millones de sucres, los ahorros de toda la vida. Y que al haber
recibido la infausta noticia, de la quiebra de la "financiera",
le provocó un infarto. Romero, en efecto, murió hace pocos días.

Cuentan, asimismo, que hay matrimonios que están divorciándose,
ya que, en muchos casos, fue uno de los consortes quien decidió
la inversión, pese a la oposición del otro, y al quedar en la
ruina, han llegado las desavenencias, que han provocado la
separación y hasta dos demandas de divorcio.

No menos dramático es el caso de Vinicio Mayorga Ortega, un joven
que, hace cuatro años, emigró a los Estados Unidos, luego de
endeudarse en una fuerte suma de dinero, para hacer el viaje.

Después de un tiempo de trabajar en Nueva York, Mayorga enviaba,
religiosamente, a su familia, fuertes sumas de dinero, "porque en
el trabajo le iba bien". Sus parientes, cuenta su hermana,
confiaron la plata al Mandato "4 de Octubre", porque pagaban "muy
bien", y todos dejaban allí sus ahorros. El dinero del
inmigrante, como de 1200 ecuatorianos más, está perdido.

Su hermana que, en ritual de dolor, todos los días acude a la
oficina de la falsa financiera, revela que ha perdió 40 millones
de sucres, y que hoy está "como el primer día que viajó a EEUU,
sin un sucre".

LA CARCEL NO HABRE LAS PUERTAS

La cárcel de San Francisco de Azogues de Peleusí- ese es el
nombre completo de la ciudad- está en una colina desde que se ve
la urbe.

"Ese, precisamente es el castigo de los presos, mirar esta
ciudad", comenta jocosamente un cuencano que alimenta, así, la
tradicional rivalidad entre el Azuay y el Cañar.

Hasta allí acudió BLANCO y NEGRO para conocer qué tenían que
decir los presuntos estafadores: Iván y Homero Torres Navas
Sacoto, Bolívar y Franco Delgado Arce, Eugenio Calle, Eugenio
Mororcho - algunos de ellos, no todos están detenidos-.

Las intenciones de este medio se vieron frustradas por el
Director Nacional de Rehabilitación Social y por dos temibles
mujeres, con las que de nada valieron las "palancas" del
gobernador de la provincia, Byron Pacheco, ex ID, actualmente
conservador -el gobernador más joven del país, seguramente , pues
tiene 27 años de edad-, que solicitó telefónicamente que se nos
abrieran las puertas.

Dos funcionarias de la prisión, con cigarrillos colgándole de las
comisuras de los labios, escoltadas por sendos guías
penitenciarios, más mal encaradas que los delincuentes que
pudimos ver, ejercieron su pequeño gran poder impidieron el
contacto con los acusados.

Para conseguirlo se escudaron en un telegrama llegado de la
capital de la República, fechado el 21 de marzo de 1995. Textual:
"Para su conocimiento y fines consiguientes, previo ingreso de
todo medio de comunicación social al centro dirigido por usted,
éste será autorizado exclusivamente por la Dirección a mi cargo
en coordinación con la Dirección de Comunicación. Atto. Dir
Nacional Rehabilitación Social".

¿Hay explicación legal para incomunicar a los presos? Mientras
hacemos esta pregunta, alguien menciona que el telegrama llegó
después que alguien de derechos humanos denunció la situación de
los "internos" en esa cárcel.

Por fin, una de las carceleras se desprende el cigarrillo de la
boca. Echa una bocana de humo y dice: "los detenidos no quieren
hablar con la prensa". Lo dice ella. No los acusados, que pocos
minutos antes han dado declaraciones a la emisora local.

LA ALARMA LA DIERON LOS BANCOS

Mandato "4 de Octubre" estaba quebrantando la ley. No tenía los
reglamentos ni la aprobación de la Superintendencia de Banco
tenían la aprobación de la Superintendencia de Compañías para
compra y venta de bienes raíces.

Era un cliente muy bueno. Hacía diariamente sus depósitos
respectivos.

De acuerdo a la auditoría realizada por la Superintendencia de
Compañías, los avalúos respectivos no están de acuerdo al
reglamento del mandato, porque los avalúos son supervalorados.

CREDITOS MAL CANALIZADOS.

Eran créditos con una tasa muy elevada, del 9 y 10%.

De acuerdo al estudio de la Superintendencia de Compañías, creo
que van a tener una pérdida no menos de un 60 o 70%. Hay poca
esperanza de recuperación, ya que, de acuerdo al estudio de la
Superintedencia de Compañías, hay un 90% de cartera vencida. Es
una cartera incobrable.

El 12 de diciembre del año anterior los representantes de los
bancos que operan en la ciudad de Azogues dieron la voz de alarma
de lo que estaba aconteciendo con el Mandato "4 de Octubre".

Los gerentes se reunieron en varias oportunidades preocupados
mandato captaba

No está muy claro si su preocupación tenía que ver con la ética
financiera o con la prosaica competencia: el Mandato captaba
prácticamente toda la capacidad de ahorro de la comunidad. Jaime
Vintimilla, gerente del Filanbanco, dijo a BLANCO y NEGRO que los
bancos buscaron que la Superintendencia de Bancos buscara cuáles
son las instituciones autorizadas para poder solucionar cualquier
cuestión de crédito o captación de dineros.

Vintimilla dice que la Superintendencia advirtió públicamente que
solo los bancos estaban en capacidad de operar captando dinero.
El gerente insiste que el Mandato "4 de Octubre", estaba
quebrantando la ley y Publicó las advertencias en los semanarios
locales "El Heraldo " y "El Espectador".

"Ellos sólo tenían la aprobación de la superintendencia de
compañías para compra y venta de bienes raíces", insiste.

El Mandato llevaba sus platas al Filanbanco: "era un cliente muy
bueno, hacía diariamente sus depósitos respectivos, pués el
Filanbanco califica a un cliente por sus saldos. Cuando vino a
solicitar el crédito, yo pedí una garantía colateral para poder
atenderle positivamente. Y se me dió una garantía en que no
constaba el valor que ellos querían solicitar", precisa
Veintimilla.

El añade que, de acuerdo a la auditoría realizada por la
Superintendencia de Compañías, los avalúos respectivos no están
de acuerdo al reglamento del Mandato, porque son supervalorados,
lo que quiere decir los créditos estuvieron mal canalizados y con
una taza muy elevada, "del 9 y 10%".

Se estima que los perjudicados van atener una pérdida no menos de
un 60 o 70%.

"Hay poca esperanza de recuperación, ya que, de acuerdo al
estudio de la Superintendencia de Compañías, hay un 90% de
cartera vencida. Es, entonces, una cartera incobrable", concluye
el gerente del Filanbanco de Azogues.

LA COMPLICIDAD DE LA VICTIMA

"Yo he rogado, he suplicado, que no se dejen engatusar por
quienes ofrecen el oro y el moro, y que coloquen sus recursos
solo en entidades autorizadas por la Superintendencia de Bancos,
dice el Ricardo Muñoz Chávez, superintendente de Bancos, al
comentar la millonaria estafa.

¿La gente es ingenua o el ambición rompe el saco?

Yo creo que las dos cosas. Es el único delito en el que el
delincuente, no puede realizar su delito si no tiene la
complicidad de la víctima, dice. Y agrega que solo la persona
que, por el afán de obtener mayores réditos se pone en manos de
delincuentes, pues saben se están exponiendo.

Muñoz califica de "barbaridad" el que se ponga el dinero en manos
agiotistas y, expresa su admiración por que continúan cayendo.

¿La Superintendencia interviene solo cuando los hechos están
consumados, pues todos sabían que hacía el Mandato?

En el momento en el que la Superintendencia de Bancos, de acuerdo
a las reformas de la Ley, llega a tener información, le permite
que, en el caso de conocer se están haciendo estas actividades,
denunciar el hecho para que sea juzgado por estafa, al juez
correspondiente. Pero no podemos entrar a controlar la actividad
de ellos, sino solo denunciar.

¿Se necesita nuevos controles porque en el país operan cientos de
estos "mandatos"?

Si, se he encargado a Claudio Monsalve, abogado e Intendente de
Bancos del Austro, que nos presente un conjunto de normas y
procedimientos para poder actuar, pues hasta ahora, por Ley, solo
podemos denunciar, y eso es ilógico.

No obstante, asegura que cuando hubo sospechas de actividades
ilícitas, la Superintendencia si se intervino, y mandó a la
Gobernación y la Intendencia de policía del Cañar, información
indicando que las únicas entidades autorizadas para recibir
dinero, son las fijadas por la Superintendencia de Bancos.

EN TODAS PARTES SE CUECEN HABAS

No solo en Azogues la codicia conduce a las lágrimas, o al
sobresalto.

Ricardo López León, quien se dijo había pertenecido a la Marina
ecuatoriana, decidió separarse de las huestes marítimas para
abrir una cambiaria, que la denominó "L&L", llegando a
capitalizar más de 2.000 millones de sucres en poco tiempo.

López León, aparentemente tenía todo planificado y alzó el vuelo
cuando tenía su futuro asegurado, dejando en la miseria y
desocupación a pequeños comerciantes que vendieron sus negocios,
jubilados y empleados del sector público que vendieron sus
renuncias, supuestamente "para vivir de los jugosos intereses que
les ofreció el propietario de L&L".

El escándalo social, que se conoció a nivel nacional, produjo el
malestar de los propietarios de aproximadamente 30 financieras
fantasmas de la ciudad de Ambato, quienes comenzaron a
desaparecer misteriosamente ante la amenaza de una batida
policial anunciada por el gobernador de aquel entonces, Santiago
Barriga.

ATENTADO

Entre los meses de mayo y julio de 1994 estalló el escándalo
social de las estafas multimillonarias provocadas por los
propietarios-accionistas de las financieras fantasmas "Consufin"
y, "L&L", cuyo monto nunca se determinó con exactitud, ya que una
gran cantidad de personas de buena posición económica, entre

políticos y autoridades de la localidad, decidieron perder
millonarias cantidades de dinero y no denunciar ante las
autoridades competentes.

Aproximadamente a un mes del primer escándalo financiero, fines
de junio de 1994, se conoció de un atentado que sufrió el
conocido "financista" Pedro Calvache, principal ejecutivo de
"Consufin", quien resultó herido de bala por razones
desconocidas.

Días más tarde se detuvo a Gonzalo Paredes, segundo accionista de
"Consufin", y se confirmó el arresto de Calvache, mientras se
recuperaba en la Clínica del IESS, dejando al descubierto otra
estafa multimillonaria que dejó en la calle a personas de escasos
recursos económicos y en la quiebra a destacadas personalidades
de la ciudad que nunca aparecieron ante la opinión pública.

Los propietarios de "Consufin", (Calvache y Paredes), aseguraron
tener inmuebles y otros bienes para cubrir el monto que adeudan a
sus acreedores, asegurando que fueron víctimas del pánico
provocado por la quiebra de "L&L", lo que según ellos impulsó a
los clientes para que retiren el dinero, liquidando por completo
a su empresa.

Según los acreedores, "Consufin" se llevó aproximadamente 5.500
millones de sucres, sin tomar en cuenta los capitales de personas
que decidieron no denunciar ante las autoridades, con quienes
habrían arreglado silenciosamente.

En cálculos estimativos, se determinó que "Consufin" había
captado más de 6.500 millones de sucres, lo que no se ha
comprobado hasta la fecha, ya que los juicios en contra de Pedro
Calvache y Gonzalo Paredes continúan en manos de la justicia.

Semanas después se conoció de otras cambiarias que supuestamente
habían quebrado y desaparecieron con montos menores que también
se denunciaron ante las autoridades respectivas, terminando así
con la ola de financieras y cambiarias fantasmas que se
apoderaron de la ciudad.

Ambato es considerada la tercera potencia económica del país, con
14 bancos nacionales, las cooperativas de ahorro y crédito más
importantes del Ecuador, así como financieras y cambiarias
legalmente reconocidas por la Superintendencia de Bancos,
entidades que resultaron seriamente golpeadas por las estafas de
"Consufin" y "L&L".

Ricardo López León, (gerente de L&L), permanece prófugo de la
justicia, mientras Pedro Calvache y Gonzalo Paredes, (accionistas
de Consufin), guardan prisión indefinidamente, ya que los juicios
planteados por decenas de personas siguen su curso normal en los
Juzgados, Cortes y Tribunales de Justicia.

Leonardo Gamboa, Juez de lo Penal de Tungurahua, indicó que en la
mayoría de causas se ha determinado culpabilidad de los
implicados en las estafas, las mismas que han sido apeladas a
instancias superiores para la sentencia final. "He tramitado
juicios que van de 200 mil hasta 20 millones de sucres", dijo
Gamboa.

DON SILVA SE LLEVO TODO

En Ibarra, un financista ibarreño manejó durante 12 años de
actividad ilícita alrededor de 20 mil millones de sucres, según
cálculos preliminares. Tras su muerte muchos son los
perjudicados.

En la última década, Homero Silva, quien falleció hace pocos días
en forma misteriosa, se convirtió en una especie de salvador para
cientos de personas que tenían problemas económicos; pero hoy
esos mismos beneficiarios se sienten perjudicados ya que
difícilmente podrán recuperar las cantidades invertidas, puesto
que se trataba de una negociación fuera de la ley.

El conocido "chulquero" se dedicó en los últimos diez años a
recibir pequeñas y grandes sumas de dinero, las cuales a su vez
servían para prestar a otras personas, pero a un interés
superior. Silva recibía cantidades entre un millón hasta decenas
de millones de sucres.

CIENTOS DE PERJUDICADOS

La noticia del fallecimiento de Don Homero Silva se corrió como
reguero de pólvora y no era para menos si se toma en cuenta que
decenas de personas depositaron sus recursos en manos de éste
hombre, una especie de financista, sin reglamento, ni leyes.

Los acreedores no eran solamente oriundos de Ibarra, sino de
otros sectores de Imbabura y de las provincias de Pichincha y
Carchi. Estaban compuestos por gente de diferente índole, desde
un ex diputado, hasta un humilde empleado que con la venta de su
renuncia quiso obtener grandes utilidades.

Los casos son diversos, desde una pequeña comerciante que con los
pequeños ahorros de toda su vida se mantenía gracias a los
intereses, hasta los grandes potentados que obtenían desde 30
hasta 50 millones de sucres mensuales solo por concepto de
intereses.

Por allí se habla de un ex diputado imbabureño que confío al
financista 300 millones de sucres por lo cual recibía hasta 30
millones de sucres de intereses cada mes.

Asimismo se dio el caso de un empleado municipal a quien le
recomendaron que depositara en manos de Silva 13 millones de
sucres que había obtenido con la venta de un flamante automóvil
que se lo ganó sin mayor esfuerzo en un sorteo del Lotto
Millonario.

Don Homero como se lo conocía popularmente en Ibarra, pagaba
puntualmente a los acreedores y es por ello que generaba absoluta
confianza en los "inversionistas"; el interés para los acreedores
dependía de los montos entregados, pero estaban por el orden del
10%, mientras que a los deudores les concedía préstamos al 12 y
13%, porque allí estaba la ganancia.

MUERTE MISTERIOSA

La muerte de Homero Silva es motivo de investigación, aunque se
comenta que se trató de un suicidio.

Otros señalan, en cambio, que al prestamista le sobrevino un
ataque al corazón después de un fuerte altercado con uno de sus
clientes un diputado que reclamaba la liquidación de sus cuentas.
Pero el médico que hizo el parte de defunción indica que la causa
de la muerte fue una hemorragia aguda a causa del impacto de un
proyectil en el paladar.

Sin embargo a los acreedores no les interesa demasiado la forma
cómo ha muerto Don Silva, ya que su único afán es tener en sus
manos, nuevamente, el dinero que le habían confiado.

De acuerdo a versiones de varios abogados de la localidad, al no
existir ninguna documentación por tratarse de una actividad al
margen de la ley, los acreedores perderían todos sus valores
económicos; los deudores, como es lógico, no asoman y la familia
de Homero Silva no tendría ninguna participación en este enorme
lío que ha causado gran revuelo en la ciudad de Ibarra.

Diariamente una comisión negociadora conformada por los
acreedores y algunos familiares del fallecido se reúnen en el
Auditorio del Sindicato de Choferes de Imbabura, con el objeto de
buscar alguna salida al problema en el que se han visto
involucradas más de un millar de personas de lo poco que se
conoce.

La lengua en movimiento de los perjudicados ha desconcertado a la
familia Silva quienes han ofrecido solucionar el mal y dejar
limpio el nombre del finado. Han solicitado incluso las
fotocopias de los documentos que acrediten la deuda contraída y
han pedido paciencia y espera.

Don Homero Silva, un hombre que era querido, respetado y que
ahora muerto es el blanco de muchos ataques, se llevó consigo la
secreta lista de deudores; como único vestigio de su vida ha
dejado una casa antigua de dos pisos ubicada en la calle Oviedo
de esta ciudad cuyo costo resulta ínfimo ante la abrumadora
cantidad que reclaman los acreedores.

¿QUIEN VA PRESO?

Los culpables de estafas financieras usualmente gozan de
impunidad. Y los denunciantes se ven abocados a la amenaza de
prisión.

Eso le sucedió a Alberto Acosta, economista, columinista de HOY.

En agosto de 1993, a raíz de una serie de escándalos producidos
por anomalidades producidas en varias financieras, él realizó un
comentario sobre el tema, alertando a la ciudadanía y a las
autoridades sobre los riesgos de esta situación. El resultado de
ese comentario, en términos de la advertencia, fue nulo.

"Curiosamente, en mi calidad de comentarista, que busca
exclusivamente el bien común, si fui objeto de un juicio penal
que, en primera instancia, me ha significado una sentencia de dos
años de cárcel, mientras la mayoría de personas involucradas en
estos casos permanecen en libertad, gozando del exilio o aún de
importantes puestos públicos", dice Acosta a BLANCO y NEGRO.

"Desde entonces, y tal como ha sucedido en años anteriores
-recordemos solo el caso de FINANSA y NAFINSA en la segunda mitad
de la década pasada-, una y otra vez se han multiplicado las
noticias sobre quiebras fraudulentas o simplemente atracos que se
producen en el sector financiero".

Acosta menciona que en agosto de 1994 el problema se había
circunscrito a los casos de Investfin-Valorfinsa, Churinsa y
Mervaltec, a los cuales se sumó una cadena de situaciones
similares en la provincia de Tungurahua, pasando por el bullado
caso de Irandina, hasta llegar al escándalo más reciente de la
Cooperativa de Ahorro y Crédito "4 de Octubre" de Azogues.

El analista subraya que todas esas empresas han estado cobijadas
por una imagen de solvencia que finalmente resultó ser falsa..

Muchos ciudadanos, que no son los mþs ricos, puesto que ellos si
saben cómo y dónde invertir, y tampoco los más pobres, que ellos
por el contrario no tienen casi para comer, han sido víctimas de
manejos muchas veces dolosos. Su ignorancia sobre los vericuetos
financieros compite a la par con su codicia, que en estas
ocasiones a terminado por romper el saco y sus expectativas de un
fácil y lucrativo enriquecimiento. Como se ve, las experiencias
denunciadas muy poco han servido para crear una mayor conciencia
y preocupación entre los ahorristas.

LAS AUTORIDADES

Por otro lado, las autoridades no aprenden las lecciones. Ellas
dirán que muchas de estas entidades financieras no están
registradas y que, por lo tanto, no pueden ser controladas por
las correspondientes superintendencias. Sin embargo, el hecho
cierto es que muchas de estas empresas "fantasmas" son por demás
conocidas en amplios sectores de la población, hasta por obispos,
como en el caso de la Cooperativa del Cañar, que -entiendo debe
ser así- no deberían creer en fantasmas... Y si realmente las
autoridades no pueden actuar con el marco legal existente, habría
que preguntarles qué es lo que han hecho para que los
legisladores preparen las herramientas para impedir tanto atraco.

Además, las superintendencias deberían informar a la ciudadanía
cómo han actuado ante estos atropellos contra los ahorristas y
contra el propio sistema financiero, en tanto su credibilidad
está en juego. Igualmente sería importante conocer cómo han
procedido en aquellos casos en los que una empresa fantasma
floreció a la sombra de una legalmente establecida, como fue la
situación que motivó mi comentario en Ecuavisa y mi posterior
enjuiciamiento. En esta línea de reflexión, la pelotita también
botea en el campo del Ministerio de Finanzas, que debería
contarnos si ha tratado de cobrar los tributos por parte de estas
compañías, en especial en casos, como el anteriormente
mencionado, en el cual la empresa legal asumió las obligaciones
de la ilegal frente a los ahorristas...

Por fin, no se puede olvidar que esta ola de inseguridad
financiera se nutre de la propia política económica, que ha
gestado un ambiente extremadamente propicio a las actividades
especulativas en desmedro de las productivas. Aquí recaería, en
última instancia, otra causa para tanta audacia financiera.
(Tomado de la Revista Blanco y Negro No. 50) (P 5-8)
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