Quito. 25 jun 99. El plan de fortalecimiento de la banca privada
no contempla la capitalización obligatoria de depósitos, ni la
incautación de fondos. Con ese anuncio, el Superintendente de
Bancos, Jorge Guzmán, recibió ayer los resultados de las
auditorías a 31 bancos privados y los entregó a los
representantes de cada entidad auditada, mediante copia en sobre
cerrado.
Públicos o privados
Para los 31 bancos privados se abren dos escenarios: continuar
en manos privadas ajustándose a planes de fortalecimiento y
capitalización privada bajo responsabilidad patrimonial de
accionistas y administradores; o pasar a manos del Estado, que
asumirá su control y aplicará cualquiera de las seis fórmulas de
solución previstas en la Ley, según Guzmán.
Los resultados definitivos del análisis serán anunciados a fines
de julio, anticipó el Superintendente, pero no precisó la fecha.
No obstante, aclaró que los depositantes estarán protegidos por
el Estado, según lo prevé la Ley.
Previamente, "todos los bancos deberán presentar su programa de
fortalecimiento de corto y largo plazo durante el mes de julio
próximo". Este programa incluirá el plan de negocios que seguirá
el banco y el programa de capitalización a largo plazo.
No se precisó la fecha para la recepción de estos planes por
parte de la banca privada.
Este proceso, insistió el Superintendente, "de ninguna manera
afectará los derechos de los depositantes". Más aún, agregó, no
habrá ningún tipo de interrupción en el normal funcionamiento del
sistema de pagos.
Criterios de evaluación
Los criterios de evaluación son tres: adecuación de solvencia
patrimonial, límites legales de concentración de créditos; y,
propuesta de capitalización privada.
El primero --según un técnico que participó en el proceso--
considerará los informes de las auditorías especiales y los
efectos patrimoniales posteriores a las auditorías.
El segundo, determinará si los bancos superaron los límites de
concentración de créditos previstos en los artículos 72 y 73 de
la Ley General de Instituciones Financieras.
El tercer parámetro, consiste en que las instituciones que deban
restablecer su patrimonio puedan entregar propuestas de
capitalización privada de corto plazo, debidamente documentadas
que permitan restaurar un patrimonio neto positivo. Las
propuestas serán consideradas para la decisión que se tomará a
fines de julio, para determinar si el banco continúa o no bajo
su actual administración.
Los bancos que permanezcan en manos privadas se ajustarán a
planes de fortalecimiento y capitalización privada. Los planes,
dijo el Superintendente, "estarán bajo el estricto control y
seguimiento de los organismos de supervisión".
Confidencialidad
Los representantes de cada uno de los bancos acudieron a la
entrega de los resultados. Uno por uno, recibían dos sobres
cerrados: el primero contenía la conclusión de las auditorías y
el segundo incluía instrucciones.
Los banqueros firmaron un acuerdo de confidencialidad con las
autoridades.
El original de las auditorías se quedó en manos de la Agencia de
Garantía de Depósitos (AGD), mientras que la primera copia del
documento quedó guardada en una caja fuerte de la
Superintendencia de Bancos.
A partir de hoy corre un plazo de 30 días para que la AGD,
resuelva qué institución seguirá como privada y cuál pública.
Límitea garantía de depósito
La manzana de la discordia ahora es la garantía que se aplica a
los depósitos. Cuando el Presidente de la República ha enviado
al Congreso Nacional una propuesta de reformas a la Ley de
Reordenamiento en Materia Económica para introducir cambios en
las normas que se relacionan con la Agencia de Garantía de
Depósitos (AGD), integrantes del sector político y bancario se
han pronunciado por establecer un límite de la cobertura que
proporciona la AGD al depositante.
Basan sus planteamientos en los egresos que representa para el
Estado ecuatoriano, asumir los pasivos de las entidades que
ingresan a procesos de saneamiento o reestructuración.
En las legislaciones de otros países existe este tipo de
protección para el ahorrista pero ninguna garantiza el 100% de
los depósitos.
James McPherson, al renunciar a la gerencia general de la AGD
recomendó limitar este derechoque también cubre las operaciones
de comercio exterior.
Problemas en el Progreso
QUITO.- Dos vehículos del Banco del Progreso fueron secuestrados
judicialmente por disposición del Juzgado Cuarto de lo Civil de
Pichincha, en el marco del juicio ejecutivo que instauró Gonzalo
Enrique Dávila Jarrín contra esa entidad financiera.
Estos carros están en poder de Pedro José Benítez, depositario
judicial, desde el miércoles.
Los ahorristas
"Señor Aspiazu, ¿dónde está la plata?"
"Le pedimos que nos diga la verdad. ¿Dónde está la plata, señor
Aspiazu?": la pregunta tomó por sorpresa a Fernando Aspiazu
Seminario, quien salía del auditorio de la Superintendencia de
Bancos tras recibir los sobres cerrados con los resultados de la
auditoría al Banco del Progreso.
"La plata está invertida. Todos los bancos tienen créditos
vinculados y todos los bancos están sufriendo las consecuencias
de una falta de liquidez y ustedes en Quito conocen que
determinados bancos demoran incluso el pago de cheques cuando se
presentan para el cobro", respondió.
Según el principal del Progreso, al momento capitalizó el
equivalente a 400 millones de dólares, entre dos fideicomisos,
la Empresa Eléctrica del Ecuador y Electroecuador. "Ojalá se
pudiera hacer líquida esa cantidad inmediatamente, pero como todo
negocio en marcha se necesita un proceso para venderla", anotó.
Según Aspiazu, hay 10 ó 12 alternativas de solución, pero
--dijo-- las discutirá en la reunión que pidió mantener con el
Superintendente de Bancos y con el presidente del directorio del
Banco Central. Tal reunión se realizaría la próxima semana.
Aspiazu admitió que ciertos bienes del banco fueron secuestrados
por orden judicial. "Se trata de un cliente que tenía un depósito
a plazo o letras de cambio susceptibles de ser reprogramados y
que adoptó esa actitud unilateral violenta, que jurídicamente no
es muy sólida", dijo.
Alguien le inquirió sobre la posibilidad de que el Banco pase a
manos del Estado. "¿Usted ya vio la auditoría? Si es así está
mejor informado que yo y lo felicito", ironizó.
Al cierre de edición, los acreedores pidieron a las autoridades
revelen el monto definitivo que el banco debe recapitalizar.
Ahorristas sin incovenientes
Los ahorros de los ecuatorianos no corren peligro.
Sean cuales fueren los resultados de las auditorías bancarias,
los clientes de las instituciones del sistema financiero no
tienen de qué preocuparse.
Para las recién posesionadas autoridades de la Agencia de
Garantía de Depósitos (AGD) y de la Superintendencia de Bancos,
la protección del ahorrista constituye el principal objetivo del
saneamiento bancario.
Jorge Guzmán, Superintendente de Bancos y Presidente de la Junta
Bancaria y del directorio de la AGD, expresó hace pocos días que
el papel del organismo de control en el proceso de saneamiento
será el siguiente: "Preservar el interés del depositante y no del
banquero".
Bruno Leone, Gerente General de la AGD, coincidió con este
criterio.
El proceso de saneamiento y fortalecimiento bancario que se
emprendiera con la realización de las auditorías, cuyos
resultados se entregaron ayer, busca desterrar todo temor entre
los depositantes de la banca nacional.
De allí que para la calificación de los bancos no se menciona a
la liquidación como primera alternativa para los bancos
inviables, sino que la fórmula ideada consista en la fusión o
absorción por parte de otras entidades del sistema financiero.
Si bien con estas alianzas las entidades menos fuertes son
absorbidas y lógicamente su destino es ser liquidadas, los
clientes están a salvo porque en el proceso sus cuentas ya fueron
asumidas por la entidad que absorbió a la institución en que
inicialmente confiaron sus fondos.
En el peor de los casos, si esta nueva entidad vuelve a ser
sometida en el futuro a procesos de reestructuración o
saneamiento no hay que olvidar que desde el 1 de diciembre de
1998 con la expedición de la Ley de Reordenamiento en Materia
Económica en el Area Tributario Financiera, en el Ecuador existe
la garantía de depósitos como mecanismo de protección para el
ahorrista o inversionista. Esta figura garantiza la devolución
del 100% de los depósitos o inversiones que se mantienen en la
banca, es decir otorga una cobertura total.
Una prueba de que el mecanismo está vigente y sí funciona
consiste en que a la fecha el Ministerio de Finanzas ha emitido
bonos a favor de la AGD por un monto de aproximadamente 200
millones de dólares que fueron entregados al Banco Central a
cambio de liquidez para honrar la garantía de depósitos en cinco
bancos y una mutualista, que entraron en procesos de saneamiento
en 1998 y marzo de 1999.
Banqueros ya conocían los resultados
QUITO.- Unos rostros sonreían, otros mostraban adustez. La
reacción de los banqueros privados era de lo más diversa,
mientras esperaban ser llamados por su nombre y el de la entidad
que representan para recibir los sobres con los resultados de las
auditorías.
Quienes eran llamados se acercaban a la mesa directiva, presidida
por el gerente de la AGD, Bruno Leone. En la mesa conjunta
estaban la Ministra de Finanzas, Ana Lucía Armijos; el
Superintendente de Bancos, Jorge Guzmán; el presidente del
directorio del BCE, Pablo Better; el representante de la
Ciudadanía en el Directorio de la AGD, Simón Bustamante.
Ningún banco cerrará
"Los bancos no viables no deben cerrarse. La alternativa es que
se fusionen o se recapitalicen, pero de cualquier modo este es
el inicio de una nueva etapa para recuperar la confianza de los
clientes en el sistema", anticipó Mario Canessa, presidente de
la Asociación de Bancos Privados del Ecuador (ABPE).
"Recibimos los resultados, pero los analizaremos porque los
auditores no son infalibles", dijo Raúl Andrade Gándara,
directivo de Cofiec.
Para Iván Andrade, directivo de Aserval, lo importante de los
resultados va más allá de la valoración sobre la calidad de
activos.
"Creo que todos conocen cuáles son los resultados", dijo, al
sentenciar que cada banco "debe conocer su situación particular".
El ejecutivo bancario aseveró que los resultados deberían mostrar
qué bancos manejaron los depósitos de la gente para intereses
distintos de los depositantes. "Si un banco requiere capital, ese
no es en sí un problema; el problema es si el Estado va a tener
que poner capital a una institución porque ha habido abusos en
las atribuciones de los banqueros", dijo, al afirmar que no se
puede generalizar.
Nicolás Landes, ejecutivo del Banco Popular, admitió que los
bancos conocieron preliminar y extraoficialmente los resultados
de las auditorías en función de que los auditores sí discutieron
los resultados con los clientes. "De forma extraoficial sí
conocemos los resultados porque cada entidad ha discutido el
informe con los auditores, entonces cada entidad conoce los
puntos más importantes del informe, pero hoy va a suceder la
formalidad en la entrega de esa información".
Mientras tanto en Guayaquil, Roberto Goldbaum, del Banco
Territorial, sostuvo que lo importante es que la ayuda financiera
que otorgue el gobierno no subsidie a instituciones, cuyos
resultados de las auditorías, dejen a la luz ineficiencias.
(Texto tomado de El Universo)
no contempla la capitalización obligatoria de depósitos, ni la
incautación de fondos. Con ese anuncio, el Superintendente de
Bancos, Jorge Guzmán, recibió ayer los resultados de las
auditorías a 31 bancos privados y los entregó a los
representantes de cada entidad auditada, mediante copia en sobre
cerrado.
Públicos o privados
Para los 31 bancos privados se abren dos escenarios: continuar
en manos privadas ajustándose a planes de fortalecimiento y
capitalización privada bajo responsabilidad patrimonial de
accionistas y administradores; o pasar a manos del Estado, que
asumirá su control y aplicará cualquiera de las seis fórmulas de
solución previstas en la Ley, según Guzmán.
Los resultados definitivos del análisis serán anunciados a fines
de julio, anticipó el Superintendente, pero no precisó la fecha.
No obstante, aclaró que los depositantes estarán protegidos por
el Estado, según lo prevé la Ley.
Previamente, "todos los bancos deberán presentar su programa de
fortalecimiento de corto y largo plazo durante el mes de julio
próximo". Este programa incluirá el plan de negocios que seguirá
el banco y el programa de capitalización a largo plazo.
No se precisó la fecha para la recepción de estos planes por
parte de la banca privada.
Este proceso, insistió el Superintendente, "de ninguna manera
afectará los derechos de los depositantes". Más aún, agregó, no
habrá ningún tipo de interrupción en el normal funcionamiento del
sistema de pagos.
Criterios de evaluación
Los criterios de evaluación son tres: adecuación de solvencia
patrimonial, límites legales de concentración de créditos; y,
propuesta de capitalización privada.
El primero --según un técnico que participó en el proceso--
considerará los informes de las auditorías especiales y los
efectos patrimoniales posteriores a las auditorías.
El segundo, determinará si los bancos superaron los límites de
concentración de créditos previstos en los artículos 72 y 73 de
la Ley General de Instituciones Financieras.
El tercer parámetro, consiste en que las instituciones que deban
restablecer su patrimonio puedan entregar propuestas de
capitalización privada de corto plazo, debidamente documentadas
que permitan restaurar un patrimonio neto positivo. Las
propuestas serán consideradas para la decisión que se tomará a
fines de julio, para determinar si el banco continúa o no bajo
su actual administración.
Los bancos que permanezcan en manos privadas se ajustarán a
planes de fortalecimiento y capitalización privada. Los planes,
dijo el Superintendente, "estarán bajo el estricto control y
seguimiento de los organismos de supervisión".
Confidencialidad
Los representantes de cada uno de los bancos acudieron a la
entrega de los resultados. Uno por uno, recibían dos sobres
cerrados: el primero contenía la conclusión de las auditorías y
el segundo incluía instrucciones.
Los banqueros firmaron un acuerdo de confidencialidad con las
autoridades.
El original de las auditorías se quedó en manos de la Agencia de
Garantía de Depósitos (AGD), mientras que la primera copia del
documento quedó guardada en una caja fuerte de la
Superintendencia de Bancos.
A partir de hoy corre un plazo de 30 días para que la AGD,
resuelva qué institución seguirá como privada y cuál pública.
Límitea garantía de depósito
La manzana de la discordia ahora es la garantía que se aplica a
los depósitos. Cuando el Presidente de la República ha enviado
al Congreso Nacional una propuesta de reformas a la Ley de
Reordenamiento en Materia Económica para introducir cambios en
las normas que se relacionan con la Agencia de Garantía de
Depósitos (AGD), integrantes del sector político y bancario se
han pronunciado por establecer un límite de la cobertura que
proporciona la AGD al depositante.
Basan sus planteamientos en los egresos que representa para el
Estado ecuatoriano, asumir los pasivos de las entidades que
ingresan a procesos de saneamiento o reestructuración.
En las legislaciones de otros países existe este tipo de
protección para el ahorrista pero ninguna garantiza el 100% de
los depósitos.
James McPherson, al renunciar a la gerencia general de la AGD
recomendó limitar este derechoque también cubre las operaciones
de comercio exterior.
Problemas en el Progreso
QUITO.- Dos vehículos del Banco del Progreso fueron secuestrados
judicialmente por disposición del Juzgado Cuarto de lo Civil de
Pichincha, en el marco del juicio ejecutivo que instauró Gonzalo
Enrique Dávila Jarrín contra esa entidad financiera.
Estos carros están en poder de Pedro José Benítez, depositario
judicial, desde el miércoles.
Los ahorristas
"Señor Aspiazu, ¿dónde está la plata?"
"Le pedimos que nos diga la verdad. ¿Dónde está la plata, señor
Aspiazu?": la pregunta tomó por sorpresa a Fernando Aspiazu
Seminario, quien salía del auditorio de la Superintendencia de
Bancos tras recibir los sobres cerrados con los resultados de la
auditoría al Banco del Progreso.
"La plata está invertida. Todos los bancos tienen créditos
vinculados y todos los bancos están sufriendo las consecuencias
de una falta de liquidez y ustedes en Quito conocen que
determinados bancos demoran incluso el pago de cheques cuando se
presentan para el cobro", respondió.
Según el principal del Progreso, al momento capitalizó el
equivalente a 400 millones de dólares, entre dos fideicomisos,
la Empresa Eléctrica del Ecuador y Electroecuador. "Ojalá se
pudiera hacer líquida esa cantidad inmediatamente, pero como todo
negocio en marcha se necesita un proceso para venderla", anotó.
Según Aspiazu, hay 10 ó 12 alternativas de solución, pero
--dijo-- las discutirá en la reunión que pidió mantener con el
Superintendente de Bancos y con el presidente del directorio del
Banco Central. Tal reunión se realizaría la próxima semana.
Aspiazu admitió que ciertos bienes del banco fueron secuestrados
por orden judicial. "Se trata de un cliente que tenía un depósito
a plazo o letras de cambio susceptibles de ser reprogramados y
que adoptó esa actitud unilateral violenta, que jurídicamente no
es muy sólida", dijo.
Alguien le inquirió sobre la posibilidad de que el Banco pase a
manos del Estado. "¿Usted ya vio la auditoría? Si es así está
mejor informado que yo y lo felicito", ironizó.
Al cierre de edición, los acreedores pidieron a las autoridades
revelen el monto definitivo que el banco debe recapitalizar.
Ahorristas sin incovenientes
Los ahorros de los ecuatorianos no corren peligro.
Sean cuales fueren los resultados de las auditorías bancarias,
los clientes de las instituciones del sistema financiero no
tienen de qué preocuparse.
Para las recién posesionadas autoridades de la Agencia de
Garantía de Depósitos (AGD) y de la Superintendencia de Bancos,
la protección del ahorrista constituye el principal objetivo del
saneamiento bancario.
Jorge Guzmán, Superintendente de Bancos y Presidente de la Junta
Bancaria y del directorio de la AGD, expresó hace pocos días que
el papel del organismo de control en el proceso de saneamiento
será el siguiente: "Preservar el interés del depositante y no del
banquero".
Bruno Leone, Gerente General de la AGD, coincidió con este
criterio.
El proceso de saneamiento y fortalecimiento bancario que se
emprendiera con la realización de las auditorías, cuyos
resultados se entregaron ayer, busca desterrar todo temor entre
los depositantes de la banca nacional.
De allí que para la calificación de los bancos no se menciona a
la liquidación como primera alternativa para los bancos
inviables, sino que la fórmula ideada consista en la fusión o
absorción por parte de otras entidades del sistema financiero.
Si bien con estas alianzas las entidades menos fuertes son
absorbidas y lógicamente su destino es ser liquidadas, los
clientes están a salvo porque en el proceso sus cuentas ya fueron
asumidas por la entidad que absorbió a la institución en que
inicialmente confiaron sus fondos.
En el peor de los casos, si esta nueva entidad vuelve a ser
sometida en el futuro a procesos de reestructuración o
saneamiento no hay que olvidar que desde el 1 de diciembre de
1998 con la expedición de la Ley de Reordenamiento en Materia
Económica en el Area Tributario Financiera, en el Ecuador existe
la garantía de depósitos como mecanismo de protección para el
ahorrista o inversionista. Esta figura garantiza la devolución
del 100% de los depósitos o inversiones que se mantienen en la
banca, es decir otorga una cobertura total.
Una prueba de que el mecanismo está vigente y sí funciona
consiste en que a la fecha el Ministerio de Finanzas ha emitido
bonos a favor de la AGD por un monto de aproximadamente 200
millones de dólares que fueron entregados al Banco Central a
cambio de liquidez para honrar la garantía de depósitos en cinco
bancos y una mutualista, que entraron en procesos de saneamiento
en 1998 y marzo de 1999.
Banqueros ya conocían los resultados
QUITO.- Unos rostros sonreían, otros mostraban adustez. La
reacción de los banqueros privados era de lo más diversa,
mientras esperaban ser llamados por su nombre y el de la entidad
que representan para recibir los sobres con los resultados de las
auditorías.
Quienes eran llamados se acercaban a la mesa directiva, presidida
por el gerente de la AGD, Bruno Leone. En la mesa conjunta
estaban la Ministra de Finanzas, Ana Lucía Armijos; el
Superintendente de Bancos, Jorge Guzmán; el presidente del
directorio del BCE, Pablo Better; el representante de la
Ciudadanía en el Directorio de la AGD, Simón Bustamante.
Ningún banco cerrará
"Los bancos no viables no deben cerrarse. La alternativa es que
se fusionen o se recapitalicen, pero de cualquier modo este es
el inicio de una nueva etapa para recuperar la confianza de los
clientes en el sistema", anticipó Mario Canessa, presidente de
la Asociación de Bancos Privados del Ecuador (ABPE).
"Recibimos los resultados, pero los analizaremos porque los
auditores no son infalibles", dijo Raúl Andrade Gándara,
directivo de Cofiec.
Para Iván Andrade, directivo de Aserval, lo importante de los
resultados va más allá de la valoración sobre la calidad de
activos.
"Creo que todos conocen cuáles son los resultados", dijo, al
sentenciar que cada banco "debe conocer su situación particular".
El ejecutivo bancario aseveró que los resultados deberían mostrar
qué bancos manejaron los depósitos de la gente para intereses
distintos de los depositantes. "Si un banco requiere capital, ese
no es en sí un problema; el problema es si el Estado va a tener
que poner capital a una institución porque ha habido abusos en
las atribuciones de los banqueros", dijo, al afirmar que no se
puede generalizar.
Nicolás Landes, ejecutivo del Banco Popular, admitió que los
bancos conocieron preliminar y extraoficialmente los resultados
de las auditorías en función de que los auditores sí discutieron
los resultados con los clientes. "De forma extraoficial sí
conocemos los resultados porque cada entidad ha discutido el
informe con los auditores, entonces cada entidad conoce los
puntos más importantes del informe, pero hoy va a suceder la
formalidad en la entrega de esa información".
Mientras tanto en Guayaquil, Roberto Goldbaum, del Banco
Territorial, sostuvo que lo importante es que la ayuda financiera
que otorgue el gobierno no subsidie a instituciones, cuyos
resultados de las auditorías, dejen a la luz ineficiencias.
(Texto tomado de El Universo)
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