Quito. 19.06.95. En el Congreso Nacional, además del posible
juicio por los últimos ajustes, otra sombra se cierne sobre el
Ministro de Finanzas, Mauricio Pinto Mancheno.
Así, evasión tributaria e interpelación se conjugan en torno a
la compañía La Fabril, de la ciudad de Manta, y el secretario
de Estado. Aunque, hasta el momento, Pinto no le ha dado mayor
importancia, ya que las pruebas no terminan de inculparlo.
El diputado Oscar Célleri (PRE) ha oficializado el juicio en
su contra por una supuesta protección en la evasión de
impuestos de La Fabril.
Dos resoluciones, emitidas -entre abril y junio de 1995- por
la Dirección de Rentas, ratificaron una millonaria evasión
tributaria de esta empresa, entre 1992 y 1993.
Al momento, la Comisión de Fiscalización ha dado plazo hasta
el jueves próximo para que el Ministro envíe las pruebas de
descargo a todas a las acusaciones de que es objeto, en los
cuatro procesos que están presentados en su contra, uno de
ellos es el de Célleri.
El roldosista acusa a Pinto de una supuesta protección a la
empresa La Fabril, por vínculos familiares con los
accionistas. Específicamente, se refiere a la relación con
Ramón González-Artigas Díaz, su suegro, y a Carlos
González-Artigas Díaz, tío político.
En los últimos días, las aclaraciones e inculpaciones que se
han hecho de lado y lado (entre Célleri y González Artigas),
hacen inminente un nuevo frente político -el del PRE- en
contra del secretario de Estado. Pese a que las acusaciones
aún no han sido debidamente sustentadas.
Ramón González-Artigas Díaz aclaró -en una publicación del
diario Hoy del 8 de junio de 1995- su separación de la Fabril
en julio del 94, así como que fue socio minoritario y nunca
participó en la administración de la empresa. Esa fue su
respuesta a Célleri.
En lo que respecta a Pinto, la emisión de las últimas
resoluciones, tomadas durante su administración, le
exonerarían de cualquier imputación.
Pero quedan aún pendientes la emisión de los títulos de
crédito, es decir la información sobre los pagos que La Fabril
tendría que hacer al Estado por los perjuicios económicos de
evasión; así como la determinación de las sanciones que
establece la ley correspondiente, en caso de haberlas.
Aparentemente, esto serviría a la parte acusadora como
mecanismo de presión.
La intervención de Célleri en el caso de La Fabril no es nueva
en el Congreso . Hasta hoy, tres diputados (incluido Célleri)
de diferentes tendencias han intervenido, y han hecho
diferentes imputaciones a funcionarios de la Contraloría y el
Ministerio de Finanzas y Crédito.
Entre ellos está Luis Almeida (independiente), quien abandonó
inesperadamente el caso; poco después de la comparecencia ante
el Congreso del Director de Rentas, Oswaldo Domínguez, quien
emitió las resoluciones que ratifican las evasiones cometidas.
Y el tercero fue Italo Ordóñez (ID), que también se retiró del
caso.
Cuando Domínguez compareció ante el Congreso confirmó que
existía una glosa de alrededor de cinco mil millones de sucres
en contra de esta compañía, del año 1992. Asimismo ratificó
que la glosa del año siguiente se había fijado en mil
ochocientos millones de sucres. Ese fue el inicio de la
politización de este caso.
Esta historia empieza en marzo de 1994. Miguel Campaña
Semanate, ex director financiero de La Fabril, hizo una
denuncia reservada a la Dirección de Rentas, por una supuesta
declaración fraudulenta de impuestos de la compañía en 1992.
Cuatro días más tarde, René Sánchez, director de ese
organismo, decidió una nueva fiscalización, y nombra -por
sorteo- a Gonzalo Gallegos y Nelson Vinueza, para que lleven
adelante el proceso.
Entonces, con la Resolución No. 1698 del Ministerio, se
anularon las primeras actas de fiscalización.
Documentos que fueron realizados, en marzo de 1993 por
funcionarios de la Dirección de Rentas de Manabí, que
establecían un monto de utilidades de mil 529 millones 285 mil
409 sucres, y una defraudación al fisco de 19 millones 828 mil
062 sucres.
Mientras tanto, para mayo de ese año, el caso se torna
público. El Congreso, la Contraloría y la Corte Suprema,
emiten comunicados a la Dirección de Rentas sobre la necesidad
de llevar adecuadamente el proceso.
El 15 de junio, Rentas recibe una nueva denuncia. Esta vez de
Edmundo Campana Gómez, padre de Campaña Samanate, acusa a La
Fabril de ser reincidente en la evasión de impuestos. Se
decide una nueva fiscalización para el ejercicio económico del
93.
Hasta ese momento, la Dirección de Rentas debía estudiar la
dos denuncias por separado. Por lo cual los resultados de las
mismas iban a despacharse en fechas distintas.
Así, y al cabo de seis meses, el 14 de octubre, los
fiscalizadores Gallegos y Vinueza emiten las actas del
ejercicio económico del 92 ( 17.0.2161/94 impuesto a la renta)
y 17.0.456/94 9 (IVA)), que establecen una defraudación muy
diferente de la primera. Esta era de mil 182 millones 033 mil
425 de sucres.
De acuerdo al artículo 110 de Código Tributario, La Fabril
estaba en capacidad de impugnar esas actas. El 8 de noviembre,
los directivos presentan una solicitud en ese sentido ante la
Dirección de Rentas.
La resolución final sobre esta impugnación debía entregarse en
un plazo de 90 días. Es decir, debía estar lista el 8 de enero
del 95. La entregan el 26 de abril, con el número 3613,
ratificando la evasión mil 182 millones 033 mil 425 de sucres.
Previamente, el 16 diciembre del 94, son emitidas las actas de
refiscalización (17.0.2673/94 y 17.0.566/94) del ejercicio
económico del 93. En ella se considera reincidente a La Fabril
y se establece una evasión de mil 846 millones 947 mil 907 de
sucres.
Igualmente, esta compañía impugna estos informes. Sin embargo,
la resolución del 5 de junio del 95, con el número 5523,
ratifica la conducta reincidente de La Fabril, así como el
monto de la defraudación.
Las actas de fiscalización también se establecen que La Fabril
no realizó los pagos correspondientes a las utilidades de los
trabajadores, en un monto de 928 millones 948 mil 192 de
sucres.
Por esa historia y por el nexo familiar con Pinto, el diputado
Célleri ha convertido la evasión de impuestos de una fábrica
en una historia política.
¿COMO FUE LA EVASION DE IMPUESTOS?
En el Ecuador se considera que el porcentaje de evasión
tributaria anual es superior al 50 por ciento. Las formas de
evasión son múltiples; entre ellas, el mecanismo de las ventas
no declaradas.
La acusación de evasión a la empresa La Fabril se sustenta en
este procedimiento. Básicamente, este consiste en declarar un
monto de venta inferior al real, así como menores costos de
producción.
Entonces, la utilidad es menor, como menor será el porcentaje
de impuestos que se pague al Estado. Sin embargo, para efectos
de procesos de fiscalización, los recursos no declarados -o
diferencia- deben ser canalizados a través de un sistema
contable de las empresas con el fin de cuadrar las cuentas.
Este tipo de excedente, por lo general, es incluido dentro de
los pasivos o egresos.
En el caso de La Fabril, según la Resolución de la Dirección
de Rentas No.3613, del 26 de abril de 1995, se establece que
dentro de la contabilidad se "registran acumulaciones de
créditos provenientes de pagos receptados por ventas no
contabilizadas: fue un comportamiento inusual de las cuentas
que en el año de 1992 registran a favor de saldo acreedores".
Y eso se menciona en el informe de los fiscalizadores para el
ejercicio económico del año 1992, del 21 de septiembre de
1994, a Angel Polibio Chávez, jefe de Determinación
Tributaria.
Los fiscalizadores dicen en su informe: "se observa que parte
del saldo correspondiente a Otros Acreedores, perteneciente a
los socios, constituyen la contrapartida de la contabilización
de las ventas no registradas".
La acusación también considera que los excedentes se
contabilizaban en el pasivo o egresos de la empresa,
utilizando nombres falsos. Entonces se giraban cheques a esos
nombres, que eran depositados en cuentas bancarias de los
accionistas.
Así uno de ellos, aseguran los acusadores, recibió 102 pagos
de 21 millones 620 mil sucres, entre 1992 y 1993, lo que
totaliza dos mil 248 millones de sucres.
Sin embargo, los fiscalizadores no han logrado comprobar el
movimiento de estas cuentas y que los nombres no corresponden
a ningún ciudadano. Todo esto debido al sigilo bancario, por
lo que van a solicitar que este sea retirado de las cuentas de
los accionistas.
* TEXTO TOMADO DE EL COMERCIO (P2A)
juicio por los últimos ajustes, otra sombra se cierne sobre el
Ministro de Finanzas, Mauricio Pinto Mancheno.
Así, evasión tributaria e interpelación se conjugan en torno a
la compañía La Fabril, de la ciudad de Manta, y el secretario
de Estado. Aunque, hasta el momento, Pinto no le ha dado mayor
importancia, ya que las pruebas no terminan de inculparlo.
El diputado Oscar Célleri (PRE) ha oficializado el juicio en
su contra por una supuesta protección en la evasión de
impuestos de La Fabril.
Dos resoluciones, emitidas -entre abril y junio de 1995- por
la Dirección de Rentas, ratificaron una millonaria evasión
tributaria de esta empresa, entre 1992 y 1993.
Al momento, la Comisión de Fiscalización ha dado plazo hasta
el jueves próximo para que el Ministro envíe las pruebas de
descargo a todas a las acusaciones de que es objeto, en los
cuatro procesos que están presentados en su contra, uno de
ellos es el de Célleri.
El roldosista acusa a Pinto de una supuesta protección a la
empresa La Fabril, por vínculos familiares con los
accionistas. Específicamente, se refiere a la relación con
Ramón González-Artigas Díaz, su suegro, y a Carlos
González-Artigas Díaz, tío político.
En los últimos días, las aclaraciones e inculpaciones que se
han hecho de lado y lado (entre Célleri y González Artigas),
hacen inminente un nuevo frente político -el del PRE- en
contra del secretario de Estado. Pese a que las acusaciones
aún no han sido debidamente sustentadas.
Ramón González-Artigas Díaz aclaró -en una publicación del
diario Hoy del 8 de junio de 1995- su separación de la Fabril
en julio del 94, así como que fue socio minoritario y nunca
participó en la administración de la empresa. Esa fue su
respuesta a Célleri.
En lo que respecta a Pinto, la emisión de las últimas
resoluciones, tomadas durante su administración, le
exonerarían de cualquier imputación.
Pero quedan aún pendientes la emisión de los títulos de
crédito, es decir la información sobre los pagos que La Fabril
tendría que hacer al Estado por los perjuicios económicos de
evasión; así como la determinación de las sanciones que
establece la ley correspondiente, en caso de haberlas.
Aparentemente, esto serviría a la parte acusadora como
mecanismo de presión.
La intervención de Célleri en el caso de La Fabril no es nueva
en el Congreso . Hasta hoy, tres diputados (incluido Célleri)
de diferentes tendencias han intervenido, y han hecho
diferentes imputaciones a funcionarios de la Contraloría y el
Ministerio de Finanzas y Crédito.
Entre ellos está Luis Almeida (independiente), quien abandonó
inesperadamente el caso; poco después de la comparecencia ante
el Congreso del Director de Rentas, Oswaldo Domínguez, quien
emitió las resoluciones que ratifican las evasiones cometidas.
Y el tercero fue Italo Ordóñez (ID), que también se retiró del
caso.
Cuando Domínguez compareció ante el Congreso confirmó que
existía una glosa de alrededor de cinco mil millones de sucres
en contra de esta compañía, del año 1992. Asimismo ratificó
que la glosa del año siguiente se había fijado en mil
ochocientos millones de sucres. Ese fue el inicio de la
politización de este caso.
Esta historia empieza en marzo de 1994. Miguel Campaña
Semanate, ex director financiero de La Fabril, hizo una
denuncia reservada a la Dirección de Rentas, por una supuesta
declaración fraudulenta de impuestos de la compañía en 1992.
Cuatro días más tarde, René Sánchez, director de ese
organismo, decidió una nueva fiscalización, y nombra -por
sorteo- a Gonzalo Gallegos y Nelson Vinueza, para que lleven
adelante el proceso.
Entonces, con la Resolución No. 1698 del Ministerio, se
anularon las primeras actas de fiscalización.
Documentos que fueron realizados, en marzo de 1993 por
funcionarios de la Dirección de Rentas de Manabí, que
establecían un monto de utilidades de mil 529 millones 285 mil
409 sucres, y una defraudación al fisco de 19 millones 828 mil
062 sucres.
Mientras tanto, para mayo de ese año, el caso se torna
público. El Congreso, la Contraloría y la Corte Suprema,
emiten comunicados a la Dirección de Rentas sobre la necesidad
de llevar adecuadamente el proceso.
El 15 de junio, Rentas recibe una nueva denuncia. Esta vez de
Edmundo Campana Gómez, padre de Campaña Samanate, acusa a La
Fabril de ser reincidente en la evasión de impuestos. Se
decide una nueva fiscalización para el ejercicio económico del
93.
Hasta ese momento, la Dirección de Rentas debía estudiar la
dos denuncias por separado. Por lo cual los resultados de las
mismas iban a despacharse en fechas distintas.
Así, y al cabo de seis meses, el 14 de octubre, los
fiscalizadores Gallegos y Vinueza emiten las actas del
ejercicio económico del 92 ( 17.0.2161/94 impuesto a la renta)
y 17.0.456/94 9 (IVA)), que establecen una defraudación muy
diferente de la primera. Esta era de mil 182 millones 033 mil
425 de sucres.
De acuerdo al artículo 110 de Código Tributario, La Fabril
estaba en capacidad de impugnar esas actas. El 8 de noviembre,
los directivos presentan una solicitud en ese sentido ante la
Dirección de Rentas.
La resolución final sobre esta impugnación debía entregarse en
un plazo de 90 días. Es decir, debía estar lista el 8 de enero
del 95. La entregan el 26 de abril, con el número 3613,
ratificando la evasión mil 182 millones 033 mil 425 de sucres.
Previamente, el 16 diciembre del 94, son emitidas las actas de
refiscalización (17.0.2673/94 y 17.0.566/94) del ejercicio
económico del 93. En ella se considera reincidente a La Fabril
y se establece una evasión de mil 846 millones 947 mil 907 de
sucres.
Igualmente, esta compañía impugna estos informes. Sin embargo,
la resolución del 5 de junio del 95, con el número 5523,
ratifica la conducta reincidente de La Fabril, así como el
monto de la defraudación.
Las actas de fiscalización también se establecen que La Fabril
no realizó los pagos correspondientes a las utilidades de los
trabajadores, en un monto de 928 millones 948 mil 192 de
sucres.
Por esa historia y por el nexo familiar con Pinto, el diputado
Célleri ha convertido la evasión de impuestos de una fábrica
en una historia política.
¿COMO FUE LA EVASION DE IMPUESTOS?
En el Ecuador se considera que el porcentaje de evasión
tributaria anual es superior al 50 por ciento. Las formas de
evasión son múltiples; entre ellas, el mecanismo de las ventas
no declaradas.
La acusación de evasión a la empresa La Fabril se sustenta en
este procedimiento. Básicamente, este consiste en declarar un
monto de venta inferior al real, así como menores costos de
producción.
Entonces, la utilidad es menor, como menor será el porcentaje
de impuestos que se pague al Estado. Sin embargo, para efectos
de procesos de fiscalización, los recursos no declarados -o
diferencia- deben ser canalizados a través de un sistema
contable de las empresas con el fin de cuadrar las cuentas.
Este tipo de excedente, por lo general, es incluido dentro de
los pasivos o egresos.
En el caso de La Fabril, según la Resolución de la Dirección
de Rentas No.3613, del 26 de abril de 1995, se establece que
dentro de la contabilidad se "registran acumulaciones de
créditos provenientes de pagos receptados por ventas no
contabilizadas: fue un comportamiento inusual de las cuentas
que en el año de 1992 registran a favor de saldo acreedores".
Y eso se menciona en el informe de los fiscalizadores para el
ejercicio económico del año 1992, del 21 de septiembre de
1994, a Angel Polibio Chávez, jefe de Determinación
Tributaria.
Los fiscalizadores dicen en su informe: "se observa que parte
del saldo correspondiente a Otros Acreedores, perteneciente a
los socios, constituyen la contrapartida de la contabilización
de las ventas no registradas".
La acusación también considera que los excedentes se
contabilizaban en el pasivo o egresos de la empresa,
utilizando nombres falsos. Entonces se giraban cheques a esos
nombres, que eran depositados en cuentas bancarias de los
accionistas.
Así uno de ellos, aseguran los acusadores, recibió 102 pagos
de 21 millones 620 mil sucres, entre 1992 y 1993, lo que
totaliza dos mil 248 millones de sucres.
Sin embargo, los fiscalizadores no han logrado comprobar el
movimiento de estas cuentas y que los nombres no corresponden
a ningún ciudadano. Todo esto debido al sigilo bancario, por
lo que van a solicitar que este sea retirado de las cuentas de
los accionistas.
* TEXTO TOMADO DE EL COMERCIO (P2A)
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