Quito. 19 ene 2000. Sindicalistas, maestros, estudiantes y
campesinos, demandan la remoción del Presidente. También la
instauración de un gobierno de unidad. Los indígenas anticiparon
la realización de un levantamiento indefinido y una marcha sobre
la capital. Buscan la salida del mandatario, del Congreso y de
la Corte Suprema de Justicia.
El presidente Jamil Mahuad y su gobierno atraviesan el momento
más crítico de su gestión de 17 meses. Distintos sectores de la
sociedad se han pronunciado por su remoción, iniciando con este
objetivo distintas medidas de fuerza que tienden a caotizar el
país.
El Frente Patriótico, FP que aglutina a sindicalistas, maestros,
estudiantes y campesinos, realiza desde la semana pasada una
serie de manifestaciones de protesta en las principales ciudades,
que se han sentido con mayor rigor en la capital de la República.
Un primer balance da cuenta de siete heridos y alrededor de
setenta detenidos como consecuencia de los disturbios.
Aun así, se estima que la convocatoria del FP, que promueve la
integración de
un "gobierno popular" de unidad nacional, ha sido bastante
modesta.
"El país no puede seguir soportando la mendicidad a la que nos
ha llevado el presidente Mahuad" declaró Wilson Alvarez,
presidente del Frente Unitario de Trabajadores, FUT, quien
aseguró que en el curso de los próximos días la protesta ganará
en intensidad.
Y el pronóstico no luce equivocado. La poderosa Confederación de
Nacionalidades Indígenas, CONAIE, decidió adelantar a partir del
lunes 9 de enero un "levantamiento indefinido", originalmente
previsto a partir de sábado 15. Aquello ha supuesto, como en
ocasiones anteriores, el bloqueo de carreteras y caminos, en
especial, en el norte y centro del callejón interandino donde la
presencia de comunidades indígenas es más numerosa.
La CONAIE plantea no sólo la salida del presidente Mahuad sino
la disolución del Congreso Nacional y la Corte Suprema de
Justicia. "El pueblo ya no cree en ellos y por eso deben salir
y dar paso a una nueva democracia", sostuvo Antonio Vargas,
presidente de la Confederación.
Simultáneamente al levantamiento, los indígenas han convocado a
un parlamento popular, con la participación de otros sectores,
"a fin de aprobar un nuevo modelo de desarrollo y elegir un
gobierno con la participación de los pueblos del Ecuador,
movimientos sociales, empresarios honestos, iglesia comprometida
con los pobres y los militares que desde la revolución ( liberal
) de Alfaro han defendido los intereses de los pobres", según
reza un remitido público.
Además, la CONAIE ha anunciado la realización de una nueva marcha
con dirección a Quito, que supuestamente arribará a la ciudad el
sábado 15, en coincidencia con el mensaje que tendrá que dirigir
a la nación el mandatario con motivo del inicio de año.
Frente a la ola de protestas, el gobierno declaró el estado de
emergencia que restringe parcialmente la vigencia de las
garantías constitucionales en todo el territorio nacional.
Carlos Larreátegui, vocero del régimen, denunció que "existe una
conspiración subversiva en marcha", a la vez que advirtió en tono
enérgico "que aquellos dirigentes que quieren subvertir el orden
del país, que están atentando contra la democracia, que quieren
desestabilizar a la nación y que están poniendo en peligro todo
el aparato económico del país, que se atengan a las
consecuencias".
Ante la crisis que pone en riesgo la estabilidad institucional,
el ministro del Interior, Vladimiro Alvarez, dijo que se
encuentra empeñado en instrumentar un acuerdo de gobernabilidad
que tenga como bases: una estricta disciplina fiscal para el
ordenamiento de la economía; el respaldo a reformas legales
necesarias para modernizar los sectores de hidrocarburos,
electricidad, telefonía, seguridad social y educación básica; y,
además, un acuerdo en el Congreso para impulsar las reformas
jurídicas que garanticen la descentralización y la
desconcentración del Estado.
En tal empeño, virtualmente se confirmó que el gobierno había
logrado un entendimiento con el Partido Roldosista Ecuatoriano,
PRE, del ex presidente Abdalá Bucaram, lo cual aseguraría al
régimen una mayoría parlamentaria clave para impedir cualquier
intento de destitución del jefe de Estado en la Legislatura.
Cabe destacar que la demanda de los movimientos sociales tiene
el respaldo de importantes sectores políticos y empresariales.
El ex presidente y alcalde de Guayaquil, León Febres-Cordero,
líder histórico del Partido Social Cristiano, manifestó que el
país tiene que ir hacia el reemplazo del presidente Mahuad por
su incapacidad para manejar la crisis que se encuentra al borde
del estallido social. Empero, dijo que "tiene que hacerse
constitucionalmente, no a través del caos como pretenden generar
los movimientos sociales controlados por la extrema izquierda,
que gustan del caos y la anarquía".
De su lado, Paco Moncayo, jefe del bloque legislativo de la
Izquierda Democrática, instó al mandatario "a renunciar por un
asunto de honor, a fin de evitar mayores perjuicios a la nación".
En respuesta a la delicada situación, la bancada parlamentaria
de la Democracia Popular, el partido oficialista de tendencia
democristiana, urgió al Ejecutivo para que adopte un plan de
acción emergente que permita solucionar los graves problemas del
país.
Ante la serie de presiones, el presidente Mahuad --que apenas
tiene un 7% de respaldo en las encuestas frente a un 91% de
rechazo-- ha ratificado que no dimitirá. Durante su última
intervención radiotelevisado enfatizó: "Estoy en esta crisis con
ustedes y no los abandonaré".
Dolarización
El presidente Mahuad, en cadena de radio y televisión, instó al
directorio del Banco Central a aprobar un esquema de dolarización
de la economía, como único medio para contener la tendencia
alcista de la divisa que durante las dos primeras semanas del año
se devaluó en cerca de 25%.
Incluso amenazó con promover la destitución de los directores del
Instituto Emisor, convocando a un período extraordinario del
Congreso. Planteó como paridad de conversión 25.000 sucres por
dólar, esto es, la misma cotización actual en el mercado libre
de cambios.
Con esta propuesta, el mandatario procura retomar la iniciativa
política.
El mandatario también informó que había logrado consolidar un
acuerdo de mayoría parlamentaria a fin de impulsar la serie de
proyectos de ley necesarios para promover la modernización del
Estado, tema que ha permanecido contenido por la falta de
consensos políticos.
Apoyo de las FF.AA.
Las Fuerzas Armadas, a través de su Consejo de Generales y
Almirantes, ratificaron en comunicado su rechazo a todo intento
de ruptura del ordenamiento jurídico.
"Hay una un respaldo total de las FF.AA. al Presidente", enfatizó
el general José Gallardo Román, ministro de Defensa.
Sectores vinculados a la protesta popular denunciaron la
existencia de un plan para disolver el Congreso, promovido por
personajes del entorno presidencial. Gallardo desestimó las
acusaciones sobre un supuesto autogolpe. "No se han discutido
esos asuntos porque el Presidente no ha hecho ninguna
insinuación", destacó.
Pese a la discreción y a su apego al rol de garantes del
ordenamiento jurídico, los analistas estiman que las FF.AA.
terminarán asumiendo un papel protagónico, acaso de arbitraje,
en la solución de la crisis. (Texto tomado de Tiempos del Mundo)
campesinos, demandan la remoción del Presidente. También la
instauración de un gobierno de unidad. Los indígenas anticiparon
la realización de un levantamiento indefinido y una marcha sobre
la capital. Buscan la salida del mandatario, del Congreso y de
la Corte Suprema de Justicia.
El presidente Jamil Mahuad y su gobierno atraviesan el momento
más crítico de su gestión de 17 meses. Distintos sectores de la
sociedad se han pronunciado por su remoción, iniciando con este
objetivo distintas medidas de fuerza que tienden a caotizar el
país.
El Frente Patriótico, FP que aglutina a sindicalistas, maestros,
estudiantes y campesinos, realiza desde la semana pasada una
serie de manifestaciones de protesta en las principales ciudades,
que se han sentido con mayor rigor en la capital de la República.
Un primer balance da cuenta de siete heridos y alrededor de
setenta detenidos como consecuencia de los disturbios.
Aun así, se estima que la convocatoria del FP, que promueve la
integración de
un "gobierno popular" de unidad nacional, ha sido bastante
modesta.
"El país no puede seguir soportando la mendicidad a la que nos
ha llevado el presidente Mahuad" declaró Wilson Alvarez,
presidente del Frente Unitario de Trabajadores, FUT, quien
aseguró que en el curso de los próximos días la protesta ganará
en intensidad.
Y el pronóstico no luce equivocado. La poderosa Confederación de
Nacionalidades Indígenas, CONAIE, decidió adelantar a partir del
lunes 9 de enero un "levantamiento indefinido", originalmente
previsto a partir de sábado 15. Aquello ha supuesto, como en
ocasiones anteriores, el bloqueo de carreteras y caminos, en
especial, en el norte y centro del callejón interandino donde la
presencia de comunidades indígenas es más numerosa.
La CONAIE plantea no sólo la salida del presidente Mahuad sino
la disolución del Congreso Nacional y la Corte Suprema de
Justicia. "El pueblo ya no cree en ellos y por eso deben salir
y dar paso a una nueva democracia", sostuvo Antonio Vargas,
presidente de la Confederación.
Simultáneamente al levantamiento, los indígenas han convocado a
un parlamento popular, con la participación de otros sectores,
"a fin de aprobar un nuevo modelo de desarrollo y elegir un
gobierno con la participación de los pueblos del Ecuador,
movimientos sociales, empresarios honestos, iglesia comprometida
con los pobres y los militares que desde la revolución ( liberal
) de Alfaro han defendido los intereses de los pobres", según
reza un remitido público.
Además, la CONAIE ha anunciado la realización de una nueva marcha
con dirección a Quito, que supuestamente arribará a la ciudad el
sábado 15, en coincidencia con el mensaje que tendrá que dirigir
a la nación el mandatario con motivo del inicio de año.
Frente a la ola de protestas, el gobierno declaró el estado de
emergencia que restringe parcialmente la vigencia de las
garantías constitucionales en todo el territorio nacional.
Carlos Larreátegui, vocero del régimen, denunció que "existe una
conspiración subversiva en marcha", a la vez que advirtió en tono
enérgico "que aquellos dirigentes que quieren subvertir el orden
del país, que están atentando contra la democracia, que quieren
desestabilizar a la nación y que están poniendo en peligro todo
el aparato económico del país, que se atengan a las
consecuencias".
Ante la crisis que pone en riesgo la estabilidad institucional,
el ministro del Interior, Vladimiro Alvarez, dijo que se
encuentra empeñado en instrumentar un acuerdo de gobernabilidad
que tenga como bases: una estricta disciplina fiscal para el
ordenamiento de la economía; el respaldo a reformas legales
necesarias para modernizar los sectores de hidrocarburos,
electricidad, telefonía, seguridad social y educación básica; y,
además, un acuerdo en el Congreso para impulsar las reformas
jurídicas que garanticen la descentralización y la
desconcentración del Estado.
En tal empeño, virtualmente se confirmó que el gobierno había
logrado un entendimiento con el Partido Roldosista Ecuatoriano,
PRE, del ex presidente Abdalá Bucaram, lo cual aseguraría al
régimen una mayoría parlamentaria clave para impedir cualquier
intento de destitución del jefe de Estado en la Legislatura.
Cabe destacar que la demanda de los movimientos sociales tiene
el respaldo de importantes sectores políticos y empresariales.
El ex presidente y alcalde de Guayaquil, León Febres-Cordero,
líder histórico del Partido Social Cristiano, manifestó que el
país tiene que ir hacia el reemplazo del presidente Mahuad por
su incapacidad para manejar la crisis que se encuentra al borde
del estallido social. Empero, dijo que "tiene que hacerse
constitucionalmente, no a través del caos como pretenden generar
los movimientos sociales controlados por la extrema izquierda,
que gustan del caos y la anarquía".
De su lado, Paco Moncayo, jefe del bloque legislativo de la
Izquierda Democrática, instó al mandatario "a renunciar por un
asunto de honor, a fin de evitar mayores perjuicios a la nación".
En respuesta a la delicada situación, la bancada parlamentaria
de la Democracia Popular, el partido oficialista de tendencia
democristiana, urgió al Ejecutivo para que adopte un plan de
acción emergente que permita solucionar los graves problemas del
país.
Ante la serie de presiones, el presidente Mahuad --que apenas
tiene un 7% de respaldo en las encuestas frente a un 91% de
rechazo-- ha ratificado que no dimitirá. Durante su última
intervención radiotelevisado enfatizó: "Estoy en esta crisis con
ustedes y no los abandonaré".
Dolarización
El presidente Mahuad, en cadena de radio y televisión, instó al
directorio del Banco Central a aprobar un esquema de dolarización
de la economía, como único medio para contener la tendencia
alcista de la divisa que durante las dos primeras semanas del año
se devaluó en cerca de 25%.
Incluso amenazó con promover la destitución de los directores del
Instituto Emisor, convocando a un período extraordinario del
Congreso. Planteó como paridad de conversión 25.000 sucres por
dólar, esto es, la misma cotización actual en el mercado libre
de cambios.
Con esta propuesta, el mandatario procura retomar la iniciativa
política.
El mandatario también informó que había logrado consolidar un
acuerdo de mayoría parlamentaria a fin de impulsar la serie de
proyectos de ley necesarios para promover la modernización del
Estado, tema que ha permanecido contenido por la falta de
consensos políticos.
Apoyo de las FF.AA.
Las Fuerzas Armadas, a través de su Consejo de Generales y
Almirantes, ratificaron en comunicado su rechazo a todo intento
de ruptura del ordenamiento jurídico.
"Hay una un respaldo total de las FF.AA. al Presidente", enfatizó
el general José Gallardo Román, ministro de Defensa.
Sectores vinculados a la protesta popular denunciaron la
existencia de un plan para disolver el Congreso, promovido por
personajes del entorno presidencial. Gallardo desestimó las
acusaciones sobre un supuesto autogolpe. "No se han discutido
esos asuntos porque el Presidente no ha hecho ninguna
insinuación", destacó.
Pese a la discreción y a su apego al rol de garantes del
ordenamiento jurídico, los analistas estiman que las FF.AA.
terminarán asumiendo un papel protagónico, acaso de arbitraje,
en la solución de la crisis. (Texto tomado de Tiempos del Mundo)
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