Quito. 23 feb 2000. El documento sugiere un techo para la venta
de acciones de empresas estatales, tasas máximas de interés,
reglas para el desagio. La sesión fue permanente.
El Congreso, con el apoyo de los dos bloques mayoritarios (DP y
PSC), y la oposición de al menos cinco bancadas, inició ayer el
primer debate del proyecto de Ley de transformación económica del
Ecuador (Trolebús).
La sesión extraordinaria, que convocó el titular de la
Legislatura, Juan José Pons, comenzó a las 11:00 con 64
diputados. La discusión principal giró en torno a las
observaciones presentadas en el informe de mayoría de la Comisión
de lo Económico, que tenía las firmas de Alejandro Aguayo y
Ximena Ortiz (DP), Alfredo Serrano y Clemente Vásquez (PSC),
además de la de Pons. También hubo otros tres informes de
minoría: Jaime Coello (PRE), Kléver Ron (FRA) y Gilberto Talahua
(Pachakutik). Esos bloques, más los de la ID, MPD y Socialismo,
tienen objeciones al proyecto, porque lo consideran
inconstitucional, debido a que reforma cuerpos legales de
diferente materia y no está acompañado de un plan económico para
fortalecer la dolarización.
Sin embargo, el apoyo decidido de los demopopulares y
socialcristianos es suficiente para la aprobación de la propuesta
gubernamental. Los dos bloques suman 63 votos. La Constitución
exige el voto favorable de la mayoría de los presentes en la
sesión, es decir, 32, tomando en cuenta que el quórum es 62. Al
cierre de esta edición, el debate continuaba.
El informe de mayoría y sus puntos centrales
Una tasa máxima de interés * Se establece el mecanismo de
fijación de la tasa de interés legal máxima hasta 18 por ciento
durante un año, y se considera usurero el crédito que exceda esa
tasa, siendo sancionado con prisión de acuerdo con los artículos
153 y 154 del Código Penal. Luego, en forma permanente, el Banco
Central determinará la tasa en forma técnica considerando la tasa
libor internacional.
Nuevas reglas para las autoridades bancarias * Se elimina la
discrecionalidad que tenía la autoridad bancaria para actuar
dentro del sistema financiero a su libre albedrío. Deberá actuar
en forma obligatoria: si un banco no cumple con el patrimonio
técnico del 9 por ciento, sus acciones tienen que pasar
inmediatamente a manos del Estado. Además, se elimina una serie
de inmunidades en torno a las autoridades de la Superintendencia
de Bancos. En el proyecto urgente se planteaba que para enjuiciar
penalmente al titular de ese organismo se necesitaba autorización
del Congreso. También se incluye, entre los bienes de propiedad
de la AGD, aquellos que pertenezcan a los administradores de los
bancos que hayan sido manejados irregularmente.
La venta de acciones con un techo * En las áreas de energía
eléctrica y telecomunicaciones se establece que el Presidente de
la República puede vender hasta un tope de 51 por ciento de
acciones y si luego hay inversiones será con acciones
preferentes. El Ejecutivo planteaba que se venda al menos el 51
por ciento de acciones, lo que implicaba que se podía vender
hasta el 100 por ciento.
La reforma laboral * Se fija una base de 0,50 centavos de dólar
por cada hora de trabajo.
Las reglas para el desagio * Se fija en 16,82 la tasa activa y
9,35 la pasiva; las tasas de interés activas y pasivas no solo
serán fijadas en sucres, sino también en dólares. Además, el
impuesto a las transacciones de crédito en moneda nacional del
2,6 por ciento (0,6 para Solca y 2 por ciento para las
provincias), se lo transforma al 1 por ciento en dólares: 0,4
para Solca y 0,6 para provincias.
El transporte de petróleo * Se mantiene la prioridad de construir
el oleoducto de crudos pesados; si se ejecuta con inversión
directa de las empresas no es necesario convocar una licitación.
Las funciones del Banco Central * El Banco Central no podrá
emitir billetes ni bonos, pero sí moneda fraccionaria; la tasa
de interés nominal anual de los bonos de estabilización monetaria
(BEM), será fijada en 12 por ciento y no en 17,78 por ciento,
como propone el Ejecutivo.
Los ejes de los tres informes de minoría
Los roldosistas * La dolarización debe estar dentro de un plan
económico que contenga la reactivación económica y la integración
financiera. En el artículo 82 se trata de la reactivación de
pasivos, pero no dice nada sobre qué parámetros se van a utilizar
para beneficiar a 770 511 personas que representan al 97,6 por
ciento de los deudores de hasta 10 000 dólares. El proyecto
favorece a 525 personas que tienen el 50,60 por ciento de la
deuda con una cartera de 1 879 millones (455 000 dólares).
Las reformas a la Ley de Hidrocarburos buscan legalizar las
incorrecciones cometidas por la firma del memorando de
entendimiento entre el ex presidente Mahuad y cinco empresas
extranjeras, para la construcción del oleoducto para crudos
pesados. Un sueldo de 0,50 centavos de dólar por hora de trabajo
es demasiado bajo y vergonzoso.
Alfaristas * La diferencia de 7,47 por ciento entre las tasas
activa (16,82) y pasiva (9,35) es elevada. Es urgente la
construcción del oleoducto para crudos pesados, con inversión del
sector privado. El Ministro del ramo debe autorizar el trámite,
respetando los requisitos legales de contratación pública, para
el transporte del crudo y la construcción del nuevo oleoducto.
El artículo 58 A debe garantizar que el 40 por ciento de los
recursos generados por la diferencia entre el valor fijado en el
presupuesto y el que realmente se paga por el barril de petróleo,
se destine a la vía troncal amazónica.El esquema de inversión
para el sector eléctrico debe ser de capitalización y no de
privatización. Se debe contratar por un mínimo de cuatro horas
diarias a las personas. Esta modalidad de trabajo debe incluirse
en el Código de Trabajo y estos trabajadores deben gozar del
amparo del IESS y jubilación patronal. El salario mínimo debe
fijarse en un dólar la hora. La reprogramación de pasivos debe
cubrir a los deudores en dólares.
Pachakutik * La dolarización es una herramienta para la
implantación del neoliberalismo, la privatización y la
flexibilización laboral. Obliga a la eliminación de todos los
subsidios. Es un error la discrecionalidad que se da al
Presidente para que decida sobre la contratación directa y sin
más trámite en materia petrolera. Se pretende adjudicar sin
licitación a cuatro o cinco empresas que actualmente realizan la
exploración y explotación de petróleo, mediante contratos de
participación y de prestación de servicios. Las reformas al
sector eléctrico deben establecer la delegación que el Estado
puede otorgar al sector privado para la conformación de nuevas
empresas de generación eléctrica, en lugar de facultarlo para que
participe en el capital de las actuales empresas. Los contratos
por horas deben regirse por las disposiciones del Código de
Trabajo. (Texto tomado de El Comercio)
de acciones de empresas estatales, tasas máximas de interés,
reglas para el desagio. La sesión fue permanente.
El Congreso, con el apoyo de los dos bloques mayoritarios (DP y
PSC), y la oposición de al menos cinco bancadas, inició ayer el
primer debate del proyecto de Ley de transformación económica del
Ecuador (Trolebús).
La sesión extraordinaria, que convocó el titular de la
Legislatura, Juan José Pons, comenzó a las 11:00 con 64
diputados. La discusión principal giró en torno a las
observaciones presentadas en el informe de mayoría de la Comisión
de lo Económico, que tenía las firmas de Alejandro Aguayo y
Ximena Ortiz (DP), Alfredo Serrano y Clemente Vásquez (PSC),
además de la de Pons. También hubo otros tres informes de
minoría: Jaime Coello (PRE), Kléver Ron (FRA) y Gilberto Talahua
(Pachakutik). Esos bloques, más los de la ID, MPD y Socialismo,
tienen objeciones al proyecto, porque lo consideran
inconstitucional, debido a que reforma cuerpos legales de
diferente materia y no está acompañado de un plan económico para
fortalecer la dolarización.
Sin embargo, el apoyo decidido de los demopopulares y
socialcristianos es suficiente para la aprobación de la propuesta
gubernamental. Los dos bloques suman 63 votos. La Constitución
exige el voto favorable de la mayoría de los presentes en la
sesión, es decir, 32, tomando en cuenta que el quórum es 62. Al
cierre de esta edición, el debate continuaba.
El informe de mayoría y sus puntos centrales
Una tasa máxima de interés * Se establece el mecanismo de
fijación de la tasa de interés legal máxima hasta 18 por ciento
durante un año, y se considera usurero el crédito que exceda esa
tasa, siendo sancionado con prisión de acuerdo con los artículos
153 y 154 del Código Penal. Luego, en forma permanente, el Banco
Central determinará la tasa en forma técnica considerando la tasa
libor internacional.
Nuevas reglas para las autoridades bancarias * Se elimina la
discrecionalidad que tenía la autoridad bancaria para actuar
dentro del sistema financiero a su libre albedrío. Deberá actuar
en forma obligatoria: si un banco no cumple con el patrimonio
técnico del 9 por ciento, sus acciones tienen que pasar
inmediatamente a manos del Estado. Además, se elimina una serie
de inmunidades en torno a las autoridades de la Superintendencia
de Bancos. En el proyecto urgente se planteaba que para enjuiciar
penalmente al titular de ese organismo se necesitaba autorización
del Congreso. También se incluye, entre los bienes de propiedad
de la AGD, aquellos que pertenezcan a los administradores de los
bancos que hayan sido manejados irregularmente.
La venta de acciones con un techo * En las áreas de energía
eléctrica y telecomunicaciones se establece que el Presidente de
la República puede vender hasta un tope de 51 por ciento de
acciones y si luego hay inversiones será con acciones
preferentes. El Ejecutivo planteaba que se venda al menos el 51
por ciento de acciones, lo que implicaba que se podía vender
hasta el 100 por ciento.
La reforma laboral * Se fija una base de 0,50 centavos de dólar
por cada hora de trabajo.
Las reglas para el desagio * Se fija en 16,82 la tasa activa y
9,35 la pasiva; las tasas de interés activas y pasivas no solo
serán fijadas en sucres, sino también en dólares. Además, el
impuesto a las transacciones de crédito en moneda nacional del
2,6 por ciento (0,6 para Solca y 2 por ciento para las
provincias), se lo transforma al 1 por ciento en dólares: 0,4
para Solca y 0,6 para provincias.
El transporte de petróleo * Se mantiene la prioridad de construir
el oleoducto de crudos pesados; si se ejecuta con inversión
directa de las empresas no es necesario convocar una licitación.
Las funciones del Banco Central * El Banco Central no podrá
emitir billetes ni bonos, pero sí moneda fraccionaria; la tasa
de interés nominal anual de los bonos de estabilización monetaria
(BEM), será fijada en 12 por ciento y no en 17,78 por ciento,
como propone el Ejecutivo.
Los ejes de los tres informes de minoría
Los roldosistas * La dolarización debe estar dentro de un plan
económico que contenga la reactivación económica y la integración
financiera. En el artículo 82 se trata de la reactivación de
pasivos, pero no dice nada sobre qué parámetros se van a utilizar
para beneficiar a 770 511 personas que representan al 97,6 por
ciento de los deudores de hasta 10 000 dólares. El proyecto
favorece a 525 personas que tienen el 50,60 por ciento de la
deuda con una cartera de 1 879 millones (455 000 dólares).
Las reformas a la Ley de Hidrocarburos buscan legalizar las
incorrecciones cometidas por la firma del memorando de
entendimiento entre el ex presidente Mahuad y cinco empresas
extranjeras, para la construcción del oleoducto para crudos
pesados. Un sueldo de 0,50 centavos de dólar por hora de trabajo
es demasiado bajo y vergonzoso.
Alfaristas * La diferencia de 7,47 por ciento entre las tasas
activa (16,82) y pasiva (9,35) es elevada. Es urgente la
construcción del oleoducto para crudos pesados, con inversión del
sector privado. El Ministro del ramo debe autorizar el trámite,
respetando los requisitos legales de contratación pública, para
el transporte del crudo y la construcción del nuevo oleoducto.
El artículo 58 A debe garantizar que el 40 por ciento de los
recursos generados por la diferencia entre el valor fijado en el
presupuesto y el que realmente se paga por el barril de petróleo,
se destine a la vía troncal amazónica.El esquema de inversión
para el sector eléctrico debe ser de capitalización y no de
privatización. Se debe contratar por un mínimo de cuatro horas
diarias a las personas. Esta modalidad de trabajo debe incluirse
en el Código de Trabajo y estos trabajadores deben gozar del
amparo del IESS y jubilación patronal. El salario mínimo debe
fijarse en un dólar la hora. La reprogramación de pasivos debe
cubrir a los deudores en dólares.
Pachakutik * La dolarización es una herramienta para la
implantación del neoliberalismo, la privatización y la
flexibilización laboral. Obliga a la eliminación de todos los
subsidios. Es un error la discrecionalidad que se da al
Presidente para que decida sobre la contratación directa y sin
más trámite en materia petrolera. Se pretende adjudicar sin
licitación a cuatro o cinco empresas que actualmente realizan la
exploración y explotación de petróleo, mediante contratos de
participación y de prestación de servicios. Las reformas al
sector eléctrico deben establecer la delegación que el Estado
puede otorgar al sector privado para la conformación de nuevas
empresas de generación eléctrica, en lugar de facultarlo para que
participe en el capital de las actuales empresas. Los contratos
por horas deben regirse por las disposiciones del Código de
Trabajo. (Texto tomado de El Comercio)
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