Bruselas. 1 may 2001. Apoyamos el proceso de paz y ningún tipo de
actividad militar, dijo el comisario europeo, Chris Patten.

La Unión Europea (UE) destinará a Colombia un paquete de ayuda de 330
millones de euros (unos $294 millones) que suma el aporte ya anunciado
de la Comisión Europea y los de los 15 países de la UE, anunció ayer el
comisario europeo de Relaciones Exteriores, Chris Patten.

Patten hizo este anuncio en conferencia de prensa, tras la primera parte
de la tercera reunión del Grupo de apoyo al proceso de paz en Colombia
celebrada en Bruselas ayer, y que reúne a más de 30 países y organismos
internacionales donantes de ayuda al proceso de paz colombiano.

Este paquete incluye los fondos de la Comisión Europea, de 140 millones
de euros (unos $124 millones) para cinco años, divididos en 105 millones
de euros en ayuda programable y 35 millones en ayuda no programable, como
ya había anunciado en la segunda reunión de donantes celebrada en octubre
pasado en Bogotá, donde la comunidad anunció un paquete de $280 millones.

De estos 140 millones de euros, Bruselas desbloqueará este año 43
millones de euros para "pequeñas organizaciones de DDHH, desplazados y
primeros laboratorios de paz", indicó Patten.

El paquete de 330 millones de euros incluye también las aportaciones de
los 15 países de la UE, todavía no especificadas, salvo los $100 millones
que España ya anunció en julio pasado durante la reunión de donantes de
Madrid.

A este aporte europeo deben sumarse otras cantidades que la comunidad
internacional iba a hacer ayer, y que podrían sumar unos $800 millones,
según fuentes europeas.

"Apoyamos el proceso de paz y ningún tipo de actividad militar", reiteró
el comisario Patten al ser preguntado por la posición de la UE frente al
Plan Colombia, aunque no respondió a la pregunta de si la UE pediría el
cese de las fumigaciones aéreas realizadas con ayuda de EEUU, limitándose
a explicar que "como parte del proceso, intentamos ofrecerles cultivos
alternativos".

"Hoy nadie ha mencionado el Plan Colombia, solo los manifestantes",
señaló por su parte la secretaria de Estado sueca para la Cooperación,
Gun Britt Andersson.

Respecto de la condicionalidad de la ayuda europea, Patten respondió que
habrá un mecanismo de control a través del tribunal de cuentas y el
diálogo con el Gobierno y otros interlocutores, pero que "no habrá
ningúna otra condicionalidad".

El comisario Patten también manifestó su deseo de que los Quince
prolonguen el Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) para Colombia,
por el cual un 80% de lo que Colombia exporta a la UE lo hace sin pagar
aranceles. (AFP-AP)

Más esfuerzos contra los rebeldes

BRUSELAS.- El comisario europeo de Relaciones Exteriores, Chris Patten,
pidió ayer más esfuerzos al Gobierno colombiano para luchar contra los
paramilitares, y alentó al Ejército de Liberación Nacional (ELN) a
reanudar el diálogo con las autoridades.

Patten expresó su "gran preocupación por la violencia de los
paramilitares", y lanzó un "mensaje para que todos los grupos en
conflicto sigan comprometiéndose por la paz".

"El Gobierno debe intensificar los esfuerzos para luchar contra los
paramilitares", manifestó.

El comisario también quiso alentar al ELN para seguir en la mesa de
negociaciones con el Gobierno, después de que la segunda guerrilla del
país anunciara la suspensión del diálogo de paz el pasado 19 de abril.

Patten pidió que "el trabajo por la paz se convierta en una política de
Estado que comprometa a todos los candidatos y rebase las elecciones"
presidenciales de 2002 en Colombia.

Asimismo, señaló que el "apoyo financiero directo debe acompañarse con
asistencia diplomática continua si se quiere obtener consecuencias
duraderas".

Para Patten, "la ayuda económica es el corolario del impulso político", y
anunció que la ayuda de la UE al proceso de paz en Colombia será para dos
zonas de conflicto: la región del Magdalena Medio y "otra zona que se
anunciará posteriormente y estará en el sur del país". (AFP-AP)

- Política antidrogas de Estados Unidos, bajo presión

WASHINGTON.- La baja de un avión civil en Perú, hace casi dos semanas, ha
llamado la atención a una poca conocida pero controvertida política
estadounidense de interdicción de drogas. Durante los últimos 15 años,
EEUU ha gastado un estimado de $30 billones en control internacional de
drogas, en su mayoría en América Latina, y muchas veces sin que esto sea
del conocimiento público. Ahora la presión para un cambio en dicha
política está creciendo.

La baja de la aeronave "levanta cuestiones acerca de qué está haciendo
EEUU, y la histórica desconfianza que genera su injerencia en América
Latina", dice Michael Schifter, en el Diálogo Interamericano.

Desde marzo de 1995, Perú ha bajado a disparos, ha forzado el descenso o
ha bombardeado más de 30 aeronaves, además de capturar a más de una
docena en tierra, según la Agencia Central de Inteligencia (CIA).

Diputados y Senadores han solicitado una minuciosa revisión del programa,
sugiriendo que la investigación y suspensión de operaciones en Perú y
otros países latinoamericanos, ordenada por el presidente George W. Bush
la semana pasada, puede no ser suficiente. Está suspensión podría durar
hasta seis meses.

La Casa Blanca reconoce que el juego de culpas que ya se ha venido
discutiendo, tiene el potencial de echar a perder las relaciones entre
Perú y EEUU en un punto crítico. El país andino enfrenta una segunda
ronda de elecciones presidenciales para remplazar al exiliado Alberto
Fujimori.

Ninguno de los dos países está dispuesto a tomar total responsabilidad.
Fue poco después de que empezó el programa de interdicción en 1994, que
abogados del Departamento de Estado reconocieron la tenue línea que EEUU
ha estado caminando por algunos años. El miedo de quebrantar leyes
internacionales por participar en acciones impulsadas por el Gobierno
para aterrizar aeronaves por varios meses e instituir las reglas que
ahora definen sus procedimientos de operación.

Dañar las relaciones con sus socios Latinoamericanos es demasiado
riesgoso para la administración de Bush. La interdicción frena una
porción significativa de potenciales exportaciones ilícitas de drogas
hacia EEUU, estima Jonathan Winer, segundo secretario de los Asuntos de
Refuerzo de Ley y Narcóticos a nivel Internacional, durante la
administración de Clinton.

Frenar los esfuerzos estadounidenses en el proceso de interdicción sería
peligroso. (FINANCIAL TIMES) (Diario Hoy)
EXPLORED
en Ciudad Bruselas

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