Quito. 22 jun 99. El próximo cierre de las auditorías que
practican tres empresas internacionales a la banca nacional,
obligó al Gobierno a intensificar sus gestiones para conseguir
la aprobación por el Congreso del proyecto de Ley Reformatoria
del fortalecimiento del sistema financiero.
Ayer trascendió que la diputada Alexandra Vela (DP) será la
encargada de viabilizar el consenso para que el Congreso dé luz
verde a esa propuesta.
La urgencia del Ejecutivo, sin embargo, reanudó el debate entre
un amplio sector legislativo y el propio Gobierno respecto de la
prioridad de dos proyectos: la Ley-Marco para la modernización
del Estado y la reforma para el saneamiento de la banca nacional.
No obstante, el ministro de Gobierno, Vladimiro Alvarez, le dijo
otra vez a este Diario que el régimen descarta de plano el retiro
del programa oficial para la modernización.
Eso quedó de manifiesto ante la abierta disposición de varios
bloques legislativos para dar luz verde a las sugerencias de
algunos legisladores para que el proyecto de Ley-Marco sea
devuelto o, en su defecto, sea negado por el Pleno. Y como efecto
inmediato de ello, se plantea la discusión de la Ley para
reformar a la AGD.
Respecto de la Ley que promueve el saneamiento, la novedad está
en una coincidencia adicional. Los bloques legislativos
mayoritarios no tienen reparos a que se discutan las reglas de
juego que se pretende implementar para reestructurar el sistema
financiero. Esto ya se advirtió en la agenda de los bloques.
Por ejemplo, la bancada de la Izquierda Democrática se reunió
ayer en la mañana para analizar el proyecto de reformas enviado
por vía normal por el Ejecutivo y discutir las observaciones
posibles. Paco Moncayo, jefe de bloque, dijo que es un tema
importante que merece especial atención, tomando en cuenta que
esta semana se entregan los resultados de las auditorías
bancarias y en el curso de un mes debe iniciarse el proceso de
reestructuración.
En términos generales, este proyecto tiene un punto de
controversia: la capacidad de veto del Superintendente de Bancos
dentro de la AGD y que fue ratificado por el presidente Mahuad
al no incluir una flexibilización en su propuesta.
La eliminación del "voto calificado" fue sugerida por diputados
del propio bloque de Gobierno, e incluso fue materia de análisis
del Congreso dentro del veto presidencial a la reforma a la Ley
General de Instituciones Financieras, que limitó los créditos
vinculados. El Primer Mandatario entonces intentó un
pronunciamiento del Legislativo para que se reforme la capacidad
de veto.
Los legisladores del PSC y el PRE saludaron que el Presidente no
haya insistido en esto dentro de las últimas reformas propuestas.
Esas apreciaciones también fue respaldada por los diputados del
FRA y el propio presidente del Congreso, Juan José Pons.
Mientras, el centroizquierda (ID, MPD y Pachakutik) señaló que
va a insistir en cambios para flexibilizar esa capacidad de veto.
Moncayo señaló al "voto calificado" como un tema que debe ser
revisado, además de otros puntos de la reforma. Preocupa, dijo,
que se quiera facultar -de forma flexible- al Banco Central que
fije el porcentaje que va a ser cubierto por la AGD. "La ID
siempre ha defendido que tiene que ponerse un límite para
proteger a quien no maneja el tema y para evitar la
especulación".
Antonio Posso (Pachakutik) también coincidió que el tema es
prioritario, y por eso entregarán en las próximas horas un
documento con los puntos de vista del movimiento. Dijo que van
a defender su planteamiento de disminuir el perfil del veto del
Superintendente en la AGD.
Aunque sus observaciones a las reformas las harán por escrito,
Posso destacó que en su bloque se cree que es inadmisible que se
quiera utilizar de 3 mil a 5 mil millones de sucres en la
recuperación de la banca, a más de los 2 500 ya entregados.
Los cuestionamientos en el PSC fueron más específicos hacia las
reformas. Alfredo Serrano dijo que la propuesta podría
calificarse de inmoral porque, entre otras cosas, se pretende
entregar a la Junta Bancaria facultades discrecionales y
legislativas. Un ejemplo de ello: que por medio de una resolución
de ese organismo se pueda bajar el índice de la relación -de 1
a 9- el patrimonio técnico y el endeudamiento. "Con ese modalidad
se podría salvar a bancos que son inviables, y no porque sus
accionistas inviertan en ellos..."
El legislador del PSC destacó que el Gobierno, a partir del
ocultamiento de un régimen centralizante, pretende trasladar todo
el manejo de la crisis del sistema financiero a la AGD. "El
proyecto tiende a suavizar las normas para el control".
Sin embargo, al parecer, persiste un factor que en cierta manera
conspira contra las urgencias del Ejecutivo: la Comisión de lo
Tributario, encargada de estos temas, posiblemente se reunirá
recién a partir de mañana. El envío por vía ordinaria del
proyecto para el saneamiento de la banca no determina una
obligatoriedad para que esta instancia acelere el análisis. El
presidente de la comisión, Simón Bustamante, se incorpora hoy al
trabajo.
Los recursos del acuerdo con el FMI irán a la Reserva
Esta semana se inició la nueva ronda de conversaciones entre las
autoridades económicas y el Fondo Monetario Internacional (FMI).
El objetivo: alcanzar un acuerdo de 18 meses, que le daría acceso
a Ecuador a un crédito de 400 millones de dólares para fortalecer
la Balanza de Pagos. El manejo de la agenda de la misión del FMI
ha sido muy cauteloso.
Ayer en la tarde se reunió el Directorio del Banco Central del
Ecuador (BCE), pero no se pudo establecer si lo hizo con el
organismo internacional.
Las autoridades económicas ecuatorianas discutieron el domingo
estrategias a seguir para alcanzar el acuerdo que le permita
superar la severa crisis económica del país, informaron
funcionarios.
"La misión ha llegado de manera que se van a continuar las
negociaciones con el Fondo. Una vez que se ha constituido el
Directorio del Banco Central, podemos seguir avanzando en el
tema", dijo entonces, escuetamente, uno de los miembros del
Directorio del Instituto Emisor, Mauricio Pareja.
El domingo, como publicó este Diario, se conoció que el acuerdo
con el Gobierno de Ecuador se prevé firmar a finales de julio y
no este mes, como se esperaba inicialmente. La ministra de
Finanzas, Ana Lucía Armijos, por su parte, se declaró optimista
sobre la firma y rechazó las versiones que fechan la suscripción
del acuerdo para el próximo año. Confirmó que el jefe de la
misión del FMI, John Torthon, se reunirá esta semana con el
Directorio del Central.
La ministra considera que los recursos del FMI entrarán
directamente a la Reserva Monetaria.
El ex ministro de Finanzas, Jorge Gallardo, le dijo a la agencia
Reuters, que al país no le queda más opción que firmar con el
FMI, aunque ello supondrá más ajustes de cinturón para los
ecuatorianos a cambio de un alivio momentáneo de fondos frescos.
"Lastimosamente, países como el nuestro recurren al FMI cuando
ya están con la soga con al cuello y con el agua por encima de
la nariz. Por lo tanto, la receta que viene desde Washington no
puede ser otra que un severo ajuste económico".
Sin embargo, fuentes del Ministerio de Finanzas sostienen que un
acuerdo con el FMI no tendrá medidas de ajuste. "La reforma
tributaria realizada hace algunos meses significó un ajuste. Con
esa reforma se logró el ajuste de las cuentas del Presupuesto del
Gobierno Central". Así, la medida permitió limitar a 3,5 la cifra
del déficit fiscal.
Aunque en círculos oficiales se reconoce que la cifra podría
variar de acuerdo al costo que tenga la crisis bancaria. ¿La
razón? En principio los bancos serán capitalizados mediante
créditos externos directos, gestionados por ellos mismos (la
capacidad de los bancos para contratarlos, así como las opciones
que tienen deben ser presentados hasta el miércoles 23). Pero
también se lo hará mediante la emisión de bonos, de allí que el
costo de la auditoría puede influir en el déficit. De todos
modos, se reconoce que las posibilidades reales de que el costo
de la crisis afecte sustancialmente al déficit son reducidas,
pues, en teoría, las decisiones que se tomen tendrán el menor
costo posible para el país según el Gobierno.
Juicio a Armijos: ¿la ID va?
Además de los bloques legislativos del PSC, PRE, FRA, Pachakutik
y MPD, la bancada de la Izquierda Democrática no descartó la
adhesión al proceso de censura de la ministra de Finanzas, Ana
Lucía Armijos. Así lo dejó entrever el ex presidente Rodrigo
Borja. Empero, esa posición no es aún definida del todo por el
jefe de la bancada naranja, Paco Moncayo, quien ha dicho que la
postura de la ID se adoptará una vez que se escuchen a las
partes.
Hoy, la Comisión legislativa de Fiscalización resolverá el inicio
del término de prueba (el plazo es de cinco días prorrogables
hasta diez, para la sustentación de las partes).
Según el presidente de la Comisión, Juan Manuel Fuertes (DP),
este término de prueba se abrirá la semana próxima. Pero aclaró
que se ha notificado únicamente del juicio propuesto por el
bloque del PRE.
En la Secretaría del Congreso, han sido presentadas dos
solicitudes de interpelación, una del PRE que está en trámite en
la Comisión, y otro del PSC con firmas de Pachakutik, MPD y FRA,
que debe abocar conocimiento esa instancia y resolver si la
unifica o no al primer proceso.
Precisamente este tema es materia de controversia. A decir de
Fuertes, la Comisión analiza la posibilidad de tramitar cada
acusación como un juicio independiente y consecuentemente
existirían 4 o 5 procesos en contra de Armijos.
Alfredo Serrano, interpelante del PSC, sostuvo que solo hay dos
causas, y no tiene inconveniente en participar en una misma
sesión para la interpelación a la Ministra junto con otros
interpelantes. (Texto tomado de El Comercio)
practican tres empresas internacionales a la banca nacional,
obligó al Gobierno a intensificar sus gestiones para conseguir
la aprobación por el Congreso del proyecto de Ley Reformatoria
del fortalecimiento del sistema financiero.
Ayer trascendió que la diputada Alexandra Vela (DP) será la
encargada de viabilizar el consenso para que el Congreso dé luz
verde a esa propuesta.
La urgencia del Ejecutivo, sin embargo, reanudó el debate entre
un amplio sector legislativo y el propio Gobierno respecto de la
prioridad de dos proyectos: la Ley-Marco para la modernización
del Estado y la reforma para el saneamiento de la banca nacional.
No obstante, el ministro de Gobierno, Vladimiro Alvarez, le dijo
otra vez a este Diario que el régimen descarta de plano el retiro
del programa oficial para la modernización.
Eso quedó de manifiesto ante la abierta disposición de varios
bloques legislativos para dar luz verde a las sugerencias de
algunos legisladores para que el proyecto de Ley-Marco sea
devuelto o, en su defecto, sea negado por el Pleno. Y como efecto
inmediato de ello, se plantea la discusión de la Ley para
reformar a la AGD.
Respecto de la Ley que promueve el saneamiento, la novedad está
en una coincidencia adicional. Los bloques legislativos
mayoritarios no tienen reparos a que se discutan las reglas de
juego que se pretende implementar para reestructurar el sistema
financiero. Esto ya se advirtió en la agenda de los bloques.
Por ejemplo, la bancada de la Izquierda Democrática se reunió
ayer en la mañana para analizar el proyecto de reformas enviado
por vía normal por el Ejecutivo y discutir las observaciones
posibles. Paco Moncayo, jefe de bloque, dijo que es un tema
importante que merece especial atención, tomando en cuenta que
esta semana se entregan los resultados de las auditorías
bancarias y en el curso de un mes debe iniciarse el proceso de
reestructuración.
En términos generales, este proyecto tiene un punto de
controversia: la capacidad de veto del Superintendente de Bancos
dentro de la AGD y que fue ratificado por el presidente Mahuad
al no incluir una flexibilización en su propuesta.
La eliminación del "voto calificado" fue sugerida por diputados
del propio bloque de Gobierno, e incluso fue materia de análisis
del Congreso dentro del veto presidencial a la reforma a la Ley
General de Instituciones Financieras, que limitó los créditos
vinculados. El Primer Mandatario entonces intentó un
pronunciamiento del Legislativo para que se reforme la capacidad
de veto.
Los legisladores del PSC y el PRE saludaron que el Presidente no
haya insistido en esto dentro de las últimas reformas propuestas.
Esas apreciaciones también fue respaldada por los diputados del
FRA y el propio presidente del Congreso, Juan José Pons.
Mientras, el centroizquierda (ID, MPD y Pachakutik) señaló que
va a insistir en cambios para flexibilizar esa capacidad de veto.
Moncayo señaló al "voto calificado" como un tema que debe ser
revisado, además de otros puntos de la reforma. Preocupa, dijo,
que se quiera facultar -de forma flexible- al Banco Central que
fije el porcentaje que va a ser cubierto por la AGD. "La ID
siempre ha defendido que tiene que ponerse un límite para
proteger a quien no maneja el tema y para evitar la
especulación".
Antonio Posso (Pachakutik) también coincidió que el tema es
prioritario, y por eso entregarán en las próximas horas un
documento con los puntos de vista del movimiento. Dijo que van
a defender su planteamiento de disminuir el perfil del veto del
Superintendente en la AGD.
Aunque sus observaciones a las reformas las harán por escrito,
Posso destacó que en su bloque se cree que es inadmisible que se
quiera utilizar de 3 mil a 5 mil millones de sucres en la
recuperación de la banca, a más de los 2 500 ya entregados.
Los cuestionamientos en el PSC fueron más específicos hacia las
reformas. Alfredo Serrano dijo que la propuesta podría
calificarse de inmoral porque, entre otras cosas, se pretende
entregar a la Junta Bancaria facultades discrecionales y
legislativas. Un ejemplo de ello: que por medio de una resolución
de ese organismo se pueda bajar el índice de la relación -de 1
a 9- el patrimonio técnico y el endeudamiento. "Con ese modalidad
se podría salvar a bancos que son inviables, y no porque sus
accionistas inviertan en ellos..."
El legislador del PSC destacó que el Gobierno, a partir del
ocultamiento de un régimen centralizante, pretende trasladar todo
el manejo de la crisis del sistema financiero a la AGD. "El
proyecto tiende a suavizar las normas para el control".
Sin embargo, al parecer, persiste un factor que en cierta manera
conspira contra las urgencias del Ejecutivo: la Comisión de lo
Tributario, encargada de estos temas, posiblemente se reunirá
recién a partir de mañana. El envío por vía ordinaria del
proyecto para el saneamiento de la banca no determina una
obligatoriedad para que esta instancia acelere el análisis. El
presidente de la comisión, Simón Bustamante, se incorpora hoy al
trabajo.
Los recursos del acuerdo con el FMI irán a la Reserva
Esta semana se inició la nueva ronda de conversaciones entre las
autoridades económicas y el Fondo Monetario Internacional (FMI).
El objetivo: alcanzar un acuerdo de 18 meses, que le daría acceso
a Ecuador a un crédito de 400 millones de dólares para fortalecer
la Balanza de Pagos. El manejo de la agenda de la misión del FMI
ha sido muy cauteloso.
Ayer en la tarde se reunió el Directorio del Banco Central del
Ecuador (BCE), pero no se pudo establecer si lo hizo con el
organismo internacional.
Las autoridades económicas ecuatorianas discutieron el domingo
estrategias a seguir para alcanzar el acuerdo que le permita
superar la severa crisis económica del país, informaron
funcionarios.
"La misión ha llegado de manera que se van a continuar las
negociaciones con el Fondo. Una vez que se ha constituido el
Directorio del Banco Central, podemos seguir avanzando en el
tema", dijo entonces, escuetamente, uno de los miembros del
Directorio del Instituto Emisor, Mauricio Pareja.
El domingo, como publicó este Diario, se conoció que el acuerdo
con el Gobierno de Ecuador se prevé firmar a finales de julio y
no este mes, como se esperaba inicialmente. La ministra de
Finanzas, Ana Lucía Armijos, por su parte, se declaró optimista
sobre la firma y rechazó las versiones que fechan la suscripción
del acuerdo para el próximo año. Confirmó que el jefe de la
misión del FMI, John Torthon, se reunirá esta semana con el
Directorio del Central.
La ministra considera que los recursos del FMI entrarán
directamente a la Reserva Monetaria.
El ex ministro de Finanzas, Jorge Gallardo, le dijo a la agencia
Reuters, que al país no le queda más opción que firmar con el
FMI, aunque ello supondrá más ajustes de cinturón para los
ecuatorianos a cambio de un alivio momentáneo de fondos frescos.
"Lastimosamente, países como el nuestro recurren al FMI cuando
ya están con la soga con al cuello y con el agua por encima de
la nariz. Por lo tanto, la receta que viene desde Washington no
puede ser otra que un severo ajuste económico".
Sin embargo, fuentes del Ministerio de Finanzas sostienen que un
acuerdo con el FMI no tendrá medidas de ajuste. "La reforma
tributaria realizada hace algunos meses significó un ajuste. Con
esa reforma se logró el ajuste de las cuentas del Presupuesto del
Gobierno Central". Así, la medida permitió limitar a 3,5 la cifra
del déficit fiscal.
Aunque en círculos oficiales se reconoce que la cifra podría
variar de acuerdo al costo que tenga la crisis bancaria. ¿La
razón? En principio los bancos serán capitalizados mediante
créditos externos directos, gestionados por ellos mismos (la
capacidad de los bancos para contratarlos, así como las opciones
que tienen deben ser presentados hasta el miércoles 23). Pero
también se lo hará mediante la emisión de bonos, de allí que el
costo de la auditoría puede influir en el déficit. De todos
modos, se reconoce que las posibilidades reales de que el costo
de la crisis afecte sustancialmente al déficit son reducidas,
pues, en teoría, las decisiones que se tomen tendrán el menor
costo posible para el país según el Gobierno.
Juicio a Armijos: ¿la ID va?
Además de los bloques legislativos del PSC, PRE, FRA, Pachakutik
y MPD, la bancada de la Izquierda Democrática no descartó la
adhesión al proceso de censura de la ministra de Finanzas, Ana
Lucía Armijos. Así lo dejó entrever el ex presidente Rodrigo
Borja. Empero, esa posición no es aún definida del todo por el
jefe de la bancada naranja, Paco Moncayo, quien ha dicho que la
postura de la ID se adoptará una vez que se escuchen a las
partes.
Hoy, la Comisión legislativa de Fiscalización resolverá el inicio
del término de prueba (el plazo es de cinco días prorrogables
hasta diez, para la sustentación de las partes).
Según el presidente de la Comisión, Juan Manuel Fuertes (DP),
este término de prueba se abrirá la semana próxima. Pero aclaró
que se ha notificado únicamente del juicio propuesto por el
bloque del PRE.
En la Secretaría del Congreso, han sido presentadas dos
solicitudes de interpelación, una del PRE que está en trámite en
la Comisión, y otro del PSC con firmas de Pachakutik, MPD y FRA,
que debe abocar conocimiento esa instancia y resolver si la
unifica o no al primer proceso.
Precisamente este tema es materia de controversia. A decir de
Fuertes, la Comisión analiza la posibilidad de tramitar cada
acusación como un juicio independiente y consecuentemente
existirían 4 o 5 procesos en contra de Armijos.
Alfredo Serrano, interpelante del PSC, sostuvo que solo hay dos
causas, y no tiene inconveniente en participar en una misma
sesión para la interpelación a la Ministra junto con otros
interpelantes. (Texto tomado de El Comercio)
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