Quito. 23 feb 2000. El presidente Jamil Mahuad abandonó el
Palacio Nacional. Eran las 16:00 de aquel 21 de enero cuando la
televisión y la radio anunciaron la noticia. El júbilo se
desparramó, como un reguero de pólvora, por la oficina de Juan
José Pons, presidente del Congreso Nacional.
Allí, en el primer piso del Parlamento, se había instalado el
puesto de mando del coronel Lucio Gutiérrez, quien, desde la
mañana, era la cabeza visible de la llamada Junta de Salvación
Nacional.
Todo bullía en esta torre de babel en la que se mezclaban
indígenas -la mayoría quichuas-, con dirigentes sindicales y de
los movimientos sociales y cientos de personas más. Pregonaban
a rabiar la caída de Mahuad y el respaldo al coronel Lucio
Gutiérrez y a la Conaie.
La ocupación se evidenció a las 09:45. Pero en la noche anterior,
los indígenas se habían mantenido en vigilia e intentaron dos
veces un ingreso por la fuerza: a las 02:30 y a las 08:30.
A las 09:45, el país, atónito, vio en vivo y en directo cómo los
militares invitaban a los indígenas a pasar al recinto
legislativo: el golpe tomaba forma y una realidad se evidenciaba
ante el país: la división de la institución militar.
Esta fue consagrada por 195 oficiales, estudiantes de varias
ramas de ingeniería de la Escuela Superior Politécnica del
Ejército (Espe), 150 militares que pelearon en el Cenepa y los
soldados que custodiaban el Congreso, bajo el mando del general
Carlos Moncayo.
Todos permitieron, con beneplácito mal disimulado, el paso a los
indígenas. Gracias a eso, los casi siete mil seguidores de
Antonio Vargas cumplieron su primer objetivo: ocupar la sede de
uno de los poderes del Estado. Les faltaban dos: la Corte Suprema
y la Presidencia.
A la misma hora, el coronel Lucio Gutiérrez se aprestaba a
abandonar su casa, en El Batán, un barrio de clase media alta,
para dirigirse al Congreso. Allí llegó aparentemente tranquilo,
sin escolta, sin carro oficial y se dirigió de inmediato al
despacho de Juan José Pons.
Unos 400 oficiales, desde subtenientes a coroneles, habían copado
el salón de sesiones y otros recintos del Congreso. Provenían de
la Academia de Guerra, de la Escuela de Perfeccionamiento del
Ejército, de la Escuela Politécnica, de la Brigada Logística (25
BAL), del Comando Conjunto, del Batallón de Comunicaciones
Rumiñahui y de la Brigada de Ingenieros Héroes del Cenepa.
Los oficiales usaban chalecos antibalas y cascos de combate.
Pocos tenían pistolas de dotación y era evidente que solo los
soldados, cuyo número era indeterminado, llegaban bien armados.
En las unidades, este movimiento tomó por sorpresa a sus
comandantes. Fue lo que le ocurrió al coronel Vallejo, jefe de
la Brigada de Apoyo Logístico 25 (BAL 25), al ver en la
televisión a un grupo militares en el Congreso, y especialmente
al coronel Gutiérrez.
Inmediatamente, ordenó pasar lista a sus efectivos y comprobó que
faltaban cuatro oficiales, tres suboficiales y 39 voluntarios.
En el Cemint, que es un Centro de Mantenimiento de vehículos
pesados, no se reportaban un oficial y 25 voluntarios. El coronel
Vallejo también constató que en la Compañía de Comunicaciones 25
(CC25), de la misma Brigada, no estaba su comandante, el mayor
Jimmy Pino. El teniente coronel Patricio Acosta, comandante del
Batallón de Apoyo Logístico, de la misma Brigada, también faltó
en el parte.
Al revisar el movimiento de los carros, se comprobó que a las
10:10 salió una tractomula Nissan 1535, en la que iban dos
suboficiales y 37 voluntarios con todo su armamento.
En la Espe hubo, igualmente, movimientos inusuales aquel día. La
rutina militar se rompió a las 07:00 cuando los oficiales estaban
tomando lista. En un hecho extraño, un capitán dispuso que tres
buses se ubiquen junto al patio de formación. Después de pasar
lista a las 07:30, en un gesto decidido pero discreto, subieron
a los vehículos a la carrera y se dirigieron al Congreso.
Esta expedición tenía por objeto abrir la cabeza de playa; es
decir, preparar el terreno para el ingreso de los indígenas. En
esa misión ayudaron los 150 oficiales que habían combatido en el
Cenepa y que se anticiparon media hora en la llegada. Para todos,
los héroes del Cenepa representaban una fuerza moral porque
mantenían un gran ascendiente entre los indígenas, soldados y
policías que custodiaban el recinto parlamentario.
Ese era su aporte pues no están al mando de tropas y solo cumplen
tareas administrativas en el Hospital Militar, en la Comandancia
del Ejército y en otras unidades. La mayoría vive con prótesis
en piernas y brazos cuyo precio, con la subida del dólar, se
elevó a 70 millones de sucres. Casi todos están endeudados pues
tienen que cubrir el 50 por ciento de ese costo. Al igual que los
otros, los movilizaba la lucha contra los corruptos y una deuda
de gratitud con el pueblo que, según uno de ellos, el capitán
César Díaz, "en los días de la guerra nos apoyó con cartas y
alimentos. Ahora no podíamos fallarle. No quería dejar a mis
hijos un país sumido en la miseria moral y económica". Díaz lució
en el Congreso una banda cruzada en el pecho rematada por una
medalla de plata. Esa cinta roja es una de las máximas
condecoraciones obtenidas en el Cenepa.
A los 15 capitanes de la Espe y a los 180 subtenientes y
tenientes, cuyas edades varían entre 22 y 27 años, también los
animaba la intención de acabar con la corrupción a como dé lugar.
Los diálogos en la Espe habían comenzado dos meses atrás. Los 15
capitanes se reunieron dos veces y los subtenientes y tenientes
hicieron lo mismo. Apenas tuvieron dos encuentros de fondo donde
fueron concretos y fijaron pautas, buscando así no atraer la
atención y evitar que la información se filtre.
A pesar de ese sigilo, la Inteligencia del Ejército sí detectó
la agitación en la Espe. Incluso el 17 de enero, el general Telmo
Sandoval, comandante general del Ejército, hizo una visita
sorpresiva e intercambió opiniones con los oficiales.
Ante él, los oficiales reconocieron, sin tapujos, un gran
malestar debido a la crisis económica que, según su diagnóstico,
estaba tocando fondo. Nuevamente le dijeron que al país "se lo
había tragado la corrupción" y que el Alto Mando debía actuar.
El general Telmo Sandoval les respondió que el Mando iba a
respetar la Constitución y eso los desilusionó. Aquel día, ese
grupo de oficiales supo que las cartas estaban echadas.
En la Academia de Guerra, un instituto que desde hace 76 años
forma a los oficiales de Estado Mayor, tampoco hubo, al parecer,
ninguna planificación: fue un movimiento espontáneo, dicen al
unísono seis coroneles.
A las 09:30 del viernes 21 de enero, los 120 alumnos y los 25
profesores disfrutaban del recreo tras la jornada de clases que
comenzó a las 07:00. Se encontraban en los jardines y avenidas
de la quinta solariega, situada en el valle de Los Chillos; uno
de los sitios preferidos de descanso del ex presidente Velasco
Ibarra.
A las 09:40 un tumulto se formó en la cafetería. Alumnos y
profesores vieron, en la televisión con asombro, cómo los
militares de menor graduación de la Espe ayudaban a los indígenas
a entrar al Congreso. La actitud de los subtenientes, tenientes
y capitanes de la Espe los sacudió. Convocaron inmediatamente a
una reunión de toda la Academia con su director, el coronel
Fausto Cobo.
Una pregunta los atenazaba: ¿cómo era posible que los oficiales
más jóvenes apoyaran al pueblo en su lucha contra la corrupción?
Muchos se dijeron que no iban a cruzarse de brazos y decidieron
actuar. La reunión se realizó, con la participación del coronel
Cobo, en el mismo auditorio que sirvió de sede a la última
Asamblea Nacional Constituyente.
Por unanimidad los alumnos y profesores -tres generaciones de
oficiales con el grado de mayor, teniente coronel y coronel-
decidieron plegar al movimiento de la Espe y concurrir al
Congreso para apoyar al coronel Lucio Gutiérrez.
Cobo les pidió tiempo para pensarlo. Se refugió, entonces, en su
oficina, sacó la fotografía de su madre, fallecida, y ante ella
se dijo, por unos minutos, que no podía quedarse tranquilo en su
sitio y que debía asumir el liderazgo al que lo conminaban sus
oficiales. Un argumento de peso le pusieron de por medio: ¿acaso
no era él el estratega de los escenarios geopolíticos del país?
Ahora tenía la oportunidad de aplicarlos y no podía estar por
debajo de esa responsabilidad.
El debate concluyó cerca de las 11:00. Entonces el coronel Fausto
Cobo y seis oficiales se encaminaron al Congreso, adonde llegaron
cerca del mediodía. Un segundo grupo de 30 oficiales los siguió
pasado el medio día, y el resto de la Academia a las 16:00. ¿Qué
tanto ignoraba Cobo de los movimientos de Gutiérrez? ¿Solo fue
llevado por la ola emotiva de sus alumnos de la Academia?
En los alrededores del Congreso, la confusión no podía ser mayor.
Los policías y los soldados creían, desde hacía un tiempo, que
los militares que llegaban eran refuerzos para contener la
ocupación de los indígenas. Pero el desconcierto ganó la partida
al ver que ayudaban a los manifestantes. En la confusión inicial
la Policía lanzó bombas lacrimógenas pero, al constatar que los
militares apoyaban a la Conaie, optó por retirarse.
Al interior, la ebullición aturdía. En la oficina de Pons, los
oficiales más jóvenes (subtenientes y tenientes) intentaban por
todos los medios difundir las ideas centrales de su pensamiento,
sobre todo su guerra contra la corrupción.
Máquinas de escribir y celulares repicaban incesantemente.
Algunos vociferaban pidiendo que se buscaran radios y canales de
televisión que estuvieran transmitiendo en directo. Otros
oficiales preparaban carpetas con los primeros decretos y
documentación legal para empezar los trámites de las
extradiciones de los banqueros acusados de corrupción. Un
militar, agitado y eufórico, ordenaba a un emisario de tropa que
llevase, sin pérdida de tiempo, las carpetas a la oficina de
Julio César Trujillo, ubicada junto a la Contraloría General del
Estado, a pocos pasos del Congreso.
Trujillo, ex asambleísta y allegado a Pachakutik y a los
movimientos sociales, es un reconocido experto en legislación
laboral. El abogado no estaba en su oficina -incluida en el cerco
al Parlamento- y esperaba en su casa del norte de Quito. La
agitación y bloqueo en las calles impidió que él recibiera las
primeras carpetas de la Junta para dar su criterio jurídico.
En el Plenario del Congreso, Lucio Gutiérrez anunciaba desconocer
a partir de ese momento al Presidente de la República, al
Congreso Nacional y a la Corte Suprema de Justicia. En su lugar,
se designaba a una Junta Soberana Cívica y Militar, conformada
por un triunvirato: Antonio Vargas, presidente de la Conaie; el
coronel Lucio Gutiérrez, de las FF.AA. y Carlos Solórzano, ex
presidente de la Corte Suprema de Justicia.
El coronel, de 41 años, vestido con traje de camuflaje, arengó
a la multitud excitada. Le dijo que habían tomado la decisión
irrenunciable de refundar el país. Evocó el recuerdo de los días
gloriosos de la independencia, señaló la corrupción, estigmatizó
el modelo socio-económico al igual que el atraco bancario del
milenio, dijo. Si el país no cambia, sentenció con una frialdad
marcial, solo tiene un destino: desintegrarse.
Antonio Vargas lo sucedió. En su discurso, primero en quichua y
luego en español, dijo que nunca los habían entendido y que ahora
se había hecho una revolución sin sangre. En las tribunas, los
ánimos estaban caldeados y se percibía un ambiente de arreglo de
cuentas, sobre todo con los periodistas. Antonio Vargas calmó el
juego. Al final él y Gutiérrez cruzaron las manos en alto en un
gesto irremediable de triunfo.
Los dos venían hablando desde hacía tres meses. La Conaie lo
contactó porque su liderazgo había trascendido los cuarteles. A
los dirigentes indígenas les llamó la atención el pensamiento de
Gutiérrez, sobre todo después de conocer los cuestionamientos del
coronel al manejo del país. A partir de entonces decidieron
entrar en contacto con él.
Los indígenas nunca aceptaron (todavía hoy) que se trató de
planificar un complot. Para ellos, los encuentros apuntaban a
compartir lecturas de la situación del país. En esas reuniones
-dijo un dirigente de la Conaie- se estableció un apoyo tácito
al movimiento, pero sin el compromiso de actuar.
Los indígenas supieron que Lucio Gutiérrez, graduado de ingeniero
mecánico en la Espe, entregó una carta de protesta al Alto Mando
en la que reclamaba sobre todo dos hechos: la falta de atención
por parte del gobierno de Mahuad al Ejército y la ausencia de
medidas para combatir y acabar con la corrupción.
En esa relación entre militares e indígenas hubo, al parecer, un
vaso comunicante activo y fluido: altos oficiales retirados que
mantenían un estrecho contacto con las academias militares y la
cúpula indígena. En el Congreso, estaban el coronel Galo
Monteverde, dirigente de los afectados en el banco del Progreso
y el general (r) César Villacís, quien dio, hace cinco años, como
rector de la Espe, un giro en los planes de estudio. Entonces
incorporó el análisis de la realidad nacional. Sus alumnos
recuerdan que manejaba una voluminosa carpeta con documentos que
probaban supuestos actos de corrupción en las Aduanas.
Villacís siempre se limitó a explicar que estaba en el Congreso
como representante del Colegio de Ingenieros Civiles de
Pichincha. Carlos Arboleda Heredia, otro coronel retirado,
también estuvo al tanto de las reuniones.
No todos los militares que fueron aquel día al Congreso
compartían el secreto de Gutiérrez. Es el caso del capitán José
Fernando Quelal Morales, quien retornó a la Brigada de Apoyo
Logístico 25 con la tractomula: "he optado por regresar porque
no sabía para qué salí y la misión que debía cumplir", le dijo
a su comandante, el coronel Vallejo.
Otro de los que regresó a la BAL 25 fue el mayor Jimmy Pino. Pero
por otras razones. Al mediodía, luego que el coronel de Estado
Mayor Fausto Cobo fue proclamado jefe del Comando Conjunto por
la Junta de Salvación, Pino fue al BAL 25, reunió al personal de
voluntarios y oficiales y dijo que los menos antiguos que están
a favor de ellos (los insurrectos) debían salir en ese momento.
Es una orden, les dijo, del señor jefe del Comando Conjunto de
las Fuerzas Armadas (Fausto Cobo). "Vengo a verificar el maltrato
que han sufrido los compañeros que han retornado al cuartel y
saber cuál es el pronunciamiento de ustedes". En su discurso hizo
énfasis en la corrupción mientras gente a su mando vigilaba al
resto. El cabo Germán Carrasco Pazmiño portaba, visible al resto
de la tropa, una pistola 9 mm rastrillada.
¿Cuántos militares estaban al tanto del acuerdo que habían
pactado Gutiérrez y algunos de sus subalternos y Antonio Vargas?
Los capitanes de la Espe sí lo sabían. La única certeza es que
había un pacto tácito entre los indígenas y los coroneles: si el
movimiento avanzaba y si lograban sitiar las sedes de los
poderes, los oficiales los apoyarían. En ese momento entrarían
en acción.
Gutiérrez y Vargas no se reunieron en las semanas precedentes,
pero en la última sí hubo contactos telefónicos. El jueves 20,
Gutiérrez ya conocía que tomarían el Congreso. Por eso esa noche
pidió que no fuera, al día siguiente, el carro del Comando
Conjunto que todas las mañanas lo recogía frente a su casa.
Esgrimió una excusa casera: llevaría a su esposa a un chequeo
médico.
El acuerdo tácito se activó ese jueves únicamente a través de
llamadas de celular. Una de las consignas para los alumnos de la
Politécnica del Ejército era no disparar en contra de los indios,
"los más pobres entre los pobres".
Un detalle faltaba: ¿qué harían Carlos Moncayo y sus soldados
encargados de la seguridad del Congreso y del Palacio de
Carondelet? La orden que dijeron haber recibido por parte del
Alto Mando era impedir el acceso de los indígenas a esos
edificios pero sin disparar ni utilizar la fuerza. Pero la
alianza evidente de los indígenas y de los militares les cambió
el escenario: Moncayo se retiró y dio una explicación cuyo
alcance sigue siendo un enigma: me voy, dijo en esencia, porque
el pueblo ya está en el Congreso y aquí no tengo nada qué hacer.
Con Gutiérrez y Cobo en el Congreso, y la irrupción de los
coroneles Gustavo Lalama y Jorge Brito, se consolidó una certeza
entre los insurrectos: la caída de Jamil Mahuad era irreversible.
(Texto tomado de El Comercio)
Palacio Nacional. Eran las 16:00 de aquel 21 de enero cuando la
televisión y la radio anunciaron la noticia. El júbilo se
desparramó, como un reguero de pólvora, por la oficina de Juan
José Pons, presidente del Congreso Nacional.
Allí, en el primer piso del Parlamento, se había instalado el
puesto de mando del coronel Lucio Gutiérrez, quien, desde la
mañana, era la cabeza visible de la llamada Junta de Salvación
Nacional.
Todo bullía en esta torre de babel en la que se mezclaban
indígenas -la mayoría quichuas-, con dirigentes sindicales y de
los movimientos sociales y cientos de personas más. Pregonaban
a rabiar la caída de Mahuad y el respaldo al coronel Lucio
Gutiérrez y a la Conaie.
La ocupación se evidenció a las 09:45. Pero en la noche anterior,
los indígenas se habían mantenido en vigilia e intentaron dos
veces un ingreso por la fuerza: a las 02:30 y a las 08:30.
A las 09:45, el país, atónito, vio en vivo y en directo cómo los
militares invitaban a los indígenas a pasar al recinto
legislativo: el golpe tomaba forma y una realidad se evidenciaba
ante el país: la división de la institución militar.
Esta fue consagrada por 195 oficiales, estudiantes de varias
ramas de ingeniería de la Escuela Superior Politécnica del
Ejército (Espe), 150 militares que pelearon en el Cenepa y los
soldados que custodiaban el Congreso, bajo el mando del general
Carlos Moncayo.
Todos permitieron, con beneplácito mal disimulado, el paso a los
indígenas. Gracias a eso, los casi siete mil seguidores de
Antonio Vargas cumplieron su primer objetivo: ocupar la sede de
uno de los poderes del Estado. Les faltaban dos: la Corte Suprema
y la Presidencia.
A la misma hora, el coronel Lucio Gutiérrez se aprestaba a
abandonar su casa, en El Batán, un barrio de clase media alta,
para dirigirse al Congreso. Allí llegó aparentemente tranquilo,
sin escolta, sin carro oficial y se dirigió de inmediato al
despacho de Juan José Pons.
Unos 400 oficiales, desde subtenientes a coroneles, habían copado
el salón de sesiones y otros recintos del Congreso. Provenían de
la Academia de Guerra, de la Escuela de Perfeccionamiento del
Ejército, de la Escuela Politécnica, de la Brigada Logística (25
BAL), del Comando Conjunto, del Batallón de Comunicaciones
Rumiñahui y de la Brigada de Ingenieros Héroes del Cenepa.
Los oficiales usaban chalecos antibalas y cascos de combate.
Pocos tenían pistolas de dotación y era evidente que solo los
soldados, cuyo número era indeterminado, llegaban bien armados.
En las unidades, este movimiento tomó por sorpresa a sus
comandantes. Fue lo que le ocurrió al coronel Vallejo, jefe de
la Brigada de Apoyo Logístico 25 (BAL 25), al ver en la
televisión a un grupo militares en el Congreso, y especialmente
al coronel Gutiérrez.
Inmediatamente, ordenó pasar lista a sus efectivos y comprobó que
faltaban cuatro oficiales, tres suboficiales y 39 voluntarios.
En el Cemint, que es un Centro de Mantenimiento de vehículos
pesados, no se reportaban un oficial y 25 voluntarios. El coronel
Vallejo también constató que en la Compañía de Comunicaciones 25
(CC25), de la misma Brigada, no estaba su comandante, el mayor
Jimmy Pino. El teniente coronel Patricio Acosta, comandante del
Batallón de Apoyo Logístico, de la misma Brigada, también faltó
en el parte.
Al revisar el movimiento de los carros, se comprobó que a las
10:10 salió una tractomula Nissan 1535, en la que iban dos
suboficiales y 37 voluntarios con todo su armamento.
En la Espe hubo, igualmente, movimientos inusuales aquel día. La
rutina militar se rompió a las 07:00 cuando los oficiales estaban
tomando lista. En un hecho extraño, un capitán dispuso que tres
buses se ubiquen junto al patio de formación. Después de pasar
lista a las 07:30, en un gesto decidido pero discreto, subieron
a los vehículos a la carrera y se dirigieron al Congreso.
Esta expedición tenía por objeto abrir la cabeza de playa; es
decir, preparar el terreno para el ingreso de los indígenas. En
esa misión ayudaron los 150 oficiales que habían combatido en el
Cenepa y que se anticiparon media hora en la llegada. Para todos,
los héroes del Cenepa representaban una fuerza moral porque
mantenían un gran ascendiente entre los indígenas, soldados y
policías que custodiaban el recinto parlamentario.
Ese era su aporte pues no están al mando de tropas y solo cumplen
tareas administrativas en el Hospital Militar, en la Comandancia
del Ejército y en otras unidades. La mayoría vive con prótesis
en piernas y brazos cuyo precio, con la subida del dólar, se
elevó a 70 millones de sucres. Casi todos están endeudados pues
tienen que cubrir el 50 por ciento de ese costo. Al igual que los
otros, los movilizaba la lucha contra los corruptos y una deuda
de gratitud con el pueblo que, según uno de ellos, el capitán
César Díaz, "en los días de la guerra nos apoyó con cartas y
alimentos. Ahora no podíamos fallarle. No quería dejar a mis
hijos un país sumido en la miseria moral y económica". Díaz lució
en el Congreso una banda cruzada en el pecho rematada por una
medalla de plata. Esa cinta roja es una de las máximas
condecoraciones obtenidas en el Cenepa.
A los 15 capitanes de la Espe y a los 180 subtenientes y
tenientes, cuyas edades varían entre 22 y 27 años, también los
animaba la intención de acabar con la corrupción a como dé lugar.
Los diálogos en la Espe habían comenzado dos meses atrás. Los 15
capitanes se reunieron dos veces y los subtenientes y tenientes
hicieron lo mismo. Apenas tuvieron dos encuentros de fondo donde
fueron concretos y fijaron pautas, buscando así no atraer la
atención y evitar que la información se filtre.
A pesar de ese sigilo, la Inteligencia del Ejército sí detectó
la agitación en la Espe. Incluso el 17 de enero, el general Telmo
Sandoval, comandante general del Ejército, hizo una visita
sorpresiva e intercambió opiniones con los oficiales.
Ante él, los oficiales reconocieron, sin tapujos, un gran
malestar debido a la crisis económica que, según su diagnóstico,
estaba tocando fondo. Nuevamente le dijeron que al país "se lo
había tragado la corrupción" y que el Alto Mando debía actuar.
El general Telmo Sandoval les respondió que el Mando iba a
respetar la Constitución y eso los desilusionó. Aquel día, ese
grupo de oficiales supo que las cartas estaban echadas.
En la Academia de Guerra, un instituto que desde hace 76 años
forma a los oficiales de Estado Mayor, tampoco hubo, al parecer,
ninguna planificación: fue un movimiento espontáneo, dicen al
unísono seis coroneles.
A las 09:30 del viernes 21 de enero, los 120 alumnos y los 25
profesores disfrutaban del recreo tras la jornada de clases que
comenzó a las 07:00. Se encontraban en los jardines y avenidas
de la quinta solariega, situada en el valle de Los Chillos; uno
de los sitios preferidos de descanso del ex presidente Velasco
Ibarra.
A las 09:40 un tumulto se formó en la cafetería. Alumnos y
profesores vieron, en la televisión con asombro, cómo los
militares de menor graduación de la Espe ayudaban a los indígenas
a entrar al Congreso. La actitud de los subtenientes, tenientes
y capitanes de la Espe los sacudió. Convocaron inmediatamente a
una reunión de toda la Academia con su director, el coronel
Fausto Cobo.
Una pregunta los atenazaba: ¿cómo era posible que los oficiales
más jóvenes apoyaran al pueblo en su lucha contra la corrupción?
Muchos se dijeron que no iban a cruzarse de brazos y decidieron
actuar. La reunión se realizó, con la participación del coronel
Cobo, en el mismo auditorio que sirvió de sede a la última
Asamblea Nacional Constituyente.
Por unanimidad los alumnos y profesores -tres generaciones de
oficiales con el grado de mayor, teniente coronel y coronel-
decidieron plegar al movimiento de la Espe y concurrir al
Congreso para apoyar al coronel Lucio Gutiérrez.
Cobo les pidió tiempo para pensarlo. Se refugió, entonces, en su
oficina, sacó la fotografía de su madre, fallecida, y ante ella
se dijo, por unos minutos, que no podía quedarse tranquilo en su
sitio y que debía asumir el liderazgo al que lo conminaban sus
oficiales. Un argumento de peso le pusieron de por medio: ¿acaso
no era él el estratega de los escenarios geopolíticos del país?
Ahora tenía la oportunidad de aplicarlos y no podía estar por
debajo de esa responsabilidad.
El debate concluyó cerca de las 11:00. Entonces el coronel Fausto
Cobo y seis oficiales se encaminaron al Congreso, adonde llegaron
cerca del mediodía. Un segundo grupo de 30 oficiales los siguió
pasado el medio día, y el resto de la Academia a las 16:00. ¿Qué
tanto ignoraba Cobo de los movimientos de Gutiérrez? ¿Solo fue
llevado por la ola emotiva de sus alumnos de la Academia?
En los alrededores del Congreso, la confusión no podía ser mayor.
Los policías y los soldados creían, desde hacía un tiempo, que
los militares que llegaban eran refuerzos para contener la
ocupación de los indígenas. Pero el desconcierto ganó la partida
al ver que ayudaban a los manifestantes. En la confusión inicial
la Policía lanzó bombas lacrimógenas pero, al constatar que los
militares apoyaban a la Conaie, optó por retirarse.
Al interior, la ebullición aturdía. En la oficina de Pons, los
oficiales más jóvenes (subtenientes y tenientes) intentaban por
todos los medios difundir las ideas centrales de su pensamiento,
sobre todo su guerra contra la corrupción.
Máquinas de escribir y celulares repicaban incesantemente.
Algunos vociferaban pidiendo que se buscaran radios y canales de
televisión que estuvieran transmitiendo en directo. Otros
oficiales preparaban carpetas con los primeros decretos y
documentación legal para empezar los trámites de las
extradiciones de los banqueros acusados de corrupción. Un
militar, agitado y eufórico, ordenaba a un emisario de tropa que
llevase, sin pérdida de tiempo, las carpetas a la oficina de
Julio César Trujillo, ubicada junto a la Contraloría General del
Estado, a pocos pasos del Congreso.
Trujillo, ex asambleísta y allegado a Pachakutik y a los
movimientos sociales, es un reconocido experto en legislación
laboral. El abogado no estaba en su oficina -incluida en el cerco
al Parlamento- y esperaba en su casa del norte de Quito. La
agitación y bloqueo en las calles impidió que él recibiera las
primeras carpetas de la Junta para dar su criterio jurídico.
En el Plenario del Congreso, Lucio Gutiérrez anunciaba desconocer
a partir de ese momento al Presidente de la República, al
Congreso Nacional y a la Corte Suprema de Justicia. En su lugar,
se designaba a una Junta Soberana Cívica y Militar, conformada
por un triunvirato: Antonio Vargas, presidente de la Conaie; el
coronel Lucio Gutiérrez, de las FF.AA. y Carlos Solórzano, ex
presidente de la Corte Suprema de Justicia.
El coronel, de 41 años, vestido con traje de camuflaje, arengó
a la multitud excitada. Le dijo que habían tomado la decisión
irrenunciable de refundar el país. Evocó el recuerdo de los días
gloriosos de la independencia, señaló la corrupción, estigmatizó
el modelo socio-económico al igual que el atraco bancario del
milenio, dijo. Si el país no cambia, sentenció con una frialdad
marcial, solo tiene un destino: desintegrarse.
Antonio Vargas lo sucedió. En su discurso, primero en quichua y
luego en español, dijo que nunca los habían entendido y que ahora
se había hecho una revolución sin sangre. En las tribunas, los
ánimos estaban caldeados y se percibía un ambiente de arreglo de
cuentas, sobre todo con los periodistas. Antonio Vargas calmó el
juego. Al final él y Gutiérrez cruzaron las manos en alto en un
gesto irremediable de triunfo.
Los dos venían hablando desde hacía tres meses. La Conaie lo
contactó porque su liderazgo había trascendido los cuarteles. A
los dirigentes indígenas les llamó la atención el pensamiento de
Gutiérrez, sobre todo después de conocer los cuestionamientos del
coronel al manejo del país. A partir de entonces decidieron
entrar en contacto con él.
Los indígenas nunca aceptaron (todavía hoy) que se trató de
planificar un complot. Para ellos, los encuentros apuntaban a
compartir lecturas de la situación del país. En esas reuniones
-dijo un dirigente de la Conaie- se estableció un apoyo tácito
al movimiento, pero sin el compromiso de actuar.
Los indígenas supieron que Lucio Gutiérrez, graduado de ingeniero
mecánico en la Espe, entregó una carta de protesta al Alto Mando
en la que reclamaba sobre todo dos hechos: la falta de atención
por parte del gobierno de Mahuad al Ejército y la ausencia de
medidas para combatir y acabar con la corrupción.
En esa relación entre militares e indígenas hubo, al parecer, un
vaso comunicante activo y fluido: altos oficiales retirados que
mantenían un estrecho contacto con las academias militares y la
cúpula indígena. En el Congreso, estaban el coronel Galo
Monteverde, dirigente de los afectados en el banco del Progreso
y el general (r) César Villacís, quien dio, hace cinco años, como
rector de la Espe, un giro en los planes de estudio. Entonces
incorporó el análisis de la realidad nacional. Sus alumnos
recuerdan que manejaba una voluminosa carpeta con documentos que
probaban supuestos actos de corrupción en las Aduanas.
Villacís siempre se limitó a explicar que estaba en el Congreso
como representante del Colegio de Ingenieros Civiles de
Pichincha. Carlos Arboleda Heredia, otro coronel retirado,
también estuvo al tanto de las reuniones.
No todos los militares que fueron aquel día al Congreso
compartían el secreto de Gutiérrez. Es el caso del capitán José
Fernando Quelal Morales, quien retornó a la Brigada de Apoyo
Logístico 25 con la tractomula: "he optado por regresar porque
no sabía para qué salí y la misión que debía cumplir", le dijo
a su comandante, el coronel Vallejo.
Otro de los que regresó a la BAL 25 fue el mayor Jimmy Pino. Pero
por otras razones. Al mediodía, luego que el coronel de Estado
Mayor Fausto Cobo fue proclamado jefe del Comando Conjunto por
la Junta de Salvación, Pino fue al BAL 25, reunió al personal de
voluntarios y oficiales y dijo que los menos antiguos que están
a favor de ellos (los insurrectos) debían salir en ese momento.
Es una orden, les dijo, del señor jefe del Comando Conjunto de
las Fuerzas Armadas (Fausto Cobo). "Vengo a verificar el maltrato
que han sufrido los compañeros que han retornado al cuartel y
saber cuál es el pronunciamiento de ustedes". En su discurso hizo
énfasis en la corrupción mientras gente a su mando vigilaba al
resto. El cabo Germán Carrasco Pazmiño portaba, visible al resto
de la tropa, una pistola 9 mm rastrillada.
¿Cuántos militares estaban al tanto del acuerdo que habían
pactado Gutiérrez y algunos de sus subalternos y Antonio Vargas?
Los capitanes de la Espe sí lo sabían. La única certeza es que
había un pacto tácito entre los indígenas y los coroneles: si el
movimiento avanzaba y si lograban sitiar las sedes de los
poderes, los oficiales los apoyarían. En ese momento entrarían
en acción.
Gutiérrez y Vargas no se reunieron en las semanas precedentes,
pero en la última sí hubo contactos telefónicos. El jueves 20,
Gutiérrez ya conocía que tomarían el Congreso. Por eso esa noche
pidió que no fuera, al día siguiente, el carro del Comando
Conjunto que todas las mañanas lo recogía frente a su casa.
Esgrimió una excusa casera: llevaría a su esposa a un chequeo
médico.
El acuerdo tácito se activó ese jueves únicamente a través de
llamadas de celular. Una de las consignas para los alumnos de la
Politécnica del Ejército era no disparar en contra de los indios,
"los más pobres entre los pobres".
Un detalle faltaba: ¿qué harían Carlos Moncayo y sus soldados
encargados de la seguridad del Congreso y del Palacio de
Carondelet? La orden que dijeron haber recibido por parte del
Alto Mando era impedir el acceso de los indígenas a esos
edificios pero sin disparar ni utilizar la fuerza. Pero la
alianza evidente de los indígenas y de los militares les cambió
el escenario: Moncayo se retiró y dio una explicación cuyo
alcance sigue siendo un enigma: me voy, dijo en esencia, porque
el pueblo ya está en el Congreso y aquí no tengo nada qué hacer.
Con Gutiérrez y Cobo en el Congreso, y la irrupción de los
coroneles Gustavo Lalama y Jorge Brito, se consolidó una certeza
entre los insurrectos: la caída de Jamil Mahuad era irreversible.
(Texto tomado de El Comercio)
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