Quito. 19 jun 97 .- De 70 personas involucradas fueron sindicadas
30 y permanecen detenidas 15 . Solo hay dos sentencias. En el
juicio faltan varias diligencias.

El 19 de abril pasado Iván Suárez rindió su testimonio en una
audiencia pública en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El caso de Suárez, junto al de Consuelo Benavides, son los dos
únicos procesos por los que el Estado ecuatoriano enfrenta
demandas ante la OEA.

En esta audiencia el Estado reconoció que la detención de Suárez,
en junio de 1992, fue ilegal. "Con eso se desvirtuó todo, porque
no se detiene arbitrariamente a un culpable".

La madrugada del 23 de junio, Iván Suárez, salió hacia su trabajo
en el aereopuerto Mariscal Sucre. Su horario de ingreso era las
02h00. Tras recoger a un compañero de trabajo fue detenido por
un patrullero en las calles Albéniz y Beethoven, cerca del
aereopuerto.

El policía les dijo que debían esperar para confirmar si ese era
el vehículo que buscaban. Los gendarmes buscaban un Trooper
plomo, Suárez viajaba en un Nissan azul. Doce minutos después
llegaron 15 patrulleros y un capitán de Policía se acercó y dijo:
"estos mismos son, llévenles".

De esta forma Suárez fue acusado de narcotráfico y fue uno de los
70 detenidos en la Operación Ciclón. Lo acusaban de quemar una
funda de droga en Zámbiza, minutos antes de su detención, tras
una denuncia de los moradores. Con un mapa, Suárez, explicó la
imposibilidad de que esto sea cierto: ellos fueron detenidos a
la altura de la Av. 10 de Agosto. En 1992, el viaje entre Zámbiza
y la casa de su compañero de trabajo hubiera tomado 45 minutos.

Un peritaje judicial estableció que era imposible descender a esa
quebrada e incluso que se identificara el vehículo. Además Suárez
tuvo testigos que lo vieron salir desde su casa.

Pero una y otra vez, los jueces desvirtuaban las pruebas y se
remitían al informe policial.

Al momento de su detención, Suárez fue llevado a un calabozo de
la Interpol. Cuenta que entre 02h30 y las 19h00 del día siguiente
fue torturado sistemáticamente. "El objetivo de la Policía era
que yo me declare culpable. La única declaración que rendí fue
el recorrido que hice esa noche". Sin embargo en un dictamen
fiscal se habla de interrogatorios grabados en donde los
detenidos aceptan su responsabilidad. "Me gustaría que me enseñen
esos casetes", ironiza Suárez.

En su detención y en la denuncia presentada a la OEA, Suárez
explica que permaneció un mes incomunicado sin acceso a un
abogado y sin boleta de captura. En los calabozos de la Interpol,
los demás detenidos pensaban que era un policía infiltrado porque
no lo conocían.

Así, Suárez permaneció cuatro años en el pabellón de máxima
seguridad, creado para los detenidos en la Operación Ciclón.
Presentó un recurso de amparo, que fue negado14 meses después.
En febrero de 1993, Suárez interpuso una demanda a la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Un año más tarde esta
fue aceptada. Gracias a la presión de la CIDH, Iván Suárez logró
salir de prisión. Era abril de 1996.

"Yo no fui a la Corte (Interamericana) buscando plata, sino
justicia. Que se limpie mi nombre y se castigue a los
responsables".

A él se lo acusa de encubridor. El tiempo máximo que debería
aplicársele es 16 meses. El estuvo 48. Y pudo salir a los tres
días de su detención, porque un mayor Castro -implicado en
Ciclón- rindió un testimonio en el que indicaba que él había
botado una funda de droga en Zámbiza. Conducía un Trooper plomo.

El proceso contra Suárez continúa. En noviembre de 1996, una
providencia lo condenó a pagar 120 millones de sucres. "Me
detienen injustamente, pas preso cuatro años y ahora tengo que
pagar 120 millones". Sus abogados apelaron esa decisión.

Después de dejar el ex Penal García Moreno, tampoco fue tan fácil
reintegrarse. Hay un miedo que persiste hasta ahora.

Como Suárez hay otras historias. Personas que permenecen en el
Pabellón A, de alta seguridad, pese a estar sobreseídos en las
causas.

Guillermo Noboa tras trabajar 25 años en el Citibank se jubiló
y fue a trabajar en el Banco Rumiñahi. Su puesto era en la mesa
de dinero. Fue acusado de conversión de dinero, enriquecimiento
ilícito y testaferrismo. Eduardo Lagos también fue acusado de lo
mismo. En todos está sobreseído, pero permanece detenido.

La misma situación vive Jorge Ontaneda, quien ganaba 200 mil
sucres como veterinario. La única evidencia que había en su
contra era un cheque que el nunca cobró, pues su firma está
falsificada.

Solo 15 de los 30 sindicados están detenidos

La captura del presunto narcotraficante Jorge Reyes Torres le
tomó mucho tiempo a la Policía. Por tres años le siguieron la
pista hasta que una tarde del 19 de junio de 1992 se ejecutó el
operativo denominado Ciclón: en éste se detuvo a Reyes junto a
70 personas más, de las que 30 fueron sindicadas en los
diferentes juicios y de éstas solo 15 permanecen detenidas.

Han pasado cinco años y Reyes solo está sentenciado en dos
juicios: contrabando de equipos sofisticados de comunicación y
tenencia ilícita de armas. En estos procesos recibió una pena de
3 años.

Ha cumplido la condena, pero no puede salir porque tiene 9
juicios más.

Está acusado de narcotráfico de drogas por el que tiene una
sentencia de 16 años, pero no está ejecutoriada porque fue
apelada. La Primera Sala de la Corte Superior de Quito lo tiene
en sus manos desde hace varios meses sin que haya un fallo.

También enfrenta otro por la muerte del magistrado Iván Martínez
Vela, por el que se le impuso 14 años. Sin embargo, el caso fue
apelado y fue a la Quinta Sala de la Corte Superior de Quito para
que emita el fallo definitivo.

En otros dos procesos está enjuiciado por enriquecimiento ilícito
y conversión de bienes. Aún no hay un veredicto.

Este momento, la presidenta de la Corte Superior de Quito,
Mariana Yépez, tramita los casos por testaferrismo y supuesto
narcolavado en el ex Banco de Los Andes. Los juicios por torturas
y lesiones, y secuestro se encuentran en los tribunales penales
para que se dicte la sentencia. El último proceso que se le sigue
es por presunto narcolavado en el Banco Sociedad General de
Crédito.

El desmantelamiento de la supuesta banda de narcotraficantes,
liderada por Reyes Torres, fue una de las más grandes operaciones
en lo que se refiere a la lucha contra las drogas. A Reyes le
incautaron más de 100 bienes.

Se violaron los DD. HH.

Alejandro Ponce Villacís, que ha actuado como defensor de Iván
Suárez, Guillermo Noboa y el coronel Montesinos, sostiene que la
Operación Ciclón pretendía recuperar la imagen de la Policía, muy
golpeada tras el caso Restrepo. Pero como consecuencia este caso
llevó al Ecuador por primera vez ante una corte internacional.
"No hizo sino confirmar que las violaciones (a los derechos
humanos), continuaban". Los involucrados fueron acusados de
testaferros, porque al parecer en sus operaciones, Reyes
utilizaba los nombres de sus empleados para cobrar dineros sin
que ellos lo supieran. En el caso de Jorge Ontaneda, un peritaje
comprobó la falsedad del cheque, que además fue protestado.
Lisandro Montero, que trabajaba como chofer de los hijos de
Reyes, también está acusado. La única evidencia: un cheque que
le encargaron cobrar. (Texto tomado de El Comercio)
EXPLORED
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