Un Paso Mas En La Modernizacion

Quito. 21.12.92. Una de las leyes más importantes, de entre
las que se reformaron en el período del anterior gobierno, fue
la Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado.

La ley otorgó plena autonomía al Banco Central, para conducir
la política monetaria, cambiaria y crediticia, y a su vez, le
dio al Banco del Estado, la autorización, para administrar los
depósitos del sector público, y así poder financieramente
incrementar sus operaciones, y ampliar su cobertura como banco
de desarrollo.

La ley, dotó a la autoridad monetaria del marco para
modernizar su gestión, y poder, manejar eficientemente las
tareas encomendadas.

Las operaciones de mercado abierto a través de las mesas de
dinero, son producto de la ley.

Los remates de bonos de estabilización son un gran paso para
fijar la tasa referencial de interés, que lleve en el futuro a
los mercados financieros, a desarrollar una curva de
rendimiento de acuerdo al plazo y características de los
papeles que se negocian.

Este tipo de operaciones evitan la segmentación entre los
mercados, y permiten asignar más eficientemente el ahorro
hacia la inversión productiva.

Al haberse desechado la posibilidad que el Banco Central
realice operaciones de carácter fiscal, se ha cerrado la
puerta para que nuevamente se produzcan pérdidas operativas y
financieras

El llamado déficit cuasifiscal, servirá para que futuras
generaciones comprendan las consecuencias que acarrea el hecho
de utilizar al instituto emisor, como apéndice financiero de
un gobierno.

Ahora con esa ley, el banco se dedicará a sus tareas
específicas, de las que jamás se debió apartar.

La nueva Ley de Presupuestos es un gran complemento de la Ley
Monetaria.

Esta ley, que en sus objetivos básicos fue estructurada en el
gobierno anterior, es una normativa fundamental para
garantizar un manejo armónico y responsable de la política
económica.

Como toda reforma estructural estuvo sujeta al bombardeo de
ciertas instituciones que se han manejado al margen de una
estrategia financiera global, y de aquellas que a través del
tiempo, se han beneficiado con las llamadas preasignaciones.

El temor de que recursos que deben ser orientados a un
objetivo específico, sean utilizados para financiar el
presupuesto del gobierno, generó airadas protestas.

Esto demuestra que las reformas estructurales no pueden ser
enviadas sin que previamente sean discutidas por los sectores
interesados.

Cuando se envió el proyecto de reforma tributaria, se discutió
ampliamente, no solamente sus objetivos, sino también la
normativa.

Sectores que se habían beneficiado con tratamientos
tributarios especiales, fueron en su momento grandes
opositores.

Sin embargo, gracias a la discusión amplia y democrática, se
entendió que las reformas no serán un esfuerzo aislado del
gobierno, sino parte de una estrategia tendiente a reorientar
el modelo de desarrollo, reformar el Estado, y modernizarlo.

Es por estas razones que exigimos que las futuras reformas que
se envíen al congreso sean previamente debatidas, para poder
construir consensos.

Este artículo, no solamente pone de manifiesto mi convicción,
sobre la necesidad de continuar con la tarea de modernización
del Estado, sino además, refleja los grandes desengaños y
frustraciones que, como ministro de Finanzas me tocó vivir,
cuando los programas económicos se iban al traste, debido a la
indisciplina financiera de las llamadas empresas o
instituciones autónomas.

El peso del ajuste, recaía tan solo en el presupuesto general
del Estado, lo que conllevaba a reducir el gasto, no solamente
del gobierno central, sino de las instituciones que dependen
del presupuesto, tales como las universidades, consejos
provinciales, concejos cantonales, y demás instituciones
dependientes, lo que ocasionaba diferentes tipos de
conflictos.

Se habían desarrollado en el país, una serie de estados
independientes.

Los unos con rentas que alcanzaban para todo, y otros que
tenían que luchar, para cubrir por lo menos, los gastos
corrientes.

Mientras el gobierno central tiene por ley que publicar los
resultados presupuestarios, instituciones autónomas y empresas
del Estado, se administran sin estados financieros. Sus
responsables ni siquiera conocen la posición financiera de sus
instituciones, peor el pueblo ecuatoriano.

La ley de presupuesto es un gran avance en materia de
administración y equidad financiera.

La reforma no puede quedar ahí, todo lo contrario. Tiene que
darse paso a un nuevo diseño del Estado, que permita el
desarrollo armónico de las regiones y pueblos de la patria.

Con los instrumentos financieros básicos, ahora hay que dar
paso al diseño e implantación de las estrategias políticas,
que permitan una auténtica descentralización y
desconcentración del Estado.

Solamente así, profundizaremos la democracia en el país.

La reforma y modernización del Estado, debe constituirse en
una tarea permanente, cuyas propuestas sean producto del
consenso y no, del poder e intereses de un determinado sector
de la sociedad.