Quito. 18 oct 2001. Las tres empresas interesadas en la compra de las
acciones de las distribuidoras analizan la situación jurídica con sus
casas matrices.
El presidente Gustavo Noboa dará hoy el respaldo del Gobierno a la venta
del 51% de las acciones de las empresas de distribución eléctrica, como
lo hizo en su oportunidad con la construcción del oleoducto de crudos
pesados (OCP).
Según conoció este Diario, el interés del Gobierno es fortalecer el
proceso de venta por basarse en artículos constitucionales: 240 y 250 de
la Ley Constitución de la República, y 28 de la Ley de Régimen del Sector
Eléctrico.
El pronunciamiento lo haría hoy el mandatario en Portoviejo.
Este es uno de los requerimientos que las empresas interesadas en la
compra: Unión Fenosa de España, AES de Estados Unidos y Pérez Companc de
Argentina hicieron ayer al Gobierno, para continuar en el proceso. "Se
necesita el fortalecimiento del presidente para que nuestras inversiones
no caigan en saco roto", dijeron sus representantes legales.
Asimismo, revelaron que analizan con sus matrices en el exterior la
situación jurídica generada en torno a la declaración del Tribunal
Constitucional (TC), de la inconstitucionalidad del artículo 30 de la Ley
para la Promoción de la Inversión y Participación Ciudadana.
Las matrices darán a conocer su posición la próxima semana. "La
inseguridad jurídica del Ecuador nos obliga a discutir exhaustivamente el
tema", añadieron.
Los inversionistas se reunieron ayer por la mañana con los directivos
del Consejo Nacional de Modernización del Estado (Conam), organismo que
les adelantó el respaldo del Gobierno.
Previamente, el presidente del Conam, Ricardo Noboa, dijo a este matutino
que la declaración del TC es una señal esquizoide que se envía al mercado
internacional, aunque descartó la inseguridad jurídica porque "es la
repetición de algo ya sabido; las empresas ya conocían esto desde cuando
decidieron participar en la venta".
Lo pendiente
El Consejo de Modernización del Sector Eléctrico continuó ayer en el
análisis de las inquietudes de las inversionistas. Fijó el 26 de octubre
próximo como fecha límite para recibir alrededor de 14 requerimientos de
las empresas.
Falta por definir el pliego tarifario que tendrán las distribuidoras una
vez que el Fondo de Solidaridad venda el 51% de las acciones.
Esto impide que la banca de inversión Salomon Smith valore las empresas,
motivo por el que la subasta se posterga para la primera quincena de
noviembre.
También se discute el contrato de concesión, con objeto de fortalecer
también desde ese ángulo, el proceso.
Según el contrato, la concesión será para 30 años plazo, luego de lo cual
se convocará a otra licitación.
Implicaciones del desacato
Unión Fenosa, AES y Pérez Companc no subestiman la posición de los
trabajadores eléctricos de oponerse a la venta.
"Si bien son situaciones molestas y de cuidado, no se puede subestimar a
nadie, tenemos preocupación, es un tema que debemos tomar en cuenta
porque ningún proceso de esta naturaleza es fácil", afirman los
inversionistas.
Pero el problema no es solo el laboral, sino sobre todo, el legal. El
miembro del Tribunal Constitucional (TC), Hernán Rivadeneira, advierte
sobre el desacato del Conam a la declaración del organismo. La
investigación pasará a la Fiscalía General de la Nación para acusar o no.
Además, se establecen sanciones más drásticas como prisión de cinco años
para los funcionarios que desconozcan una resolución del Tribunal
Constitucional, según el artículo 251 del Código Penal.
Por su parte, el vicepresidente de la Cámara de Comercio de Quito, Edgar
Terán, dijo que determinados segmentos de la economía están separados del
patrimonio del Estado y manejados por grupos de interés, lo cual es
evidente en el sector eléctrico. Citó el caso de licitaciones "mal
organizadas y enfocadas para beneficio de quienes no debían recibir
adjudicaciones".
Para solucionar la crisis, la Cámara plantea sacar al sector del
patrimonio actual, situarlo en patrimonios autónomos y confiarlo, en una
licitación abierta, a la administración de un fiduciario internacional
temporal bien capacitado para manejar el área.
Entre las facultades del fiduciario, Terán menciona el cobro de las
tarifas a quienes no paguen. (TH) (Diario Hoy)
acciones de las distribuidoras analizan la situación jurídica con sus
casas matrices.
El presidente Gustavo Noboa dará hoy el respaldo del Gobierno a la venta
del 51% de las acciones de las empresas de distribución eléctrica, como
lo hizo en su oportunidad con la construcción del oleoducto de crudos
pesados (OCP).
Según conoció este Diario, el interés del Gobierno es fortalecer el
proceso de venta por basarse en artículos constitucionales: 240 y 250 de
la Ley Constitución de la República, y 28 de la Ley de Régimen del Sector
Eléctrico.
El pronunciamiento lo haría hoy el mandatario en Portoviejo.
Este es uno de los requerimientos que las empresas interesadas en la
compra: Unión Fenosa de España, AES de Estados Unidos y Pérez Companc de
Argentina hicieron ayer al Gobierno, para continuar en el proceso. "Se
necesita el fortalecimiento del presidente para que nuestras inversiones
no caigan en saco roto", dijeron sus representantes legales.
Asimismo, revelaron que analizan con sus matrices en el exterior la
situación jurídica generada en torno a la declaración del Tribunal
Constitucional (TC), de la inconstitucionalidad del artículo 30 de la Ley
para la Promoción de la Inversión y Participación Ciudadana.
Las matrices darán a conocer su posición la próxima semana. "La
inseguridad jurídica del Ecuador nos obliga a discutir exhaustivamente el
tema", añadieron.
Los inversionistas se reunieron ayer por la mañana con los directivos
del Consejo Nacional de Modernización del Estado (Conam), organismo que
les adelantó el respaldo del Gobierno.
Previamente, el presidente del Conam, Ricardo Noboa, dijo a este matutino
que la declaración del TC es una señal esquizoide que se envía al mercado
internacional, aunque descartó la inseguridad jurídica porque "es la
repetición de algo ya sabido; las empresas ya conocían esto desde cuando
decidieron participar en la venta".
Lo pendiente
El Consejo de Modernización del Sector Eléctrico continuó ayer en el
análisis de las inquietudes de las inversionistas. Fijó el 26 de octubre
próximo como fecha límite para recibir alrededor de 14 requerimientos de
las empresas.
Falta por definir el pliego tarifario que tendrán las distribuidoras una
vez que el Fondo de Solidaridad venda el 51% de las acciones.
Esto impide que la banca de inversión Salomon Smith valore las empresas,
motivo por el que la subasta se posterga para la primera quincena de
noviembre.
También se discute el contrato de concesión, con objeto de fortalecer
también desde ese ángulo, el proceso.
Según el contrato, la concesión será para 30 años plazo, luego de lo cual
se convocará a otra licitación.
Implicaciones del desacato
Unión Fenosa, AES y Pérez Companc no subestiman la posición de los
trabajadores eléctricos de oponerse a la venta.
"Si bien son situaciones molestas y de cuidado, no se puede subestimar a
nadie, tenemos preocupación, es un tema que debemos tomar en cuenta
porque ningún proceso de esta naturaleza es fácil", afirman los
inversionistas.
Pero el problema no es solo el laboral, sino sobre todo, el legal. El
miembro del Tribunal Constitucional (TC), Hernán Rivadeneira, advierte
sobre el desacato del Conam a la declaración del organismo. La
investigación pasará a la Fiscalía General de la Nación para acusar o no.
Además, se establecen sanciones más drásticas como prisión de cinco años
para los funcionarios que desconozcan una resolución del Tribunal
Constitucional, según el artículo 251 del Código Penal.
Por su parte, el vicepresidente de la Cámara de Comercio de Quito, Edgar
Terán, dijo que determinados segmentos de la economía están separados del
patrimonio del Estado y manejados por grupos de interés, lo cual es
evidente en el sector eléctrico. Citó el caso de licitaciones "mal
organizadas y enfocadas para beneficio de quienes no debían recibir
adjudicaciones".
Para solucionar la crisis, la Cámara plantea sacar al sector del
patrimonio actual, situarlo en patrimonios autónomos y confiarlo, en una
licitación abierta, a la administración de un fiduciario internacional
temporal bien capacitado para manejar el área.
Entre las facultades del fiduciario, Terán menciona el cobro de las
tarifas a quienes no paguen. (TH) (Diario Hoy)
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