Quito. 13 may 2001. Funcionan en locales insalubres, con profesores que
solo tienen tÃtulo de bachiller y cobran entre 2 y 8 dólares.
Alos siete años de edad, Jesús Vázquez Cabezas soportó el primer calvario
en su vida estudiantil. Aprender a leer y escribir fue un proyecto que,
obligatoriamente, tuvo que postergar junto con 30 compañeros, en agosto
de 2000. Es que, sin previo aviso, los dos profesores que con desborde de
entusiasmo llegaron a ofrecer sus servicios a inicios de año,
desaparecieron.
Atónitos e impotentes, los padres de familia, que pagaron $2 durante
cuatro meses como pensión, no tuvieron más que esperar el inicio del
nuevo año lectivo, en abril de 2001, para matricular a sus hijos en otra
de las escuelas particulares de la cooperativa Nueva Prosperina, en
Guayaquil.
La de Jesús Vásquez es una de las muchas historias que se tejen en las
cooperativas urbano-marginales de esa ciudad, donde la falta de locales
educativos fiscales ha despertado la astucia de quienes se autocalifican
de docentes y crean escuelas, sin considerar las mÃnimas normas
indispensables para el funcionamiento.
La situación es más crÃtica en otros casos, donde menores que terminaron
la instrucción primaria no tienen documentos avalados por la Dirección
de Educación Provincial de Educación. Una simple libreta de
calificaciones certifica que están en cierto grado o que terminaron la
primaria. Directores de escuelas estatales del sector dan cuenta de
ello, pues aceptan alumnos de grados intermedios con esos problemas.
Cierran asà un cÃrculo vicioso en el que se pone en juego el derecho de
estos a "desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad
mental y fÃsica hasta el máximo de sus posibilidades...", como dice el
artÃculo 29 de la Declaración de los Derechos del Niño, de las Naciones
Unidas. Laddy es otra vÃctima de ese cÃrculo. En Nueva Prosperina, ha
recorrido por lo menos tres escuelas particulares sin permiso y, ahora,
que tiene 12 años y cursa el quinto grado, "... escribe como un niño de
primero...ha escapado de la mala enseñanza de otras escuelas", afirma
Ana Avelino, su actual tutora de la escuela Amigo Jesús. El comentario
resulta paradójico, pues Laddy estudia en un local no autorizado.
¿Permiso de funcionamiento? "Aún no...", afirma Avelino. "Pero por eso
no vamos a perjudicar a los niños privándoles la educación. Además,
vamos a sacarlo...", justifica.
"... los Estados adoptarán cuantas medidas sean adecuadas para velar por
que la disciplina escolar se administre de modo compatible con la
dignidad humana del niño ...", dice el artÃculo 28 de la Declaración de
los Derechos del Niño. Laddy y su madre, Rosa Soledispa, ignoran ese
derecho, que se viola no solo en esta escuela, sino en algunas, incluso
legales, del sector. En el margen nordeste de Guayaquil, las escuelas
piratas surgen por la confluencia de una serie de factores. Las
precarias condiciones en que allà se vive el ingreso per cápita está
entre $60 y $80 permiten que haya quienes intenten hacer de la
educación un negocio lucrativo. Educación bilingüe, computación, danza y
becas, que no se cumplen, son estrategias para reclutar alumnos.
Y como esas escuelas no constan en los planes de supervisión, porque
formalmente no existen, las reglas del juego las imponen los
propietarios y los supuestos directores, que en ocasiones resultan ser
los mismos dirigentes barriales.
Otra caracterÃstica de estas escuelas es la facilidad para cambiar de
nombre. Martha Corozo, moradora de ParaÃso de la Flor, recuerda que en
1997, matriculó a su hija en una escuela, que hasta el 2000, cuando
obtuvo el permiso, cambió de nombre en tres oportunidades. "El
Ministerio de Educación y Cultura sancionará a las personas naturales o
jurÃdicas que organizaren establecimientos educativos sin la
autorización oficial y adoptará las medidas más convenientes para
garantizar el derecho de los alumnos", dice en el artÃculo 176 de la Ley
y Reglamento de Educación. ¿Se cumple? Las autoridades reconocen la
existencia de estas escuelas, pero se declaran impotentes de tomar
medidas efectivas para acabar con esas anomalÃas recurrentes en la zona
marginal.
Se evaden 19 procedimientos cuyos trámites demoran un año
Los certificados de terminar la primaria no los emiten las escuelas
donde se asiste, sino otras
El cumplimiento de los 19 requisitos para crear una escuela
especialmente la falta de infraestructura y personal docente se
convierten en la piedra de tropiezo que admiten los propietarios de las
escuelas piratas para no legalizarlas.
Tramitar un permiso dura cerca de un año, lapso en el que se revisan los
documentos en la División de CurrÃculo y se cumple con la inspección de
la escuela, función que ejecuta un supervisor.
En el año 2000, solicitaron permiso de funcionamiento 54 jardines de
infantes y 90 escuelas particulares, según registros de la Dirección
Provincial de Educación. Los permisos debieron ser expedidos para este
perÃodo lectivo, pero no se los ha otorgado porque durante seis meses
permaneció vacante la jefatura de la División CurrÃculo, explica Freddy
Viteri Jiménez, jefe del departamento de Educación Básica.
"Sucede que en ocasiones el 90% de las escuelas que solicita el permiso
ya tienen tiempo funcionando, y se ven obligadas a legalizarse por
presiones de padres que detectan que trabajan de esta manera", dice otro
funcionario.
En este sentido, los certificados de terminar la primaria se obtienen
por terceros e, incluso, en las escuelas de los sectores marginales,
pasan por alto o son simples libretines de aprovechamiento.
Según Viteri Jiménez, el proceso que se lleva para otorgar el permiso,
es riguroso y se apega estrictamente a los requisitos. Sin embargo, esto
en la realidad no se aplica, si se considera la condición en que
trabajan las escuelas marginales supuestamente legalizadas.
En la práctica, de los 19 requisitos más de cinco se incumplen. Entre
ellos, los relacionados con infraestructura, contratos de los docentes
y personal de servicio, asà como los tÃtulos profesionales de estos.
Matemáticas
- La falta de escuelas regentadas por el Estado es lo que permite el
surgimiento de locales piratas.
- Según el censo de Misión Alianza de Noruega, avalado por el INEC, el
14,3% de los niños de diez años que habitan en la zona ParaÃso de la
Flor, no asiste a la escuela.
- El 12,95% de los menores de este sector no terminan el último año de
Educación Básica.
- De cada 100 alumnos que se matriculan en el primer grado, el 56% llega
al primer curso y, de ellos, solo 14 serán bachilleres.
- El 86% de los profesores no tiene tÃtulo habilitante en el nivel
preprimario. En el primario el 21% son docentes y el 37% son bachilleres
en ciencias de la educación.
- Entre los docentes, 23% poseen otro tÃtulo profesional y el 30% no
tiene estudios universitarios. El 71,5% de docentes son mujeres, según
el Ministerio de Educación y Cultura.
- La desvalorización social de la profesión docente viene agravada por
la escasa remuneración.
- Malas condiciones de vida, salarios bajos, carencias nutricionales y
sanitarias, viviendas precarias, desempleo y subempleo inciden en la
capacidad de aprender de los niños.
- En Guayaquil, hay 2 135 personas que ejercen la docencia a nivel
preprimario en las escuelas particulares laicas.
- En la urbe funcionan 710 escuelas laicas particulares, en las que se
educan 90 189 infantes. De esta cifra, 30 mil estudiarÃan en las
cooperativas urbano-marginales del norte.
- Por la crisis económica, el 20% de las familias dejó de enviar por lo
menos a un niño a la escuela, según datos de quienes reciben el bono de
la pobreza.
Copropietario, docente y director, en una sola persona
Esposo de la directora del plantel. Tiene a su cargo un grado. Es además
el profesor de educación fÃsica, copropietario de la escuela y director
de los proyectos comunitarios, que dice emprender en el sector del
FortÃn, kilómetro 26 de la vÃa Perimetral, al noroeste de Guayaquil. Se
trata de Edisson Realpe, miembro de la Unión Nacional de Educadores y
militante del Movimiento Popular Democrático.
Su inclinación polÃtica se refleja en la gran pancarta que promociona a
Carlos Medina, dirigente emepedista, instalada en el reducido patio de
Jumandi, su escuela, cuya numeración es la 640, otorgada por la
Dirección de Educación del Guayas. Allà se educan cerca de 300 niños, en
un espacio que no responde al número del alumnado: Solo dos pabellones
de 40 m2. Realpe no se inmuta al momento de explicar por qué tiene una
pancarta proselitista en su local escolar. "Es que es mi partido", dice,
orgulloso.
Lo que él desconoce es que "El Estado (...) prohÃbe la propaganda y
proselitismo polÃtico en los planteles educativos...", según el artÃculo
67 de la Constitución PolÃtica. En el sector del FortÃn se contabilizan
más de 20 escuelas particulares, entre legales e ilegales.
"... y algunas son de los dirigentes de las cooperativas", coinciden en
afirmar varios moradores. Un kilómetro más allá, en la segunda etapa de
la precooperativa Balerio Estacio, un letrero anuncia las matrÃculas
para ingresar a la escuela Veinticinco de Junio. Gloria Vergara,
dirigente de la precooperativa admite no tener permiso de funcionamiento,
pero 30 niños están ya matriculados.
"La supervisora ya tiene conocimiento, por eso me recomendó trasladar a
los niños a otra escuela cercana hasta que salga el permiso", comenta.
Tugurios con informe favorable
Se producen hacinamientos humanos en cuartos de apenas 20 m2, que
albergan a más de 30 niños por aula.
Una descolorida pancarta, deteriorada por la estación invernal, anuncia
educación integral, computación e inglés por solo $2,5 mensuales.
Detrás de la pared donde reposa la pancarta, unos 60 niños, de entre 6 y
8 años de edad, reciben clases en un sitio de 40 m2. No hay un espacio
entre las viejas bancas bipersonales de madera. Solo un pequeño pasillo
por donde sólo se puede pasar de a uno. En la escuela, sin nombre, no
hay una computadora y menos una profesora bilingüe, pero el anuncio
atrajo a 100 niños.
"... que el niño ecuatoriano al finalizar la Educación Básica tenga un
alto desarrollo de su inteligencia, a nivel del pensamiento creativo,
práctico y teórico". Uno de los seis objetivos que plantea la Reforma
Curricular, parece retumbar muy lejos de estos infantes.
Dar un recorrido por estos sectores urbano-marginales de Guayaquil es
suficiente para hacer un diagnóstico de las inapropiadas condiciones en
las que cientos de niños son educados, en un sistema donde predominan
las infracciones al reglamento de Educación.
Cerca del 80% de las escuelas particulares legales e ilegales que se
encuentran en los sectores marginales de la parroquia urbana Tarqui, al
norte de Guayaquil, no cuentan con un sistema adecuado para preparar a
un individuo analÃtico, "capaz de reconocer sus derechos y deberes en
relación a sà mismos", como lo describe la nueva Reforma Curricular.
Y es que las deficiencias del sistema se inician desde el mismo proceso
para evaluar los permisos de funcionamiento, en el caso de las escuelitas
que deciden formalizar su situación.. "Los supervisores emiten un informe
favorable de las condiciones fÃsicas del plantel, pese a que la
infraestructura no cumple con los requisitos básicos para su creación",
afirma un funcionario vinculado a la Dirección de Educación del Guayas,
que guardó su nombre.
De allà que en estos planteles operen sin mayores controles, a pesar de
estar sujetos a la misma reglamentación que las escuelas fiscales.
Las más graves infracciones que cometen las escuelas particulares legales
e ilegales se refieren al incumplimiento de las normas mÃnimas de
infraestructura. "Las aulas deben tener un área de 1,5 m2 por alumno,
considerando un mÃnimo de 20 alumnos por cada una. Es decir, cada salón
de clases deberÃa tener 30 m2", dice en el literal 9, de los requisitos
necesarios para crear un plantel. ¿Ocurre as�. "No". Tomás Mancheno,
Director Provincial de Educación del Guayas, lo reconoce. "...en cierta
forma es cierto, hay escuelas en los bloques multifamiliares y en
programas de vivienda que laboran en un espacio de 36 m2".
En este sentido, la gran problemática se concentra en la zona norte de
la urbe, en la vÃa Perimetral, donde se localizan más de 20 cooperativas
y nuevos asentamientos, un sector con aproximadamente 300 mil habitantes.
AllÃ, el 66% de los niños asisten a las 33 escuelas particulares legales
y más de 15 establecimientos particulares sin permiso, que presentan en
un 90% problemas en su infraestructura, según un censo de Misión Alianza
de Noruega realizado el año pasado.
La norma se repite entre una y otra escuela. Son verdaderos hacinamientos
humanos, cuartos de 20 m2 hasta 40 m2, que albergan a más de 30 niños por
aula. Las bajas pensiones que cobran no permiten tener una
infraestructura adecuada", justifica Angel González, director de una
escuela legal, pero que incumple la normativa.
El informe de esta ONG, que despliega sus operaciones en dos de los
sectores más pobres de Guayaquil, indica que el 53,4% de los moradores
de la cooperativa ParaÃso de la Flor (zona norte) están conscientes de
que el espacio de la escuela más cercana es pequeño, pero no tienen
opción.
A esto se suman las deplorables condiciones higiénicas que rodean estos
locales. Un baño, en la mayorÃa de los casos, es utilizado por 100
niños.
Ahorro a costo de calidad
Lograr que se capacite a los docentes genera resistencias, según datos
de ONGs.
Los propietarios de las escuelas particulares (legales e ilegales)
prefieren contratar a personal no capacitado para asà pagarles bajos
sueldos y obtener una mejor utilidad por el cobro de las matrÃculas y
pensiones, según César Campoverde, investigador de la ONG Misión Alianza
de Noruega.
La conceptualización de la educación como un servicio cumunitario es
desplazada en estos sectores, donde los propietarios de los locales, en
gran número, carecen de una profesión ligada al campo educativo.
"El problema de estos sectores radica en el hecho de que la visión
mercantilista de los propietarios de las escuelas predomina sobre el
interés por brindar una ayuda social en estos sectores", dice
Campoverde.
El investigador recuerda que cuando la misión noruega inició ayudaba a
estas escuelas, en 1996, "como fundación nos dimos cuenta de cierto
recelo de los directores. "QuerÃan ayuda económica, pero cuando se
trataba de capacitar a los maestros habÃa cierta resistencia".
PrestatÃtulos ayudan a obtener licencias y refrendar a estudiantes que
no son suyos
El tráfico de tÃtulos y certificados es otra de las irregularidades que
se generan en el sistema de educación particular de los sectores
urbano-marginales de Guayaquil.
Ocurre en el proceso para obtener un permiso de funcionamiento hasta los
mecanismos que los directores de las escuelas piratas utilizan para
obtener los certificados de culminación de la instrucción básica, según
funcionarios de la Dirección de Estudios.
Hay casos en los que para obtener permisos de funcionamiento se presentan
tÃtulos de personas que, si bien cumplen los requisitos, nunca llegan a
trabajar en las escuelas para las que solicitan el permiso.
"Supuestamente se presenta una nómina del director y personal docente
capacitado, pero resulta que luego no son las mismas personas que
trabajan en las escuelas", indica un personero cercano al departamento
de CurrÃculo, que se encarga de impartir los permisos.
En un breve recorrido por la cooperativa El FortÃn se comprobó esta
versión. AllÃ, de cada cinco escuelas tres operan de esta manera. En la
Independencia Ecuatoriana, que tiene permiso 970, se encuentra de
directora titular Mireya Suárez Reyes. "Tengo tres años en estas
funciones". dice. Sin embargo, en los registros de la Dirección de
Estudios, el permiso se lo obtuvo con un tÃtulo de Eduardo Mauricio
Alvarado Zuñiga,. El aparece como director.
La misma situación se repite a un kilómetro de este establecimiento, en
la escuela con permiso 129 Señor de la Divina Esperanza, que tiene 300
alumnos. Angel González se presenta como el director. "Todo está en
regla", dice. Sin embargo, en ese mismo cargo aparece en los registros
de la Dirección de Estudios el nombre de MarÃa Elena Maridueña Triviño.
Algo similar ocurre cuando se presenta la nómina del personal docente
que supuestamente labora en los planteles. "El personal deberá reunir
los mismos requisitos determinados para el ejercicio docente, en el
magisterios fiscal", dice en artÃculo 327 de la Ley de Educación. Este
es el quinto requisito necesario para la creación de escuelas
particulares, mas muy pocos establecimientos de estas zonas lo cumple.
"Solo es una pantalla, la mayorÃa de los que trabajan allà no son los
mismos que aparecen en las nóminas", dice un funcionario. Mecanismos
similares son utilizados por los directores de las escuelas piratas para
obtener los certificados de haber terminado la instrucción primaria. Con
frecuencia, se buscan nexos con otras escuelas que sà tienen permisos.
"... se une el nombre de estos niños que han estudiado en una escuela
pirata y se los incluye a la nómina (cuadro G) de los menores que
estudian legalmente. Esta nómina la firma el supervisor, el profesor y el
director y va a la Dirección". Es un procedimiento que muchos dominan. En
las cooperativas del norte es frecuente observar a más de un padre que se
sorprende al ver el certificado de su hijo, que terminando en una escuela
aparece con un certificado otorgado por otra.
Entre 40 y 60 dólares al mes para maestros
Uno de los grados está a cargo de Jimmy. Tiene 22 años de edad y parece
un experto dando clases de matemáticas, aunque sabe que su método de
enseñanza no es el adecuado para sus alumnos del cuarto año de educación
básica.
Se graduó de informática en el colegio Nacional Vicente Rocafuerte, y
sus aspiraciones son diferentes al ejercicio de la docencia, pero se
tuvo que "conformar" con el "oficio" ante la falta de empleo. El es
parte de un nutrido grupo de personas que, sin tener preparación docente,
imparten clases en las escuelas particulares, ubicadas en las más de 20
cooperativas urbano-marginales del norte de Guayaquil.
Ellos ganan entre 40 y 60 dólares mensuales y "en la mayorÃa de casos
solo ostentan tÃtulos de bachiller. Es que con lo que pagan las escuelas
particulares en estas zonas no alcanza para el pago de una normalista,
sostiene César Campoverde, jefe Operativo de Misión Alianza de Noruega
(MAN), ONG que trabaja en las varias precooperativas y cooperativas de
vivendas del Norte.
La deteriorada oferta pedagógica, reflejada por la falta de preparación
de quienes imparten las clases; el deficiente control por parte de los
supervisores; y el pésimo manejo de una planificación de contenidos son
los componentes que agudizan la pobre educación que se brinda en estos
sectores.
Un sondeo realizado por MAN entre 785 niños de una de las cooperativas
marginales del norte indica que el 49,4% de estos niños repitió un año
lectivo y un porcentaje considerable de esta cifra no sabe leer. " Mi
hijo Jhon recién está en cuarto grado y medio lee...", dice Dolores
Játiva, una madre de familia de la coopertaiva ParaiÃso de la Flor.
"Aquà aplicamos la reforma curricular", afirma con seguridad Ana Avelino,
una abogada que tiene a su cargo la dirección de la escuela Amigo Jesús,
aunque sin permiso de funcionamiento. No obstante, Avelino, al momento de
definir con precisión los objetivos de la Reforma guarda silencio por un
momento y evade la pregunta.
Zoila Bastidas, otra directora de una escuela, pero legalizada, de la
cooperativa Balerio Estacio, dice "planificar las actividades, pero la
supervisora no viene con frecuencia... y cuando quiere trabajar nos cita
en otro sector".
Luis Curicama, un niño indÃgena que estudia en una escuela de esta
cooperativa no comprende que con la educación que recibe, su futuro "de
niño analÃtico y creativo"-dos caracterÃsticas del perfil de un infante
de la Reforma Curricular- está casi perdido. Solo reconoce que a sus
doce años, está aprendiendo a leer y escribir, aunque sus compañeros del
tercero de básica se le rÃan, por ser el mayor del grupo. "Son contados
los niños de las cooperativas del norte que pueden salir a estudiar a
los colegios de la urbe. Es probable que de cada 25 a 30 niños que salen
de estas escuelas solo 3 lleguen a los colegios", sostiene Campoverde.
Y es que el nivel de educación es tan elemental y limitado que no les
permite "competir a otro nivel"
ENTREVISTA
No es el problema que más preocupa
El director Provincial de Educación del Guayas, Tomás Mancheno Avilés,
admite la serie de deficiencias que se presentan en los establecimientos
particulares que trabajan sin autorización y en precarias condiciones.
No obstante, afirma que, si bien "es un problema serio, no es el que más
preocupa en estos momentos a la Dirección Provincial de Educación del
Guayas".
El funcionario reconoce que a pesar de estar en capacidad para denunciar
a la PolicÃa la ilÃcita lucrativa acción no han llegado a esas
instancias, pues "son los supervisores quienes deben brindar información
adecuada para actuar". Cree además que el Municipio, que otorga permisos,
también debe intervenir.
¿La Dirección Provincial de Educación del Guayas ejerce controles
efectivos en los establecimientos particulares, especialmente los que se
encuentran en las zonas marginales de Guayaquil?
Todos los planteles educativos del paÃs, tanto para particulares como
fiscales, están bajo las leyes y reglamentos del Ministerio de Educación.
Entonces el control de los locales escolares está también confiado a los
supervisores.
¿ Y por qué la Dirección Provincial de Educación del Guayas no toma
medidas para sancionar a los propietarios de los establecimientos
particulares sin permisos, aunque la Ley lo faculta?
Cuando nosotros detectamos estas cosas, podemos sancionar, advertir e
incluso denunciar ante las autoridades de PolicÃa, pero debo reconocer
que en mi perÃodo no se lo ha realizado con frecuencia. En alguna
ocasión prohibimos el funcionamiento de ciertas escuelas. No hemos
llegado hasta la parte policial.
Pero es un problema grave, porque se está perjudicando a muchos
menores...
Es grande, pero no es el problema capital de la Dirección Provincial de
Educación del Guayas. Los problemas que tiene la educación son tan
diversos, que este, siendo un problema serio, no nos preocupa en este
momento. Por cierto, que no nos despreocupamos tampoco. Es cuestión de
los supervisores que deben ayudarnos dando la información adecuada. El
Director Provincial se informa de la situación por medio de los
supervisores.
Hay escuelas que tienen permisos, pero trabajan como si no los
poseyeran. ¿Por qué se han otorgado permisos a establecimientos que no
cumplen los requisitos necesarios para su creación, tal como lo señala
la Ley y Reglamento de Educación?
No han sido permisos concedidos durante mi administración, pero estoy de
acuerdo en que se han concedido permisos muy ligeramente a ciertas
escuelas que no reúnen los requisitos, especÃficamente en la estructura
básica indispensable para crear jardines de infantes y escuelas.
Pero muchos de los supervisores que presentaron un informe favorable
para otorgar permisos a estas escuelas trabajan en su administración.
Ellos pasan un informe y la División de CurrÃculo lo revisa y aprueba.
En mi administración he realizado ajustes y ciertos cambios. Creo que
estamos trabajando relativamente bien.
¿Y qué está realizando la Dirección Provincial de Educación del Guayas
ante esta problemática?
Es una pregunta bien simple, pero la respuesta difÃcil de dar. Hay
varias opciones en las que los padres son los principales responsables.
Ellos no deberÃan educar a sus hijos en estos lugares por mucha necesidad
que exista. Por otra parte, esas escuelas, como cualquier otra
edificación, deben estar sujetas a revisión municipal. El Municipio debe
intervenir para que los permisos municipales de funcionamiento cumplan
con requerimientos mÃnimos que los mismos Cabildos exigen. Nosotros
también, como entidad educativa, vamos a exigir que se cumplan.
Pero, reitero, ustedes tienen el control sobre estas escuelas... Aquà hay
algo difÃcil de hacer, pues existiendo un permiso otorgado, el
concesionario de ese permiso nos va ha exigir el respeto a ese
certificado que fue otorgado en otro perÃodo. Nosotros ahora estamos
disponiendo un control severo para que no se lo conceda tan
generosamente. (JVR) (Diario Hoy) (Blanco y Negro)
solo tienen tÃtulo de bachiller y cobran entre 2 y 8 dólares.
Alos siete años de edad, Jesús Vázquez Cabezas soportó el primer calvario
en su vida estudiantil. Aprender a leer y escribir fue un proyecto que,
obligatoriamente, tuvo que postergar junto con 30 compañeros, en agosto
de 2000. Es que, sin previo aviso, los dos profesores que con desborde de
entusiasmo llegaron a ofrecer sus servicios a inicios de año,
desaparecieron.
Atónitos e impotentes, los padres de familia, que pagaron $2 durante
cuatro meses como pensión, no tuvieron más que esperar el inicio del
nuevo año lectivo, en abril de 2001, para matricular a sus hijos en otra
de las escuelas particulares de la cooperativa Nueva Prosperina, en
Guayaquil.
La de Jesús Vásquez es una de las muchas historias que se tejen en las
cooperativas urbano-marginales de esa ciudad, donde la falta de locales
educativos fiscales ha despertado la astucia de quienes se autocalifican
de docentes y crean escuelas, sin considerar las mÃnimas normas
indispensables para el funcionamiento.
La situación es más crÃtica en otros casos, donde menores que terminaron
la instrucción primaria no tienen documentos avalados por la Dirección
de Educación Provincial de Educación. Una simple libreta de
calificaciones certifica que están en cierto grado o que terminaron la
primaria. Directores de escuelas estatales del sector dan cuenta de
ello, pues aceptan alumnos de grados intermedios con esos problemas.
Cierran asà un cÃrculo vicioso en el que se pone en juego el derecho de
estos a "desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad
mental y fÃsica hasta el máximo de sus posibilidades...", como dice el
artÃculo 29 de la Declaración de los Derechos del Niño, de las Naciones
Unidas. Laddy es otra vÃctima de ese cÃrculo. En Nueva Prosperina, ha
recorrido por lo menos tres escuelas particulares sin permiso y, ahora,
que tiene 12 años y cursa el quinto grado, "... escribe como un niño de
primero...ha escapado de la mala enseñanza de otras escuelas", afirma
Ana Avelino, su actual tutora de la escuela Amigo Jesús. El comentario
resulta paradójico, pues Laddy estudia en un local no autorizado.
¿Permiso de funcionamiento? "Aún no...", afirma Avelino. "Pero por eso
no vamos a perjudicar a los niños privándoles la educación. Además,
vamos a sacarlo...", justifica.
"... los Estados adoptarán cuantas medidas sean adecuadas para velar por
que la disciplina escolar se administre de modo compatible con la
dignidad humana del niño ...", dice el artÃculo 28 de la Declaración de
los Derechos del Niño. Laddy y su madre, Rosa Soledispa, ignoran ese
derecho, que se viola no solo en esta escuela, sino en algunas, incluso
legales, del sector. En el margen nordeste de Guayaquil, las escuelas
piratas surgen por la confluencia de una serie de factores. Las
precarias condiciones en que allà se vive el ingreso per cápita está
entre $60 y $80 permiten que haya quienes intenten hacer de la
educación un negocio lucrativo. Educación bilingüe, computación, danza y
becas, que no se cumplen, son estrategias para reclutar alumnos.
Y como esas escuelas no constan en los planes de supervisión, porque
formalmente no existen, las reglas del juego las imponen los
propietarios y los supuestos directores, que en ocasiones resultan ser
los mismos dirigentes barriales.
Otra caracterÃstica de estas escuelas es la facilidad para cambiar de
nombre. Martha Corozo, moradora de ParaÃso de la Flor, recuerda que en
1997, matriculó a su hija en una escuela, que hasta el 2000, cuando
obtuvo el permiso, cambió de nombre en tres oportunidades. "El
Ministerio de Educación y Cultura sancionará a las personas naturales o
jurÃdicas que organizaren establecimientos educativos sin la
autorización oficial y adoptará las medidas más convenientes para
garantizar el derecho de los alumnos", dice en el artÃculo 176 de la Ley
y Reglamento de Educación. ¿Se cumple? Las autoridades reconocen la
existencia de estas escuelas, pero se declaran impotentes de tomar
medidas efectivas para acabar con esas anomalÃas recurrentes en la zona
marginal.
Se evaden 19 procedimientos cuyos trámites demoran un año
Los certificados de terminar la primaria no los emiten las escuelas
donde se asiste, sino otras
El cumplimiento de los 19 requisitos para crear una escuela
especialmente la falta de infraestructura y personal docente se
convierten en la piedra de tropiezo que admiten los propietarios de las
escuelas piratas para no legalizarlas.
Tramitar un permiso dura cerca de un año, lapso en el que se revisan los
documentos en la División de CurrÃculo y se cumple con la inspección de
la escuela, función que ejecuta un supervisor.
En el año 2000, solicitaron permiso de funcionamiento 54 jardines de
infantes y 90 escuelas particulares, según registros de la Dirección
Provincial de Educación. Los permisos debieron ser expedidos para este
perÃodo lectivo, pero no se los ha otorgado porque durante seis meses
permaneció vacante la jefatura de la División CurrÃculo, explica Freddy
Viteri Jiménez, jefe del departamento de Educación Básica.
"Sucede que en ocasiones el 90% de las escuelas que solicita el permiso
ya tienen tiempo funcionando, y se ven obligadas a legalizarse por
presiones de padres que detectan que trabajan de esta manera", dice otro
funcionario.
En este sentido, los certificados de terminar la primaria se obtienen
por terceros e, incluso, en las escuelas de los sectores marginales,
pasan por alto o son simples libretines de aprovechamiento.
Según Viteri Jiménez, el proceso que se lleva para otorgar el permiso,
es riguroso y se apega estrictamente a los requisitos. Sin embargo, esto
en la realidad no se aplica, si se considera la condición en que
trabajan las escuelas marginales supuestamente legalizadas.
En la práctica, de los 19 requisitos más de cinco se incumplen. Entre
ellos, los relacionados con infraestructura, contratos de los docentes
y personal de servicio, asà como los tÃtulos profesionales de estos.
Matemáticas
- La falta de escuelas regentadas por el Estado es lo que permite el
surgimiento de locales piratas.
- Según el censo de Misión Alianza de Noruega, avalado por el INEC, el
14,3% de los niños de diez años que habitan en la zona ParaÃso de la
Flor, no asiste a la escuela.
- El 12,95% de los menores de este sector no terminan el último año de
Educación Básica.
- De cada 100 alumnos que se matriculan en el primer grado, el 56% llega
al primer curso y, de ellos, solo 14 serán bachilleres.
- El 86% de los profesores no tiene tÃtulo habilitante en el nivel
preprimario. En el primario el 21% son docentes y el 37% son bachilleres
en ciencias de la educación.
- Entre los docentes, 23% poseen otro tÃtulo profesional y el 30% no
tiene estudios universitarios. El 71,5% de docentes son mujeres, según
el Ministerio de Educación y Cultura.
- La desvalorización social de la profesión docente viene agravada por
la escasa remuneración.
- Malas condiciones de vida, salarios bajos, carencias nutricionales y
sanitarias, viviendas precarias, desempleo y subempleo inciden en la
capacidad de aprender de los niños.
- En Guayaquil, hay 2 135 personas que ejercen la docencia a nivel
preprimario en las escuelas particulares laicas.
- En la urbe funcionan 710 escuelas laicas particulares, en las que se
educan 90 189 infantes. De esta cifra, 30 mil estudiarÃan en las
cooperativas urbano-marginales del norte.
- Por la crisis económica, el 20% de las familias dejó de enviar por lo
menos a un niño a la escuela, según datos de quienes reciben el bono de
la pobreza.
Copropietario, docente y director, en una sola persona
Esposo de la directora del plantel. Tiene a su cargo un grado. Es además
el profesor de educación fÃsica, copropietario de la escuela y director
de los proyectos comunitarios, que dice emprender en el sector del
FortÃn, kilómetro 26 de la vÃa Perimetral, al noroeste de Guayaquil. Se
trata de Edisson Realpe, miembro de la Unión Nacional de Educadores y
militante del Movimiento Popular Democrático.
Su inclinación polÃtica se refleja en la gran pancarta que promociona a
Carlos Medina, dirigente emepedista, instalada en el reducido patio de
Jumandi, su escuela, cuya numeración es la 640, otorgada por la
Dirección de Educación del Guayas. Allà se educan cerca de 300 niños, en
un espacio que no responde al número del alumnado: Solo dos pabellones
de 40 m2. Realpe no se inmuta al momento de explicar por qué tiene una
pancarta proselitista en su local escolar. "Es que es mi partido", dice,
orgulloso.
Lo que él desconoce es que "El Estado (...) prohÃbe la propaganda y
proselitismo polÃtico en los planteles educativos...", según el artÃculo
67 de la Constitución PolÃtica. En el sector del FortÃn se contabilizan
más de 20 escuelas particulares, entre legales e ilegales.
"... y algunas son de los dirigentes de las cooperativas", coinciden en
afirmar varios moradores. Un kilómetro más allá, en la segunda etapa de
la precooperativa Balerio Estacio, un letrero anuncia las matrÃculas
para ingresar a la escuela Veinticinco de Junio. Gloria Vergara,
dirigente de la precooperativa admite no tener permiso de funcionamiento,
pero 30 niños están ya matriculados.
"La supervisora ya tiene conocimiento, por eso me recomendó trasladar a
los niños a otra escuela cercana hasta que salga el permiso", comenta.
Tugurios con informe favorable
Se producen hacinamientos humanos en cuartos de apenas 20 m2, que
albergan a más de 30 niños por aula.
Una descolorida pancarta, deteriorada por la estación invernal, anuncia
educación integral, computación e inglés por solo $2,5 mensuales.
Detrás de la pared donde reposa la pancarta, unos 60 niños, de entre 6 y
8 años de edad, reciben clases en un sitio de 40 m2. No hay un espacio
entre las viejas bancas bipersonales de madera. Solo un pequeño pasillo
por donde sólo se puede pasar de a uno. En la escuela, sin nombre, no
hay una computadora y menos una profesora bilingüe, pero el anuncio
atrajo a 100 niños.
"... que el niño ecuatoriano al finalizar la Educación Básica tenga un
alto desarrollo de su inteligencia, a nivel del pensamiento creativo,
práctico y teórico". Uno de los seis objetivos que plantea la Reforma
Curricular, parece retumbar muy lejos de estos infantes.
Dar un recorrido por estos sectores urbano-marginales de Guayaquil es
suficiente para hacer un diagnóstico de las inapropiadas condiciones en
las que cientos de niños son educados, en un sistema donde predominan
las infracciones al reglamento de Educación.
Cerca del 80% de las escuelas particulares legales e ilegales que se
encuentran en los sectores marginales de la parroquia urbana Tarqui, al
norte de Guayaquil, no cuentan con un sistema adecuado para preparar a
un individuo analÃtico, "capaz de reconocer sus derechos y deberes en
relación a sà mismos", como lo describe la nueva Reforma Curricular.
Y es que las deficiencias del sistema se inician desde el mismo proceso
para evaluar los permisos de funcionamiento, en el caso de las escuelitas
que deciden formalizar su situación.. "Los supervisores emiten un informe
favorable de las condiciones fÃsicas del plantel, pese a que la
infraestructura no cumple con los requisitos básicos para su creación",
afirma un funcionario vinculado a la Dirección de Educación del Guayas,
que guardó su nombre.
De allà que en estos planteles operen sin mayores controles, a pesar de
estar sujetos a la misma reglamentación que las escuelas fiscales.
Las más graves infracciones que cometen las escuelas particulares legales
e ilegales se refieren al incumplimiento de las normas mÃnimas de
infraestructura. "Las aulas deben tener un área de 1,5 m2 por alumno,
considerando un mÃnimo de 20 alumnos por cada una. Es decir, cada salón
de clases deberÃa tener 30 m2", dice en el literal 9, de los requisitos
necesarios para crear un plantel. ¿Ocurre as�. "No". Tomás Mancheno,
Director Provincial de Educación del Guayas, lo reconoce. "...en cierta
forma es cierto, hay escuelas en los bloques multifamiliares y en
programas de vivienda que laboran en un espacio de 36 m2".
En este sentido, la gran problemática se concentra en la zona norte de
la urbe, en la vÃa Perimetral, donde se localizan más de 20 cooperativas
y nuevos asentamientos, un sector con aproximadamente 300 mil habitantes.
AllÃ, el 66% de los niños asisten a las 33 escuelas particulares legales
y más de 15 establecimientos particulares sin permiso, que presentan en
un 90% problemas en su infraestructura, según un censo de Misión Alianza
de Noruega realizado el año pasado.
La norma se repite entre una y otra escuela. Son verdaderos hacinamientos
humanos, cuartos de 20 m2 hasta 40 m2, que albergan a más de 30 niños por
aula. Las bajas pensiones que cobran no permiten tener una
infraestructura adecuada", justifica Angel González, director de una
escuela legal, pero que incumple la normativa.
El informe de esta ONG, que despliega sus operaciones en dos de los
sectores más pobres de Guayaquil, indica que el 53,4% de los moradores
de la cooperativa ParaÃso de la Flor (zona norte) están conscientes de
que el espacio de la escuela más cercana es pequeño, pero no tienen
opción.
A esto se suman las deplorables condiciones higiénicas que rodean estos
locales. Un baño, en la mayorÃa de los casos, es utilizado por 100
niños.
Ahorro a costo de calidad
Lograr que se capacite a los docentes genera resistencias, según datos
de ONGs.
Los propietarios de las escuelas particulares (legales e ilegales)
prefieren contratar a personal no capacitado para asà pagarles bajos
sueldos y obtener una mejor utilidad por el cobro de las matrÃculas y
pensiones, según César Campoverde, investigador de la ONG Misión Alianza
de Noruega.
La conceptualización de la educación como un servicio cumunitario es
desplazada en estos sectores, donde los propietarios de los locales, en
gran número, carecen de una profesión ligada al campo educativo.
"El problema de estos sectores radica en el hecho de que la visión
mercantilista de los propietarios de las escuelas predomina sobre el
interés por brindar una ayuda social en estos sectores", dice
Campoverde.
El investigador recuerda que cuando la misión noruega inició ayudaba a
estas escuelas, en 1996, "como fundación nos dimos cuenta de cierto
recelo de los directores. "QuerÃan ayuda económica, pero cuando se
trataba de capacitar a los maestros habÃa cierta resistencia".
PrestatÃtulos ayudan a obtener licencias y refrendar a estudiantes que
no son suyos
El tráfico de tÃtulos y certificados es otra de las irregularidades que
se generan en el sistema de educación particular de los sectores
urbano-marginales de Guayaquil.
Ocurre en el proceso para obtener un permiso de funcionamiento hasta los
mecanismos que los directores de las escuelas piratas utilizan para
obtener los certificados de culminación de la instrucción básica, según
funcionarios de la Dirección de Estudios.
Hay casos en los que para obtener permisos de funcionamiento se presentan
tÃtulos de personas que, si bien cumplen los requisitos, nunca llegan a
trabajar en las escuelas para las que solicitan el permiso.
"Supuestamente se presenta una nómina del director y personal docente
capacitado, pero resulta que luego no son las mismas personas que
trabajan en las escuelas", indica un personero cercano al departamento
de CurrÃculo, que se encarga de impartir los permisos.
En un breve recorrido por la cooperativa El FortÃn se comprobó esta
versión. AllÃ, de cada cinco escuelas tres operan de esta manera. En la
Independencia Ecuatoriana, que tiene permiso 970, se encuentra de
directora titular Mireya Suárez Reyes. "Tengo tres años en estas
funciones". dice. Sin embargo, en los registros de la Dirección de
Estudios, el permiso se lo obtuvo con un tÃtulo de Eduardo Mauricio
Alvarado Zuñiga,. El aparece como director.
La misma situación se repite a un kilómetro de este establecimiento, en
la escuela con permiso 129 Señor de la Divina Esperanza, que tiene 300
alumnos. Angel González se presenta como el director. "Todo está en
regla", dice. Sin embargo, en ese mismo cargo aparece en los registros
de la Dirección de Estudios el nombre de MarÃa Elena Maridueña Triviño.
Algo similar ocurre cuando se presenta la nómina del personal docente
que supuestamente labora en los planteles. "El personal deberá reunir
los mismos requisitos determinados para el ejercicio docente, en el
magisterios fiscal", dice en artÃculo 327 de la Ley de Educación. Este
es el quinto requisito necesario para la creación de escuelas
particulares, mas muy pocos establecimientos de estas zonas lo cumple.
"Solo es una pantalla, la mayorÃa de los que trabajan allà no son los
mismos que aparecen en las nóminas", dice un funcionario. Mecanismos
similares son utilizados por los directores de las escuelas piratas para
obtener los certificados de haber terminado la instrucción primaria. Con
frecuencia, se buscan nexos con otras escuelas que sà tienen permisos.
"... se une el nombre de estos niños que han estudiado en una escuela
pirata y se los incluye a la nómina (cuadro G) de los menores que
estudian legalmente. Esta nómina la firma el supervisor, el profesor y el
director y va a la Dirección". Es un procedimiento que muchos dominan. En
las cooperativas del norte es frecuente observar a más de un padre que se
sorprende al ver el certificado de su hijo, que terminando en una escuela
aparece con un certificado otorgado por otra.
Entre 40 y 60 dólares al mes para maestros
Uno de los grados está a cargo de Jimmy. Tiene 22 años de edad y parece
un experto dando clases de matemáticas, aunque sabe que su método de
enseñanza no es el adecuado para sus alumnos del cuarto año de educación
básica.
Se graduó de informática en el colegio Nacional Vicente Rocafuerte, y
sus aspiraciones son diferentes al ejercicio de la docencia, pero se
tuvo que "conformar" con el "oficio" ante la falta de empleo. El es
parte de un nutrido grupo de personas que, sin tener preparación docente,
imparten clases en las escuelas particulares, ubicadas en las más de 20
cooperativas urbano-marginales del norte de Guayaquil.
Ellos ganan entre 40 y 60 dólares mensuales y "en la mayorÃa de casos
solo ostentan tÃtulos de bachiller. Es que con lo que pagan las escuelas
particulares en estas zonas no alcanza para el pago de una normalista,
sostiene César Campoverde, jefe Operativo de Misión Alianza de Noruega
(MAN), ONG que trabaja en las varias precooperativas y cooperativas de
vivendas del Norte.
La deteriorada oferta pedagógica, reflejada por la falta de preparación
de quienes imparten las clases; el deficiente control por parte de los
supervisores; y el pésimo manejo de una planificación de contenidos son
los componentes que agudizan la pobre educación que se brinda en estos
sectores.
Un sondeo realizado por MAN entre 785 niños de una de las cooperativas
marginales del norte indica que el 49,4% de estos niños repitió un año
lectivo y un porcentaje considerable de esta cifra no sabe leer. " Mi
hijo Jhon recién está en cuarto grado y medio lee...", dice Dolores
Játiva, una madre de familia de la coopertaiva ParaiÃso de la Flor.
"Aquà aplicamos la reforma curricular", afirma con seguridad Ana Avelino,
una abogada que tiene a su cargo la dirección de la escuela Amigo Jesús,
aunque sin permiso de funcionamiento. No obstante, Avelino, al momento de
definir con precisión los objetivos de la Reforma guarda silencio por un
momento y evade la pregunta.
Zoila Bastidas, otra directora de una escuela, pero legalizada, de la
cooperativa Balerio Estacio, dice "planificar las actividades, pero la
supervisora no viene con frecuencia... y cuando quiere trabajar nos cita
en otro sector".
Luis Curicama, un niño indÃgena que estudia en una escuela de esta
cooperativa no comprende que con la educación que recibe, su futuro "de
niño analÃtico y creativo"-dos caracterÃsticas del perfil de un infante
de la Reforma Curricular- está casi perdido. Solo reconoce que a sus
doce años, está aprendiendo a leer y escribir, aunque sus compañeros del
tercero de básica se le rÃan, por ser el mayor del grupo. "Son contados
los niños de las cooperativas del norte que pueden salir a estudiar a
los colegios de la urbe. Es probable que de cada 25 a 30 niños que salen
de estas escuelas solo 3 lleguen a los colegios", sostiene Campoverde.
Y es que el nivel de educación es tan elemental y limitado que no les
permite "competir a otro nivel"
ENTREVISTA
No es el problema que más preocupa
El director Provincial de Educación del Guayas, Tomás Mancheno Avilés,
admite la serie de deficiencias que se presentan en los establecimientos
particulares que trabajan sin autorización y en precarias condiciones.
No obstante, afirma que, si bien "es un problema serio, no es el que más
preocupa en estos momentos a la Dirección Provincial de Educación del
Guayas".
El funcionario reconoce que a pesar de estar en capacidad para denunciar
a la PolicÃa la ilÃcita lucrativa acción no han llegado a esas
instancias, pues "son los supervisores quienes deben brindar información
adecuada para actuar". Cree además que el Municipio, que otorga permisos,
también debe intervenir.
¿La Dirección Provincial de Educación del Guayas ejerce controles
efectivos en los establecimientos particulares, especialmente los que se
encuentran en las zonas marginales de Guayaquil?
Todos los planteles educativos del paÃs, tanto para particulares como
fiscales, están bajo las leyes y reglamentos del Ministerio de Educación.
Entonces el control de los locales escolares está también confiado a los
supervisores.
¿ Y por qué la Dirección Provincial de Educación del Guayas no toma
medidas para sancionar a los propietarios de los establecimientos
particulares sin permisos, aunque la Ley lo faculta?
Cuando nosotros detectamos estas cosas, podemos sancionar, advertir e
incluso denunciar ante las autoridades de PolicÃa, pero debo reconocer
que en mi perÃodo no se lo ha realizado con frecuencia. En alguna
ocasión prohibimos el funcionamiento de ciertas escuelas. No hemos
llegado hasta la parte policial.
Pero es un problema grave, porque se está perjudicando a muchos
menores...
Es grande, pero no es el problema capital de la Dirección Provincial de
Educación del Guayas. Los problemas que tiene la educación son tan
diversos, que este, siendo un problema serio, no nos preocupa en este
momento. Por cierto, que no nos despreocupamos tampoco. Es cuestión de
los supervisores que deben ayudarnos dando la información adecuada. El
Director Provincial se informa de la situación por medio de los
supervisores.
Hay escuelas que tienen permisos, pero trabajan como si no los
poseyeran. ¿Por qué se han otorgado permisos a establecimientos que no
cumplen los requisitos necesarios para su creación, tal como lo señala
la Ley y Reglamento de Educación?
No han sido permisos concedidos durante mi administración, pero estoy de
acuerdo en que se han concedido permisos muy ligeramente a ciertas
escuelas que no reúnen los requisitos, especÃficamente en la estructura
básica indispensable para crear jardines de infantes y escuelas.
Pero muchos de los supervisores que presentaron un informe favorable
para otorgar permisos a estas escuelas trabajan en su administración.
Ellos pasan un informe y la División de CurrÃculo lo revisa y aprueba.
En mi administración he realizado ajustes y ciertos cambios. Creo que
estamos trabajando relativamente bien.
¿Y qué está realizando la Dirección Provincial de Educación del Guayas
ante esta problemática?
Es una pregunta bien simple, pero la respuesta difÃcil de dar. Hay
varias opciones en las que los padres son los principales responsables.
Ellos no deberÃan educar a sus hijos en estos lugares por mucha necesidad
que exista. Por otra parte, esas escuelas, como cualquier otra
edificación, deben estar sujetas a revisión municipal. El Municipio debe
intervenir para que los permisos municipales de funcionamiento cumplan
con requerimientos mÃnimos que los mismos Cabildos exigen. Nosotros
también, como entidad educativa, vamos a exigir que se cumplan.
Pero, reitero, ustedes tienen el control sobre estas escuelas... Aquà hay
algo difÃcil de hacer, pues existiendo un permiso otorgado, el
concesionario de ese permiso nos va ha exigir el respeto a ese
certificado que fue otorgado en otro perÃodo. Nosotros ahora estamos
disponiendo un control severo para que no se lo conceda tan
generosamente. (JVR) (Diario Hoy) (Blanco y Negro)
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