Quito. 28 ene 2000. El trabajo de la Comisión de Control Cívico
bajó de perfil.
El equipo saliente asegura que la coyuntura, las limitaciones
legales y la privacidad fueron las causas.
Si se quiere hablar de un balance, el principal logro de la
actual Comisión de Control Cívico de la Corrupción (CCCC) es
haberle dado a esta entidad una Ley Orgánica que la defina como
tal dentro de los parámetros que exige la Constitución. Con estas
palabras, Nicolás Espinoza, presidente de la CCCC, defendió su
gestión, luego de casi un año y medio de labores. Sin embargo, no
descartó que muchos de los objetivos planteados en un principio no
se cristalizaron. Esto le dio, ante la opinión pública y la sociedad,
un bajo perfil en relación a la anterior comisión presidida por
Ramiro Larrea.
¿Pero, por qué bajó de tono? Espinosa fundamentó tres razones por
lo que la CCCC ha pasado a un segundo plano en los últimos dieciocho
meses. La primera obedece a la falta de un cuerpo legal que defina
por completo la vida institucional de la CCCC. La Ley Orgánica fue
oficializada y reglamentada recién en septiembre del 99, por lo que
cualquier gestión, denuncia o plan que se pretendió implantar se vio
seriamente limitada.
La coyuntura que la actual comisión vivió en relación a la primera
es otro argumento. "La de Larrea fue creada para esclarecer los
diversos escándalos de corrupción que se dieron durante el gobierno
de Bucaram, por lo que todos los ojos de la sociedad se volcaron
contra esta institución", afirmó Espinoza.
Pero los comisionados tuvieron obstáculos. Según Larrea la
Contraloría General del Estado no respondió a las expectativas
ciudadanas, a pesarde los reclamos de que las investigaciones
de la comisión no tenían resultados.
Mientras la Fiscalía de la Nación sí colaboró e incluso designó
a un agente fiscal para que participe en la coordinación del trabajo
de investigación. Sobre la Función Judicial dijo que algunas de las
denuncias que se enviaron fueron respondidas y otras se obstaculizaron
por la tramitación lenta de la justicia. Larrea dijo que los resultados
no fueron los programados porque la comisión no era un organismo
constitucional. El primer paso que se tuvo que dar en su comisión, fue
integrar el trabajo de la CCCC, al realizado por los otros órganos
decontrol de la corrupción.
Sin embargo, Espinoza criticó el poco entusiasmo que en algunos momentos
la CCCC recibió por parte de estas entidades así como del Congreso para
apurar la obtención de una ley que la reglamente. Esto, a su juicio se
debió, por ese deseo individualista de figurar y evitar una mayor
competencia.
Y un tercer aspecto que Espinoza argumentó en su defensa fue que
el deseo de la CCCC es el de respetar la privacidad, dignidad y honra
ciudadana, aspectos señalados en la Constitución. Con todos estos
impedimentos, Espinoza asegura que su gestión fue positiva. Algo que
no convence del todo a NapoleónSaltos, candidato para la nueva CCCC,
quien cree que toda la gestión estuvo enmarcada dentro de una débil independencia institucional, lo que le permitió ser presa del poder
político del país, sin embargo no descartó que esto se debe a la falta
de la Ley antes mencionada. Pero el punto que más críticas merece la
actual CCCC, a juicio de Saltos, fue el tema del salvataje bancario,
donde "no reflejó esa incondicionalidad para con la sociedad civil".
Pero, en el informe de labores que la CCCC presentó, ayer, a la
ciudadanía, se asegura que la demanda impuesta en contra del banquero
Fernando Aspiazu, por ejemplo, fue el resultado de una acción conjunta
entre esta entidad y el Servicio de Rentas Internas (SRI) donde se
concluyó que el Banco del Progreso perjudicó al Fisco en más de 245
mil millones de sucres por concepto de la no transferencia de los
valores recaudados por el impuesto del 1 por ciento a la circulación
de capitales. Espinoza aseguró además que su comisión estuvo presente
en las investigaciones que condujeron a Petrocomercial a denunciar a
la misma institución bancaria por perjuicios calculados en 95 mil
millones de sucres.
Pero para Larrea hay algo más grave que enfrentar la corrupción
y es la impunidad. Espinoza concuerda con este comentario, pues
asegura que una vez que pasa por sus manos las denuncias, los
recursos de amparo y las demoras en los trámites estancan los
juicios y los resultados no salen a la vista.
Los integrantes
En agosto, el Congreso expidió la Ley de la Comisión de Control
Cívico de la Corrupción, en la cual se regula el método de
designación de sus siete integrantes. Cada uno de los candidatos
principales, y de sus suplentes, obligatoriamente deben pertenecer
a uno de los colegios electorales: Conuep, los gremios profesionales,
medios de comunicación, entre otros. Para el 8 de enero, el TSE
tenía los candidatos: Reinaldo Valarezo y Ernesto Velásquez, por el
Conuep. Los gremios profesionales propusieron a José Salvador y
Jorge Rodríguez. Por los medios de comunicación están Miguel
Rivadeneira, Ramiro Borja, Efraín Pérez y Antonio Andreta. Las cámaras:
Manuel García y José Luis Guzmán. Por las centrales sindicales: Marco
Antonio Rodríguez, José Vázquez, Hermuy Calle y Jorge González.
Organizaciones femeninas: María Eugenia Quintero y Alexandra Cantos.
Por los DD.HH., Ramiro Larrea, quien ya fue presidente de la CCCC en
1997, Napoleón Saltos y Lincoln Mora. Actualmente se encuentra abierto
el plazo para las impugnaciones. (Texto tomado de El Comercio)
bajó de perfil.
El equipo saliente asegura que la coyuntura, las limitaciones
legales y la privacidad fueron las causas.
Si se quiere hablar de un balance, el principal logro de la
actual Comisión de Control Cívico de la Corrupción (CCCC) es
haberle dado a esta entidad una Ley Orgánica que la defina como
tal dentro de los parámetros que exige la Constitución. Con estas
palabras, Nicolás Espinoza, presidente de la CCCC, defendió su
gestión, luego de casi un año y medio de labores. Sin embargo, no
descartó que muchos de los objetivos planteados en un principio no
se cristalizaron. Esto le dio, ante la opinión pública y la sociedad,
un bajo perfil en relación a la anterior comisión presidida por
Ramiro Larrea.
¿Pero, por qué bajó de tono? Espinosa fundamentó tres razones por
lo que la CCCC ha pasado a un segundo plano en los últimos dieciocho
meses. La primera obedece a la falta de un cuerpo legal que defina
por completo la vida institucional de la CCCC. La Ley Orgánica fue
oficializada y reglamentada recién en septiembre del 99, por lo que
cualquier gestión, denuncia o plan que se pretendió implantar se vio
seriamente limitada.
La coyuntura que la actual comisión vivió en relación a la primera
es otro argumento. "La de Larrea fue creada para esclarecer los
diversos escándalos de corrupción que se dieron durante el gobierno
de Bucaram, por lo que todos los ojos de la sociedad se volcaron
contra esta institución", afirmó Espinoza.
Pero los comisionados tuvieron obstáculos. Según Larrea la
Contraloría General del Estado no respondió a las expectativas
ciudadanas, a pesarde los reclamos de que las investigaciones
de la comisión no tenían resultados.
Mientras la Fiscalía de la Nación sí colaboró e incluso designó
a un agente fiscal para que participe en la coordinación del trabajo
de investigación. Sobre la Función Judicial dijo que algunas de las
denuncias que se enviaron fueron respondidas y otras se obstaculizaron
por la tramitación lenta de la justicia. Larrea dijo que los resultados
no fueron los programados porque la comisión no era un organismo
constitucional. El primer paso que se tuvo que dar en su comisión, fue
integrar el trabajo de la CCCC, al realizado por los otros órganos
decontrol de la corrupción.
Sin embargo, Espinoza criticó el poco entusiasmo que en algunos momentos
la CCCC recibió por parte de estas entidades así como del Congreso para
apurar la obtención de una ley que la reglamente. Esto, a su juicio se
debió, por ese deseo individualista de figurar y evitar una mayor
competencia.
Y un tercer aspecto que Espinoza argumentó en su defensa fue que
el deseo de la CCCC es el de respetar la privacidad, dignidad y honra
ciudadana, aspectos señalados en la Constitución. Con todos estos
impedimentos, Espinoza asegura que su gestión fue positiva. Algo que
no convence del todo a NapoleónSaltos, candidato para la nueva CCCC,
quien cree que toda la gestión estuvo enmarcada dentro de una débil independencia institucional, lo que le permitió ser presa del poder
político del país, sin embargo no descartó que esto se debe a la falta
de la Ley antes mencionada. Pero el punto que más críticas merece la
actual CCCC, a juicio de Saltos, fue el tema del salvataje bancario,
donde "no reflejó esa incondicionalidad para con la sociedad civil".
Pero, en el informe de labores que la CCCC presentó, ayer, a la
ciudadanía, se asegura que la demanda impuesta en contra del banquero
Fernando Aspiazu, por ejemplo, fue el resultado de una acción conjunta
entre esta entidad y el Servicio de Rentas Internas (SRI) donde se
concluyó que el Banco del Progreso perjudicó al Fisco en más de 245
mil millones de sucres por concepto de la no transferencia de los
valores recaudados por el impuesto del 1 por ciento a la circulación
de capitales. Espinoza aseguró además que su comisión estuvo presente
en las investigaciones que condujeron a Petrocomercial a denunciar a
la misma institución bancaria por perjuicios calculados en 95 mil
millones de sucres.
Pero para Larrea hay algo más grave que enfrentar la corrupción
y es la impunidad. Espinoza concuerda con este comentario, pues
asegura que una vez que pasa por sus manos las denuncias, los
recursos de amparo y las demoras en los trámites estancan los
juicios y los resultados no salen a la vista.
Los integrantes
En agosto, el Congreso expidió la Ley de la Comisión de Control
Cívico de la Corrupción, en la cual se regula el método de
designación de sus siete integrantes. Cada uno de los candidatos
principales, y de sus suplentes, obligatoriamente deben pertenecer
a uno de los colegios electorales: Conuep, los gremios profesionales,
medios de comunicación, entre otros. Para el 8 de enero, el TSE
tenía los candidatos: Reinaldo Valarezo y Ernesto Velásquez, por el
Conuep. Los gremios profesionales propusieron a José Salvador y
Jorge Rodríguez. Por los medios de comunicación están Miguel
Rivadeneira, Ramiro Borja, Efraín Pérez y Antonio Andreta. Las cámaras:
Manuel García y José Luis Guzmán. Por las centrales sindicales: Marco
Antonio Rodríguez, José Vázquez, Hermuy Calle y Jorge González.
Organizaciones femeninas: María Eugenia Quintero y Alexandra Cantos.
Por los DD.HH., Ramiro Larrea, quien ya fue presidente de la CCCC en
1997, Napoleón Saltos y Lincoln Mora. Actualmente se encuentra abierto
el plazo para las impugnaciones. (Texto tomado de El Comercio)
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