Quito. 5 mar 2001. Como si fuera el mago de la lámpara
maravillosa, el Congreso Nacional creó 12 nuevas universidades
desde agosto de 1998. Ocho de ellas en el período de Juan José
Pons y las otras en los 3 primeros meses de Hugo Quevedo. Un
promedio de una universidad cada 2 meses.

Con el agravante que, de las recientemente creadas, 10 no tienen
base legal para funcionar, pues sus estatutos no están aprobados
por el Consejo Nacional de Universidades y Escuelas Politécnicas
(Conuep). Y las últimas cuatro ni siquiera presentaron un informe
del organismo, lo que les invalida, según este, ofrecer carreras y
títulos a los aspirantes.

Pero, este es un pequeño dato del caos en que se encuentra sumida
la educación superior ecuatoriana. Hay al momento 50 universidades
en el mercado (solo 38 con funcionamiento legal), que tienen, a su
vez, extensiones y programas de educación a distancia (suman 202)
autorizados en todo el país.

Otras 48 extensiones no tienen permiso para funcionar. Las que son
"legales", llegan a los sitios más recónditos del país. Y no sería
malo, si ello respondiese a una planeación concertada para ofrecer
carreras que aporten al desarrollo regional y nacional.

Son, por el contrario, fábricas de profesionales, cuyo título
generalmente sirve de ascensor hacia un mayor estatus laboral,
social o político y no de palanca para el desarrollo.

Quito y Guayaquil, además de sus tradicionales universidades
tienen otras 6 extensiones. Una de ellas, por ejemplo, ofrece
cursos de medicina a distancia. Otras ni siquiera están
autorizadas por el Conuep y sin embargo, promocionan sus servicios
con el membrete de "aprobación en trámite".

Maraña de carreras

A más de ello, la invocada autonomía universitaria permite que no
pocas universidades ofrezcan las más estrambóticas carreras, como
una Ingeniería Académica en Ciencias de la Seguridad, para formar
"ingenieros" capaces de asesorar o formar empresas de seguridad o
guardianía.

Ni qué decir de una universidad en Ibarra que ofrece una
licenciatura en Educación en apenas un año y medio. U otra
universidad que fue presentada para su aprobación en el Congreso
como de Ciencias Turísticas.

Menos mal que luego rectificaron, como "de Especialidades
Turísticas", no vaya a ser que la comunidad científica mundial
descubra asombrada que, según ciertos diputados, el turismo es una
ciencia.

La ley permite a estos centros crear carreras de cualquier tipo,
pero al cabo de 5 años pueden darse cuenta de que "se
equivocaron", eliminar la carrera o cambiar los contenidos de las
materias. Y quienes se graduaron así, pueden llevar un título bajo
el brazo que al final no les sirve para nada.

Esta maraña de carreras, sedes y extensiones universitarias hace
que un bachiller pierda totalmente la perspectiva. Recibe un
sinnúmero de ofertas sin saber plenamente si la universidad y la
carrera que pretende estudiar son legales y si no tendrá que
lamentar más tarde haber perdido tiempo y dinero, que se soluciona
con un "qué pena, su título no vale", como única indemnización.
Sin embargo, esta Torre de Babel universitaria trata de ser
regulada, y lo será de arreglarse serios problemas.

En mayo del 2000 se publicó en el Registro Oficial la Ley de
Educación Superior, que reemplaza a la antigua Ley de
Universidades y Escuelas Politécnicas. Para ser aprobada por el
Congreso y el Ejecutivo, pasó varios vericuetos legales, incluso
una impugnación que resolvió el Tribunal Constitucional.

Los diputados "aprovecharon" el caos legal y crearon 12 nuevas
universidades, pues la antigua Ley decía que se podía hacerlo
previo informe del Conuep. No mencionaba si favorable o
desfavorable, opcional u obligatorio.

Este organismo "emitió informes por presiones políticas", dice un
alto funcionario de la Comisión de Educación del Congreso, que
siguió el proceso. En esa dependencia se tramita la creación de
nuevas universidades.

La nueva Ley puso punto final a esto: el informe del organismo
superior deberá ser ahora favorable y obligatorio. Pero, una
transitoria de la nueva Ley obliga a que las universidades creadas
así por el Congreso (y, por tanto, legales) reformen y hagan
aprobar sus estatutos en el Conuep, de acuerdo a las disposiciones
de la nueva Ley.

Y ello se refiere también a sus extensiones, programas a distancia
y posgrados: "Deberán someterse al proceso de aprobación en un
plazo máximo de 6 meses", dice la transitoria 24. Como esta
disposición reconoce que hay extensiones funcionando legalmente,
la pregunta del millón es: ¿Y si no se aprueba lo que usted
estudia, universitario lector, quién le responde?

La nueva Ley creó también el Conesup, Consejo Nacional de
Educación Superior. Este reemplaza al Conuep y tiene varias
atribuciones de coordinación, control y sanción para las
universidades públicas y privadas.

Es un verdadero poder, necesario para unos, inquisitorio para
otros. De su integración depende, empero, que se aplique la
totalidad de la Ley y su Reglamento. Lo que pondría un poco de
orden en el caos universitario.

Pero, el Conesup no se puede integrar por razones políticas. Un
sector de rectores, especialmente de las universidades más grandes
y antiguas, cuestionan su conformación.

El Consejo reduce la representación de los rectores e incluye en
su seno, por vez primera, un representante del sector privado.
Este fue elegido por un colegio electoral integrado por los
presidentes de las Cámaras de la Producción y las federaciones de
colegios profesionales. El resultado fue impugnado ante el
Tribunal Constitucional.

Y mientras los rectores resuelven sus disputas políticas internas,
la universidad ecuatoriana permanece flotando en un marasmo, sin
destino cierto, sin vocación de país. (JCCV)

Lo que usted debe saber

Cuando una persona desea ingresar a una universidad, sea una sede
o una extensión, sea bajo un sistema presencial o a distancia,
debe exigir que la entidad de educación superior exponga
públicamente los siguientes documentos:

La autorización del Conuep para su funcionamiento.

La autorización del Conuep para el funcionamiento de la extensión
y la modalidad de enseñanza.

La aprobación de la carrera que se oferta.

Recuerde que las universidades y politécnicas se rigen por la Ley
de Educación Superior y su Reglamento.

Todo universitario debe conocerla. Su contenido puede ser
consultado en el Registro Oficial #77, del 15 de mayo del 2000. El
reglamento consta en el R.O. #195, del 31 de octubre del mismo
año. (JCCV)

Graduados
Un doctor de la Espoj

El doctor Héctor Verdesoto Bosques, subdirector de la Escuela de
Publicidad de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de
Guayaquil, obtuvo su doctorado el 21 de diciembre del 2000, en la
Espoj, en la especialidad de Ciencias de la Educación.
"Mi título era solamente de licenciado y al conocer que una
universidad de Quito estaba matriculando para obtener el
doctorado, me inscribí". Estudió 2 años, en los que vio
asignaturas concretas con la especialidad.

"La mayoría de los graduados nos sentimos satisfechos con los
profesores y los directivos", dice. "Fuimos a Quito, a sustentar
la tesis; 2 compañeras no aprobaron, lo hicieron después". (HV)

Ingeniero de la U. del Pacífico

Nelson Bohórquez tiene un título de ingeniero comercial obtenido
en la Universidad del Pacífico, Escuela de Negocios, sede
Guayaquil.

Venía de otra institución y transfirió créditos. "El tiempo que
dura la carrera depende de la velocidad que uno le quiera poner",
dice. Con 5 créditos por trimestre, un estudiante sale en 4 años.
A sus 26 años, es gerente administrativo de un grupo de empresas y
dueño de Poslitek, creada paralelamente al tiempo que estudiaba.
"Aprecio mucho la calidad de docentes de la universidad, muchos
tienen maestrías, son personas de éxito, no se acogen solo a la
teoría sino a su experiencia". (MAR)

Congreso nos hizo un by pass

"El Congreso nos ha hecho un by pass", dice categóricamente el
secretario general del Conuep, Edison Romero. Simplemente, la
función encargada de elaborar las leyes se olvidó de aplicarlas
correctamente y fue creando universidades, cuenta el funcionario.
Estas han terminado por ser legales ya que tienen publicación en
el Registro Oficial. Sea como fuere, lo consiguieron, "pero deben
tener sus estatutos aprobados para poder funcionar".

Esta situación de irregularidad, por decirlo sutilmente, es solo
el reflejo de que la universidad ecuatoriana va de tumbo en tumbo,
reconoce el secretario general del Conuep.

Pero una vez que se aplique la nueva Ley es preciso señalar que
este cuerpo legal introduzca un elemento nuevo: las universidades
del país, públicas y privadas, deben rendirle cuentas a la
sociedad ecuatoriana de sus resultados: económicos, educativos e
investigativos.

Deben demostrar que son útiles al desarrollo nacional. Para ello,
la Ley crea un Sistema de Evaluación, que cada 6 meses entregará a
la opinión pública los resultados del desempeño de cada una de las
universidades. Algo que no gusta a varias de ellas. "Su negocio es
el desarrollo del país, no fabricar profesionales", dice Romero.
En el Conuep reposan 17 proyectos de nuevas universidades que
tramitan su legalización.

El secretario del organismo exhorta a un cambio de conceptos. "La
solución a los problemas nacionales son multidisciplinarios. El
acceso a la ciencia es público gracias incluso a la Internet, pero
la universidad debe desarrollar tecnología a través de la
investigación", agrega.

Aún es una materia pendiente, averiguar cuál es el impacto de
estas instituciones en el desarrollo del país. La universidad debe
marcar la senda del desarrollo económico, político, ético y social
de una sociedad, señala. (JCCV)

Carreras se abren por pedido, no al azar

La Escuela Politécnica Javeriana del Ecuador (Espoj), se instauró
en Guayaquil en 1998, a pedido de un grupo de tecnólogos de
Mecánica de la Espol y algunos estudiantes de Electrónica de la
Universidad Católica Santiago de Guayaquil.

La coordinadora funciona en el Instituto Superior Franklin Verduga
Loor, en donde alquila un local para sus actividades.

Ingeniería en Periodismo Electrónico, Licenciatura en Prótesis en
Maxilo Facial, Ingeniería Académica en Ciencias de la Seguridad
son algunas de las carreras que ofrece la Espoj.

El licenciado Hernan Bermeo Vásquez, director de la coordinación
Guayaquil, explica que la institución no abre carreras, ni
extensiones al azar. "Hay universidades, institutos técnicos que
lo piden y la gran mayoría quiere la Ingeniería en Ciencias de la
Seguridad".

En nuestra ciudad, esta carrera abrirá sus clases en abril,
"después de un estudio y a pedido de varias instituciones como la
Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y la Comisión de Tránsito
del Guayas (CTG)", comenta.

"La mayoría de los alumnos son personas que ya tienen conocimiento
del área y experiencia laboral. Vienen técnicos superiores,
aspirantes a maestrías y los que quieren una especialización
dentro de su título académico".

La Espoj firmará un convenio con la CTG para impartir clases de
Ingeniería en Tránsito y Transporte, "puesto que es la única
universidad que ofrece esta carrera". También habrá otro con la
Dirección de Educación del Guayas para especializar a los
profesores.

Esta institución cuenta entre sus alumnos al coronel Abraham
Correa, jefe del IV Distrito de la Policía Nacional; el coronel
Marcelo Vega, jefe de la Policía Judicial y el general Paco
Urrutia, director nacional de esta institución, quienes están
próximos a obtener su doctorado en Ciencias de la Educación. (HV)

Mecanismos de creación

La Universidad San Gregorio de Portoviejo fue la última que aprobó
el Congreso. Su creación fue objetada por el entonces presidente
encargado de la República, Alberto Dahik, en 1995. Previamente,
los legisladores la habían aprobado en segundo y definitivo
debate.

Cinco años más tarde, el Congreso insistió con las dos terceras
partes de sus miembros. El proyecto surgió de una extensión en
Portoviejo de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte.

La Transitoria Primera de la ley de creación dice que "los activos
de la U. San Gregorio están conformados por los bienes de la
extensión de la U. Laica Vicente Rocafuerte, por las asignaciones
entregadas por el Estado y se adjudican como contribución estatal
a la Universidad San Gregorio".

La objeción del Ejecutivo, en 1995, precisamente quiso evitar esa
transitoria que aprobó el Congreso el 12 de diciembre del 2000.
"El Estado no puede crear una universidad afectando los bienes y
patrimonio de otra universidad ni haciendo traspaso de bienes sin
consentimiento de la entidad afectada. La creación de la U. San
Gregorio tampoco tomó en cuenta los informes del Conuep", señalaba
el informe jurídico que sustentó el veto de entonces.

A pesar de ello, las comisiones de Educación y de Asuntos
Constitucionales del Congreso actual dieron informe favorable a su
creación.

La justificación planteada era que "ya fue aprobada por el
Congreso hace 5 años", y como cambió desde la Constitución hasta
la ley, no se necesitaba un nuevo informe del Conuep.

Esta es una nueva forma de crear una institución de educación
superior sin que existan los informes técnicos. Una universidad
abre una extensión en cualquier ciudad del país, que es aprobada
por el organismo rector.

Luego, los directivos de esa extensión piden directamente al
Congreso que se transforme en universidad, y como "ya existe el
informe favorable del Conuep" pasa la ley, y ¡viva el Ecuador!
(JCCV)

Marco Velarde vicerrector de la Espol

Universidades tradicionales como la Escuela Superior Politécnica
del Litoral (Espol) incursionan con éxito en la apertura de nuevas
carreras. Economía, Ingeniería Comercial, Auditoría y Estadística
Informática cuentan con 3.000 estudiantes matriculados y superan a
los futuros ingenieros eléctricos que suman 1.800.

¿Cómo explicar este fenómeno, si el país tiene un exceso de
ingenieros comerciales y economistas? "Un ingeniero mejora un
proceso tecnológico, la producción crece y la demanda personal
para manejarla. Por cada uno de estos profesionales, se necesitan
3 ó 4 que sepan de contabilidad, administración y economía",
justifica el ingeniero Marco Velarde, vicerrector general.

En esta institución, la creación de una carrera supone la
presentación de un plan, programa de estudios, recursos humanos y
educacionales, factibilidad, impacto y encuestas para conocer las
necesidades del mercado.

Recientemente, un proyecto para formar ingenieros químicos en la
Espol no fue aprobado, porque incumplía uno de los requisitos: el
número de laboratorios era insuficiente.

Al margen de las nuevas propuestas que necesita el país, la
entidad analiza la pertinencia de algunas carreras como Ingeniería
Naval y replantea las especializaciones en petróleo.

El ingeniero Velarde no está de acuerdo con el facilismo
educativo, so pretexto de la autonomía universitaria, ni con los
manejos políticos que permiten crear más centros superiores. "Es
verdad que hay una crisis en cuanto al valor de los títulos
académicos. Muchas empresas contratan a los profesionales por los
conocimientos que poseen".

No obstante, piensa que en nuestro medio todavía es importante
seguir los caminos establecidos para la formación profesional.
Este concepto está trastocándose, agrega, porque los jóvenes
quieren carreras rápidas y existe una gran oferta de universidades
que las tienen.

"No se puede aceptar un doctorado con un año más después de la
licenciatura, o que los tecnólogos obtengan el título de
ingenieros con un año adicional de estudios universitarios".
Una ingeniería dura 5 a 6 años en la Espol. La fortaleza de sus
graduados radica en que cursan un ciclo básico común de ciencias.
Esto les permite ser versátiles una vez que salen al mundo
laboral, explica Velarde.

A su criterio no debe confundirse tecnología con ciencia; destreza
en hacer cosas, con lo que es el intelecto. "Las ciencias parten
de principios básicos de la naturaleza utilizados para resolver
los problemas de la sociedad".

Con el sistema de autoevaluación y acreditación, previsto en la
Ley de Educación Superior, el panorama podría cambiar, agrega. El
esquema plantea un nuevo perfil docente y una estrecha relación
entre lo que el estudiante aprende y lo que puede hacer.
La Espol trabaja hace 4 años, para lograr su calificación con la
Asociación Sureña de Acreditación de Colegios y Universidades de
EE.UU. (MAR)

¿Licenciado en Medicina?

La nueva Ley de Educación Superior quizá rompa el récord de
disposiciones transitorias. Nada menos que 27. Una de ellas ha
causado estrés entre los estudiantes de Medicina, Veterinaria,
Odontología y Derecho del país.

"Desde la vigencia de esta Ley, las universidades y escuelas
politécnicas no podrán ofertar títulos de doctorado como
terminales de pregrado o habilitantes profesionales.

"Los alumnos que se encontraren cursando o hubieren egresado de
carreras que a la fecha de vigencia de esta ley confieran título
profesional de doctor, podrán acceder a esta titulación
sujetándose a los requisitos y plazos que se determinarán en el
Reglamento de Régimen Académico".

Los títulos, de ahora en adelante, serán de licenciados; el
doctorado se otorgará con estudios de posgrado. ¿Cómo le suena a
usted cuando tenga que decir: licenciado, me duele la vesícula?
El Conesup debe elaborar el Reglamento Académico, pero este
organismo no está integrado ni se integrará, mientras los rectores
no resuelvan sus diferencias internas.

En la mañana del jueves 22 llegó al Conuep un fax urgente. Era de
los estudiantes de Medicina de la Universidad de Guayaquil,
preocupados además porque el Reglamento de la nueva Ley les obliga
a sustentar una tesis para graduarse. Cuando ingresaron a la
carrera no contaban con esto, pues para titularse tienen otros
duros requisitos.

La disposición transitoria del Reglamento a la Ley de Educación
Superior (Registro Oficial 195, del 31 de octubre del 2000)
establece que hasta la expedición del reglamento del Conesup, las
universidades aplicarán su propio régimen académico, pero por lo
menos se requerirá una tesis individual sustentada. (JCCV)

ingenierias para todos los gustos

Cada año, alrededor de 270 mil bachilleres se gradúan en todo el
país. La mayoría no sabe con certeza qué carrera seguirá en la
universidad. Si elegir una profesión es todo un dilema, la
decisión se complica con las ofertas que llegan a los
desorientados estudiantes.

En esa maraña de folletos, la lista de ingenierías, títulos en
tiempo récord y extrañas denominaciones confunde a cualquiera. Tal
vez no llame su atención que con 2 años de estudios, pueda ser un
técnico ejecutivo de la Universidad Regional Autónoma de los
Andes. A menos que explore las especialidades en vitrina:
negocios, periodismo, venta de productos farmacéuticos e
información económica.

La misma institución promociona una licenciatura en teleducación
(4 años) y una tecnología en relaciones públicas (3 años).
Seguramente tampoco sabe que, con un año de estudios, la
Universidad Politécnica Salesiana otorga el título de técnico
básico en robótica e inteligencia artificial.

Y si de ingenierías se trata, una palabra acompaña por lo común a
la carrera ofrecida. Veamos. La Universidad Autónoma de Quito
gradúa "ingenieros en ejecución", al cabo de 3 años de enseñanza.
Pueden elegir varias opciones: ciencias económico administrativas,
comunicación visual o diseño industrial.

Hay más rarezas. La Escuela Politécnica Javeriana del Ecuador
(Espoj) forma ingenieros tecnólogos en diseño de interiores,
prótesis u optometría, (todos en 3 años y medio) en ciencias de la
comunicación, especialidad periodismo electrónico (5 años); en
ejecución de electrónica aplicada a la telemática (5 años), en
innovaciones educativas (4 años) y en ciencias de la seguridad (4
años).

Esta última ingeniería se imparte en la modalidad semipresencial
(viernes de 18:00 a 22:00 y sábados de 7:30 a 14:30). Cada módulo
o nivel comprende 6 materias y un proyecto semestral y cuesta 390
dólares.

Según la Espoj, el objetivo de la carrera es "formar profesionales
altamente capacitados y calificados para tomar decisiones y
asesorar técnicamente a empresas de seguridad en beneficio de la
sociedad ecuatoriana". (MAR)

Los hijos no reconocidos

Su sede en Guayaquil funciona hace 8 meses y ocupa una casa de 2
pisos, ubicada en las calles Mascote 117 y Piedrahita. En tan
corto tiempo de vida, la Universidad Cooperativa de Colombia del
Ecuador cuenta con 150 estudiantes matriculados en su Facultad de
Administración y Economía Solidaria y 28 en la de Jurisprudencia,
Ciencias Públicas y Sociales.

Todo ello a pesar de que la institución no consta en los registros
del Conuep. La falta de reconocimiento tampoco frena el
crecimiento de sus extensiones, porque tiene 18 en el país y
piensa abrir una en Galápagos.

Sin duda, una etapa de bonanza en la que destaca el éxito
alcanzado por las ofertas disponibles en su sede. El "curso de
doctorado en jurisprudencia", por ejemplo, tiene 162 abogados
inscritos, según comenta el rector seccional encargado, doctor
Héctor Vanegas y Cortázar.

¿Algún problema con el Conuep? Ustedes no figuran en la lista...
Eso tiene una explicación muy lógica. Cuando usted tiene un hijo y
vive, nadie puede decir que no es así. El Registro Civil pide que
lo inscriba, para que lo identifique y conste en los padrones
electorales. Eso, más o menos, ocurre con las universidades.

Entonces ¿hay hijos no reconocidos?

No se trata de eso, son hijos que no han cumplido todavía esa
formalidad. Este es el caso de 10 universidades del país, no solo
de la nuestra. Siendo creadas por el Congreso, han tenido un largo
trajín para la aprobación de sus estatutos. No es culpa del
Conuep, son las circunstancias, porque vino la nueva Ley de
Educación Superior y cambiaron las reglas del juego.

¿Cómo van los trámites?

Para aprobar los estatutos, se necesitan tres momentos: informe
jurídico favorable, que ya está; el de la Comisión Administrativa
del Conuep, que lo tenemos. Nos pidieron 4 reformas. Falta que el
pleno se reúna y apruebe, seguramente eso ocurrirá el 5 de marzo.
La convicción de Vanegas no sorprende cuando menciona que la
universidad tiene más de 10.000 alumnos a nivel nacional, "entre
los que cuenta a notarios, jueces, fiscales, presidentes de
gremios, 20 legisladores, ex prefectos y ex alcaldes" y una
"pléyade de docentes de primerísimo orden como los doctores Jorge
Fantoni, Fernando Rosero y José Santos Ditto".

¿Ofrecen maestrías en Guayaquil?

La nueva ley prohíbe otorgar títulos de cuarto nivel o posgrado.
El doctorado en jurisprudencia que tenemos aquí es de tercer
nivel, amparado en una disposición de la ley, que permite
otorgarlo mientras el Conesup no expida el reglamento de régimen
académico. Comprende 9 módulos (uno por mes) y la sustentación de
una tesis. De los 162 inscritos, solamente se han graduado 5.
¿Con nueve meses de estudio? Pero la universidad tiene 8 meses
funcionando...

Este es un programa con un reglamento especial; 6 módulos son
obligatorios y 3 optativos. La parte simpática de esto es que
quienes se graduaron de doctores, siguen asistiendo a clases y
aprobándolos.

¿Cuál es el costo?

Es un programa extremadamente barato, cuesta alrededor de 700
dólares (70 de mensualidad y 80 por matrícula). Vanegas agrega que
las clases se dictan de noche, pero próximamente tendrán horarios
diurnos y de fin de semana.

Según expresa, "las universidades deben tener creatividad para dar
estas opciones a los bachilleres, pero esa característica tiene
que vincularse con una gran rigurosidad académica, que significa
controlar la asistencia y evaluar el rendimiento estudiantil".
Próxima a mudarse de casa, la institución proyecta abrir nuevas
carreras este año: ciencias de la educación y periodismo. La
oferta podría crecer más a juzgar por las palabras del rector.
"tenemos convenios de cooperación con casi todas las federaciones
y colegios profesionales del país. Eso nos permite plantear pénsum
y programas de maestría". (MAR) (Texto tomado de El Expreso)
EXPLORED
en Ciudad Quito

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