Caos Presupuestario

Quito. 26.12.92. El proyecto de Ley de Presupuestos del Sector
Público que el Presidente de la República ha enviado con el
carácter de urgente al Congreso Nacional ha despertado fundadas
expectativas sobre el giro que tendrá dicho proyecto,
especialmente por algunos criterios anticipados que se han
expuesto en torno al afán de mantener el control político sobre
dichos presupuestos.

Complejidad del sector público ecuatoriano.- El Ecuador mantiene
un complejo esquema en la organización del sector público deri
vado de la histórica tendencia a crear autonomías en áreas
financieras y de servicio, que al amparo del artículo 125 de la
Constitución se han convertido en verdaderos feudos que impiden
el cumplimiento de planes, programas y proyectos integrados y
atentan contra el desarrollo del país. Esta disparidad de
entidades provoca problemas mayúsculos en el régimen de
remuneraciones, porque una parte de los servidores está sometido
a las leyes de carácter administrativo, mientras otros están
amparados por el Código del Trabajo.

Esta situación ha dado como consecuencia que a la presente fecha,
existan alrededor de 3.800 entes contables cuyos presupuestos se
ejecutan anárquicamente, a consecuencia de lo cual, al 10 de
agosto pasado, el déficit estimado alcanza a 1,3 billones de
sucres que equivalen al 7% del PIB, situación que genera una
inflación estructural y un desmejoramiento en las condiciones de
vida de todos los ecuatorianos.

Principales ineficiencias.- La administración financiera del
sector público es caótica porque no hay un plan de organización
que defina las responsabilidades de cada servidor, hay anarquía
en el manejo de los fondos rotativos y de caja chica, los
ingresos en efectivo no son debidamente revisados, registrados o
depositados y tampoco hay oportunas conciliaciones bancarias ni
independencia entre quien realiza aquéllas frente a quien maneja
los cheques; no se actualizan los registros sobre los activos
fijos; no se reglamenta el uso y mantenimiento de los vehículos;
tampoco se legalizan las entregas-recepciones cuando se cambian
los custodios, ni se presentan cauciones por parte de los
funcionarios que manejan fondos y valores; no hay un control
adecuado del consumo de útiles de oficina. Desde luego que el
caos financiero es mayor porque los presupuestos generalmente son
desfinanciados y se los elabora en forma inoportuna,
contrayéndose compromisos y obligaciones sin la respectiva
provisión de recursos; tampoco se evalúa periódicamente la
ejecución presupuestaria y su liquidación es extemporánea.

Contabilidad, ingresos y gastos.- Un 37% del secto público no
tiene un sistema de contabilidad y, en el resto, los registros
contables adolecen de errores lo que impide preparar estados
financieros. En materia de ingresos, no se toman acciones
legales y oportunas para recuperar los valores por títulos de
crédito, garantías y la cartera vencida se incrementa; no se adoptan
mecanismos para la determinación, recaudación y registro a lo
que se añade catastros obsoletos y la mantención de títulos y
valores prescritos que sobreestiman los saldos por recaudarse.
En cuanto a los gastos, se pagan horas extras y transporte por
trabajos no realizados, se desvía el pago de viáticos, se alteran
las facturas o recibos, se hacen por trabajos a contratistas
inexistentes o para ayudas económícas sin objetivos
institucionales incluso, a veces, se duplican pagos por una misma
adquisición y utilizan recursos humanos, financieros y
materiales en trabajos particulares.

Inobservancia constitucional.-Desde 1979 en que rige la
Constitución actual, los gobiernos han incumplido el mandato del
artículo 71 por el cual el presupuesto anual debe contener todos
los ingresos y egresos del Estado, incluyendo los de las
entidades autónomas salvo el régimen seccional. Por una
incomprensible irresponsabilidad política, el legislador no ha
desarrollado este mandato para compatibilizar las disposiciones de la
Ley Orgánica de Administración Financiera y Control con la Cons
titución a fin de que al mismo tiempo que el presupuesto del
gobiemo central sigue su trámite de formulación y aprobación
final en el Congreso, todas las demás entidades del sector
público elaboren sus proformas para que una vez aprobadas se
consoliden sus presupuestos con el del gobiemo central en un
solo documento, y de esta manera las disposiciones generales que
se dictan para instrumentar la política de gasto público se
cumplan armónicamente.

CONCLUSIONES

La anarquía y desorden presupuestarios prevalecientes en el país
ha hecho imposible que las políticas monetaria, cambiaria,
tributaria y financiera cumplan sus objetivos,
y el Ecuador ha vivido una indescriptible orgía fiscal que
peligrosamente atenta contra la paz social al mantenerse una
inflación que empobrece cada día más a la mayoría de ecuatoria
nos.

Mientras se mantenga una desarticulación presupuestaria será
imposible estabilizar la economía y crecer, puesto que si el 62%
del gasto público se ejecuta con presupuestos autónomos que se
aprueban con posterioridad al primero de enero y a veces casi al
final del ejercicio presupuestario, desaparece toda posibilidad
de control fiscal y la planificación se torna impracticable.

La unificación de los presupuestos del sector público es la
mejor herramienta para modermizar el Estado sin el trauma social
que preocupa a los servidores públicos, que temen por la
desocupación.

FUENTE: texto tomado de EL TELEGRAFO