Quito. 30 jun 97. En la Consulta Popular del 25 de mayo
último, los ciudadanos se pronunciaron mayoritariamente a
favor de la convocatoria a una Asamblea Nacional para que
reformara la Constitución (65%) y de la integración de ésta
mediante sufragio universal y directo (60%). También votaron a
favor de la elección por los nombres de los candidatos a cada
lista o entre listas (52%) y por la extinción legal de las
organizaciones políticas que no obtuvieran cinco por ciento de
los votos válidos en dos elecciones sucesivas (68%).

Frente a estos resultados, el Congreso Nacional deberá ser muy
cuidadoso para decir cómo se conformará la Asamblea Nacional,
de qué manera el electorado expresará sus preferencias por los
candidatos, y con qué criterios se asignarán los escaños entre
los candidatos más votados.

Si se adoptan normas y procedimientos que faciliten el
fraccionamiento de las representaciones, la hagan menos
competitiva y socialmente más costosa la formación de bloques
ideológicos con poder de negociación, será difícil esperar que
las reformas constitucionales ganen la adhesión de la sociedad
y garanticen la gobernabilidad.

¿Qué eficacia política?

Por eficacia política, los principios de organización y el
funcionamiento de la Asamblea Nacional tienen que ser
diferentes a los que se aplican para la integración del
Congreso Nacional.

El Congreso debe legislar y fiscalizar para ser políticamente
eficaz, y en ese sentido es indispensable que en sus
decisiones impere el principio de la mayoría.

Al contrario, la finalidad de la Asamblea Nacional es la
producción de entendimientos y resoluciones que expresan la
"voluntad general" o el "interés de la totalidad", para lo
cual se debe garantizar que, a través del voto ciudadano,
puedan estar representados todos los sectores.

En consecuencia, la organización y el funcionamiento de la
Asamblea deben producir acuerdos políticos duraderos que,
expresados en los textos constitucionales, generen la adhesión
de la sociedad y el acatamiento de sus prescripciones por
parte de los gobernantes. De otra manera, será difícil esperar
que mejoren las condiciones de gobernabilidad y sean
duraderas.

¿Solo provinciales?

La representación de origen territorial es necesaria e
inevitable en un país cuya geografía política es sumamente
diversa y conflictiva. Por lo tanto, cada una de las 21
provincias que componen la división político-administrativa de
la República deberá tener asegurado un escaño en la Asamblea,
independientemente de su densidad demográfica.

Voluntad Nacional

Pero, es impropia la mezcla de la representación geográfica
con el tamño de la población de cada provincia, porque no se
va a elegir un determinado número de funcionarios para que se
encarguen de la administración pública en una localidad, sino
un conjunto de mandatarios cuyas decisiones deberán reflejar
una "voluntad nacional" y tendrán jurisdicción sobre todo el
territorio nacional. Igual que cuando se elige un presidente
de la República, lo que debería tenerse en mente es que la
elección de los representantes a la Asamblea Nacional debe
conformar un cuerpo colegiado cuyo objeto exclusivo es la
formación de una "voluntad nacional", para lo cual deben
producirse debates y negociaciones entre sectores sociales
cuyos intereses políticos, culturales y económicos son mucho
más amplios que los estrictamente locales.

¿Qué se gana con el provincialismo?

¿Cuál podría ser la justificación racional y la utilidad
política de un sistema de elección exclusivamente provincial ?


Al parecer, los partidos políticos pequeños hacen sus cálculos
electorales basados en un criterio engañoso que no favorece su
propio interés ni el principio de la pluralidad.

Si la Asamblea Nacional se integra con 49 representantes
provinciales, cada uno de ellos sería elegido con el dos por
ciento de los electores, pero si la Asamblea se integra con
118 representantes provinciales, cada uno de ellos podría
obtener su escaño con el 0.8 por ciento. En consecuencia,
parecería más fácil ganar un escaño mientras más bajo sea el
cociente.

Sin embargo, la facilidad de acceso a la Asamblea Nacional
mediante un sistema electoral basado en el fraccionamiento del
electorado y la atomización del voto no garantiza una mejor
representación de la diversidad cultural, social y política de
la nación, y tampoco produce algún sentido de distribución
proporcional de los escaños según la diversidad de
orientaciones ideológicas de la sociedad.

Los resultados de la elección de diputados provinciales en
varios procesos electorales y, particularment,e en la última
votación para el período legislativo 1996-1998 indican
claramente que la ventaja aparente de la sobre-representación
de las provincias con poca población no se ha traducido en un
mejor reparto de las preferencias electorales entre
agrupaciones políticas diversas. Al contrario, debido a que el
espejismo del voto fácil aumenta la atomización de las fuerzas
políticas minoritarias, se vuelve más difícil alcanzar el
mínimo de votos necesarios para obtener una representación.

En efecto, el 80 por ciento de todas las preferencias
electorales se concentra siempre en los seis partidos más
votados que, así, obtienen el 88 por ciento de las
diputaciones provinciales, de manera que el 20 por ciento se
disputan entre sí las 19 agrupaciones electorales
minoritarias, y apenas produce una representación equivalente
al 12 por ciento de los escaños provinciales en el Congreso
Nacional.

Se concluye que un sistema de representaciones exclusivamente
provinciales no haría más que reproducir la misma estructura
partidaria que, según los movimientos contestarios del régimen
electoral actual, ha sido la causa de su exclusión en la
búsqueda de consensos duraderos.


Una Asamblea más democrática

Para que la Asamblea Nacional refleje de la manera más amplia
y transparente la diversidad política y cultural de la nación
y sus acuerdos sean legítimos y duraderos, es deseable que
además de un asambleísta elegido por mayoría simple o relativa
de votos en cada provincia, los electores de todo el país
puedan escoger otros 20 asambleístas que ganarán su escaño con
una votación equivalente al cinco por ciento del electorado
nacional.

Con tales reglas de juego habrá más competencia entre todos
los candidatos para alcanzar la única representación de cada
provincia y el mayor número de votos a escala nacional, y las
agrupaciones políticas se sentirán obligadas a formar alianzas
locales y nacionales.

Así, como cada partido o agrupación social presentará un solo
candidato y el ganador deberá alcanzar el mayor número de
votos válidos de la provincia, el electorado también estará
obligado a calificar sus preferencias con mayor rigor que hoy.


En el caso de los asambleístas nacionales, cada partido o
agrupación no tendría que presentar una lista completa con 20
candidatos nacionales pues la dispersión de las preferencias
de su propio electorado podría favorecer a los rivales.
Bastaría concentrar la atención del electorado en pocos
nombres, altamente representativos de la tendencia partidista
o ideológica, pues quedará fuera del reparto de escaños quien
no alcance cinco por ciento de los votos válidos en todo el
país y sólo se podrá obtener un segundo escaño si la votación
por la lista respectiva sobrepasa el diez por ciento de los
votos válidos. Si de esta primera asignación de puestos no se
llenan los 20 escaños nacionales, el método del mejor residuo
favorecería con un segundo escaño a los candidatos más votados
de cada lista.

El cociente natural que resulta de dividir el total de votos
válidos (100 por ciento) entre los 20 escaños por asignar deja
fuera de la competencia a los partidos que no hayan obtenido
por lo menos cinco por ciento, lo cual concuerda con la
conveniencia de eliminar a los partidos no representativos.

Pero, como el mismo procedimiento no asigna la totalidad de
los escaños en la primera repartición, se ganan tres cosas en
favor de la eficacia política de la Asamblea.

En primer lugar, disminuye la sobre - representación que ha
favorecido a los partidos de mayor dimensión electoral y se
consolida la presencia parlamentaria de los partidos medianos.
En segundo lugar, las coaliciones de agrupaciones pequeñas
pueden obtener una representacion que no alcanzarían
aisladamente. Por último, el riesgo de no alcanzar el cinco
por ciento de los votos válidos puede ser un incentivo muy
importante para elaborar tesis comunes y para no merecer el
castigo del electorado. (DIARIO HOY) (P. 10-A)
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