Washington. 16.12.92. Los casos de Haití y Perú muestran dos
facetas de la acción multilateral en favor de la democracia
regional, con resultados inciertos en un caso, y expectativas
de solución en el otro.
Pero mientras la comunidad interamericana todavía aguarda el
restablecimiento del sistema democrático en ambos países del
hemisferio, persiste la inseguridad por la forma en que
procederá si un nuevo intento golpista tiene éxito en
Venezuela.
Haití y Perú pusieron a prueba los mecanismos creados en 1991
por la OEA, en su asamblea general celebrada en Santiago, para
resguardar el sistema democrático, y todavía no está claro si
los mecanismos con los que cuenta son los más efectivos.
Las elecciones constituyentes del 22 de noviembre en Perú
dejaron entre diplomáticos latinoamericanos la sensación de
que los instrumentos de la OEA han dado resultados
satisfactorios para revertir la interrupción democrática.
El presidente peruano, Alberto Fujimori, fue el responsable de
la suspensión del congreso y la intervención del poder
judicial, en una acción adoptada el 5 de abril para apuntalar
la lucha contra el narcotráfico, la insurgencia y la
corrupción.
La acción de Fujimori motivó una declaración de condena del
"autogolpe", aunque se abstuvo de aplicar sanciones, como el
embargo económico que meses antes había establecido en Haití.
En el país caribeño, en cambio, no hay solución a la vista ni
perspectivas de aplicar acciones nuevas para superar la
crisis, después de más de un año de embargo económico y de
intentos de promover el diálogo entre las partes en conflicto.
El conflicto del país caribeño se desató el 30 de septiembre
de 1991, con el golpe militar contra el presidente
Jean-Bertrand Aristid, quien desde entonces permanece en el
exilio.
Ambos casos fueron evaluados por los ministros de relaciones
exteriores del hemisferio en sendas reuniones los días 13 y 14
de este mes en Washington.
Los cancilleres americanos analizarán también, los días 15 y
16, una propuesta de reforma a la carta de la OEA para
suspender a los países que interrumpen su sistema democrático,
como una forma de fortalecer su acción en favor de los
gobiernos designados en elecciones libres.
"No hay duda de que los instrumentos de la OEA han servido
perfectamente para que a democracia esté en camino de
restablecerse en Perú", declaró a IPS el embajador de
Argentina ante la OEA, Hernán Patiño.
No obstante, reconoció que en Haití no ha sucedido lo mismo,
pero consideró que debe continuar con la misma política, de
embargo económico y promoción del diálogo.
Argentina tuvo a su cargo la propuesta de reforma de la carta
de la OEA. Su embajador comentó que la medida no pretende
convertirse en un instrumento para presionar cambios en
regímenes totalitarios, sino de "guardar coherencia" en el
foro, al asegurar que solo gobiernos democráticos participen
en él.
Aclaró que el mecanismo de exclusión se aplicaría solo en caso
de que se agoten los instrumentos diplomáticos para resolver
los casos de interrupción democrática, y negó que la
suspensión de países miembros fuera automática.
A su vez, el embajador de Venezuela ante el foro regional,
Guido Grooscors, consideró que la OEA debe enfatizar el
diálogo entre las partes que puedan resolver la situación
haitiana, en particular los militares y el gobierno depuesto.
En el caso de Perú, consideró que todavía es prematuro para
aseverar que la democracia esté definitivamente en camino de
establecerse con la elección de la constituyente, que tendría
también funciones legislativas y fiscalizadoras.
Por su parte, Richard Feinberg, presidente del grupo "Diálogo
Interamericano", aseveró que la OEA no estaba preparada para
responder y adoptar una política que respaldara el equilibrio
de poder en Haití, por lo que sus gestiones han sido
ineficaces.
Entre tanto, Bruce Babbit, ex gobernador de Arizona y experto
en relaciones con América Latina, consideró que la acción de
la OEA fue decisiva para que la situación peruana esté
enrumbada por el camino del retorno democrático.
Ambos expertos norteamericanos consideraron que en el futuro,
el resguardo del sistema democrático debe estar por encima de
consideraciones de soberanía, al señalar que ese criterio no
puede escudar abusos de los derechos humanos y de la voluntad
popular.
En ese sentido, Diálogo Interamericano, foro que reúne a
políticos y académicos de todo el hemisferio, propuso una
serie de mecanismos para fortalecer el papel de la OEA en la
protección de la democracia y prevención de su interrupción,
incluida la intervención de una fuerza regional.
En la esfera política y diplomática, planteó negar visas a
dirigentes golpistas y sus simpatizantes, suspender al país de
foros regionales y subregionales, retirar embajadores y
reconocimiento diplomático, y apoyar a grupos de oposición.
En lo económico, propuso suspender los programas bilaterales
de asistencia y las preferencias comerciales, y suspender toda
relación económica. (IPS)
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