Los Limites De La Seguridad

Quito. 11.03.95. En los barrios residenciales tienden cadenas
a lo ancho de los callejones sin salida, o apostan guardias
privados en las esquinas. En los barrios comerciales, sobre
las puertas de metal reza el siguiente letrero: este local
está vigilado. En los barrios populares se organizan brigadas
de autodefensa, cuando la población no se toma la justicia por
su propia mano... prendiendo fuego al maleante. Una mujer del
barrio de La Libertad comenta que se ha salvado de los robos
solo porque tiene dos vecinos policías. Es el problema de la
inseguridad en los barrios de Quito.

¿Hasta dónde va la responsabilidad de la policía y dónde
comienza la acción ciudadana? ¿Debe, la organización barrial,
reemplazar la ausencia de un retén o de uno de esos olvidados
País? Un reportaje publicado hace pocos días en HOY recogía
la experiencia de una brigada de jóvenes que ha comenzado a
repartir silbatos entre todos los pobladores de La Colmena,
para que anuncien el peligro... "Los policías -decían los
jóvenes- ya solo tienen que poner el carro para llevarse preso
al ladrón".

Dirigentes barriales y una ciudadana de El Inca comentan el
tema de la seguridad en los barrios de Quito.

La solidaridad como única arma. Hace como tres meses, la Mena
del Hierro, barrio del noroccidente de Quito, hizo las
gestiones con la Policía Nacional para lograr que se instalara
un retén en su casa barrial. La respuesta llegó, pero sin
previo aviso: "un día que no estábamos (porque no sabíamos que
iban a venir) gente de la institución visitó el barrio y, como
no nos encontró, fue motivo para que no volvieran...", cuenta
Laureano Nastul, dirigente de la Mena del Hierro y de la
Federación de Barrios Populares del Noroccidente de Quito.

Según Laureano, el hasta hoy frustrado anhelo del retén
policial viene desde algunos años, cuando su barrio creció y
se volvió inseguro.

"En mi barrio conviven dos culturas -dice-, la de aquellos a
los que "les llegó la ciudad", que vivían en la zona mucho
antes de que llegaran el alcantarillado, la electricidad y el
agua potable; y la de los que "llegaron con la ciudad". Antes,
cuando el barrio era más chico, todos nos veíamos y nos
cuidábamos entre vecinos, no permitíamos que se nos hiciera
daño; ahora, con la llegada de los servicios, de la ciudad, se
ha multiplicado la población, hay mucha gente nueva que no
conocemos y el barrio se ha ido dañando..." Cuenta Laureano
que han optado por emprender acciones organizadas de
auto-protección. "En mi barrio no hay cantinas -que son
lugares donde se genera violencia y muchas veces
delincuencia-, pero hace como un año una vecina empezó a
organizar fiestas semanalmente, arrendando parte de su casa y,
como ya se empezaron a ver consecuencias, el barrio se reunió
en sesión general y le pidió a la señora que no siguiera... y
ella aceptó", explica.

"En otros barrios -continúa- han conformado brigadas. En
Atucucho, por ejemplo, la gente se turna para cuidar de las
casas de todos, y organizan grupos de 10 y 12 personas para
subir juntos hasta el barrio. Además, en la Federación de
Barrios del Noroccidente se ha puesto en marcha un proyecto
piloto por el que en cada barrio se elige un "mediador
comunitario", una especie de abogado del barrio que soluciona
los conflictos internos o los lleva ante las instancias de
justicia".

Para Geovany Orquera y Daniel Orozco, miembros de los grupos
comunales de Santa Lucía y La Colmena, respectivamente, la
inseguridad y el auge delictivo son responsabilidad de la
Policía.

Según Orquera, los vecinos de Santa Lucía (barrio vecino de La
Colmena) iniciaron un trámite para obtener la instalación de
un PAI o un retén, pero las autoridades exigen que los
moradores sean los que equipen esos lugares de vigilancia,
incluso con artículos tan simples como papel o sillas.

Daniel Orozco añade que las patrullas jamás pasan por el
sector, que es un sitio constante de asaltos a mano armada y
violencia callejera.

Ambos coinciden en que la autodefensa no es una solución
definitiva a los problemas de seguridad.

Orquera comenta que no se puede hacer mucho si los asaltantes
van en grupos y llevan armas blancas o de fuego. La vigilancia
comunal sirve para echar un ojo cuando hay extraños en las
canchas o merodeando por los condominios, pero no para frenar
efectivamente la delincuencia.

Orozco recuerda que los asaltos son de noche, cuando la falta
de luz dificulta que los vecinos coordinen una acción de
defensa ante cualquier situación de emergencia. Señaló,
además, que las autoridades deben ser las que, junto con la
comunidad, ejecuten un plan de seguridad barrial para evitar
que ocurran aquellos sucesos propios de los barrios
marginados, en los que la gente, cansada de soportar la falta
de seguridad, prefiere hacer justicia por sus propias manos.

En los cordones de pobreza de Quito se han establecido la
droga, la delincuencia, dice Jaime González, coordinador
barrial de los barrios del sur Chillogallo y Las Cuadras y
ex-dirigente de la cooperativa Martha Bucaram de Roldós.

La población ha comenzado a responder "con una ira engendrada
hace mucho tiempo". Y su respuesta tiene dos lados: la
solidaridad para defenderse y el riesgo de que, al tomarse la
justicia por su propia mano, los pobladores acaben con el
maleante.

Ya ha ocurrido -recuerda Jaime González-. En el barrio Nuevos
Horizontes han quemado por dos ocasiones a los maleantes
sorprendidos. Otro caso ocurrió en la ciudadela del ejército.
Los maleantes son apaleados antes de entregarlos a la policía.

Esta auto-justicia la han comenzado a buscar los barrios con
la formación de brigadas de defensa. Pero, cosas de la guerra,
es con ocasión del conflicto fronterizo que estas brigadas se
fortalecen y pasan de la simple vigilancia a la acción. "A
base de las brigadas de solidaridad -cuenta González-
capturamos a dos ladrones que asaltaban un bus".

Hace un tiempo -concluye el coordinador barrial- habíamos
manifestado que nos parecía absurdo que existan tantas fuerzas
policiales protegiendo al Palacio de Gobierno, mientras
barrios con decenas de miles de pobladores no cuentan ni
siquiera con una patrulla. "Nosotros estamos hace rato
solicitando se coloque un PAI. Hay uno cercano en la hacienda
Ibarra, pero allí existen alrededor de 30 mil pobladores y un
PAI no es suficiente".

En un conocido sector de El Inca y 6 de diciembre, las casas y
los negocios están a la buena de Dios y de los buenos vecinos.
Al no poder contratar los servicios de un guardia privado, se
han visto en la necesidad de protegerse ante los amigos de lo
ajeno con lo que tienen a la mano, candados, cadenas, alarmas,
perros y letreros que dicen: "cuidado, casa vigilada", que son
los que quedaron después que terminó el contrato con la
compañía de vigilancia.

La sra. Alicia, propietaria de la tienda más antigua del
sector, nos manifiesta que desde hace casi 10 meses, instaló
una alarma para proteger su negocio. "Así me siento más
segura", comenta. Pero también entre los vecinos se ayudan,
manteniéndose alerta ante cualquier intento de robo. Cada uno
de los moradores tiene una lista de teléfonos y cuando surge
una emergencia se comunican entre ellos y dan la voz de
alarma.

El caso de la panadería es diferente, tienen guardia propio a
la puerta, y claro duermen tranquilos. Pagan 40.000 mensuales,
que no es mucho y tiene asegurado su negocio. Por suerte,
hasta ahora no han sufrido ningún atraco.

Una de las quejas, a nivel general, es la falta de control
policial, sobretodo en zonas consideradas de alto riesgo, por
lo que se hace una llamado a la policía nacional para que tome
las medidas necesarias, sobre todo ahora que la guerra ha
terminado y que la vida vuelve a su curso normal. (5B)