Quito. 13 feb 2000. La Agencia de Garantías de Depósitos (AGD),
y a través de ella, el Estado, se aferran a una carta judicial
que consideran fundamental para devolver los fondos congelados
a los clientes del Banco del Progreso: una orden de prisión
preventiva contra Fernando Aspiazu Seminario por el delito de
peculado bancario, ocultamiento de información o falsedad de
instrumentos bancarios, que son los que supuestamente cabrían en
las causas iniciadas contra el ex banquero en Guayaquil.
Aquello ya lo expresó públicamente el ministro de Finanzas, Jorge
Guzmán, en su cadena de televisión de hace una semana, al
anunciar el nuevo cronograma de descongelamiento. Y se sustenta,
de acuerdo con fuentes de la AGD, en la Ley de Reordenamiento de
las Finanzas Públicas, que, al existir la orden de prisión,
facultaría a la agencia, inmediatamente, a disponer de los bienes
de las empresas vinculadas, como se considera a Emelec,
Electroecuador, Sí TV, diario El Telégrafo y otras.
No obstante, el camino para conseguir tal orden de detención está
aún por desbrozarse, y se acaba el tiempo para que se cumplan los
seis meses de prisión sin sentencia que podrían favorecer a
Aspiazu con la libertad.
Es un recorrido que empezó el 25 de marzo de 1999, tres días
después del autocierre del banco, cuando Gabriel Tobar Bermeo,
cliente, presentó su denuncia. "Más temprano que tarde se venía
un juicio, por lo cual se adelantaron y presentaron ante la jueza
Isabel Segarra, que estaba de turno, una mezcla de denuncia con
solicitud de diligencia preprocesal", explica una fuente cercana
a la AGD, que prefirió el anonimato.
La causa se sustentó en una noticia de diario El Comercio, en la
que supuestamente se decía que el cierre del Progreso se debía
a malas administraciones. Como a criterio del denunciante podrían
borrarse o desaparecer las huellas, un juez debía conocerlo.
"Si la jueza hubiese actuado correctamente, y la consideraba más
una denuncia que una diligencia preprocesal, la habría remitido
a sorteo. O si en realidad se temía que se pierdan las huellas,
realizar una diligencia: me voy al banco con peritos y verifico",
explica la fuente. Segarra no hizo ni lo uno ni lo otro. Al
siguiente día fue Aspiazu hasta su despacho, a brindar todas las
facilidades para su investigación.
No obstante, una diligencia en la que la jueza extrañamente
insistió, habría sido la que impidió que se produzca un rápido
sobreseimiento a favor del ex banquero.
La AGD espera
Quienes conocen el caso consideran una falla en la estrategia de
la defensa de Aspiazu, "un capricho", haber insistido en el
llamado a que los directores de medios, periodistas y personajes
políticos acudieran a declarar a Guayaquil. Eso motivó la
reapertura del sumario y luego se produjo la suspensión de la
jueza Segarra por parte del Consejo de la Judicatura.
En julio, cuando Jorge Guzmán asume la Superintendencia de Bancos
y recibe el informe de la Deloitte sobre el Progreso, surgen
otros indicios de irregularidades.
Guzmán se presenta entonces al juicio penal, como parte procesal.
Segarra está suspendida y Angelita Albán, encargada del caso,
sindica a Aspiazu y tres personas más, pero sin orden de prisión.
Pero como la Superintendencia creía que lo actuado hasta entonces
era nulo, por no haber sido sorteada la causa, presentó una
acusación contra Aspiazu. Recayó donde Rocío Santos, jueza
quinta, quien anunció la competencia, y entonces se formó el
conflicto que en una semana fue resuelto en favor de la causa
iniciada por Segarra.
Desde entonces, la AGD ha solicitado, sin éxito, que se inicie
el trámite de su acusación. Edgar Salazar, el último juez en
tomar el caso, señaló recientemente la nulidad del juicio y este
pasó a la Presidencia de la Corte Superior, y luego pasará a una
de las seis salas para que defina si es correcto que empiece de
nuevo.
El caso Aspiazu se extiende también al Juzgado Cuarto de lo
penal, a cargo de Aquíles Dávila, donde recayó la excitativa
presentada recientemente por la fiscal general, Mariana Yépez,
en la que se señala los delitos de peculado bancario y de
falsedad de instrumentos bancarios y se basa en los mismos
informes de la Superintendencia.
Dávila no ha iniciado aún la causa, al parecer en espera de que
se defina si el otro juicio es nulo o no. Si no lo es, el pedido
de la fiscal se sumaría a la causa iniciada por Isabel Segarra.
CRONOLOGIA DE LOS PROCESOS LEGALES EN EL CASO ASPIAZU
22 de marzo de 1999: Fernando Aspiazu Seminario decide cerrar
las puertas del Banco del Progreso. Lidera una marcha de
protesta hacia la Municipalidad de Guayaquil en busca de respaldo
del alcalde León Febres Cordero. El Gobierno decide otorgar al
banco un plazo de 45 días para obtener recursos para su
capitalización.
23 de marzo: Fernando Aspiazu acude hasta la Intendencia
General de Policía y se acoge a un "autoarraigo". Juan Manuel
Bermúdez retiene su pasaporte. "Aún lo tiene", afirma Jorge
Zavala Egas, abogado del cuestionado ex banquero en asuntos
tributarios.
25 de marzo: A las 19:10, un "preocupado cuentahorrista" del
Progreso, Gabriel Marcelo Tovar Bermeo, instaura una demanda en
contra de los funcionarios de la entidad por supuestas
violaciones a la Ley General de Instituciones del Sistema
Financiero. Su respaldo: un recorte de periódico de ese día. La
jueza séptima de lo Penal del Guayas, Isabel Segarra de Alcívar,
quien está de turno, acoge el pedido y luego inicia el autocabeza
de proceso en contra de autores, cómplices y encubridores del
ahora voluminoso juicio (tiene 187 cuerpos) 032-99, que aún no
tiene un juez competente.
28 de marzo: El Banco del Progreso recibe del Banco Central
un total de 60 000 millones de sucres para pagar las acreencias
de sus clientes. Fernando Aspiazu anuncia la conformación de dos
fideicomisos para respaldar el dinero de los clientes de la
institución financiera.
29 de marzo: El banco inicia el pago del dinero de los
clientes. Los funcionarios de la institución comienzan a
receptar promesas de capitalización.
31 de marzo: Mediante providencia, Isabel Segarra cita a varios
directores de medios de comunicación de Quito para que rindan sus
testimonios propios en Guayaquil. No acepta los pedidos de
deprecar la diligencia.
7 de abril: Fernando Aspiazu presenta como asesor del proceso
de capitalización del banco a Francisco Swett.
11 de abril: Funcionarios del banco organizan una teletón en
favor de la entidad. Logran recaudar 300 000 millones en
promesas de capitalización.
12 de abril: Apertura de cuentas corrientes en el Banco del
Pacífico y Cofiec para continuar el proceso de capitalización.
28 de abril: La Junta Bancaria decide prorrogar por 45 días
más el plazo de capitalización del Banco del Progreso, previsto
para el 4 de mayo.
Mayo-junio:
Varios directores de medios de comunicación, especialmente en
Quito, cuestionan el proceder, al igual que juristas, de Isabel
Segarra, quien luego acude hasta la capital, y nadie declara ante
ella. Después, piden la destitución de Segarra al Consejo
Nacional de la Judicatura (CNJ).
30 de mayo: Diario El Telégrafo, de propiedad de Aspiazu,
publica, en la sección Notas de Diana, una caricatura con
mensajes cifrados. Además, defiende la actuación de Segarra.
6 de julio: La Comisión de Recursos Humanos y Quejas del CNJ
suspende a Segarra de su cargo por 90 días y sin sueldo por "su
comportamiento judicial notoriamente peligroso, que puede
inscribirse en intereses particulares".
11 de julio (domingo): Aspiazu instaura un Recurso de Amparo
Constitucional en el Juzgado Tercero de lo Penal del Guayas, a
cargo de Reinaldo Cevallos, con el fin de dejar insubsistente
el plazo de la Junta Bancaria para que los accionistas del
Progreso capitalicen en efectivo.
Cevallos convoca a las partes, al día siguiente, a una audiencia
pública.
12 de julio: Aspiazu y los abogados de la Superintendencia y
el Banco Central acuden al Juzgado Tercero de lo Penal. A las
23:10, Fernando Aspiazu es apresado por no transferir valores al
SRI, recaudados por el impuesto al 1%, desde febrero de 1999.
13 de julio: la Junta Bancaria resuelve someter al Progreso
proceso de saneamiento, en manos de la AGD.
Julio, agosto, septiembre: comienza el enredo legal: las
demandas instauradas por y en contra de Aspiazu. Apela la
resolución de la JB, acusa a funcionarios del régimen de Jamil
Mahuad, acude a la OEA...
26 de agosto: presenta una demanda de competencia a Hanníbal
Vela Bajaña, juez fiscal del Guayas, para que sea él quien lo
juzgue y no Luis Mora, titular del Juzgado Décimo de lo Penal de
Pichincha.
22 de septiembre: Lucrecia Mora, jueza séptima de lo Penal de
Pichincha, ordena la prisión preventiva de Aspiazu por la
acusación de Petrocomercial.
21 de octubre: Aspiazu, desde su encierro en la Cárcel 4 de
Quito, presenta una acusación en contra de Ramón Yulee, ex
secretario general de la Presidencia, por "apropiación indebida"
de 3 100 000 dólares donados "exclusivamente" para la campaña
presidencial de Jamil Mahuad. Coincidentemente, recae en el
Juzgado de Segarra, quien dos semanas antes se había reintegrado
a sus funciones.
25 de octubre: Isabel Segarra dicta autocabeza de proceso, con
orden de prisión preventiva, en contra de Yulee y luego hace
extensivo el sumario a Jamil y a Eduardo Mahuad. Entonces, se
inhibe de tramitar el caso.
22 de noviembre: EL CNJ destituye a Isabel Segarra.
3 de diciembre: a las 23:00 Fernando Aspiazu es trasladado
desde la Cárcel 4 de Quito al Pabellón A (de máxima seguridad)
del ex penal García Moreno.
4 de diciembre: familiares de Aspiazu denuncian represalias y
amenazas del régimen de Mahuad.
21 de diciembre: los tres ministros jueces de la Quinta Sala
designan a Vela Bajaña como el "único competente" para enjuiciar
a Aspiazu por la acusación del SRI.
10 de enero de 2000: Vela dicta el autocabeza de proceso en
contra de Aspiazu y demás ex funcionarios del Progreso, dentro
del juicio penal tributario.
27 de enero: Jorge Zavala pide a Vela que anule el proceso. n
29 de enero: Ramiro Aguilar, abogado del SRI, niega que la
institución recuadadora de impuestos haya retirado la acusación
Febrero 12 de 2000: son ya 25 procesos (civiles, penales...)
instaurados, desde el 25 de marzo del 99, por y en contra de
Aspiazu: 9 en Quito, uno en Manta, 13 en Guayaquil y dos en
Estados Unidos. (DIARIO HOY) (P. 5-A)
y a través de ella, el Estado, se aferran a una carta judicial
que consideran fundamental para devolver los fondos congelados
a los clientes del Banco del Progreso: una orden de prisión
preventiva contra Fernando Aspiazu Seminario por el delito de
peculado bancario, ocultamiento de información o falsedad de
instrumentos bancarios, que son los que supuestamente cabrían en
las causas iniciadas contra el ex banquero en Guayaquil.
Aquello ya lo expresó públicamente el ministro de Finanzas, Jorge
Guzmán, en su cadena de televisión de hace una semana, al
anunciar el nuevo cronograma de descongelamiento. Y se sustenta,
de acuerdo con fuentes de la AGD, en la Ley de Reordenamiento de
las Finanzas Públicas, que, al existir la orden de prisión,
facultaría a la agencia, inmediatamente, a disponer de los bienes
de las empresas vinculadas, como se considera a Emelec,
Electroecuador, Sí TV, diario El Telégrafo y otras.
No obstante, el camino para conseguir tal orden de detención está
aún por desbrozarse, y se acaba el tiempo para que se cumplan los
seis meses de prisión sin sentencia que podrían favorecer a
Aspiazu con la libertad.
Es un recorrido que empezó el 25 de marzo de 1999, tres días
después del autocierre del banco, cuando Gabriel Tobar Bermeo,
cliente, presentó su denuncia. "Más temprano que tarde se venía
un juicio, por lo cual se adelantaron y presentaron ante la jueza
Isabel Segarra, que estaba de turno, una mezcla de denuncia con
solicitud de diligencia preprocesal", explica una fuente cercana
a la AGD, que prefirió el anonimato.
La causa se sustentó en una noticia de diario El Comercio, en la
que supuestamente se decía que el cierre del Progreso se debía
a malas administraciones. Como a criterio del denunciante podrían
borrarse o desaparecer las huellas, un juez debía conocerlo.
"Si la jueza hubiese actuado correctamente, y la consideraba más
una denuncia que una diligencia preprocesal, la habría remitido
a sorteo. O si en realidad se temía que se pierdan las huellas,
realizar una diligencia: me voy al banco con peritos y verifico",
explica la fuente. Segarra no hizo ni lo uno ni lo otro. Al
siguiente día fue Aspiazu hasta su despacho, a brindar todas las
facilidades para su investigación.
No obstante, una diligencia en la que la jueza extrañamente
insistió, habría sido la que impidió que se produzca un rápido
sobreseimiento a favor del ex banquero.
La AGD espera
Quienes conocen el caso consideran una falla en la estrategia de
la defensa de Aspiazu, "un capricho", haber insistido en el
llamado a que los directores de medios, periodistas y personajes
políticos acudieran a declarar a Guayaquil. Eso motivó la
reapertura del sumario y luego se produjo la suspensión de la
jueza Segarra por parte del Consejo de la Judicatura.
En julio, cuando Jorge Guzmán asume la Superintendencia de Bancos
y recibe el informe de la Deloitte sobre el Progreso, surgen
otros indicios de irregularidades.
Guzmán se presenta entonces al juicio penal, como parte procesal.
Segarra está suspendida y Angelita Albán, encargada del caso,
sindica a Aspiazu y tres personas más, pero sin orden de prisión.
Pero como la Superintendencia creía que lo actuado hasta entonces
era nulo, por no haber sido sorteada la causa, presentó una
acusación contra Aspiazu. Recayó donde Rocío Santos, jueza
quinta, quien anunció la competencia, y entonces se formó el
conflicto que en una semana fue resuelto en favor de la causa
iniciada por Segarra.
Desde entonces, la AGD ha solicitado, sin éxito, que se inicie
el trámite de su acusación. Edgar Salazar, el último juez en
tomar el caso, señaló recientemente la nulidad del juicio y este
pasó a la Presidencia de la Corte Superior, y luego pasará a una
de las seis salas para que defina si es correcto que empiece de
nuevo.
El caso Aspiazu se extiende también al Juzgado Cuarto de lo
penal, a cargo de Aquíles Dávila, donde recayó la excitativa
presentada recientemente por la fiscal general, Mariana Yépez,
en la que se señala los delitos de peculado bancario y de
falsedad de instrumentos bancarios y se basa en los mismos
informes de la Superintendencia.
Dávila no ha iniciado aún la causa, al parecer en espera de que
se defina si el otro juicio es nulo o no. Si no lo es, el pedido
de la fiscal se sumaría a la causa iniciada por Isabel Segarra.
CRONOLOGIA DE LOS PROCESOS LEGALES EN EL CASO ASPIAZU
22 de marzo de 1999: Fernando Aspiazu Seminario decide cerrar
las puertas del Banco del Progreso. Lidera una marcha de
protesta hacia la Municipalidad de Guayaquil en busca de respaldo
del alcalde León Febres Cordero. El Gobierno decide otorgar al
banco un plazo de 45 días para obtener recursos para su
capitalización.
23 de marzo: Fernando Aspiazu acude hasta la Intendencia
General de Policía y se acoge a un "autoarraigo". Juan Manuel
Bermúdez retiene su pasaporte. "Aún lo tiene", afirma Jorge
Zavala Egas, abogado del cuestionado ex banquero en asuntos
tributarios.
25 de marzo: A las 19:10, un "preocupado cuentahorrista" del
Progreso, Gabriel Marcelo Tovar Bermeo, instaura una demanda en
contra de los funcionarios de la entidad por supuestas
violaciones a la Ley General de Instituciones del Sistema
Financiero. Su respaldo: un recorte de periódico de ese día. La
jueza séptima de lo Penal del Guayas, Isabel Segarra de Alcívar,
quien está de turno, acoge el pedido y luego inicia el autocabeza
de proceso en contra de autores, cómplices y encubridores del
ahora voluminoso juicio (tiene 187 cuerpos) 032-99, que aún no
tiene un juez competente.
28 de marzo: El Banco del Progreso recibe del Banco Central
un total de 60 000 millones de sucres para pagar las acreencias
de sus clientes. Fernando Aspiazu anuncia la conformación de dos
fideicomisos para respaldar el dinero de los clientes de la
institución financiera.
29 de marzo: El banco inicia el pago del dinero de los
clientes. Los funcionarios de la institución comienzan a
receptar promesas de capitalización.
31 de marzo: Mediante providencia, Isabel Segarra cita a varios
directores de medios de comunicación de Quito para que rindan sus
testimonios propios en Guayaquil. No acepta los pedidos de
deprecar la diligencia.
7 de abril: Fernando Aspiazu presenta como asesor del proceso
de capitalización del banco a Francisco Swett.
11 de abril: Funcionarios del banco organizan una teletón en
favor de la entidad. Logran recaudar 300 000 millones en
promesas de capitalización.
12 de abril: Apertura de cuentas corrientes en el Banco del
Pacífico y Cofiec para continuar el proceso de capitalización.
28 de abril: La Junta Bancaria decide prorrogar por 45 días
más el plazo de capitalización del Banco del Progreso, previsto
para el 4 de mayo.
Mayo-junio:
Varios directores de medios de comunicación, especialmente en
Quito, cuestionan el proceder, al igual que juristas, de Isabel
Segarra, quien luego acude hasta la capital, y nadie declara ante
ella. Después, piden la destitución de Segarra al Consejo
Nacional de la Judicatura (CNJ).
30 de mayo: Diario El Telégrafo, de propiedad de Aspiazu,
publica, en la sección Notas de Diana, una caricatura con
mensajes cifrados. Además, defiende la actuación de Segarra.
6 de julio: La Comisión de Recursos Humanos y Quejas del CNJ
suspende a Segarra de su cargo por 90 días y sin sueldo por "su
comportamiento judicial notoriamente peligroso, que puede
inscribirse en intereses particulares".
11 de julio (domingo): Aspiazu instaura un Recurso de Amparo
Constitucional en el Juzgado Tercero de lo Penal del Guayas, a
cargo de Reinaldo Cevallos, con el fin de dejar insubsistente
el plazo de la Junta Bancaria para que los accionistas del
Progreso capitalicen en efectivo.
Cevallos convoca a las partes, al día siguiente, a una audiencia
pública.
12 de julio: Aspiazu y los abogados de la Superintendencia y
el Banco Central acuden al Juzgado Tercero de lo Penal. A las
23:10, Fernando Aspiazu es apresado por no transferir valores al
SRI, recaudados por el impuesto al 1%, desde febrero de 1999.
13 de julio: la Junta Bancaria resuelve someter al Progreso
proceso de saneamiento, en manos de la AGD.
Julio, agosto, septiembre: comienza el enredo legal: las
demandas instauradas por y en contra de Aspiazu. Apela la
resolución de la JB, acusa a funcionarios del régimen de Jamil
Mahuad, acude a la OEA...
26 de agosto: presenta una demanda de competencia a Hanníbal
Vela Bajaña, juez fiscal del Guayas, para que sea él quien lo
juzgue y no Luis Mora, titular del Juzgado Décimo de lo Penal de
Pichincha.
22 de septiembre: Lucrecia Mora, jueza séptima de lo Penal de
Pichincha, ordena la prisión preventiva de Aspiazu por la
acusación de Petrocomercial.
21 de octubre: Aspiazu, desde su encierro en la Cárcel 4 de
Quito, presenta una acusación en contra de Ramón Yulee, ex
secretario general de la Presidencia, por "apropiación indebida"
de 3 100 000 dólares donados "exclusivamente" para la campaña
presidencial de Jamil Mahuad. Coincidentemente, recae en el
Juzgado de Segarra, quien dos semanas antes se había reintegrado
a sus funciones.
25 de octubre: Isabel Segarra dicta autocabeza de proceso, con
orden de prisión preventiva, en contra de Yulee y luego hace
extensivo el sumario a Jamil y a Eduardo Mahuad. Entonces, se
inhibe de tramitar el caso.
22 de noviembre: EL CNJ destituye a Isabel Segarra.
3 de diciembre: a las 23:00 Fernando Aspiazu es trasladado
desde la Cárcel 4 de Quito al Pabellón A (de máxima seguridad)
del ex penal García Moreno.
4 de diciembre: familiares de Aspiazu denuncian represalias y
amenazas del régimen de Mahuad.
21 de diciembre: los tres ministros jueces de la Quinta Sala
designan a Vela Bajaña como el "único competente" para enjuiciar
a Aspiazu por la acusación del SRI.
10 de enero de 2000: Vela dicta el autocabeza de proceso en
contra de Aspiazu y demás ex funcionarios del Progreso, dentro
del juicio penal tributario.
27 de enero: Jorge Zavala pide a Vela que anule el proceso. n
29 de enero: Ramiro Aguilar, abogado del SRI, niega que la
institución recuadadora de impuestos haya retirado la acusación
Febrero 12 de 2000: son ya 25 procesos (civiles, penales...)
instaurados, desde el 25 de marzo del 99, por y en contra de
Aspiazu: 9 en Quito, uno en Manta, 13 en Guayaquil y dos en
Estados Unidos. (DIARIO HOY) (P. 5-A)
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