Durante los últimos meses se han cuestionado, con graves denuncias, manejos poco claros y de variada interpretación, de diferentes instituciones; principalmente, Fuerzas Armadas y AGD.
Las denuncias referentes a contrataciones de naves, armamentos o seguros de Fuerzas Armadas han conmovido a la República, acostumbrada a creer y confiar en ellas. El cambio parcial de los mandos de la cúpula militar representa un tratamiento cosmético del problema, que no tranquiliza a la opinión pública ni contribuye a restablecer la confianza en esa institución. Lo que se exige es sometimiento a la Constitución y las leyes de la República; las Fuerzas Armadas y con mayor razón sus jefes deben cumplir y dar ejemplo de pulcritud en el manejo de la institución, sometiéndose a los procedimientos establecidos para todo tipo de contrataciones públicas. No pueden pretender pertenecer a un régimen especial de excepción, en el cual no estén sometidos al escrutinio público, a reglas claras y transparentes, y al natural proceso de rendición de cuentas, si lo que manejan son fondos públicos, pertenecientes a toda la nación.
Es el momento de que las nuevas autoridades de las FFAA, estén dispuestas a investigar las irregularidades denunciadas, a rectificar procedimientos que estén alejados de la normatividad y leyes vigentes hora también, de que el Congreso revise con detenimiento las leyes y reglamentos que regulan la vida institucional, y que se definan con claridad los objetivos y verdadera misión institucional. Que se rescaten organismos monopolizados y secuestrados por las instituciones militares, como son la Dirección de la Marina Mercante y la Aviación Civil. El presidente de la República, el ministro de Defensa, los altos jefes militares deben asumir, con responsabilidad histórica, las rectificaciones que sean necesarias y no pretender soslayar las denuncias legítimamente presentadas.
La AGD es otra institución seriamente cuestionada por su gestión. Los objetivos de su creación no se han cumplido; el Estado no ha podido recuperar lo que se le adeuda, ni ha podido responder con prontitud o eficiencia a los miles de ecuatorianos perjudicados, mucho menos lograr castigar a los banqueros responsables del más grande y multimillonario atraco en la vida de esta república. Se han invertido más de $5 000 millones en el rescate del sistema financiero; además, la administración de los bancos cerrados, juicios, honorarios, son un drenaje permanente de fondos que incrementan las pérdidas ya incurridas.
El nuevo acuerdo con los titulares de los fideicomisos del Progreso encierra algunas. dudas e incógnitas, y poco contribuye a recuperar los dineros indebidamente sustraídos, que se usaron para beneficiar empresas vinculadas y ex administradores del banco. A pesar de que se ofrece "desnudar el gran fraude", la impresión que se tiene es que no se recuperará nada, que los banqueros al final saldrán bien librados, que la intención seguramente es otra.
En este ambiente enrarecido por la desconfianza, el proceso de privatización de las empresas eléctricas se desenvuelve con dificultad y oposición.
La venta de Emelec y la concesión de distribución eléctrica de Guayaquil, lejos de constituirse en un ejemplo para el proceso privatizador del resto de empresas, viene siendo manejado en forma misteriosa, que de fracasar perjudicaría a todo el país, que por muchos años más no contará con un suministro de energía eficiente y bien administrado. La opinión pública exige rectificaciones urgentes, al igual que mayor transparencia y credibilidad en todos estos procesos.
Las denuncias referentes a contrataciones de naves, armamentos o seguros de Fuerzas Armadas han conmovido a la República, acostumbrada a creer y confiar en ellas. El cambio parcial de los mandos de la cúpula militar representa un tratamiento cosmético del problema, que no tranquiliza a la opinión pública ni contribuye a restablecer la confianza en esa institución. Lo que se exige es sometimiento a la Constitución y las leyes de la República; las Fuerzas Armadas y con mayor razón sus jefes deben cumplir y dar ejemplo de pulcritud en el manejo de la institución, sometiéndose a los procedimientos establecidos para todo tipo de contrataciones públicas. No pueden pretender pertenecer a un régimen especial de excepción, en el cual no estén sometidos al escrutinio público, a reglas claras y transparentes, y al natural proceso de rendición de cuentas, si lo que manejan son fondos públicos, pertenecientes a toda la nación.
Es el momento de que las nuevas autoridades de las FFAA, estén dispuestas a investigar las irregularidades denunciadas, a rectificar procedimientos que estén alejados de la normatividad y leyes vigentes hora también, de que el Congreso revise con detenimiento las leyes y reglamentos que regulan la vida institucional, y que se definan con claridad los objetivos y verdadera misión institucional. Que se rescaten organismos monopolizados y secuestrados por las instituciones militares, como son la Dirección de la Marina Mercante y la Aviación Civil. El presidente de la República, el ministro de Defensa, los altos jefes militares deben asumir, con responsabilidad histórica, las rectificaciones que sean necesarias y no pretender soslayar las denuncias legítimamente presentadas.
La AGD es otra institución seriamente cuestionada por su gestión. Los objetivos de su creación no se han cumplido; el Estado no ha podido recuperar lo que se le adeuda, ni ha podido responder con prontitud o eficiencia a los miles de ecuatorianos perjudicados, mucho menos lograr castigar a los banqueros responsables del más grande y multimillonario atraco en la vida de esta república. Se han invertido más de $5 000 millones en el rescate del sistema financiero; además, la administración de los bancos cerrados, juicios, honorarios, son un drenaje permanente de fondos que incrementan las pérdidas ya incurridas.
El nuevo acuerdo con los titulares de los fideicomisos del Progreso encierra algunas. dudas e incógnitas, y poco contribuye a recuperar los dineros indebidamente sustraídos, que se usaron para beneficiar empresas vinculadas y ex administradores del banco. A pesar de que se ofrece "desnudar el gran fraude", la impresión que se tiene es que no se recuperará nada, que los banqueros al final saldrán bien librados, que la intención seguramente es otra.
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La venta de Emelec y la concesión de distribución eléctrica de Guayaquil, lejos de constituirse en un ejemplo para el proceso privatizador del resto de empresas, viene siendo manejado en forma misteriosa, que de fracasar perjudicaría a todo el país, que por muchos años más no contará con un suministro de energía eficiente y bien administrado. La opinión pública exige rectificaciones urgentes, al igual que mayor transparencia y credibilidad en todos estos procesos.
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