Quito (Ecuador) 19.09.95. El juicio político al ministro de
Finanzas, Mauricio Pinto, que comienza mañana, se presenta
como un proceso sin mucha trascendencia frente al que todos
los sectores políticos esperan con más interés: el proceso en
contra del vicepresidente de la República, Alberto Dahik. Se
considera Dahik como un "abreboca" frente al plato fuerte del
vicepresidente. Muchos creen sin embargo que el juicio a Pinto
no tenía razón de ser. Otros inclusive le consideran un chivo
expiatorio para salvar la cabeza del ministro Abril.

Incluso hay quienes cuestionan el llamado a Mauricio Pinto,
formulado por le presidente del Congreso, Fabián Alarcón,
porque consideran que antes que Pinto debieron ser convocados
el ministro de Energía y Minas y el contralor del Estado,
cuyos procesos para enjuiciamiento político fueron previamente
concluidos.

Alarcón debió someter el orden de enjuiciamiento a votación,
dijo el independiente Fernando Larrea. Mientras que Xavier
Neira, socialcristiano, afirmó que con la anuencia del
presidente del Congreso se ha dilatado deliberadamente el
llamado a Abril, para proteger al responsable de la crisis
energética que sufre el país.

Sin embargo, la interpelación tomó un poco de interés debido a
un intercambio de acusaciones entre el roldosismo y el
socialcristianismo que se imputan presuntas negociaciones con
el Gobierno para definir sus respectivas posiciones en los
juicios políticos que se avecinan. Las acusaciones hacen
referencia a supuestas prebendas que serían concedidas en la
Administración de Aduanas.

Santiago Bucaram, del Partido Roldosista, denunció además que
durante los últimos quince días el socialcristianismo recibió
del Gobierno 14.000 millones de sucres a cambio de su respaldo
a Pinto, e inclusive al segundo mandatario. Al respecto, el
socialcristiano Rafael Cuesta comentó a HOY que Bucaram "está
más loco que una cabra", que los únicos 16 nombramientos en
aduanas que recientemente se han otorgado han recaído en
roldosistas. Pero además, respondió con una nueva acusación
que, según dijo, ha llegado a sus oídos: "Dahik quiere tumbar
a Pinto, de común acuerdo con el PRE, porque éste no quiere
entregar los puestos en la aduana que el PRE le exige".

Otro tema que subyace en los dos juicios políticos al ministro
de Finanzas y al vicepresidente Dahik, es la supuesta entrega
de partidas presupuestarias a diputados, alcaldes y prefectos
a cambio de la aprobación de leyes propuestas por el Gobierno.

CADA BLOQUE HACE SU PROPIO CALCULO

Una serie de elementos jugarán en favor y en contra del
ministro Mauricio Pinto a partir de mañana en que deberá
comparecer ante el Congreso. Cada partido y cada bloque
parlamentario hace sus cálculos de acuerdo a sus propias
lecturas de la situación.

En el Partido Social Cristiano (PSC), ahora en minoría dentro
del Congreso, hay distintas posiciones y recién hoy se
reunirán para adoptar una decisión. Xavier Neira, por ejemplo,
sostuvo que no tiene suficientes elementos de juicio todavía,
pero que la acusación sobre fabricar la brecha fiscal "le
parece" extemporánea y la de favorecer una evasión tributaria
de La Fabril, está más bien en el ámbito de lo contensioso
tributario.

La Izquierda Democrática, al APRE y la Democracia Popular, del
centro izquierda, todavía no han tomado una decisión. Se da
por descontado que el MPD apoye la moción de censura propuesta
por el miembro de su bloque, Antonio Posso. No así el PRE, al
cual pertenece el otro interpelante Oscar Célleri.

El diputado roldosista Marco Proaño, por ejemplo, indicó a HOY
que asumirá la función de juez que deben cumplir los diputados
en el ejercicio de la interpelación, por lo que no emitirá su
decisión hasta que transcurra el juicio político. Destacó que
los juicios políticos se han desprestigiado porque se han
convertido en termómetros de fuerzas entre el Gobierno y la
oposición.

El rescatar la imagen de la institución juicio político, para
precautelar su eficacia ante la opinión pública con miras al
enjuiciamiento del vicepresidente Dahik, se ve como uno de los
argumentos para que la moción de censura no logre los votos
necesarios.

Los diputados independientes Fernando Larrea, Fabián Fabara,
Miguel Ramírez, Fernando Meléndez, Estuardo Hidalgo, Luis
Almeida, Guido Alava, Carlos Vidal, Carlos Ribadeniera, según
informó Daniel Alvarez, ya decidieron votar por la censura.
Fernando Larrea, sin embargo, no quiso poner sus manos al
fuego por los votos de los independientes porque, según dijo,
"intervienen algunos factores". Larrea y los diputados
desafiliados consideran que en las denuncias que la prensa ha
publicado sobre la supuesta contribución de Pinto para la
evasión de impuestos de la empresa La Fabril, otorgan el
mérito suficiente para votar por la censura.

Ni siquiera los votos del Gobierno están seguros si se hace
realidad la afirmación socialcristiana de que Pinto no tiene
el respaldo de Dahik, a quien se atribuye dirigir al bloque
conservador.

Para que Pinto sea censurado hacen falta 39 votos.

LOS TEMAS DE LA INTERPELACION

El ministro de Finanzas y Crédito Público, Mauricio Pinto,
será interpelado a partir de la tarde de mañana por los
diputados del Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE), Oscar
Célleri, y del Movimiento Popular Democrático, Antonio Posso,
quienes además proponen la moción de censura y destitución del
funcionario.

Célleri acusa al ministro de negligencia administrativa y
encubrimiento doloso de la evasión de impuestos de la empresa
La Fabril S. A. de la ciudad de Manta.

Dicha empresa tendría una deuda al fisco de diez mil millones
de sucres por concepto de impuesto a la renta, al valor
agregado, intereses y multas, y se acusa a Pinto de obstruir
los procedimientos administrativos para cobrar esa deuda a los
accionistas, entre los que se encuentran su suegro, Ramón
González Artigas.

Por lo tanto el interpelante inculpa al ministro Pinto de
haber cometido "irregularidades configuradas en infracciones a
las leyes vigentes, específicas de las actividades de su
Ministerio y otros actos punibles".

El diputado Posso, por su lado, acusa a Pinto de violar las
disposiciones señaladas en los artículos 1,4, 19 y 45 de la
Constitución Política de la República, en la adopción de
medidas económicas de carácter fiscalista, con la
justificación de cubrir un supuesto déficit en el Presupuesto
General de Estado; y de haber violado la Ley de Régimen
Monetario y del Banco del Estado, al haber permitido la
supresión de las oficinas y sucursales del Banco Central del
Ecuador, con el fin de poner en manos privadas el manejo de
los fondos del Estado.

En su acusación Posso señala además que Pinto violó la Ley que
crea recursos para atender la Defensa Nacional", al haber
desviado fondos por la cantidad de 43.000 millones de sucres
de las cuentas "2% de los vehículos motorizados" y "retención
de dos días de remuneración" y transferirlos a la Cuenta
Corriente Unica del Tesoro Nacional, para pagar la deuda
pública.

Finalmente le acusa de violar la Constitución y la Ley de
Seguro Social Obligatorio al incumplir con las obligaciones
que tiene el Estado para financiar el Seguro Social y cancelar
la deuda de aproximadamente un billón 500 mil millones de
sucres. (Diario HOY) (3A)
EXPLORED
en Ciudad Quito (Ecuador) 19

Otras Noticias del día 19/Septiembre/1995

Revisar otros años 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 -2004 - 2003 - 2002 - 2001 - 2000 - 1999 - 1998 - 1997 - 1996 - 1995 - 1994 1993 - 1992 - 1991 - 1990
  Más en el