Murcia. 5 mar 2001. Una mano de obra sumisa y vulnerable por su
situación de irregularidad, unas condiciones de vida infrahumanas
y unas relaciones laborales asentadas en el precepto de lo ilegal
son los rasgos que moldean la otra cara de la agroindustria
murciana.
Fue necesario que 12 ecuatorianos mueran arrollados por un tren
para que la polémica rebase las fronteras de la región enclavada
en la esquina sureste de la Península Ibérica. Quienes acudieron
el 4 de enero al velatorio de los cuerpos ya lo presentían. El
accidente cambiaría su vida en los campos del Valle del
Guadalentín, Cartagena, la Ribera Alta del Segura y la Huerta de
Murcia. Nada volvería a ser igual y dos meses más tarde se
mantiene invariable: el trabajo se acabó para los inmigrantes "sin
papeles".
Su clandestinidad, marca imborrable de su lucha diaria en busca de
un jornal como pilares de una economía sumergida, también saltó a
la luz. Junto a ella, su forma de vida, la violación de sus
derechos y la explotación. Una explotación que no solo proviene de
la población española. La vertiente "más destructiva y dolorosa"
es aquella que nace de los propios ecuatorianos. La que está
patente a las primeras horas del amanecer, cuando los termómetros
marcan por debajo de los cero grados, el frío es casi insoportable
y la poca luz que alumbra en las calles deja al descubierto la
figura de cientos de inmigrantes que salen a la caza de un cupo
para trabajar.
La glorieta lorquina del Óvalo de Santa Paula, el barrio La Viña,
las puertas de algún supermercado o centro comercial y las
estaciones de tren como el Apeadero de San Diego o La Hoya son los
lugares escogidos. Plataformas clave para los "enganchadores", que
comienzan su tarea de comerciar con seres humanos.
"Lo hacen como si fuéramos mercancías", dice Nancy Rivera, una
ambateña que llegó a España hace nueve meses. Su lucrativo negocio
explica- se basa no solo en la paga que reciben por parte de
los empresarios; también cobran entre 500 y 1 000 pesetas a las
personas que trasladan de un lugar a otro. "No crea que sus
ganancias terminan ahí", afirma. "En nuestro caso por cada caja
que llenábamos con naranjas nos pagaban 95 pesetas y él se quedaba
con cinco". En Ecuador estudiaba Tecnología Química en la
Universidad Politécnica del Chimborazo. La crisis económica acabó
con uno de sus sueños y es la culpable de este "infierno". Nunca
se imaginó que debería trabajar en el campo y verse abocada a
realizar labores "tan forzosas sobre todo para las mujeres".
Su historia es una más de las tantas que cada día se escuchan en
Murcia. Relatos que narran seres que hasta hace poco tiempo eran
invisibles, que todas las madrugadas cargaban pequeñas maletas con
un poco de café para calentarse, un bocadillo para la media mañana
y arroz con pollo para el almuerzo.
Con sus rostros cubiertos con pasa montañas y chompas muy gruesas,
intentaban colarse en alguna buseta. Lo lograban cuando en el
coche todavía hallaban una plaza o cuando el chofer ya los
conocía. Otros no corrían con la misma suerte, la discriminación
se da incluso entre costeños y serranos. No faltó algún
desaprensivo que les negó la posibilidad de recoger lechugas o
pelar alcachofas bajo esa consigna, cuenta indignada Adela Illapa.
Después de la tragedia y con la nueva Ley de Extranjería, las
oportunidades se acabaron para los indocumentados. Presos del
miedo se escondieron en sus casas durante varias semanas. No les
resultaba fácil apaciguar su temor. Ni siquiera comprendían si
estaban a las puertas de una deportación inminente. "No lo dude,
un día de estos me van a llevar", asegura Rivera mientras mira
impaciente el paso de los minutos en su reloj. Han transcurrido
siete horas desde que llegó a la avenida Juan Carlos I y no ha
conseguido su objetivo. "Lo mejor es regresar al piso y esperar a
ver qué pasa", entre tanto sobrevive con la ayuda de algunos de
sus vecinos españoles y espera ser escogida por la delegación de
gobierno para regresar a Ecuador y hacerse de un visado.
El rumor de que algunos compatriotas "sin papeles" trabajan por
uno o dos días se ha dispersado como un reguero de pólvora y todos
esperan que sus intentos no sean vanos. "Hay personas que se
acercan en forma discreta y te dicen dónde debes esperar para
llevarte", afirma Carlos Obregón. Ofertas imposibles de rechazar
cuando el dinero se agota y lo poco que puedan ganar en un par de
horas les servirá para comprar algo de comida y reunir para pagar
el piso.
Hay posibilidades de "enganchar" hasta las 08:30. Solo quienes
poseen su documentación en regla obtienen el ansiado puesto. Tal
vez, dos o tres "sin papeles", pero ni uno más. Los propietarios
de las fincas no pueden correr riesgos. De ahí que si la labor de
los peones estaba oculta, ahora lo está aún más. Deben evitar que
los inspectores de trabajo los "pille". "Tenemos que estar atentos
y si vemos algo sospechoso la orden es de escondernos entre las
plantas", manifiesta Obregón.
Infracciones como esta, tipificada como muy grave en la
legislación, le costaría al empresario una multa que va desde un
millón hasta 10 millones de pesetas. El descalabro económico que
supone la pérdida de sus cosechas "les obliga a arriesgarse" y
llevar a sus campos personas "irregulares", asegura Francisco Gil,
secretario de la Coordinadora de Organizaciones Agrarias y
Ganaderas (COAG). Una problemática que se distingue por salarios
bajos (un inmigrante sin papeles puede ganar entre 500 y 600
pesetas por hora y una persona con permiso de trabajo, entre 700 y
1 000) y jornadas de 10 y 12 horas que desde hace años atrás se
extendió por las frondosas huertas que requieren de mano de obra
extranjera y que en cifras coloca a Murcia a la cabeza de la
irregularidad laboral con 422 infractores sancionados en el 2000,
seguida de Madrid, Cádiz, Alicante, Málaga y Barcelona.
Una cruda y sórdida realidad que hasta el momento casi nadie se ha
atrevido a denunciar. ¿Para qué? Se preguntan algunos. El pavor a
ser repatriados les obliga a callar. Pero no es esta la única
razón. En ocasiones no conocen el nombre de la empresa a la que
pertenece la finca donde acuden.
"Solo sabemos que el dueño es español y los encargados,
ecuatorianos. Así no podemos hacer nada". Son irregularidades que
integran una espiral interminable de abusos en el que las empresas
de trabajo temporal también anotan puntos a su favor al manejar
una amplia bolsa de empleo.
Los inmigrantes acuden a ellas para regularizar su situación. La
obtención del "papel rosa" es para muchos un gran avance, con él
pueden justificar que su permiso de trabajo está en trámite, pero
su validez legal es nula. El documento no les permite ejercer
actividades lucrativas por cuenta ajena y en caso de una
inspección laboral el propietario de la finca estará sujeto a
sanción.
Otros ni siquiera logran obtenerlo. Rivera presentó su
documentación en una de estas oficinas y luego de esperar cuatro
meses le informaron que su nombre no constaba en el ordenador.
Un engaño más que se suma a los causados por estafadores que
escondidos bajo la imagen de asesores jurídicos roban altas sumas
de dinero a los extranjeros. Roberto Ponce cayó en manos de uno de
ellos, Miguel Cruzado. Era abogado de Cartagena, le prometió
tramitar sus papeles a cambio de 100 000 pesetas. Aunque solo le
entregó un adelanto, a los pocos días se enteró que el supuesto
letrado estaba en la cárcel por haber embaucado a medio centenar
de ecuatorianos. (Texto tomado de El Comercio)
situación de irregularidad, unas condiciones de vida infrahumanas
y unas relaciones laborales asentadas en el precepto de lo ilegal
son los rasgos que moldean la otra cara de la agroindustria
murciana.
Fue necesario que 12 ecuatorianos mueran arrollados por un tren
para que la polémica rebase las fronteras de la región enclavada
en la esquina sureste de la Península Ibérica. Quienes acudieron
el 4 de enero al velatorio de los cuerpos ya lo presentían. El
accidente cambiaría su vida en los campos del Valle del
Guadalentín, Cartagena, la Ribera Alta del Segura y la Huerta de
Murcia. Nada volvería a ser igual y dos meses más tarde se
mantiene invariable: el trabajo se acabó para los inmigrantes "sin
papeles".
Su clandestinidad, marca imborrable de su lucha diaria en busca de
un jornal como pilares de una economía sumergida, también saltó a
la luz. Junto a ella, su forma de vida, la violación de sus
derechos y la explotación. Una explotación que no solo proviene de
la población española. La vertiente "más destructiva y dolorosa"
es aquella que nace de los propios ecuatorianos. La que está
patente a las primeras horas del amanecer, cuando los termómetros
marcan por debajo de los cero grados, el frío es casi insoportable
y la poca luz que alumbra en las calles deja al descubierto la
figura de cientos de inmigrantes que salen a la caza de un cupo
para trabajar.
La glorieta lorquina del Óvalo de Santa Paula, el barrio La Viña,
las puertas de algún supermercado o centro comercial y las
estaciones de tren como el Apeadero de San Diego o La Hoya son los
lugares escogidos. Plataformas clave para los "enganchadores", que
comienzan su tarea de comerciar con seres humanos.
"Lo hacen como si fuéramos mercancías", dice Nancy Rivera, una
ambateña que llegó a España hace nueve meses. Su lucrativo negocio
explica- se basa no solo en la paga que reciben por parte de
los empresarios; también cobran entre 500 y 1 000 pesetas a las
personas que trasladan de un lugar a otro. "No crea que sus
ganancias terminan ahí", afirma. "En nuestro caso por cada caja
que llenábamos con naranjas nos pagaban 95 pesetas y él se quedaba
con cinco". En Ecuador estudiaba Tecnología Química en la
Universidad Politécnica del Chimborazo. La crisis económica acabó
con uno de sus sueños y es la culpable de este "infierno". Nunca
se imaginó que debería trabajar en el campo y verse abocada a
realizar labores "tan forzosas sobre todo para las mujeres".
Su historia es una más de las tantas que cada día se escuchan en
Murcia. Relatos que narran seres que hasta hace poco tiempo eran
invisibles, que todas las madrugadas cargaban pequeñas maletas con
un poco de café para calentarse, un bocadillo para la media mañana
y arroz con pollo para el almuerzo.
Con sus rostros cubiertos con pasa montañas y chompas muy gruesas,
intentaban colarse en alguna buseta. Lo lograban cuando en el
coche todavía hallaban una plaza o cuando el chofer ya los
conocía. Otros no corrían con la misma suerte, la discriminación
se da incluso entre costeños y serranos. No faltó algún
desaprensivo que les negó la posibilidad de recoger lechugas o
pelar alcachofas bajo esa consigna, cuenta indignada Adela Illapa.
Después de la tragedia y con la nueva Ley de Extranjería, las
oportunidades se acabaron para los indocumentados. Presos del
miedo se escondieron en sus casas durante varias semanas. No les
resultaba fácil apaciguar su temor. Ni siquiera comprendían si
estaban a las puertas de una deportación inminente. "No lo dude,
un día de estos me van a llevar", asegura Rivera mientras mira
impaciente el paso de los minutos en su reloj. Han transcurrido
siete horas desde que llegó a la avenida Juan Carlos I y no ha
conseguido su objetivo. "Lo mejor es regresar al piso y esperar a
ver qué pasa", entre tanto sobrevive con la ayuda de algunos de
sus vecinos españoles y espera ser escogida por la delegación de
gobierno para regresar a Ecuador y hacerse de un visado.
El rumor de que algunos compatriotas "sin papeles" trabajan por
uno o dos días se ha dispersado como un reguero de pólvora y todos
esperan que sus intentos no sean vanos. "Hay personas que se
acercan en forma discreta y te dicen dónde debes esperar para
llevarte", afirma Carlos Obregón. Ofertas imposibles de rechazar
cuando el dinero se agota y lo poco que puedan ganar en un par de
horas les servirá para comprar algo de comida y reunir para pagar
el piso.
Hay posibilidades de "enganchar" hasta las 08:30. Solo quienes
poseen su documentación en regla obtienen el ansiado puesto. Tal
vez, dos o tres "sin papeles", pero ni uno más. Los propietarios
de las fincas no pueden correr riesgos. De ahí que si la labor de
los peones estaba oculta, ahora lo está aún más. Deben evitar que
los inspectores de trabajo los "pille". "Tenemos que estar atentos
y si vemos algo sospechoso la orden es de escondernos entre las
plantas", manifiesta Obregón.
Infracciones como esta, tipificada como muy grave en la
legislación, le costaría al empresario una multa que va desde un
millón hasta 10 millones de pesetas. El descalabro económico que
supone la pérdida de sus cosechas "les obliga a arriesgarse" y
llevar a sus campos personas "irregulares", asegura Francisco Gil,
secretario de la Coordinadora de Organizaciones Agrarias y
Ganaderas (COAG). Una problemática que se distingue por salarios
bajos (un inmigrante sin papeles puede ganar entre 500 y 600
pesetas por hora y una persona con permiso de trabajo, entre 700 y
1 000) y jornadas de 10 y 12 horas que desde hace años atrás se
extendió por las frondosas huertas que requieren de mano de obra
extranjera y que en cifras coloca a Murcia a la cabeza de la
irregularidad laboral con 422 infractores sancionados en el 2000,
seguida de Madrid, Cádiz, Alicante, Málaga y Barcelona.
Una cruda y sórdida realidad que hasta el momento casi nadie se ha
atrevido a denunciar. ¿Para qué? Se preguntan algunos. El pavor a
ser repatriados les obliga a callar. Pero no es esta la única
razón. En ocasiones no conocen el nombre de la empresa a la que
pertenece la finca donde acuden.
"Solo sabemos que el dueño es español y los encargados,
ecuatorianos. Así no podemos hacer nada". Son irregularidades que
integran una espiral interminable de abusos en el que las empresas
de trabajo temporal también anotan puntos a su favor al manejar
una amplia bolsa de empleo.
Los inmigrantes acuden a ellas para regularizar su situación. La
obtención del "papel rosa" es para muchos un gran avance, con él
pueden justificar que su permiso de trabajo está en trámite, pero
su validez legal es nula. El documento no les permite ejercer
actividades lucrativas por cuenta ajena y en caso de una
inspección laboral el propietario de la finca estará sujeto a
sanción.
Otros ni siquiera logran obtenerlo. Rivera presentó su
documentación en una de estas oficinas y luego de esperar cuatro
meses le informaron que su nombre no constaba en el ordenador.
Un engaño más que se suma a los causados por estafadores que
escondidos bajo la imagen de asesores jurídicos roban altas sumas
de dinero a los extranjeros. Roberto Ponce cayó en manos de uno de
ellos, Miguel Cruzado. Era abogado de Cartagena, le prometió
tramitar sus papeles a cambio de 100 000 pesetas. Aunque solo le
entregó un adelanto, a los pocos días se enteró que el supuesto
letrado estaba en la cárcel por haber embaucado a medio centenar
de ecuatorianos. (Texto tomado de El Comercio)
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