Quito. 22 feb 2000. Un informe del Ministerio de Ambiente y
Turismo es claro: ocho mil hectáreas de bosque se destruyeron
para establecer plantaciones de palma africana en el sector de
San Lorenzo, norte de Esmeraldas.
Hans Thiel, director forestal, indicó que durante un recorrido
se encontró cientos de árboles de chanul, mascarey, copal,
sande... en terrenos de las palmicultoras. La semana anterior se
terminó el proceso de delimitación de las propiedades de esas
compañías. Esto significa que ya no podrán seguir expandiéndose
sobre bosques en recuperación. En un recorrido que el sábado 19
de este mes realizó este Diario, entre San Lorenzo y la vía
Mataje, también se observó que al borde de las plantaciones están
árboles talados. En este tramo no se vio ningún control policial
ni militar.
El informe definitivo y la cartografía (ver mapa con los límites)
se entregarán el jueves, en una reunión con los palmicultores en
Esmeraldas. "Este es el primer paso para un control efectivo de
la tala de bosques nativos, ya que podemos saber la extensión
exacta de las plantaciones para que no sigan expandiéndose",
afirmó Thiel. En esa zona hay siete palmicultoras (que tienen
hasta 5 000 hectáreas). La única que no permitió el ingreso de
los técnicos para el control fue Ales Palma y dos no entregaron
la cartografía para elaborar los mapas: Ecuafincas y Teobroma.
La prohibición de ingreso preocupa a los técnicos del Ministerio,
pese a que acudieron por tres ocasiones. "Alain Durand,
administrador de Ales Palma, aseguró que no habría ningún
problema para entrar, pero una vez en el campo Patricio Granja,
administrador de la plantación, no lo permitió", señaló Thiel.
Este Diario llamó a la empresa para recabar su versión. La
respuesta fue que el único autorizado para hablar es José Malo
y que este regresa del exterior la próxima semana (eso fue hace
dos semanas). "Durante ese tiempo existe el peligro que se
continúe talando para establecer plantaciones", dijo Thiel.
Sin embargo, César Loaiza, gerente de la Asociación Nacional de
Cultivadores de Palma Africana (Ancupa), llamó a Durand y le
informó de la queja del Ministerio, la respuesta del empleado fue
que se pidió a los técnicos que esperen una orden desde Quito
para ingresar. "Nosotros fuimos por tres ocasiones y no podíamos
regresar otra vez", manifestó Christian Velasco, ingeniero
forestal.
En la delimitación de los terrenos de las palmicultoras
trabajaron tres equipos con cuatro técnicos cada uno. Los
funcionarios contaron con un sistema de posicionamiento global
que permite obtener las coordenadas exactas de un punto
geográfico, mediante la señal de un satélite. De esta manera
establecieron hasta dónde avanzaron las plantaciones y
verificaron si el compromiso de no talar más bosques nativos se
ha cumplido. La conclusión fue que no y que talaron boque que se
podía recuperar.
El Ministerio solo autorizó el incremento de las plantaciones en
rastrojos, pastizales y zonas de cultivo. Prohibió totalmente la
expansión talando bosques nativos o secundarios; incluso las
nuevas plantaciones sobre rastrojos están supeditadas a una
inspección técnica previa para constatar que las plantas no
tenían posibilidades de recuperación.
Si se comprueba que los palmicultores tumbaron bosque se iniciará
un juicio por tala ilegal. La Ley de Gestión Ambiental no permite
la tala de bosques primarios. Esta ley se dictó en julio de 1999.
El Ministerio del Ambiente, luego de un reconocimiento aéreo,
comprobó la tala de 4 500 hectáreas por palmicultoras. Este
informe fue la base para este nuevo control que ya ha derivado
en siete juicios forestales contra los palmicultores en la zona.
No obstante, las sanciones aplicables son blandas. La Ley
Forestal vigente no permite multas superiores a un millón de
sucres. "Por esta razón es urgente que se firmen las reformas al
reglamento de la Ley Forestal vigente y se apruebe la nueva (que
reposa en la Presidencia de la República), que establece
sanciones de hasta 2 500 millones de sucres para que mantengan
el poder adquisitivo", dijo Thiel.
En diciembre de 1999, en una reunión entre palmicultores y
funcionarios del Ministerio, se estableció que hasta el 31 de
marzo del 2000 se deberán presentar estudios de impacto ambiental
para que el Ministerio los apruebe. La única empresa que ya dio
un informe (de una hoja) fue Palmeras de los Andes, de la
compañía Danec. Este fue impugnado por el Ministerio y hasta la
fecha no se presenta otro.
Loaiza reconoce la demora, pero argumenta que los términos de
referencia para los estudios, el Ministerio recién los entregó
el 4 de enero. "En el país no existen empresas que efectúen este
tipo de estudios, pero los cumpliremos". Mientras tanto, las
consecuencias de las plantaciones se empezaron a denunciar. "Las
empresas no cumplen el convenio de no contaminar los ríos, tumban
bosque, no respetan las costumbres del pueblo negro. El 30 por
ciento de nuestra alimentación proviene de este; el agua no es
como antes", dijo Fausto Chirán, del Consejo de Palenques.
Sin embargo, la consecuencia de este incumplimiento puede llevar
a la paralización de las actividades de las palmicultoras. La Ley
faculta al Ministerio a detener estas actividades. Thiel señaló
que "no se trata de que no se haga palmicultura, lo que queremos
es que se haga bien. No podemos permitir que el Ecuador se
convierta en un país donde inversionistas y empresarios arrasen
con todo".
Empero los problemas pueden aumentar. "El problema básico es que
con la palma se daña el suelo. Esta absorbe nutrientes de la
tierra que para compensarlos se debe usar fertilizantes. Estos
son arrastrados por el agua y contaminan la tierra y los ríos.
", dijo Oswaldo Báez, investigador de Natura. "Este cultivo a la
larga empobrece el suelo, de tal manera que se abandona en 15
años. En la vía a Quinindé se vecientos de hectáreas abandonadas
porque ya no producen".
Por un manejo de corte verde
César Loaiza, gerente de la Asociación Nacional de Cultivadores
de Palma Africana (Ancupa), reconoce que su gremio está de
acuerdo con el control por parte del Ministerio de Turismo y
Ambiente. "Nosotros participamos de las reuniones y formamos
parte de las comisiones con el Ministerio".
Loaiza señaló que los trabajos de las empresas se enmarcan en los
acuerdos con el Ministerio. "Nos comprometimos a respetar el
patrimonio forestal, las tierras comunitarias, reservas y bosques
hasta con un 30% de intervención. Para ubicar las plantaciones,
Ancupa utiliza el mapa de uso del suelo elaborado por el Pronareg
hace 15 años".
"Los estudios de impacto ambiental que están realizando las
empresas servirán para verificar el cumplimiento de esos
acuerdos. Tenemos plazo hasta el 31 de marzo y las firmas
encargadas de la elaboración de los estudios de impacto ambiental
y los planes de manejo trabajan a tiempo completo para cumplir
con el plazo previsto".
Inclusive el 17 de diciembre, en una comunicación al entonces
Ministerio del Ambiente, se indican los nombres de nueve técnicos
de las empresas palmicultoras "para definir los sitios en que se
podrá seguir trabajando mientras se elaboran los estudios de
impacto ambiental en la zona.
Para minimizar estos impactos a la naturaleza, Oswaldo Báez
(investigador de Fundación Natura) recomienda mantener franjas
de bosque alternadas con palma. "Lo apropiado es que se cree un
mosaico de plantaciones y bosque para mantener un equilibrio en
el ecosistema". (Texto tomado de El Comercio)
Turismo es claro: ocho mil hectáreas de bosque se destruyeron
para establecer plantaciones de palma africana en el sector de
San Lorenzo, norte de Esmeraldas.
Hans Thiel, director forestal, indicó que durante un recorrido
se encontró cientos de árboles de chanul, mascarey, copal,
sande... en terrenos de las palmicultoras. La semana anterior se
terminó el proceso de delimitación de las propiedades de esas
compañías. Esto significa que ya no podrán seguir expandiéndose
sobre bosques en recuperación. En un recorrido que el sábado 19
de este mes realizó este Diario, entre San Lorenzo y la vía
Mataje, también se observó que al borde de las plantaciones están
árboles talados. En este tramo no se vio ningún control policial
ni militar.
El informe definitivo y la cartografía (ver mapa con los límites)
se entregarán el jueves, en una reunión con los palmicultores en
Esmeraldas. "Este es el primer paso para un control efectivo de
la tala de bosques nativos, ya que podemos saber la extensión
exacta de las plantaciones para que no sigan expandiéndose",
afirmó Thiel. En esa zona hay siete palmicultoras (que tienen
hasta 5 000 hectáreas). La única que no permitió el ingreso de
los técnicos para el control fue Ales Palma y dos no entregaron
la cartografía para elaborar los mapas: Ecuafincas y Teobroma.
La prohibición de ingreso preocupa a los técnicos del Ministerio,
pese a que acudieron por tres ocasiones. "Alain Durand,
administrador de Ales Palma, aseguró que no habría ningún
problema para entrar, pero una vez en el campo Patricio Granja,
administrador de la plantación, no lo permitió", señaló Thiel.
Este Diario llamó a la empresa para recabar su versión. La
respuesta fue que el único autorizado para hablar es José Malo
y que este regresa del exterior la próxima semana (eso fue hace
dos semanas). "Durante ese tiempo existe el peligro que se
continúe talando para establecer plantaciones", dijo Thiel.
Sin embargo, César Loaiza, gerente de la Asociación Nacional de
Cultivadores de Palma Africana (Ancupa), llamó a Durand y le
informó de la queja del Ministerio, la respuesta del empleado fue
que se pidió a los técnicos que esperen una orden desde Quito
para ingresar. "Nosotros fuimos por tres ocasiones y no podíamos
regresar otra vez", manifestó Christian Velasco, ingeniero
forestal.
En la delimitación de los terrenos de las palmicultoras
trabajaron tres equipos con cuatro técnicos cada uno. Los
funcionarios contaron con un sistema de posicionamiento global
que permite obtener las coordenadas exactas de un punto
geográfico, mediante la señal de un satélite. De esta manera
establecieron hasta dónde avanzaron las plantaciones y
verificaron si el compromiso de no talar más bosques nativos se
ha cumplido. La conclusión fue que no y que talaron boque que se
podía recuperar.
El Ministerio solo autorizó el incremento de las plantaciones en
rastrojos, pastizales y zonas de cultivo. Prohibió totalmente la
expansión talando bosques nativos o secundarios; incluso las
nuevas plantaciones sobre rastrojos están supeditadas a una
inspección técnica previa para constatar que las plantas no
tenían posibilidades de recuperación.
Si se comprueba que los palmicultores tumbaron bosque se iniciará
un juicio por tala ilegal. La Ley de Gestión Ambiental no permite
la tala de bosques primarios. Esta ley se dictó en julio de 1999.
El Ministerio del Ambiente, luego de un reconocimiento aéreo,
comprobó la tala de 4 500 hectáreas por palmicultoras. Este
informe fue la base para este nuevo control que ya ha derivado
en siete juicios forestales contra los palmicultores en la zona.
No obstante, las sanciones aplicables son blandas. La Ley
Forestal vigente no permite multas superiores a un millón de
sucres. "Por esta razón es urgente que se firmen las reformas al
reglamento de la Ley Forestal vigente y se apruebe la nueva (que
reposa en la Presidencia de la República), que establece
sanciones de hasta 2 500 millones de sucres para que mantengan
el poder adquisitivo", dijo Thiel.
En diciembre de 1999, en una reunión entre palmicultores y
funcionarios del Ministerio, se estableció que hasta el 31 de
marzo del 2000 se deberán presentar estudios de impacto ambiental
para que el Ministerio los apruebe. La única empresa que ya dio
un informe (de una hoja) fue Palmeras de los Andes, de la
compañía Danec. Este fue impugnado por el Ministerio y hasta la
fecha no se presenta otro.
Loaiza reconoce la demora, pero argumenta que los términos de
referencia para los estudios, el Ministerio recién los entregó
el 4 de enero. "En el país no existen empresas que efectúen este
tipo de estudios, pero los cumpliremos". Mientras tanto, las
consecuencias de las plantaciones se empezaron a denunciar. "Las
empresas no cumplen el convenio de no contaminar los ríos, tumban
bosque, no respetan las costumbres del pueblo negro. El 30 por
ciento de nuestra alimentación proviene de este; el agua no es
como antes", dijo Fausto Chirán, del Consejo de Palenques.
Sin embargo, la consecuencia de este incumplimiento puede llevar
a la paralización de las actividades de las palmicultoras. La Ley
faculta al Ministerio a detener estas actividades. Thiel señaló
que "no se trata de que no se haga palmicultura, lo que queremos
es que se haga bien. No podemos permitir que el Ecuador se
convierta en un país donde inversionistas y empresarios arrasen
con todo".
Empero los problemas pueden aumentar. "El problema básico es que
con la palma se daña el suelo. Esta absorbe nutrientes de la
tierra que para compensarlos se debe usar fertilizantes. Estos
son arrastrados por el agua y contaminan la tierra y los ríos.
", dijo Oswaldo Báez, investigador de Natura. "Este cultivo a la
larga empobrece el suelo, de tal manera que se abandona en 15
años. En la vía a Quinindé se vecientos de hectáreas abandonadas
porque ya no producen".
Por un manejo de corte verde
César Loaiza, gerente de la Asociación Nacional de Cultivadores
de Palma Africana (Ancupa), reconoce que su gremio está de
acuerdo con el control por parte del Ministerio de Turismo y
Ambiente. "Nosotros participamos de las reuniones y formamos
parte de las comisiones con el Ministerio".
Loaiza señaló que los trabajos de las empresas se enmarcan en los
acuerdos con el Ministerio. "Nos comprometimos a respetar el
patrimonio forestal, las tierras comunitarias, reservas y bosques
hasta con un 30% de intervención. Para ubicar las plantaciones,
Ancupa utiliza el mapa de uso del suelo elaborado por el Pronareg
hace 15 años".
"Los estudios de impacto ambiental que están realizando las
empresas servirán para verificar el cumplimiento de esos
acuerdos. Tenemos plazo hasta el 31 de marzo y las firmas
encargadas de la elaboración de los estudios de impacto ambiental
y los planes de manejo trabajan a tiempo completo para cumplir
con el plazo previsto".
Inclusive el 17 de diciembre, en una comunicación al entonces
Ministerio del Ambiente, se indican los nombres de nueve técnicos
de las empresas palmicultoras "para definir los sitios en que se
podrá seguir trabajando mientras se elaboran los estudios de
impacto ambiental en la zona.
Para minimizar estos impactos a la naturaleza, Oswaldo Báez
(investigador de Fundación Natura) recomienda mantener franjas
de bosque alternadas con palma. "Lo apropiado es que se cree un
mosaico de plantaciones y bosque para mantener un equilibrio en
el ecosistema". (Texto tomado de El Comercio)
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