Quito (Ecuador). 05 nov 95. Las autoridades dejaron sin
esclarecer numerosos casos de violación de los derechos
humanos documentados en años anteriores, señala el "Informe
95" de AministÃa Internacional en relación a lo sucedido en el
Ecuador durante 1994.
El Informe también resalta que "siguieron recibiéndose
informes de torturas y malos tratos por parte de las fuerzas
de seguridad." En especial se menciona el caso de 30 personas
-29 de ellas de origen colombiano- que fueron torturadas y
amenazadas de muerte tras ser detenidas por el Ejército en
diciembre de 1993 como consecuencia de una emboscada que dÃas
antes habÃan tendido guerrilleros colombianos a una patrulla
de las Fuerzas Armadas ecuatorianas.
También se señala diversos casos de violencia contra los
indÃgenas luego de que el Gobierno promulgara la Ley Agraria
y se desataran actos de protesta contra ella.
El informe hace énfasis en la impunidad en la que están
quedando numerosos casos de violaciones a los derechos humanos
como el de la muerte, luego de ser golpeado por la policÃa, de
Oscar Aguilera López (ocurrida en 1993) o el de la muerte en
1993 de siete personas a manos de fuerzas de seguridad.
El informe también menciona la lentitud judicial en el
juzgamiento de la tortura y muerte de la profesora Consuelo
Benavides a manos de varios miembros del ejército, la marina y
la policÃa.
A continuación, el texto completo del Informe 95 de AI.
"Según informes, los miembros de las fuerzas de seguridad
torturaron y maltrataron a muchos detenidos. El proceso
judicial en un caso de "desaparición" terminó con la condena
de siete agentes de policÃa. Siguieron sin resolverse
numerosos casos sobre violaciones de derechos humanos
documentados en años anteriores."
En marzo, las autoridades anunciaron que la PolicÃa Judicial,
de reciente creación, habÃa iniciado su actividad en la
capital, Quito, y en la ciudad de Guayaquil, y que
gradualmente se implantarÃa en el resto del paÃs (véanse
Informes de AmnistÃa Internacional de 1992 a 1994).
Sin embargo, según los informes recibidos, el presidente de la
Corte Suprema de Justicia declaró en julio que la PolicÃa
Judicial todavÃa no habÃa empezado a funcionar y que su
existencia sólo se encontraba recogida en el Código de
Procedimiento Penal. A fines de año estaba documentado el
comienzo de la actividad de la PolicÃa Judicial en Quito.
En junio, el presidente Sixto Durán Ballén promulgó una ley
agraria que, al parecer, afectaba de forma negativa a los
derechos sociales de la tierra de que disfrutaban los
indÃgenas. La ley provocó numerosas protestas de estos,
incluidas la ocupación de instalaciones públicas y la
interrupción del tráfico en la carretera Panamericana.
Según informes, durante los primeros dÃas de las protestas,
varias personas murieron en enfrentamientos entre los
indÃgenas y los comerciantes o los grupos paramilitares
organizados por los terratenientes. Posteriormente, el
presidente declaró el estado de excepción y movilizó al
ejército para acallar las protestas.
En septiembre, el presidente Durán Ballén promulgó un decreto
por el que se encargaba el ejército de la planificación y la
realización de las operaciones contra la delincuencia junto a
la PolicÃa Nacional.
Siguieron recibiéndose informes de torturas y malos tratos por
parte de las fuerzas de seguridad. Según estos informes, 30
personas -todas menos una, ciudadanos colombianos- fueron
torturadas y amenazadas de muerte tras ser detenidas por el
ejército a finales de diciembre de 1993. Las detenciones se
produjeron en relación con una emboscada tendida por la
guerrilla colombiana a una patrulla fronteriza ecuatoriana en
el rÃo Putumayo, en la que murieron 11 personas entre policÃas
y soldados. Diecinueve detenidos habÃan quedado en libertad
al cabo de 48 horas y el ejército mantuvo recluidos a 11 en
régimen de incomunicación entre seis y 10 dÃas.
A estos 11 detenidos los vendaron los ojos, les propinaron
patadas, los colgaron, los rociaron con gases, los bañaron con
creolina, les aplicaron descargas eléctricas y los sometieron
a simulacros de ejecución. Carmen Bolaños Mora, la única
mujer detenida, fue violada hasta que perdió el conocimiento.
Los 11 detenidos, antes de pasar a custodia policial,
admitieron bajo tortura haber participado en la emboscada. A
finales de agosto cuatro de los 11 detenidos fueron liberados
por un juez, que resolvió que no habÃa fundamentos para
procesarlos. Los abogados expertos en casos de derechos
humanos que representaban a los siete detenidos restantes
defendieron su inocencia.
El 12 de abril, Oscar Soto y el refugiado colombiano John
Kennedy GarcÃa Petevi fueron detenidos en Quito por la policÃa
y acusados de haber cometido delitos. Según informes,
golpearon a Oscar Soto con dureza mientras le interrogaban.
Los defensores de los derechos humanos que le visitaron el 24
de abril en el Centro de Detención Provisional, al que fue
trasladado, informaron de que su torso mostraba extensas
contusiones. Una radiografÃa practicada a mediados de mayo
mostraba que tenÃa una costilla fracturada.
Según informes, John Kennedy GarcÃa fue obligado a firmar una
declaración autoincriminatoria y a acusar a un defensor de los
derechos humanos independiente, asà como a un representante
del alto comisionado de la Naciones Unidas por los Refugiados
en Ecuador, de ayudar e incitar a los refugiados colombianos a
cometer delitos.
Según informes, el 22 de junio, durante unas operaciones
militares destinadas a acallar las protestas contra la nueva
ley agraria, numerosos indÃgenas fueron golpeados por
efectivos del ejército después de refugiarse en un convento de
Guamote, en la provincia de Chimborazo. Según estos informes,
les obligaron a concentrarse en el patio del convento, donde
les golpearon y, posteriormente, les colocaron al borde de una
quebrada. Algunos sufrieron lesiones graves cuando, en
circunstancias no aclaradas, se despeñaron por la quebrada.
Una investigación policial sobre el caso de Luis Olmedo
Aguilera López -que murió en 1993, según informes, unos dÃas
después de ser golpeado por la policÃa (véase Informe 1994 de
AmnistÃa Internacional)-, concluyó que su muerte s habÃa
debido a causas naturales. Sin embargo según parece, no se
abrió ninguna investigación independiente de los hechos.
En noviembre, la Corte Suprema de Justicia condenó a siete
oficiales de la PolicÃa Nacional, incluidos dos generales y un
director en retiro, a penas de prisión que variaban entre 2 y
16 años por el secuestro, tortura y asesinato de los hermanos
Restrepo, que "desaparecieron" en 1988 (véase los Informes de
AmnistÃa Internacional de 1992 a 1994). Los abogados que
representaban a los siete condenados anunciaron que
recurrirÃan contra las sentencias. La Corte Suprema de
Justicia ordenó el enjuiciamiento de otros tres oficiales por
haber obstaculizado las investigaciones del caso.
Las autoridades dejaron sin esclarecer numerosos casos de
violación de los derechos humanos documentados en años
anteriores. En febrero, el fiscal general responsabilizó a
varios miembros del ejército, la armada y la policÃa de la
detención arbitraria y la tortura de Serapio Ordóñez y
Consuelo Benavides, y el homicidio de esta última, en 1985.
Dos ministros de Defensa del gobierno del ex presidente León
Febres Cordero fueron acusados de estar implicados en el
encubrimiento del caso. La instrucción del sumario no habÃa
concluido al finalizar el año (véanse Informes anteriores de
AmnistÃa Internacional).
Al parecer no se avanzó en las investigaciones sobre la
muerte, ocurrida en 1993, de siete personas a manos de las
fuerzas de seguridad (véase Informe de 1994).
AmnistÃa Internacional instó al gobierno a emprender una
investigación judicial imparcial y exhaustiva sobre la
presunta tortura de 30 personas detenidas en el rÃo Putumayo,
y de Oscar Soto y John Kennedy GarcÃa Petevi. Las autoridades
respondieron únicamente al primer caso, afirmando que sólo se
habÃa detenido a 12 "subversivos" y que "en ningún momento se
los habÃa presionado, torturado ni violado sus derechos
humanos". En junio, la organización hizo un llamamiento a las
autoridades para que garantizasen que las fuerzas de seguridad
respetarÃan escrupulosamente las normas internacionales sobre
derechos humanos cuando tuvieran que reprimir las protestas de
los indÃgenas contra la ley agraria; también instó a que se
investigasen de inmediato las denuncias de violaciones de
derechos humanos. Las autoridades informaron a AmnistÃa
Internacional de que las conversaciones con los indÃgenas y
otras organizaciones habÃan supuesto al fin pacÃfico de las
protestas, pero no hicieron referencia a las denuncias de que
numerosos indÃgenas que participaban en las protestas de
Guamote habÃan sido golpeados."
Qué es AmnistÃa Internacional
AmnistÃa Internacional (AI) es un movimiento mundial de
voluntarios que se esfuerza por prevenir algunas de las peores
violaciones de derechos humanos que cometen los gobiernos.
El trabajo de AI, en especial, se dirige hacia la obtención de
la libertad de todos los presos de conciencia, lograr que se
juzgue con prontitud e imparcialidad a los presos polÃticos,
conseguir la abolición de la pena de muerte y la erradicación
de la tortura y otros tratos crueles a los presos; y, poner
fin a las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones.
AI también denuncia y se opone a los abusos y actos de
violencia de los grupos de oposición. La organización se
declara imparcial e independiente de todo gobierno, ideologÃa
polÃtica y credo religioso.
Para mantener su independencia, se financia con las donaciones
y suscripciones de sus miembros en todo el mundo, sin aceptar
donaciones de ningún gobierno.
AI cuenta con más de 1 millón 100 mil miembros, suscriptores y
simpatizantes repartidos en más de 170 paÃses y territorios.
Para ser miembro de AmnistÃa Internacional, usted se puede
contactar con la sección ecuatoriana ubicada en la 10 de
agosto #645 Of. 806, casilla 17-15-240-C, Quito. (Social)
(Diario HOY) (9A)
esclarecer numerosos casos de violación de los derechos
humanos documentados en años anteriores, señala el "Informe
95" de AministÃa Internacional en relación a lo sucedido en el
Ecuador durante 1994.
El Informe también resalta que "siguieron recibiéndose
informes de torturas y malos tratos por parte de las fuerzas
de seguridad." En especial se menciona el caso de 30 personas
-29 de ellas de origen colombiano- que fueron torturadas y
amenazadas de muerte tras ser detenidas por el Ejército en
diciembre de 1993 como consecuencia de una emboscada que dÃas
antes habÃan tendido guerrilleros colombianos a una patrulla
de las Fuerzas Armadas ecuatorianas.
También se señala diversos casos de violencia contra los
indÃgenas luego de que el Gobierno promulgara la Ley Agraria
y se desataran actos de protesta contra ella.
El informe hace énfasis en la impunidad en la que están
quedando numerosos casos de violaciones a los derechos humanos
como el de la muerte, luego de ser golpeado por la policÃa, de
Oscar Aguilera López (ocurrida en 1993) o el de la muerte en
1993 de siete personas a manos de fuerzas de seguridad.
El informe también menciona la lentitud judicial en el
juzgamiento de la tortura y muerte de la profesora Consuelo
Benavides a manos de varios miembros del ejército, la marina y
la policÃa.
A continuación, el texto completo del Informe 95 de AI.
"Según informes, los miembros de las fuerzas de seguridad
torturaron y maltrataron a muchos detenidos. El proceso
judicial en un caso de "desaparición" terminó con la condena
de siete agentes de policÃa. Siguieron sin resolverse
numerosos casos sobre violaciones de derechos humanos
documentados en años anteriores."
En marzo, las autoridades anunciaron que la PolicÃa Judicial,
de reciente creación, habÃa iniciado su actividad en la
capital, Quito, y en la ciudad de Guayaquil, y que
gradualmente se implantarÃa en el resto del paÃs (véanse
Informes de AmnistÃa Internacional de 1992 a 1994).
Sin embargo, según los informes recibidos, el presidente de la
Corte Suprema de Justicia declaró en julio que la PolicÃa
Judicial todavÃa no habÃa empezado a funcionar y que su
existencia sólo se encontraba recogida en el Código de
Procedimiento Penal. A fines de año estaba documentado el
comienzo de la actividad de la PolicÃa Judicial en Quito.
En junio, el presidente Sixto Durán Ballén promulgó una ley
agraria que, al parecer, afectaba de forma negativa a los
derechos sociales de la tierra de que disfrutaban los
indÃgenas. La ley provocó numerosas protestas de estos,
incluidas la ocupación de instalaciones públicas y la
interrupción del tráfico en la carretera Panamericana.
Según informes, durante los primeros dÃas de las protestas,
varias personas murieron en enfrentamientos entre los
indÃgenas y los comerciantes o los grupos paramilitares
organizados por los terratenientes. Posteriormente, el
presidente declaró el estado de excepción y movilizó al
ejército para acallar las protestas.
En septiembre, el presidente Durán Ballén promulgó un decreto
por el que se encargaba el ejército de la planificación y la
realización de las operaciones contra la delincuencia junto a
la PolicÃa Nacional.
Siguieron recibiéndose informes de torturas y malos tratos por
parte de las fuerzas de seguridad. Según estos informes, 30
personas -todas menos una, ciudadanos colombianos- fueron
torturadas y amenazadas de muerte tras ser detenidas por el
ejército a finales de diciembre de 1993. Las detenciones se
produjeron en relación con una emboscada tendida por la
guerrilla colombiana a una patrulla fronteriza ecuatoriana en
el rÃo Putumayo, en la que murieron 11 personas entre policÃas
y soldados. Diecinueve detenidos habÃan quedado en libertad
al cabo de 48 horas y el ejército mantuvo recluidos a 11 en
régimen de incomunicación entre seis y 10 dÃas.
A estos 11 detenidos los vendaron los ojos, les propinaron
patadas, los colgaron, los rociaron con gases, los bañaron con
creolina, les aplicaron descargas eléctricas y los sometieron
a simulacros de ejecución. Carmen Bolaños Mora, la única
mujer detenida, fue violada hasta que perdió el conocimiento.
Los 11 detenidos, antes de pasar a custodia policial,
admitieron bajo tortura haber participado en la emboscada. A
finales de agosto cuatro de los 11 detenidos fueron liberados
por un juez, que resolvió que no habÃa fundamentos para
procesarlos. Los abogados expertos en casos de derechos
humanos que representaban a los siete detenidos restantes
defendieron su inocencia.
El 12 de abril, Oscar Soto y el refugiado colombiano John
Kennedy GarcÃa Petevi fueron detenidos en Quito por la policÃa
y acusados de haber cometido delitos. Según informes,
golpearon a Oscar Soto con dureza mientras le interrogaban.
Los defensores de los derechos humanos que le visitaron el 24
de abril en el Centro de Detención Provisional, al que fue
trasladado, informaron de que su torso mostraba extensas
contusiones. Una radiografÃa practicada a mediados de mayo
mostraba que tenÃa una costilla fracturada.
Según informes, John Kennedy GarcÃa fue obligado a firmar una
declaración autoincriminatoria y a acusar a un defensor de los
derechos humanos independiente, asà como a un representante
del alto comisionado de la Naciones Unidas por los Refugiados
en Ecuador, de ayudar e incitar a los refugiados colombianos a
cometer delitos.
Según informes, el 22 de junio, durante unas operaciones
militares destinadas a acallar las protestas contra la nueva
ley agraria, numerosos indÃgenas fueron golpeados por
efectivos del ejército después de refugiarse en un convento de
Guamote, en la provincia de Chimborazo. Según estos informes,
les obligaron a concentrarse en el patio del convento, donde
les golpearon y, posteriormente, les colocaron al borde de una
quebrada. Algunos sufrieron lesiones graves cuando, en
circunstancias no aclaradas, se despeñaron por la quebrada.
Una investigación policial sobre el caso de Luis Olmedo
Aguilera López -que murió en 1993, según informes, unos dÃas
después de ser golpeado por la policÃa (véase Informe 1994 de
AmnistÃa Internacional)-, concluyó que su muerte s habÃa
debido a causas naturales. Sin embargo según parece, no se
abrió ninguna investigación independiente de los hechos.
En noviembre, la Corte Suprema de Justicia condenó a siete
oficiales de la PolicÃa Nacional, incluidos dos generales y un
director en retiro, a penas de prisión que variaban entre 2 y
16 años por el secuestro, tortura y asesinato de los hermanos
Restrepo, que "desaparecieron" en 1988 (véase los Informes de
AmnistÃa Internacional de 1992 a 1994). Los abogados que
representaban a los siete condenados anunciaron que
recurrirÃan contra las sentencias. La Corte Suprema de
Justicia ordenó el enjuiciamiento de otros tres oficiales por
haber obstaculizado las investigaciones del caso.
Las autoridades dejaron sin esclarecer numerosos casos de
violación de los derechos humanos documentados en años
anteriores. En febrero, el fiscal general responsabilizó a
varios miembros del ejército, la armada y la policÃa de la
detención arbitraria y la tortura de Serapio Ordóñez y
Consuelo Benavides, y el homicidio de esta última, en 1985.
Dos ministros de Defensa del gobierno del ex presidente León
Febres Cordero fueron acusados de estar implicados en el
encubrimiento del caso. La instrucción del sumario no habÃa
concluido al finalizar el año (véanse Informes anteriores de
AmnistÃa Internacional).
Al parecer no se avanzó en las investigaciones sobre la
muerte, ocurrida en 1993, de siete personas a manos de las
fuerzas de seguridad (véase Informe de 1994).
AmnistÃa Internacional instó al gobierno a emprender una
investigación judicial imparcial y exhaustiva sobre la
presunta tortura de 30 personas detenidas en el rÃo Putumayo,
y de Oscar Soto y John Kennedy GarcÃa Petevi. Las autoridades
respondieron únicamente al primer caso, afirmando que sólo se
habÃa detenido a 12 "subversivos" y que "en ningún momento se
los habÃa presionado, torturado ni violado sus derechos
humanos". En junio, la organización hizo un llamamiento a las
autoridades para que garantizasen que las fuerzas de seguridad
respetarÃan escrupulosamente las normas internacionales sobre
derechos humanos cuando tuvieran que reprimir las protestas de
los indÃgenas contra la ley agraria; también instó a que se
investigasen de inmediato las denuncias de violaciones de
derechos humanos. Las autoridades informaron a AmnistÃa
Internacional de que las conversaciones con los indÃgenas y
otras organizaciones habÃan supuesto al fin pacÃfico de las
protestas, pero no hicieron referencia a las denuncias de que
numerosos indÃgenas que participaban en las protestas de
Guamote habÃan sido golpeados."
Qué es AmnistÃa Internacional
AmnistÃa Internacional (AI) es un movimiento mundial de
voluntarios que se esfuerza por prevenir algunas de las peores
violaciones de derechos humanos que cometen los gobiernos.
El trabajo de AI, en especial, se dirige hacia la obtención de
la libertad de todos los presos de conciencia, lograr que se
juzgue con prontitud e imparcialidad a los presos polÃticos,
conseguir la abolición de la pena de muerte y la erradicación
de la tortura y otros tratos crueles a los presos; y, poner
fin a las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones.
AI también denuncia y se opone a los abusos y actos de
violencia de los grupos de oposición. La organización se
declara imparcial e independiente de todo gobierno, ideologÃa
polÃtica y credo religioso.
Para mantener su independencia, se financia con las donaciones
y suscripciones de sus miembros en todo el mundo, sin aceptar
donaciones de ningún gobierno.
AI cuenta con más de 1 millón 100 mil miembros, suscriptores y
simpatizantes repartidos en más de 170 paÃses y territorios.
Para ser miembro de AmnistÃa Internacional, usted se puede
contactar con la sección ecuatoriana ubicada en la 10 de
agosto #645 Of. 806, casilla 17-15-240-C, Quito. (Social)
(Diario HOY) (9A)
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