Quito. 29 jun 99. Desde finales de 1998, el Fondo Monetario
Internacional (FMI), actuando como coordinador del grupo de apoyo
internacional al saneamiento bancario nacional (se añaden: Banco
Mundial, BID y CAF), viene definiendo los problemas técnicos y
las salidas posibles a la crisis. En el documento que este
Semanario revela hoy, en exclusiva, los cuatro organismos tienen
claro que las salidas pasan por las reformas legales, una buena
dosis de voluntad política y un claro esquema de capitalización
y saneamiento.
En contraparte, ¿qué ha propuesto el Presidente Mahuad? Mandó al
Congreso una propuesta para dar a la AGD facultades extras para
afrontar el saneamiento de la banca.
La AGD determinará los mecanismos para el aporte de recursos
públicos en el proceso de saneamiento. Y coordinará el trabajo
de las instituciones involucradas en el proceso. Para eso, tendrá
las atribuciones de las que goza la Junta Bancaria: sus
resoluciones serán de cumplimiento obligatorio para las
instituciones representadas en su directorio.
Mahuad propone que la AGD haga efectiva la garantía de depósitos
de los clientes en los bancos. Por eso, se posibilita que el
Directorio del Banco Central modifique el nivel de los puntos
porcentuales sobre las tasas de interés promedio que quedan fuera
de la garantía (actualmente 3 puntos) y se impide que los
accionistas de los bancos que hayan quebrado tengan derecho
preferente para recomprar los bancos saneados, como se había
estipulado en la primera ley aprobada. Se permite a la AGD
constituir fideicomisos para administrar los recursos del
exterior que irán a la capitalizar la banca. El representante
legal de cada banco en saneamiento será administrador temporal
del mismo y no el Gerente de la AGD. Sin embargo, el Presidente
no abordó un tema: la eliminación del poder de veto del
Superintendente de Bancos, un tema altamente cuestionado por el
FMI, según sus propios documentos secretos.
EL DOCUMENTO SECRETO
Estrategia para la reactivación
La reestructuración del sector bancario es un proceso de muchos
años. Este documento destaca una comprensiva estrategia para
reactivar el sistema bancario hacia la solvencia y con el menor
costo fiscal, para proveer un soporte para la recuperación de la
economía y una base para el manejo macroeconómico. Las medidas
descritas a continuación son pasos de una estrategia de mediano
plazo que necesitan ser aprobadas e implementadas inmediatamente.
Esta estrategia cubre 3 áreas:
Fuentes inmediatas que afectan el manejo de la liquidez. Un marco
para el proceso de restructuración sistémica. Esta estrategia
consistirá en identificar los bancos viables y no viables,
reduciendo el sistema quitando los bancos no viables y salvando
sus activos, e introduciendo medidas para fortalecer los bancos
viables. Esto requerirá clarificar la definición de
responsabilidades institucionales, auditorías de todos los bancos
por equipos de supervisores locales e internacionales y
auditores, y la creación de marcos de decisiones transparentes
para absorber los resultados de las auditorías, para tratar con
los activos de los bancos no viables, y para la recapitalización
de los bancos viables. Finalmente, se requiere un marco legal
regulatorio, institucional, de gobierno y supervisión con
incentivos para una eficiente intermediación financiera.
I. Las fuentes que afectan el manejo de la liquidez:
1. Definir un marco para tratar con bancos que no pueden cumplir
sus pagos u obligaciones, o casos serios de fraudes y/o de
fuertes malos manejos:
a) El acceso a créditos de liquidez considerada en los artículos
24 y 25 de la Ley de Régimen Monetario debe inducir una presencia
automática de supervisión y preparación para la intervención.
b) Los bancos que lleguen al límite de créditos de liquidez e
incumplan sus obligaciones deben ser intervenidos inmediatamente.
c) No deben existir reglas colaterales para apoyar a bancos que
se acercan al límite.
d) Ningunas otras fuentes de liquidez debe facilitar la evasión
de las reglas del BCE.
e) Los bancos intervenidos debe ser sujetos de un control
efectivo de la AGD para evitar el manejo de activos por parte de
los dueños (también aplicable para bancos ya intervenidos)
f) Si un banco permanece abierto, debe hacerlo bajo el control
de profesionales designados por la AGD.
g) Si un banco es cerrado, sus líneas de créditos externos y
depósitos debe ser transferidas a un banco gubernamental, junto
con los bonos del Gobierno (con un rendimiento que cubra costos)
y sus activos manejados por la AGD.
h) La AGD debería fijar reglas para el manejo de los de activos
de los bancos caídos.
2. Fijará claras políticas para los casos de los banco del
Progreso y de Préstamos:
a) El Progreso debería auditarse, incluso con técnicos externos
y supervisores.
b) El BCE debería darle un apoyo de liquidez para cubrir los
retiros de ahorros, pero manteniendo su límite.
c) La no reapertura del Progreso, antes de la recapitalización,
la debe determinar la auditoría, evaluando nuevos capitales y
fondos gravables.
d) Los depositantes que conviertan sus depósitos en capital
perderán la garantía total.
e) La resolución para el Banco de Préstamos se basará en la
legislación vigente al momento de su intervención.
3. Mantener los depósitos congelados hasta que se den otras
reformas, y la medida no cree caos en los bancos, en el manejo
monetario y en la confidencialidad de la estrategia de reforma.
Las distorsiones del congelamiento pueden reducirse y el
descongelamiento puede ser manejado así:
a) Informar que los depósitos y los préstamos posteriores al 15
de marzo no son congelables y que la tasa es libre.
b) Acomodar la fórmula de ajuste de tasas de interés para que se
acerquen a las de mercado, reduciendo las pérdidas de los
depositantes. Mantener descuentos sobre certificados.
c) Permitir a los bancos los préstamos contra los depósitos
congelados, y la expansión de certificados negociables.
d) Prohibir a los bancos el uso de certificados para cancelar
préstamos internos.
e) Gradual el incremento de los límites de retiros de ahorros a
20 millones de sucres.
f) Límitar la disminución de los depósitos congelados.
g) Los bancos y los prestatarios pueden reestructurar las deudas
congeladas, siempre de mutuo acuerdo.
4. Garantizar los depósitos de los bancos intervenidos, pero
sujetos a la limitación actual para los otros bancos. Esto
evitaría las corridas de depósitos y minimizaría el impacto
monetario. Acorde con esto:
a) Los depósitos garantizados y las líneas externas de crédito
de la AGD deberían transferirse a un banco estatal y a bonos del
Estado, en montos correspondientes y denominaciones corrientes,
con rendimientos que cubran el costo de los depósitos.
b) Los depósitos transferidos libremente deberían estar
disponibles para retiros y provisiones de liquidez, descontando
de los bonos del Gobierno.
c) Los pagos de depósitos en dólares se harán en sucres a las
tasas de cambio corrientes.
d) Ajuste diario de la tasa referencial, flexibilizando así la
competencia por los depósitos.
e) Anuncio público de la no garantía de depósitos convertidos a
acciones o patrimonio.
f) Eliminación de garantías de nuevos depósitos off shore.
g) Cambiar la garantía general de depósito por una limitada con
el sistema reactivado.
5. Las implicaciones monetarias y fiscales:
a) La liquidez del BCE debería hacerse disponible contra el
colateral para permitir a los bancos el pago al depositante.
b) La liquidez de los bancos en la AGD se obtendrá del descuento
de los bonos estatales.
c) El BCE debería recuperar la liquidez inyectada.
d) La necesidad de información para los cambios en los
requerimientos de reserva.
e) Están prohibidos los bonos de la CFN para conseguir los
requerimientos de reserva.
f) Monitorear diariamente el cambio de las líneas de crédito
externo.
g) No intervención del BCE mientras dura el programa.
h) El costo de la deuda del Gobierno debería imputarse al costo
fiscal.
II. Establecer un marco de reestructuración sistémica:
1. Definir responsabilidades:
a) Asignar la responsabilidad de la restructuración a un solo
oficial a nivel ministerial.
b) Definir roles y responsabilidades de los bancos, Ministerio
de Finanzas, AGD, BCE y Superintendencia de Bancos.
c) Establecer arreglos institucionales, como el Comité de
Políticas y Comité Técnico. Revisión externa para la etapas de
la reestructura.
d) Implementar cambios legales e institucionales.
e) Disponer de equipos técnicos con expertos locales y
extranjeros como soporte.
f) Desarrollar una política de información y publicidad.
2) Las auditorías a todos los bancos comerciales:
a) Las auditorías deberían proveer información objetiva sobre la
viabilidad (solvencia / capital, deficiencia, ganancia y
liquidez) de los bancos, identificando casos de fraude y huecos
en las reglas.
b) Deben aplicarse a todos los bancos (incluso el del Progreso
y el Filanbanco)
c) Las reglas, criterios y supuestos deben ser comunes y
uniformes, con especial énfasis en préstamos e inversiones.
d) Aclarar el enfoque de las auditorías: calidad de los activos
bancarios (balances), incluso en operaciones off shore.
e) Creación de un comité técnico que defina, interprete y
recomiende las reglas, y guíe y supervise los procesos.
f) Las auditorías deben ser conducidas por técnicos auditores
nacionales y extranjeros y por los supervisores.
g) La distribución de los recursos de las auditorías debe estar
basada en el conocimiento de los bancos y sus vulnerabilidades.
h) Deben estar completas hasta el 15 de julio de 1999.
3. Marco de decisiones para absorber los resultados de las
auditorías:
a) Establecer un panel a cuya cabeza se encuentre un experto
nacional de impecable trayectoria (o el ministro a cargo del
Comité de políticas), con un equipo de soporte.
b) Definir los miembros y términos de referencia para el comité.
También extranjeros.
c) Desarrollar criterios sobre pérdidas, incluyendo la
minimización de costos fiscales.
d) Determinar criterios para mejorar los servicios bancarios y
las operaciones off-shore.
e) Donde es viable la reestructura o la recapitalización, crear
criterios de evaluación.
f) Desarrollar una estrategia en casos de fraude.
4. Tratar bien el tema activos de los bancos no viables:
a) Revisar la estructura legal e institucional del tratamiento
de activos de bancos no viables, para que el sector público
maneje esos activos.
b) Desarrollar una estrategia para la resolución de activos.
Apoyo de agentes privados.
c) Revisar e introducir reglas y mecanismos para la transferencia
o venta de activos bancarios ejecutables y no ejecutables, con
criterios para la valuación de tales activos.
d) Desarrollar reglas apropiadas sobre los riesgos de pérdida de
los inversores privados.
e) Tener un marco de transparencia y responsabilidad.
5. El marco para fortalecer el capital de los bancos viables:
a) Revisar el marco de la recapitalización de los bancos viables,
pero descapitalizados.
b) Considerar un soporte igual del sector público para infusiones
de capital privado.
c) Revisar la clasificación de préstamos, provisiones y reglas
sobre ingresos. Caso especial: reglas para provisiones de
préstamos renegociados.
d) Revisar las reglas sobre el capital, incluyendo su calidad.
e) Revisar la necesidad de indulgencia de reglas a las
provisiones o al capital durante el proceso de reestructura,
acorde a estándares.
f) Revisar el riesgo de la clasificación de los préstamos y las
provisiones hechas por los bancos y otros clasificación de
préstamos y provisiones sistemas de reporte.
g) Revisar la calidad e integridad de los exámenes in situ en la
clasificación de préstamos y provisiones.
III. Fortalecer el marco de regulaciones e incentivos:
1. Marco institucional legal y regulatorio:
a) Introducir arreglos legales que respalden y fortalezcan el
proceso de reestructura.
b) Reestructurar la Superintendencia de Bancos de acuerdo a
funciones y responsabilidades de oficinas regionales.
c) Reforzar reglas para casos de conflictos de intereses. Se
contempla la auto exclusión y remoción de trabajadores que
incumplan con los estándares.
d) Reforzar los límites de los créditos vinculados y prohibir
reglas de concentración.
e) Incrementar sanciones por no cumplimiento de las reglas.
f) Desarrollar un programa que limite las ataduras de las
instituciones públicas. Considerar inyecciones de capital.
g) Desarrollar estrategias de seguros frente crisis financieras.
Se necesitan cambios en la ley de seguros y el establecimiento
de una instancia de regulación separada de la Superintendencia
de Compañías.
2. La renegociación de la deuda privada:
a) Implementar una estrategia de reestructuración de activos,
basada en negociaciones entre privados, con el respaldo de
mecanismos de mercado. Se requerirán reglas transparentes y
guías.
b) Los recursos fiscales no se usarán para financiar activos
privados de reestructura.
c) Permitir la negociación para la reestructura de los activos
congelados.
d) Cancelar el programa de reestructuración de préstamos
Cambios legales sugeridos
Se requieren reformas legales para la eficiencia y efectividad
de la reestructura, así como elevar la supervisión del sistema
a estándares adecuados. Y reformas de la estructura institucional
del sector se necesitan para cambiar la mentalidad reguladora.
Esto asegurará decisiones basadas en criterios técnicos para
poner el interés público sobre intereses políticos privados.
Son necesarias reformas en las siguientes leyes:
A.Ley de Reordenamiento en Materia Económica en el Area
Tributaria-Financiera:
1. Proveer protección legal a los involucrados en la reestructura
y supervisión del sistema financiero (Superintendencia, BCE,
AGD).
2. Eliminar el poder de veto del Superintendente (AGD).
3. Eliminar las garantías de depósitos en nuevos depósitos off
shore (art. 21).
4. Prohibir a los bancos el cierre unilateral de sus puertas y
entrar en reestructuración mientras mantengan su control (art.
23).
5. Establecer que los resultados de las auditorías especiales
(art. 27) se usen para forzar legalmente provisiones y hasta
recapitalización.
6. Permitir la recapitalización de bancos viables con fondos
públicos y privados, una vez asumidas las pérdidas
7. Prohibir a los propietarios de bancos caídos la compra de los
reestructurados (art. 24).
8. Cancelar el programa de reestructura actual (art 19-20).
9. Quitar el requerimiento de inversión de fondos públicos en la
banca (art. 17). Hasta que la banca esté reestructurada y el
riesgo crediticio de los bancos no sea tolerable, los fondos
públicos se invertirán en el BCE.
10. La AGD puede eximirse del proceso de subasta si los activos
de los bancos pasan a bancos gubernamentales.
B. Decreto 685
1. Permitir a bancos y deudores, de común acuerdo, reestructurar
deudas congeladas
2. Autorizar al BCE elevar el límite máximo de retiros de ahorros
y un temprano descongelamiento de los depósitos de corto plazo.
C. Leyes de Bancos
1. Eliminar el poder del Superintendente de Bancos en la Junta
Bancaria.
2. Aumentar los requerimientos para accionistas y directores de
bancos, y prohibir a dueños o personas relacionadas con bancos
caídos participar en el manejo de otros bancos durante 10 años
y de por vida en caso de fraude.
3. Dar autoridad a la Superintendencia de Bancos para revisar y
aprobar transferencias de propiedad o intereses de control a
otros partidos en los bancos existentes.
4. Autorizar a la S. de Bancos fijar criterios sobre adquisición
o inversión bancaria sin exponer al banco a riesgos.
5. Fijar un capital mínimo, acorde con los estándares
internacionales.
El capital debería estar dividido en dos rubros ligados,
requiriendo que al menos el 50 por ciento de su base se componga
de capital igual y ganancias retenidas (rubro 1), con otros
elementos de capital (rubro 2) limitados hacia arriba en un monto
igual al primero. Introducir requerimientos para cubrir riesgos
de mercado
6. Gradual incremento de las provisiones para las operaciones de
la banca off shore, pues el supervisor no tiene tanto acceso a
la información e inspecciones in situ.
7. Permitir a las autoridades limitar o prohibir operaciones para
residentes con entidades off shore operando.
8. Clarificar los principios de la supervisión. Permitir a la S.
de Bancos asignar reportes de información prudencial y revisar
las actividades dentro del grupo financiero.
9. Disminuir los niveles permitidos de préstamos vinculados
acorde a buenas prácticas.
10. Clarificar el rol y responsabilidades legales de los
auditores externos. Los supervisores bancarios tienen acceso
ilimitado a estos documentos. Los auditores deben informar a los
supervisores de circunstancias que sean relevantes.
11. Ampliar el rango de acciones correctivas para las
autoridades, si hay problemas.
12. Incrementar las penalidades por no colaborar con las reglas
y los estatutos.
13. Revisar las leyes del sigilo bancario para permitir a la
"central de riesgo" abrir a los bancos la información sobre los
prestamistas.
14. Ajustar los requerimientos para supervisores y otros sectores
públicos oficiales.
D.Ley del Mercado de Valores: Transferir la responsabilidad de
la supervisión del mercado de capital a una entidad independiente
de la Superintendencia de Compañías
E. Ley de Seguros
1. Establecer medidas de capital mínimo y márgenes de solvencia
que alcancen estándares internacionales.
2. Permitir al mercado la determinación de primas de seguro y
otras políticas.
JORGE GUZMAN ORTEGA. Superintendente de Bancos
A la banca privada le debe todo...
Abogado de profesión, Jorge Guzmán es uno de los pilares del
programa de auditorías del sistema financiero. Su experiencia
juega un importante papel en este sentido, pues ha sido asesor
de importantes empresas bancarias y comerciales. Ya desde antes
de titularse de abogado empezó a trabajar en el Banco del
Pacífico, donde se desempeñó como asesor jurídico durante 25
años, además de ejercer una de sus vicepresidencias durante un
corto período. En esta misma área, ha sido vicepresidente de la
Asociación de Bancos Privados del Ecuador, miembro del Comité
Ecuatoriano de Derecho Bancario y catedrático de Derecho
Monetario y Bancario. Otros cargos que ha ejercido incluyen:
árbitro y asesor de la Cámara de Comercio de Guayaquil,
editorialista de diario El Telégrafo, vicepresidente de la
Fundación Carlos Icaza Coronel y asesor jurídico de la empresa
Mastercard del Ecuador. En el ámbito político, fue ex partidario
del Partido Social Cristiano (PSC), con el que rompió relaciones,
por su desacuerdo tras un pacto entre el PSC y el Partido
Roldosista.
ANA LUCIA ARMIJOS. Ministra de Finanzas
Una experta en temas técnicos
La actual Ministra de Finanzas, una economista monetarista de
tendencia conservadora (de cuyo partido fue militante), es ahora
la dama de hierro de las Finanzas Públicas y una de las
principales promotoras del saneamiento bancario. Su participación
activa dentro del quehacer económico le ha dado las herramientas
necesarias para actuar dentro de este proceso. La mayor parte de
su carrera la ha ejercido bajo el umbral del Banco Central. Los
cargos que ha desempeñado desde 1976 inician en el área de
Política Monetaria hasta la Presidencia del Instituto Emisor y
de la Junta Monetaria en 1996. Luego, de 1996 a 1998 actuó como
Presidenta Ejecutiva de la Asociación de Bancos Privados. De
hecho, trabajó estrechamente con los gobiernos de Roldós,
Hurtado, Febres Cordero, Durán Ballén (y Dahik) y actualmente con
Mahuad. Además, ha representado al país frente a organismos e
instituciones internacionales como el Banco Interamericano de
Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial,
el Fondo Andino de Reservas, entre otros.
SANTIAGO BUSTAMANTE. Delegado de la ciudadanía
Un hombre de la banca y del FISE
Otro protagonista del proceso de saneamiento de la Banca es
Santiago Bustamante, vocal de la AGD. Estudió derecho en la
Universidad Católica de Quito y, posteriormente, realizó
posgrados en Harvard (EE.UU.), La Haya (Holanda) y Japón. Los
cargos que ha desempeñado incluyen: director nacional del Fondo
de Inversión Social en Emergencia (FISE), durante el gobierno de
Sixto Durán Ballén, consultor del Banco Mundial, asesor de Junta
Monetaria, vocal del Tribunal Supremo Electoral, director del
Departamento Legal del Banco Popular, director del departamento
legal de Cofiec, entre otros. Sin embargo, su participación más
destacada se dio dentro del FISE, donde hizo varias obras
sociales, especialmente en las áreas de educación e
infraestructura. En su gestión se relacionó con instituciones de
crédito, como la Agencia Interamericana para el Desarrollo, el
Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, y la
Corporación Andina de Fomento. Además recibió el apoyo de los
gobiernos de China, España, Suiza, Bélgica y Holanda.
PABLO BETTER. Presidente Directorio Banco Central
Las finanzas públicas son su fuerte
La vocación económica de Pablo Better sale a la vista. Además de
ser el nuevo presidente del Directorio del Banco Central, tiene
una larga trayectoria profesional. Fue Ministro de Finanzas y
Crédito Público desde enero de 1991 hasta agosto de 1992 (durante
el gobierno de Rodrigo Borja), actuando además como Presidente
subrogante de la Junta Monetaria. En el ámbito del sector
público, su experiencia es amplia: se ha desempeñado como asesor
de la Presidencia de la República, Secretario Nacional de
Desarrollo Administrativo y Presidente subrogante de
Petroecuador. En el ámbito internacional también ha destacado
como Presidente de la Asamblea de Gobernadores del Fondo
Monetario Internacional y del Banco Mundial; Presidente de la
Asamblea de Gobernadores del Fondo OPEP para el Desarrollo
Internacional y vicepresidente de la XXII Sesión de la Cepal. Se
añade su experiencia como consultor en áreas gerenciales y de
finanzas, toma de decisiones y planificación estratégica de
mediano y largo plazos para empresas del sector público y
privado. (Texto tomado de El Comercio)
Internacional (FMI), actuando como coordinador del grupo de apoyo
internacional al saneamiento bancario nacional (se añaden: Banco
Mundial, BID y CAF), viene definiendo los problemas técnicos y
las salidas posibles a la crisis. En el documento que este
Semanario revela hoy, en exclusiva, los cuatro organismos tienen
claro que las salidas pasan por las reformas legales, una buena
dosis de voluntad política y un claro esquema de capitalización
y saneamiento.
En contraparte, ¿qué ha propuesto el Presidente Mahuad? Mandó al
Congreso una propuesta para dar a la AGD facultades extras para
afrontar el saneamiento de la banca.
La AGD determinará los mecanismos para el aporte de recursos
públicos en el proceso de saneamiento. Y coordinará el trabajo
de las instituciones involucradas en el proceso. Para eso, tendrá
las atribuciones de las que goza la Junta Bancaria: sus
resoluciones serán de cumplimiento obligatorio para las
instituciones representadas en su directorio.
Mahuad propone que la AGD haga efectiva la garantía de depósitos
de los clientes en los bancos. Por eso, se posibilita que el
Directorio del Banco Central modifique el nivel de los puntos
porcentuales sobre las tasas de interés promedio que quedan fuera
de la garantía (actualmente 3 puntos) y se impide que los
accionistas de los bancos que hayan quebrado tengan derecho
preferente para recomprar los bancos saneados, como se había
estipulado en la primera ley aprobada. Se permite a la AGD
constituir fideicomisos para administrar los recursos del
exterior que irán a la capitalizar la banca. El representante
legal de cada banco en saneamiento será administrador temporal
del mismo y no el Gerente de la AGD. Sin embargo, el Presidente
no abordó un tema: la eliminación del poder de veto del
Superintendente de Bancos, un tema altamente cuestionado por el
FMI, según sus propios documentos secretos.
EL DOCUMENTO SECRETO
Estrategia para la reactivación
La reestructuración del sector bancario es un proceso de muchos
años. Este documento destaca una comprensiva estrategia para
reactivar el sistema bancario hacia la solvencia y con el menor
costo fiscal, para proveer un soporte para la recuperación de la
economía y una base para el manejo macroeconómico. Las medidas
descritas a continuación son pasos de una estrategia de mediano
plazo que necesitan ser aprobadas e implementadas inmediatamente.
Esta estrategia cubre 3 áreas:
Fuentes inmediatas que afectan el manejo de la liquidez. Un marco
para el proceso de restructuración sistémica. Esta estrategia
consistirá en identificar los bancos viables y no viables,
reduciendo el sistema quitando los bancos no viables y salvando
sus activos, e introduciendo medidas para fortalecer los bancos
viables. Esto requerirá clarificar la definición de
responsabilidades institucionales, auditorías de todos los bancos
por equipos de supervisores locales e internacionales y
auditores, y la creación de marcos de decisiones transparentes
para absorber los resultados de las auditorías, para tratar con
los activos de los bancos no viables, y para la recapitalización
de los bancos viables. Finalmente, se requiere un marco legal
regulatorio, institucional, de gobierno y supervisión con
incentivos para una eficiente intermediación financiera.
I. Las fuentes que afectan el manejo de la liquidez:
1. Definir un marco para tratar con bancos que no pueden cumplir
sus pagos u obligaciones, o casos serios de fraudes y/o de
fuertes malos manejos:
a) El acceso a créditos de liquidez considerada en los artículos
24 y 25 de la Ley de Régimen Monetario debe inducir una presencia
automática de supervisión y preparación para la intervención.
b) Los bancos que lleguen al límite de créditos de liquidez e
incumplan sus obligaciones deben ser intervenidos inmediatamente.
c) No deben existir reglas colaterales para apoyar a bancos que
se acercan al límite.
d) Ningunas otras fuentes de liquidez debe facilitar la evasión
de las reglas del BCE.
e) Los bancos intervenidos debe ser sujetos de un control
efectivo de la AGD para evitar el manejo de activos por parte de
los dueños (también aplicable para bancos ya intervenidos)
f) Si un banco permanece abierto, debe hacerlo bajo el control
de profesionales designados por la AGD.
g) Si un banco es cerrado, sus líneas de créditos externos y
depósitos debe ser transferidas a un banco gubernamental, junto
con los bonos del Gobierno (con un rendimiento que cubra costos)
y sus activos manejados por la AGD.
h) La AGD debería fijar reglas para el manejo de los de activos
de los bancos caídos.
2. Fijará claras políticas para los casos de los banco del
Progreso y de Préstamos:
a) El Progreso debería auditarse, incluso con técnicos externos
y supervisores.
b) El BCE debería darle un apoyo de liquidez para cubrir los
retiros de ahorros, pero manteniendo su límite.
c) La no reapertura del Progreso, antes de la recapitalización,
la debe determinar la auditoría, evaluando nuevos capitales y
fondos gravables.
d) Los depositantes que conviertan sus depósitos en capital
perderán la garantía total.
e) La resolución para el Banco de Préstamos se basará en la
legislación vigente al momento de su intervención.
3. Mantener los depósitos congelados hasta que se den otras
reformas, y la medida no cree caos en los bancos, en el manejo
monetario y en la confidencialidad de la estrategia de reforma.
Las distorsiones del congelamiento pueden reducirse y el
descongelamiento puede ser manejado así:
a) Informar que los depósitos y los préstamos posteriores al 15
de marzo no son congelables y que la tasa es libre.
b) Acomodar la fórmula de ajuste de tasas de interés para que se
acerquen a las de mercado, reduciendo las pérdidas de los
depositantes. Mantener descuentos sobre certificados.
c) Permitir a los bancos los préstamos contra los depósitos
congelados, y la expansión de certificados negociables.
d) Prohibir a los bancos el uso de certificados para cancelar
préstamos internos.
e) Gradual el incremento de los límites de retiros de ahorros a
20 millones de sucres.
f) Límitar la disminución de los depósitos congelados.
g) Los bancos y los prestatarios pueden reestructurar las deudas
congeladas, siempre de mutuo acuerdo.
4. Garantizar los depósitos de los bancos intervenidos, pero
sujetos a la limitación actual para los otros bancos. Esto
evitaría las corridas de depósitos y minimizaría el impacto
monetario. Acorde con esto:
a) Los depósitos garantizados y las líneas externas de crédito
de la AGD deberían transferirse a un banco estatal y a bonos del
Estado, en montos correspondientes y denominaciones corrientes,
con rendimientos que cubran el costo de los depósitos.
b) Los depósitos transferidos libremente deberían estar
disponibles para retiros y provisiones de liquidez, descontando
de los bonos del Gobierno.
c) Los pagos de depósitos en dólares se harán en sucres a las
tasas de cambio corrientes.
d) Ajuste diario de la tasa referencial, flexibilizando así la
competencia por los depósitos.
e) Anuncio público de la no garantía de depósitos convertidos a
acciones o patrimonio.
f) Eliminación de garantías de nuevos depósitos off shore.
g) Cambiar la garantía general de depósito por una limitada con
el sistema reactivado.
5. Las implicaciones monetarias y fiscales:
a) La liquidez del BCE debería hacerse disponible contra el
colateral para permitir a los bancos el pago al depositante.
b) La liquidez de los bancos en la AGD se obtendrá del descuento
de los bonos estatales.
c) El BCE debería recuperar la liquidez inyectada.
d) La necesidad de información para los cambios en los
requerimientos de reserva.
e) Están prohibidos los bonos de la CFN para conseguir los
requerimientos de reserva.
f) Monitorear diariamente el cambio de las líneas de crédito
externo.
g) No intervención del BCE mientras dura el programa.
h) El costo de la deuda del Gobierno debería imputarse al costo
fiscal.
II. Establecer un marco de reestructuración sistémica:
1. Definir responsabilidades:
a) Asignar la responsabilidad de la restructuración a un solo
oficial a nivel ministerial.
b) Definir roles y responsabilidades de los bancos, Ministerio
de Finanzas, AGD, BCE y Superintendencia de Bancos.
c) Establecer arreglos institucionales, como el Comité de
Políticas y Comité Técnico. Revisión externa para la etapas de
la reestructura.
d) Implementar cambios legales e institucionales.
e) Disponer de equipos técnicos con expertos locales y
extranjeros como soporte.
f) Desarrollar una política de información y publicidad.
2) Las auditorías a todos los bancos comerciales:
a) Las auditorías deberían proveer información objetiva sobre la
viabilidad (solvencia / capital, deficiencia, ganancia y
liquidez) de los bancos, identificando casos de fraude y huecos
en las reglas.
b) Deben aplicarse a todos los bancos (incluso el del Progreso
y el Filanbanco)
c) Las reglas, criterios y supuestos deben ser comunes y
uniformes, con especial énfasis en préstamos e inversiones.
d) Aclarar el enfoque de las auditorías: calidad de los activos
bancarios (balances), incluso en operaciones off shore.
e) Creación de un comité técnico que defina, interprete y
recomiende las reglas, y guíe y supervise los procesos.
f) Las auditorías deben ser conducidas por técnicos auditores
nacionales y extranjeros y por los supervisores.
g) La distribución de los recursos de las auditorías debe estar
basada en el conocimiento de los bancos y sus vulnerabilidades.
h) Deben estar completas hasta el 15 de julio de 1999.
3. Marco de decisiones para absorber los resultados de las
auditorías:
a) Establecer un panel a cuya cabeza se encuentre un experto
nacional de impecable trayectoria (o el ministro a cargo del
Comité de políticas), con un equipo de soporte.
b) Definir los miembros y términos de referencia para el comité.
También extranjeros.
c) Desarrollar criterios sobre pérdidas, incluyendo la
minimización de costos fiscales.
d) Determinar criterios para mejorar los servicios bancarios y
las operaciones off-shore.
e) Donde es viable la reestructura o la recapitalización, crear
criterios de evaluación.
f) Desarrollar una estrategia en casos de fraude.
4. Tratar bien el tema activos de los bancos no viables:
a) Revisar la estructura legal e institucional del tratamiento
de activos de bancos no viables, para que el sector público
maneje esos activos.
b) Desarrollar una estrategia para la resolución de activos.
Apoyo de agentes privados.
c) Revisar e introducir reglas y mecanismos para la transferencia
o venta de activos bancarios ejecutables y no ejecutables, con
criterios para la valuación de tales activos.
d) Desarrollar reglas apropiadas sobre los riesgos de pérdida de
los inversores privados.
e) Tener un marco de transparencia y responsabilidad.
5. El marco para fortalecer el capital de los bancos viables:
a) Revisar el marco de la recapitalización de los bancos viables,
pero descapitalizados.
b) Considerar un soporte igual del sector público para infusiones
de capital privado.
c) Revisar la clasificación de préstamos, provisiones y reglas
sobre ingresos. Caso especial: reglas para provisiones de
préstamos renegociados.
d) Revisar las reglas sobre el capital, incluyendo su calidad.
e) Revisar la necesidad de indulgencia de reglas a las
provisiones o al capital durante el proceso de reestructura,
acorde a estándares.
f) Revisar el riesgo de la clasificación de los préstamos y las
provisiones hechas por los bancos y otros clasificación de
préstamos y provisiones sistemas de reporte.
g) Revisar la calidad e integridad de los exámenes in situ en la
clasificación de préstamos y provisiones.
III. Fortalecer el marco de regulaciones e incentivos:
1. Marco institucional legal y regulatorio:
a) Introducir arreglos legales que respalden y fortalezcan el
proceso de reestructura.
b) Reestructurar la Superintendencia de Bancos de acuerdo a
funciones y responsabilidades de oficinas regionales.
c) Reforzar reglas para casos de conflictos de intereses. Se
contempla la auto exclusión y remoción de trabajadores que
incumplan con los estándares.
d) Reforzar los límites de los créditos vinculados y prohibir
reglas de concentración.
e) Incrementar sanciones por no cumplimiento de las reglas.
f) Desarrollar un programa que limite las ataduras de las
instituciones públicas. Considerar inyecciones de capital.
g) Desarrollar estrategias de seguros frente crisis financieras.
Se necesitan cambios en la ley de seguros y el establecimiento
de una instancia de regulación separada de la Superintendencia
de Compañías.
2. La renegociación de la deuda privada:
a) Implementar una estrategia de reestructuración de activos,
basada en negociaciones entre privados, con el respaldo de
mecanismos de mercado. Se requerirán reglas transparentes y
guías.
b) Los recursos fiscales no se usarán para financiar activos
privados de reestructura.
c) Permitir la negociación para la reestructura de los activos
congelados.
d) Cancelar el programa de reestructuración de préstamos
Cambios legales sugeridos
Se requieren reformas legales para la eficiencia y efectividad
de la reestructura, así como elevar la supervisión del sistema
a estándares adecuados. Y reformas de la estructura institucional
del sector se necesitan para cambiar la mentalidad reguladora.
Esto asegurará decisiones basadas en criterios técnicos para
poner el interés público sobre intereses políticos privados.
Son necesarias reformas en las siguientes leyes:
A.Ley de Reordenamiento en Materia Económica en el Area
Tributaria-Financiera:
1. Proveer protección legal a los involucrados en la reestructura
y supervisión del sistema financiero (Superintendencia, BCE,
AGD).
2. Eliminar el poder de veto del Superintendente (AGD).
3. Eliminar las garantías de depósitos en nuevos depósitos off
shore (art. 21).
4. Prohibir a los bancos el cierre unilateral de sus puertas y
entrar en reestructuración mientras mantengan su control (art.
23).
5. Establecer que los resultados de las auditorías especiales
(art. 27) se usen para forzar legalmente provisiones y hasta
recapitalización.
6. Permitir la recapitalización de bancos viables con fondos
públicos y privados, una vez asumidas las pérdidas
7. Prohibir a los propietarios de bancos caídos la compra de los
reestructurados (art. 24).
8. Cancelar el programa de reestructura actual (art 19-20).
9. Quitar el requerimiento de inversión de fondos públicos en la
banca (art. 17). Hasta que la banca esté reestructurada y el
riesgo crediticio de los bancos no sea tolerable, los fondos
públicos se invertirán en el BCE.
10. La AGD puede eximirse del proceso de subasta si los activos
de los bancos pasan a bancos gubernamentales.
B. Decreto 685
1. Permitir a bancos y deudores, de común acuerdo, reestructurar
deudas congeladas
2. Autorizar al BCE elevar el límite máximo de retiros de ahorros
y un temprano descongelamiento de los depósitos de corto plazo.
C. Leyes de Bancos
1. Eliminar el poder del Superintendente de Bancos en la Junta
Bancaria.
2. Aumentar los requerimientos para accionistas y directores de
bancos, y prohibir a dueños o personas relacionadas con bancos
caídos participar en el manejo de otros bancos durante 10 años
y de por vida en caso de fraude.
3. Dar autoridad a la Superintendencia de Bancos para revisar y
aprobar transferencias de propiedad o intereses de control a
otros partidos en los bancos existentes.
4. Autorizar a la S. de Bancos fijar criterios sobre adquisición
o inversión bancaria sin exponer al banco a riesgos.
5. Fijar un capital mínimo, acorde con los estándares
internacionales.
El capital debería estar dividido en dos rubros ligados,
requiriendo que al menos el 50 por ciento de su base se componga
de capital igual y ganancias retenidas (rubro 1), con otros
elementos de capital (rubro 2) limitados hacia arriba en un monto
igual al primero. Introducir requerimientos para cubrir riesgos
de mercado
6. Gradual incremento de las provisiones para las operaciones de
la banca off shore, pues el supervisor no tiene tanto acceso a
la información e inspecciones in situ.
7. Permitir a las autoridades limitar o prohibir operaciones para
residentes con entidades off shore operando.
8. Clarificar los principios de la supervisión. Permitir a la S.
de Bancos asignar reportes de información prudencial y revisar
las actividades dentro del grupo financiero.
9. Disminuir los niveles permitidos de préstamos vinculados
acorde a buenas prácticas.
10. Clarificar el rol y responsabilidades legales de los
auditores externos. Los supervisores bancarios tienen acceso
ilimitado a estos documentos. Los auditores deben informar a los
supervisores de circunstancias que sean relevantes.
11. Ampliar el rango de acciones correctivas para las
autoridades, si hay problemas.
12. Incrementar las penalidades por no colaborar con las reglas
y los estatutos.
13. Revisar las leyes del sigilo bancario para permitir a la
"central de riesgo" abrir a los bancos la información sobre los
prestamistas.
14. Ajustar los requerimientos para supervisores y otros sectores
públicos oficiales.
D.Ley del Mercado de Valores: Transferir la responsabilidad de
la supervisión del mercado de capital a una entidad independiente
de la Superintendencia de Compañías
E. Ley de Seguros
1. Establecer medidas de capital mínimo y márgenes de solvencia
que alcancen estándares internacionales.
2. Permitir al mercado la determinación de primas de seguro y
otras políticas.
JORGE GUZMAN ORTEGA. Superintendente de Bancos
A la banca privada le debe todo...
Abogado de profesión, Jorge Guzmán es uno de los pilares del
programa de auditorías del sistema financiero. Su experiencia
juega un importante papel en este sentido, pues ha sido asesor
de importantes empresas bancarias y comerciales. Ya desde antes
de titularse de abogado empezó a trabajar en el Banco del
Pacífico, donde se desempeñó como asesor jurídico durante 25
años, además de ejercer una de sus vicepresidencias durante un
corto período. En esta misma área, ha sido vicepresidente de la
Asociación de Bancos Privados del Ecuador, miembro del Comité
Ecuatoriano de Derecho Bancario y catedrático de Derecho
Monetario y Bancario. Otros cargos que ha ejercido incluyen:
árbitro y asesor de la Cámara de Comercio de Guayaquil,
editorialista de diario El Telégrafo, vicepresidente de la
Fundación Carlos Icaza Coronel y asesor jurídico de la empresa
Mastercard del Ecuador. En el ámbito político, fue ex partidario
del Partido Social Cristiano (PSC), con el que rompió relaciones,
por su desacuerdo tras un pacto entre el PSC y el Partido
Roldosista.
ANA LUCIA ARMIJOS. Ministra de Finanzas
Una experta en temas técnicos
La actual Ministra de Finanzas, una economista monetarista de
tendencia conservadora (de cuyo partido fue militante), es ahora
la dama de hierro de las Finanzas Públicas y una de las
principales promotoras del saneamiento bancario. Su participación
activa dentro del quehacer económico le ha dado las herramientas
necesarias para actuar dentro de este proceso. La mayor parte de
su carrera la ha ejercido bajo el umbral del Banco Central. Los
cargos que ha desempeñado desde 1976 inician en el área de
Política Monetaria hasta la Presidencia del Instituto Emisor y
de la Junta Monetaria en 1996. Luego, de 1996 a 1998 actuó como
Presidenta Ejecutiva de la Asociación de Bancos Privados. De
hecho, trabajó estrechamente con los gobiernos de Roldós,
Hurtado, Febres Cordero, Durán Ballén (y Dahik) y actualmente con
Mahuad. Además, ha representado al país frente a organismos e
instituciones internacionales como el Banco Interamericano de
Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial,
el Fondo Andino de Reservas, entre otros.
SANTIAGO BUSTAMANTE. Delegado de la ciudadanía
Un hombre de la banca y del FISE
Otro protagonista del proceso de saneamiento de la Banca es
Santiago Bustamante, vocal de la AGD. Estudió derecho en la
Universidad Católica de Quito y, posteriormente, realizó
posgrados en Harvard (EE.UU.), La Haya (Holanda) y Japón. Los
cargos que ha desempeñado incluyen: director nacional del Fondo
de Inversión Social en Emergencia (FISE), durante el gobierno de
Sixto Durán Ballén, consultor del Banco Mundial, asesor de Junta
Monetaria, vocal del Tribunal Supremo Electoral, director del
Departamento Legal del Banco Popular, director del departamento
legal de Cofiec, entre otros. Sin embargo, su participación más
destacada se dio dentro del FISE, donde hizo varias obras
sociales, especialmente en las áreas de educación e
infraestructura. En su gestión se relacionó con instituciones de
crédito, como la Agencia Interamericana para el Desarrollo, el
Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, y la
Corporación Andina de Fomento. Además recibió el apoyo de los
gobiernos de China, España, Suiza, Bélgica y Holanda.
PABLO BETTER. Presidente Directorio Banco Central
Las finanzas públicas son su fuerte
La vocación económica de Pablo Better sale a la vista. Además de
ser el nuevo presidente del Directorio del Banco Central, tiene
una larga trayectoria profesional. Fue Ministro de Finanzas y
Crédito Público desde enero de 1991 hasta agosto de 1992 (durante
el gobierno de Rodrigo Borja), actuando además como Presidente
subrogante de la Junta Monetaria. En el ámbito del sector
público, su experiencia es amplia: se ha desempeñado como asesor
de la Presidencia de la República, Secretario Nacional de
Desarrollo Administrativo y Presidente subrogante de
Petroecuador. En el ámbito internacional también ha destacado
como Presidente de la Asamblea de Gobernadores del Fondo
Monetario Internacional y del Banco Mundial; Presidente de la
Asamblea de Gobernadores del Fondo OPEP para el Desarrollo
Internacional y vicepresidente de la XXII Sesión de la Cepal. Se
añade su experiencia como consultor en áreas gerenciales y de
finanzas, toma de decisiones y planificación estratégica de
mediano y largo plazos para empresas del sector público y
privado. (Texto tomado de El Comercio)
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