ECUATORIANA
Quito. 22 jun 99. Una guerra entre banqueros adquiere
connotaciones regionales en Ecuador. Partidos políticos, medios
de comunicación y autoridades se polarizan alrededor de la crisis
bancaria. El Banco del Progreso, objeto de dura polémica.
Un intenso conflicto político y regional se configura alrededor
de la crisis bancaria que vive el Ecuador, donde, al menos siete
bancos fueron intervenidos o cerraron bajo deficiencias crónicas
de iliquidez. El centro de las divergencias, que amenazan con
provocar una verdadera confrontación entre la sierra y la costa,
es el Banco del Progreso, una de las cinco instituciones
financieras más destacadas del país que cayó en la primera
quincena de marzo en cesación de pago a sus clientes, generando
una multitudinaria manifestación de miles de cuentacorrentistas
e inversionistas guayaquileños contra la supuesta agresión del
poder político y financiero de Quito.
La crisis del Banco del Progreso fue precedida de la caída de
otras seis instituciones guayaquileñas, entre ellas el poderoso
Filanbanco, una entidad controlada por Roberto Isaías, líder de
un enorme conglomerado empresarial que incluye firmas
comerciales, medios de comunicación y una industria cervecera.
La preponderancia de instituciones guayaquileñas, en la crisis
bancaria ecuatoriana reavivó los viejos sentimientos
regionalistas que han dividido tradi- cionalmente a Quito y
Guayaquil, la primera el centro político por ser la capital de
la República, y la segunda la capital económica que se siente
amenazada y perjudicada por el poder político central. Quito es
un centro industrial y burocrático, mientras que Guayaquil es el
principal puerto ecuatoriano, centro exportador y el escenario
de una intensa actividad comercial. Las ideologías económicas
diferentes, proteccionista y proestatista en Quito, aperturista
y proliberal en Guayaquil, han contribuido a intensificar
tradicionalmente la rivalidad entre las dos ciudades.
El derrumbe
El Banco del Progreso, una entidad que se colocó en la cumbre
financiera ecuatoriana en el curso de los últimos 15 años, fue
sacudido por problemas de iliquidez que desembocaron en la
decisión unilateral de su principal ejecutivo, Fernando Aspiazu,
de cerrar las operaciones acusando al Banco Central y a las
autoridades quiteñas de adoptar políticas discriminatorias en el
manejo financiero. Aspiazu argumentó que el Banco Central,
supuestamente controlado por la tecnocracia quiteña, favoreció
a los bancos de la sierra con los depósitos del sector público
y restringió auxilios de liquidez a los bancos de la costa,
particularmente de Guayaquil. Aspiazu acusó a las autoridades de
favorecer abiertamente al denominado Banco del Pichincha, la
entidad financiera más poderosa de Quito. En base a estos
argumentos, el día del cierre de operaciones, Aspiazu organizó
una manifestación callejera que se convirtió en demostración
multitudinaria contra el centralismo de Quito, el regionalismo
de la sierra y la supuesta concentración del poder político,
económico y estatal en la capital de la República.
Aspiazu encontró acogida y virtual respaldo del influyente
Alcalde de Guayaquil, León Febres Cordero, un fogoso ex
presidente de la República con enorme influencia popular, quien
respaldó virtualmente al Banco del Progreso en sus denuncias
contra el centralismo y la discriminación quiteños. La
demostración popular logró que el gobierno de Jamil Mahuad se
abstenga de someter al banco al control de la Agencia de Garantía
de Depósitos, una entidad formada para dirigir los procesos de
salvataje o liquidación de los bancos, dependiendo de su
viabilidad o inviabilidad, procesos que terminan en la
destitución de los banqueros supuestamente involucrados en
ineficiencias o malos manejos. Aspiazu logró que el gobierno le
conceda un plazo para recapitalizar al banco mediante la
suscripción de acciones de los actuales depositantes y la
búsqueda de más capital entre inversionistas potencialmente
interesados.
La postura de Aspiazu generó una furibunda réplica de la prensa
quiteña y de órganos periodísticos del Banco del Pichincha. El
diario El Comercio y la revista Gestión, órgano controlado por
inversionistas del Banco del Pichincha, acusaron a Aspiazu de
camuflar con la acusación regionalista de que "los que parecen
ser los verdaderos motivos de su quiebra: millonarios créditos
a empresas fantasmas". El diario El Comercio afirmó que el Banco
del Progreso incurrió en una alta concentración de créditos y
vinculación por presunción con empresas relacionadas, lo que hizo
que el banco vaya mostrando un debilitamiento progresivo en su
posición patrimonial.
La revista Gestión agregó acusaciones según las cuales "el
Progreso prestó 1,7 billón a 86 clientes únicos (es decir que no
tienen créditos en otros bancos) monto que representa el 25,84%
del total de la cartera y contingentes al 31 de diciembre de
1998".
Ambas publicaciones afirmaron que de los 150 mayores deudores del
Progreso, a los cuales se canalizó créditos por 4 billones de
sucres, que representaron el 74% de la cartera de esa
institución, 81 son deudores únicos, presuntamente vinculados a
la entidad. Informes recientes publicados por el diario El
Financiero, revelaron un deterioro de la calidad de la cartera
del banco. La cartera vencida que en abril de 1998 llegaba apenas
a 2,75%, un año después se había elevado a 9,6%.
Las redes
Aspiazu replicó argumentando en declaraciones de prensa que posee
documentos según los cuales hay instituciones bancarias
ecuatorianas que tienen hasta 425 empresas vinculadas. Aspiazu
sostuvo que en el Ecuador existe una situación de canibalismo
financiero que ha afectado una serie de bancos colocados
mayormente en la costa, donde, según su argumento, se produjo un
deterioro económico grave por el fenómeno de El Niño que entre
1997 y 1998 causó pérdidas por 2 mil millones de dólares. Adujo
que el crecimiento de la cartera vencida afecta a la mayor parte
de la banca costeña por la creciente morosidad de los deudores
empresariales que han sufrido estragos a causa de una combinación
de desastres naturales y baja de los precios internacionales de
las materias primas de exportación. Aspiazu acusó también al
Banco del Pichincha de haberse beneficiado hace algún tiempo con
los depósitos ilegales de la Reserva Monetaria ecuatoriana en una
de sus agencias off shore.
En medio de esta guerra de acusaciones, la banca ecuatoriana es
sometida a una auditoría internacional exigida por el FMI para
aplicar un severo saneamiento como condición insoslayable para
un acuerdo de financiamiento de balanza de pagos y de ayuda
multilateral por más de 500 millones de dólares para ayudar a las
entidades viables.
El intento de saneamiento encuentra problemas por la politización
del tema. Partidos costeños como el Social Cristiano (PSC) y el
Roldosista Ecuatoriano (PRE) respaldan explícita o implícitamente
al Banco del Progreso atribuyendo a las autoridades y a la
ministra de Finanzas, Ana Lucía Armijos, un supuesto intento de
reducir el poder financiero de Guayaquil para concentrar una
hegemonía bancaria en Quito. La prensa quiteña refuta estas
acusaciones afirmando que Aspiazu y los partidos políticos
costeños usan el regionalismo para camuflar malos manejos
bancarios, créditos vinculados y relaciones empresariales y
familiares con los dueños de los bancos. En este maremágnum de
acusaciones mutuas, renunció el superintendente de Bancos, Jorge
Egas Peña, repudiando un intento del Ministerio de Finanzas para
introducir una reforma jurídica que reduzca su poder de veto a
eventuales resoluciones de saneamiento bancario después de las
auditorías internacionales a las que es sometido todo el sistema
financiero ecuatoriano. Egas fue señalado por la prensa quiteña
como presuntamente vinculado al presidente del Banco del
Progreso. En su renuncia, Egas atribuyó intentos centralistas a
la ministra de Finanzas, quien es a su vez implícitamente
respaldada por el Fondo Monetario para que el saneamiento sea
severo, sin ningún tipo de contemplaciones.
Crisis cambiaria
La renuncia de Egas desató una estampida cambiaria al generar
intenso nerviosismo en los operadores económicos del Ecuador por
su percepción de que el tema de la crisis bancaria se está
politizando.
Expertos de la calificadora norteamericana de riesgos Thomson
Bank Watch advirtieron del peligro de un freno político al
saneamiento bancario. Peter Shaw, Christine Lecomte y Andrés
Salazar, analistas de la calificadora, declararon a la prensa
ecuatoriana que la persistencia de un "alto riesgo sistémico en
la banca ecuatoriana es real". Los analistas aludieron a
limitaciones políticas para tomar medidas firmes y afirmaron que
"existen pactos (políticos) que nos hacen dudar de la
independencia de los superintendentes y de las autoridades de la
Agencia de Garantía de Depósitos y del Banco Central".
Peter Shaw advirtió que no queda otro camino que escuchar al
Fondo Monetario, pues para este organismo el saneamiento bancario
es una precondición no negociable para firmar una Carta de
Intención o un acuerdo standby. Entre tanto, la población
ecuatoriana sufre de un congelamiento parcial de depósitos a la
vista y de un congelamiento total por un año de los fondos de
inversión resueltos por el Gobierno el mismo mes de marzo para
evitar una hiperinflación a la que el Ecuador se encaminaba como
consecuencia de las corridas masivas de dinero que estaban
sufriendo los bancos.
Por ahora la única garantía de que las cosas se estabilicen es
la firme supervisión del FMI, que parece ser el único capaz de
dirimir la crónica división regional de este país al cual el
embajador de Estados Unidos, Leslie Alexander, atribuye tener un
sistema político canibalístico. (Texto tomado de Tiempos del
Mundo)
Quito. 22 jun 99. Una guerra entre banqueros adquiere
connotaciones regionales en Ecuador. Partidos políticos, medios
de comunicación y autoridades se polarizan alrededor de la crisis
bancaria. El Banco del Progreso, objeto de dura polémica.
Un intenso conflicto político y regional se configura alrededor
de la crisis bancaria que vive el Ecuador, donde, al menos siete
bancos fueron intervenidos o cerraron bajo deficiencias crónicas
de iliquidez. El centro de las divergencias, que amenazan con
provocar una verdadera confrontación entre la sierra y la costa,
es el Banco del Progreso, una de las cinco instituciones
financieras más destacadas del país que cayó en la primera
quincena de marzo en cesación de pago a sus clientes, generando
una multitudinaria manifestación de miles de cuentacorrentistas
e inversionistas guayaquileños contra la supuesta agresión del
poder político y financiero de Quito.
La crisis del Banco del Progreso fue precedida de la caída de
otras seis instituciones guayaquileñas, entre ellas el poderoso
Filanbanco, una entidad controlada por Roberto Isaías, líder de
un enorme conglomerado empresarial que incluye firmas
comerciales, medios de comunicación y una industria cervecera.
La preponderancia de instituciones guayaquileñas, en la crisis
bancaria ecuatoriana reavivó los viejos sentimientos
regionalistas que han dividido tradi- cionalmente a Quito y
Guayaquil, la primera el centro político por ser la capital de
la República, y la segunda la capital económica que se siente
amenazada y perjudicada por el poder político central. Quito es
un centro industrial y burocrático, mientras que Guayaquil es el
principal puerto ecuatoriano, centro exportador y el escenario
de una intensa actividad comercial. Las ideologías económicas
diferentes, proteccionista y proestatista en Quito, aperturista
y proliberal en Guayaquil, han contribuido a intensificar
tradicionalmente la rivalidad entre las dos ciudades.
El derrumbe
El Banco del Progreso, una entidad que se colocó en la cumbre
financiera ecuatoriana en el curso de los últimos 15 años, fue
sacudido por problemas de iliquidez que desembocaron en la
decisión unilateral de su principal ejecutivo, Fernando Aspiazu,
de cerrar las operaciones acusando al Banco Central y a las
autoridades quiteñas de adoptar políticas discriminatorias en el
manejo financiero. Aspiazu argumentó que el Banco Central,
supuestamente controlado por la tecnocracia quiteña, favoreció
a los bancos de la sierra con los depósitos del sector público
y restringió auxilios de liquidez a los bancos de la costa,
particularmente de Guayaquil. Aspiazu acusó a las autoridades de
favorecer abiertamente al denominado Banco del Pichincha, la
entidad financiera más poderosa de Quito. En base a estos
argumentos, el día del cierre de operaciones, Aspiazu organizó
una manifestación callejera que se convirtió en demostración
multitudinaria contra el centralismo de Quito, el regionalismo
de la sierra y la supuesta concentración del poder político,
económico y estatal en la capital de la República.
Aspiazu encontró acogida y virtual respaldo del influyente
Alcalde de Guayaquil, León Febres Cordero, un fogoso ex
presidente de la República con enorme influencia popular, quien
respaldó virtualmente al Banco del Progreso en sus denuncias
contra el centralismo y la discriminación quiteños. La
demostración popular logró que el gobierno de Jamil Mahuad se
abstenga de someter al banco al control de la Agencia de Garantía
de Depósitos, una entidad formada para dirigir los procesos de
salvataje o liquidación de los bancos, dependiendo de su
viabilidad o inviabilidad, procesos que terminan en la
destitución de los banqueros supuestamente involucrados en
ineficiencias o malos manejos. Aspiazu logró que el gobierno le
conceda un plazo para recapitalizar al banco mediante la
suscripción de acciones de los actuales depositantes y la
búsqueda de más capital entre inversionistas potencialmente
interesados.
La postura de Aspiazu generó una furibunda réplica de la prensa
quiteña y de órganos periodísticos del Banco del Pichincha. El
diario El Comercio y la revista Gestión, órgano controlado por
inversionistas del Banco del Pichincha, acusaron a Aspiazu de
camuflar con la acusación regionalista de que "los que parecen
ser los verdaderos motivos de su quiebra: millonarios créditos
a empresas fantasmas". El diario El Comercio afirmó que el Banco
del Progreso incurrió en una alta concentración de créditos y
vinculación por presunción con empresas relacionadas, lo que hizo
que el banco vaya mostrando un debilitamiento progresivo en su
posición patrimonial.
La revista Gestión agregó acusaciones según las cuales "el
Progreso prestó 1,7 billón a 86 clientes únicos (es decir que no
tienen créditos en otros bancos) monto que representa el 25,84%
del total de la cartera y contingentes al 31 de diciembre de
1998".
Ambas publicaciones afirmaron que de los 150 mayores deudores del
Progreso, a los cuales se canalizó créditos por 4 billones de
sucres, que representaron el 74% de la cartera de esa
institución, 81 son deudores únicos, presuntamente vinculados a
la entidad. Informes recientes publicados por el diario El
Financiero, revelaron un deterioro de la calidad de la cartera
del banco. La cartera vencida que en abril de 1998 llegaba apenas
a 2,75%, un año después se había elevado a 9,6%.
Las redes
Aspiazu replicó argumentando en declaraciones de prensa que posee
documentos según los cuales hay instituciones bancarias
ecuatorianas que tienen hasta 425 empresas vinculadas. Aspiazu
sostuvo que en el Ecuador existe una situación de canibalismo
financiero que ha afectado una serie de bancos colocados
mayormente en la costa, donde, según su argumento, se produjo un
deterioro económico grave por el fenómeno de El Niño que entre
1997 y 1998 causó pérdidas por 2 mil millones de dólares. Adujo
que el crecimiento de la cartera vencida afecta a la mayor parte
de la banca costeña por la creciente morosidad de los deudores
empresariales que han sufrido estragos a causa de una combinación
de desastres naturales y baja de los precios internacionales de
las materias primas de exportación. Aspiazu acusó también al
Banco del Pichincha de haberse beneficiado hace algún tiempo con
los depósitos ilegales de la Reserva Monetaria ecuatoriana en una
de sus agencias off shore.
En medio de esta guerra de acusaciones, la banca ecuatoriana es
sometida a una auditoría internacional exigida por el FMI para
aplicar un severo saneamiento como condición insoslayable para
un acuerdo de financiamiento de balanza de pagos y de ayuda
multilateral por más de 500 millones de dólares para ayudar a las
entidades viables.
El intento de saneamiento encuentra problemas por la politización
del tema. Partidos costeños como el Social Cristiano (PSC) y el
Roldosista Ecuatoriano (PRE) respaldan explícita o implícitamente
al Banco del Progreso atribuyendo a las autoridades y a la
ministra de Finanzas, Ana Lucía Armijos, un supuesto intento de
reducir el poder financiero de Guayaquil para concentrar una
hegemonía bancaria en Quito. La prensa quiteña refuta estas
acusaciones afirmando que Aspiazu y los partidos políticos
costeños usan el regionalismo para camuflar malos manejos
bancarios, créditos vinculados y relaciones empresariales y
familiares con los dueños de los bancos. En este maremágnum de
acusaciones mutuas, renunció el superintendente de Bancos, Jorge
Egas Peña, repudiando un intento del Ministerio de Finanzas para
introducir una reforma jurídica que reduzca su poder de veto a
eventuales resoluciones de saneamiento bancario después de las
auditorías internacionales a las que es sometido todo el sistema
financiero ecuatoriano. Egas fue señalado por la prensa quiteña
como presuntamente vinculado al presidente del Banco del
Progreso. En su renuncia, Egas atribuyó intentos centralistas a
la ministra de Finanzas, quien es a su vez implícitamente
respaldada por el Fondo Monetario para que el saneamiento sea
severo, sin ningún tipo de contemplaciones.
Crisis cambiaria
La renuncia de Egas desató una estampida cambiaria al generar
intenso nerviosismo en los operadores económicos del Ecuador por
su percepción de que el tema de la crisis bancaria se está
politizando.
Expertos de la calificadora norteamericana de riesgos Thomson
Bank Watch advirtieron del peligro de un freno político al
saneamiento bancario. Peter Shaw, Christine Lecomte y Andrés
Salazar, analistas de la calificadora, declararon a la prensa
ecuatoriana que la persistencia de un "alto riesgo sistémico en
la banca ecuatoriana es real". Los analistas aludieron a
limitaciones políticas para tomar medidas firmes y afirmaron que
"existen pactos (políticos) que nos hacen dudar de la
independencia de los superintendentes y de las autoridades de la
Agencia de Garantía de Depósitos y del Banco Central".
Peter Shaw advirtió que no queda otro camino que escuchar al
Fondo Monetario, pues para este organismo el saneamiento bancario
es una precondición no negociable para firmar una Carta de
Intención o un acuerdo standby. Entre tanto, la población
ecuatoriana sufre de un congelamiento parcial de depósitos a la
vista y de un congelamiento total por un año de los fondos de
inversión resueltos por el Gobierno el mismo mes de marzo para
evitar una hiperinflación a la que el Ecuador se encaminaba como
consecuencia de las corridas masivas de dinero que estaban
sufriendo los bancos.
Por ahora la única garantía de que las cosas se estabilicen es
la firme supervisión del FMI, que parece ser el único capaz de
dirimir la crónica división regional de este país al cual el
embajador de Estados Unidos, Leslie Alexander, atribuye tener un
sistema político canibalístico. (Texto tomado de Tiempos del
Mundo)
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