Quito. 24 feb 2000. El Presidente de la República podrá autorizar
la construcción de nuevas obras en el sector. Los activos de
Petroecuador no se pueden vender.
La delegación de actividades en el área petrolera se aclara para
el sector privado.
Las reformas a la ley de Hidrocarburos, previstas en la Ley
Trolebús, facultan a la empresa privada a invertir en el
transporte de hidrocarburos por oleoductos, poliductos y
gasoductos, así como en su refinación, industrialización,
almacenamiento y comercialización.
Esta delegación, sin embargo, no es nueva, toda vez que en
noviembre de 1993 se facultó a las empresas privadas a realizar
estas actividades.
Estas acciones no se concretaron porque hacían falta varias
aclaraciones, como la forma de establecer tarifas. Este tema es
clave para que el sector privado realice la construcción del
Oleoducto de Crudos Pesados (OCP).
Pero hay otro aspecto conceptual en las reformas planteadas por
el Ejecutivo: el de las licitaciones.
Tradicionalmente, las inversiones en el sector energético se
hacían con recursos estatales y, para garantizar su buen uso, era
necesario un proceso de licitación a cargo de las autoridades de
los gobiernos de turno.
Ahora, la delegación de varias actividades al sector privado
implica que el riesgo de la inversión lo asuma éste y, por tanto,
la licitación estatal queda sin piso. Si esta se hace será
igualmente a nivel privado. La función de las autoridades será
de regular el mercado a través de garantizar que existan
competencia, precios reales, cuidado del medio ambiente, etc.
De ahí que las reformas a la Ley de Hidrocarburos facultan al
Presidente de la República a autorizar la construcción de nuevas
obras, solo con un informe del Ministerio de Energía.
Esta reforma mereció cierto rechazo por parte de varios
legisladores, pues interpretaron que las obras se darían "a dedo"
a empresas predefinidas.
De ahí que el informe de mayoría que tramita actualmente la
Legislatura reincorporó parte del texto que se modificará. El
objetivo es garantizar que los activos de Petroecuador no se
vendan, es decir, que las inversiones en el sector petrolero sean
en nuevas obras y no en las existentes.
Además, la ley prevé que las actividades de transporte,
refinación, comercialización, etc., puedan ser realizadas por
Petroecuador directamente o mediante asociación, delegación o
cualquier otra forma vigente en la ley.
Esta situación, aunque no es nueva, obedeció, por un lado, a la
nueva concepción del Estado, y por otro, a la escasez de recursos
públicos que impidió a la petrolera estatal invertir para mejorar
su tecnología y así aumentar la producción petrolera del país.
Lo anterior se demuestra en varios hechos. Petroecuador ni
siquiera logró mantener estable la producción de crudo en sus
principales campos petroleros. En 1999, a pesar del aumento en
el precio del crudo, el sector petrolero decreció un 4,6 por
ciento dentro de la economía nacional, debido a la baja en su
producción.
Asimismo, el los últimos cinco años, la producción de
Petroecuador disminuyó en 73 000 barriles diarios.
Lo anterior se complica por otro hecho. El país produce dos tipos
de crudo-liviano y pesado- y debe mezclarlos porque existe un
solo oleoducto en el país: el Sistema de Oleoducto
Transecuatoriano (SOTE).
Los campos de Petroecuador producen crudo liviano, de mejor
calidad y precio, mientras las compañías privadas producen crudo
pesado, de menor calidad y precio. Al bajar la producción de
Petroecuador y subir la privada, la mezcla ocasiona que el crudo
sea cada vez más pesado, con el consiguiente perjuicio en precio.
Una solución a este problema es la construcción de un nuevo
oleoducto para separar los dos tipos de crudo.
Las cuatro reformas clave a la ley
La participación privada * Las nuevas obras en el sector
petrolero serán autorizadas por el Presidente de la República,
previo informe del Ministerio de Energía. No se pueden
comprometer recursos públicos.
La privatización no va * La delegación al sector privado de
actividades en comercialización, transporte, refinación,
industrialización, etc., en ningún caso implicará la
transferencia de dominio de los bienes e instalaciones que en la
actualidad son de Petroecuador o sus filiales.
El Estado es regulador * Para el transporte de hidrocarburos por
oleoductos privados, la tarifa será acordada entre el usuario y
la empresa operadora. Si un usuario no está de acuerdo con la
tasa fijada, podrá solicitar al Ministro de Energía que la fije,
pero esta deberá considerar los costos, gastos y una utilidad
razonable.
Los derechos * El Estado tendrá derecho preferente para contratar
la capacidad excedente en el trasporte por oleoductos privados,
pero según lostérminos y condiciones de mercado.
Los actores provocan inestabilidad
Las reformas en el sector hidrocarburífero son las más difíciles
de llevar a la práctica. Esto debe a que todavía prima el
concepto de bienes estratégicos, aunque en la Constitución fue
eliminado. Bajo este pensamiento, el Estado debe mantener la
propiedad y administración de los bienes petroleros. Quienes aún
lo defienden son los trabajadores, agrupados en sindicatos, y que
participan activamente en otras agrupaciones sociales. También
tienen representantes en partidos políticos identificados como
de izquierda.
En este mismo grupo se hallan también los militares, quienes
tradicionalmente se han encargado de la seguridad de las
instalaciones petroleras, pero también tienen contratos para la
construcción de obras. La ampliación del SOTE y la construcción
del nuevo oleoducto son dos ejemplos del interés de los militares
en el sector.
En el otro lado están las empresas privadas, nacionales o
extranjeras. Por su naturaleza, ellas buscan la apertura
petrolera porque es un negocio rentable, pero no es posible
explotarlo debido a que es manejado por el Estado. Sin embargo,
de a poco han logrado mayor participación en todas las áreas de
la industria: producción, comercialización, transporte y
refinación.
Las discrepancias entre los actores se ha evidenciado en los
gobiernos de turno. Esto ha ocasionado que la política petrolera
sea inestable y que los ministros de Energía y presidentes de
Petroecuador duren en promedio menos de un año en sus funciones.
(Texto tomado de El Comercio)
la construcción de nuevas obras en el sector. Los activos de
Petroecuador no se pueden vender.
La delegación de actividades en el área petrolera se aclara para
el sector privado.
Las reformas a la ley de Hidrocarburos, previstas en la Ley
Trolebús, facultan a la empresa privada a invertir en el
transporte de hidrocarburos por oleoductos, poliductos y
gasoductos, así como en su refinación, industrialización,
almacenamiento y comercialización.
Esta delegación, sin embargo, no es nueva, toda vez que en
noviembre de 1993 se facultó a las empresas privadas a realizar
estas actividades.
Estas acciones no se concretaron porque hacían falta varias
aclaraciones, como la forma de establecer tarifas. Este tema es
clave para que el sector privado realice la construcción del
Oleoducto de Crudos Pesados (OCP).
Pero hay otro aspecto conceptual en las reformas planteadas por
el Ejecutivo: el de las licitaciones.
Tradicionalmente, las inversiones en el sector energético se
hacían con recursos estatales y, para garantizar su buen uso, era
necesario un proceso de licitación a cargo de las autoridades de
los gobiernos de turno.
Ahora, la delegación de varias actividades al sector privado
implica que el riesgo de la inversión lo asuma éste y, por tanto,
la licitación estatal queda sin piso. Si esta se hace será
igualmente a nivel privado. La función de las autoridades será
de regular el mercado a través de garantizar que existan
competencia, precios reales, cuidado del medio ambiente, etc.
De ahí que las reformas a la Ley de Hidrocarburos facultan al
Presidente de la República a autorizar la construcción de nuevas
obras, solo con un informe del Ministerio de Energía.
Esta reforma mereció cierto rechazo por parte de varios
legisladores, pues interpretaron que las obras se darían "a dedo"
a empresas predefinidas.
De ahí que el informe de mayoría que tramita actualmente la
Legislatura reincorporó parte del texto que se modificará. El
objetivo es garantizar que los activos de Petroecuador no se
vendan, es decir, que las inversiones en el sector petrolero sean
en nuevas obras y no en las existentes.
Además, la ley prevé que las actividades de transporte,
refinación, comercialización, etc., puedan ser realizadas por
Petroecuador directamente o mediante asociación, delegación o
cualquier otra forma vigente en la ley.
Esta situación, aunque no es nueva, obedeció, por un lado, a la
nueva concepción del Estado, y por otro, a la escasez de recursos
públicos que impidió a la petrolera estatal invertir para mejorar
su tecnología y así aumentar la producción petrolera del país.
Lo anterior se demuestra en varios hechos. Petroecuador ni
siquiera logró mantener estable la producción de crudo en sus
principales campos petroleros. En 1999, a pesar del aumento en
el precio del crudo, el sector petrolero decreció un 4,6 por
ciento dentro de la economía nacional, debido a la baja en su
producción.
Asimismo, el los últimos cinco años, la producción de
Petroecuador disminuyó en 73 000 barriles diarios.
Lo anterior se complica por otro hecho. El país produce dos tipos
de crudo-liviano y pesado- y debe mezclarlos porque existe un
solo oleoducto en el país: el Sistema de Oleoducto
Transecuatoriano (SOTE).
Los campos de Petroecuador producen crudo liviano, de mejor
calidad y precio, mientras las compañías privadas producen crudo
pesado, de menor calidad y precio. Al bajar la producción de
Petroecuador y subir la privada, la mezcla ocasiona que el crudo
sea cada vez más pesado, con el consiguiente perjuicio en precio.
Una solución a este problema es la construcción de un nuevo
oleoducto para separar los dos tipos de crudo.
Las cuatro reformas clave a la ley
La participación privada * Las nuevas obras en el sector
petrolero serán autorizadas por el Presidente de la República,
previo informe del Ministerio de Energía. No se pueden
comprometer recursos públicos.
La privatización no va * La delegación al sector privado de
actividades en comercialización, transporte, refinación,
industrialización, etc., en ningún caso implicará la
transferencia de dominio de los bienes e instalaciones que en la
actualidad son de Petroecuador o sus filiales.
El Estado es regulador * Para el transporte de hidrocarburos por
oleoductos privados, la tarifa será acordada entre el usuario y
la empresa operadora. Si un usuario no está de acuerdo con la
tasa fijada, podrá solicitar al Ministro de Energía que la fije,
pero esta deberá considerar los costos, gastos y una utilidad
razonable.
Los derechos * El Estado tendrá derecho preferente para contratar
la capacidad excedente en el trasporte por oleoductos privados,
pero según lostérminos y condiciones de mercado.
Los actores provocan inestabilidad
Las reformas en el sector hidrocarburífero son las más difíciles
de llevar a la práctica. Esto debe a que todavía prima el
concepto de bienes estratégicos, aunque en la Constitución fue
eliminado. Bajo este pensamiento, el Estado debe mantener la
propiedad y administración de los bienes petroleros. Quienes aún
lo defienden son los trabajadores, agrupados en sindicatos, y que
participan activamente en otras agrupaciones sociales. También
tienen representantes en partidos políticos identificados como
de izquierda.
En este mismo grupo se hallan también los militares, quienes
tradicionalmente se han encargado de la seguridad de las
instalaciones petroleras, pero también tienen contratos para la
construcción de obras. La ampliación del SOTE y la construcción
del nuevo oleoducto son dos ejemplos del interés de los militares
en el sector.
En el otro lado están las empresas privadas, nacionales o
extranjeras. Por su naturaleza, ellas buscan la apertura
petrolera porque es un negocio rentable, pero no es posible
explotarlo debido a que es manejado por el Estado. Sin embargo,
de a poco han logrado mayor participación en todas las áreas de
la industria: producción, comercialización, transporte y
refinación.
Las discrepancias entre los actores se ha evidenciado en los
gobiernos de turno. Esto ha ocasionado que la política petrolera
sea inestable y que los ministros de Energía y presidentes de
Petroecuador duren en promedio menos de un año en sus funciones.
(Texto tomado de El Comercio)
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