Quito. 02 mar 2000. El Alto Mando regresó de Carondelet a La
Recoleta, donde los 36 generales y almirantes volvieron a
sesionar. Sobre la mesa encontraron cientos de hojas impresas con
los informes de las fuerzas de tarea que reportaban, hora a hora,
la situación en cada guarnición.
La realidad era otra. La tensión había pasado de las unidades
académicas a las armadas. En Guayaquil, Cuenca y Pastaza, se daban
los primeros casos de desconocimiento del mando y asunción de
altos oficiales simpatizantes con Gutiérrez y Cobo. El movimiento
ahora estaba más cerca de contar con armas.
Las escenas del Congreso seguían latentes en el Ministerio de
Defensa, agravadas por la proclama de Fausto Cobo. "¡Si quieren
sacarnos de aquí nos sacan muertos! -dijo el coronel golpeando
violentamente la mesa-. Deben saber que van a matar a tres
promociones que llegaron con la Academia de Guerra y muchos
oficiales deben pensar bien antes de cumplir con esa disposición".
Acompañándose de ademanes imprecatorios, dijo que en la Escuela
Militar les explicaron que jamás deben dirigir sus armas para
reprimir al pueblo.
"¿Cómo vamos a coger los fusiles, que empleamos en el Cenepa en
defensa de nuestro territorio, en contra de los hombres que
estuvieron en las trincheras? Porque a las trincheras no fueron
los políticos corruptos que se han llevado el país por años.
¿Acaso que nosotros hemos saqueado este país? !Son los políticos
corruptos los que lo han acabado!".
Previamente el coronel Gutiérrez había puesto al país ante un
hecho irreversible: "el doctor Mahuad se cayó solito. Solito le
falló al pueblo ecuatoriano. ¿Qué acción ha tomado contra los
banqueros corruptos, han devuelto un sucre a los acreedores? El
pueblo le revocó el mandato". Antonio Vargas no se quedó atrás:
"aquí confluye todo el pueblo. Ya nuestros shamanes pronosticaron
que este Gobierno -de Mahuad- se caía".
En Palacio esa marea no se vio venir. La crítica -hecha tantas
veces- a Mahuad de que su Gobierno, entre sus problemas, sufría de
deficiencia política, se veía patéticamente justificada.
A las presiones derivadas de la crisis económica, la escasa
credibilidad y los pedidos de renuncia, se habían ido sumando los
anuncios de los indígenas, los movimientos sociales, los
transportistas... Pero el gobierno de Mahuad, como el de Abdalá
Bucaram en su momento, pensó que era posible desactivar las
protestas. El 27 de diciembre se había mostrado convencido de que
con el acuerdo firmado con los transportistas, se podría evitar la
anunciada explosión social.
Su discurso de fin de año no fue lo que se esperaba. En su entorno
-que sucumbió siempre ante el virus del halago- se habló de un
propósito de enmienda. En la realidad, el presidente Mahuad no
hizo nada por alejar los nubarrones que se cernían sobre él. Sí,
ofreció celeridad en el trabajo y exigió celeridad en la Justicia
para castigar a quienes se han aprovechado de los fondos públicos.
Pero no mencionó a Fernando Aspiazu cuyo apoyo financiero le minó
el único activo que le quedaba: el de la ética. También llamó al
Congreso para buscar los acuerdos mínimos pero sin producir hechos
políticos que le ayudaran a equilibrar una balanza que, desde
hacía tiempo, pesaba en su contra.
Jamil Mahuad recibió al 2000 con brindis amargos. El primer día
laborable, el dólar trepó a 21 649 sucres, mientras el Banco
Central estudiaba nuevas medidas y su Directorio lucía dividido:
los partidarios de un cambio fijo como paso previo para ir a la
convertibilidad o a la dolarización y los defensores de seguir
aplicando remedios ortodoxos. El segundo grupo lo lideraba Pablo
Better.
¿De qué lado estaba el Presidente? Hasta el 27 de diciembre, en un
largo almuerzo con directivos de este Diario, el Presidente se
había mostrado contrario a la dolarización. Veía riesgoso ese
cambio de modelo. Al igual que a Carlos Larreátegui, su
superministro de Desarrollo Humano, le parecía que cualquier
movimiento de ese tipo dañaba el acuerdo en ciernes con el Fondo
Monetario Internacional. La dolarización, también dijo, era
inoportuna porque polarizaría y dividiría en dos a la opinión.
La crisis económica y la sin salida política y social lo obligaron
a encontrar una boya de salvación. La reunión decisiva para
ventilar el problema se llevó a cabo en el Palacio de Gobierno el
martes 4.
Esa noche, el Frente Económico y miembros del Banco Central se
reunieron hasta la madrugada del miércoles. Al final de la agria
reunión, Pablo Better impuso su fórmula que se basaba en la
hipótesis de un programa económico equilibrado y negociado con el
FMI.
En Palacio, se pensó que aquello era un ejercicio didáctico. Pero
esa salida -mirada como una falta de consenso- molestó al
presidente Mahuad. Incluso durante la discusión el tono subió y se
produjeron golpes en la mesa del salón de sesiones. Ahora sí el
Mandatario se rendía a la evidencias de que el sistema cambiario
no daba más. Los campanazos no solo llegaban de parte de los
actores económicos y de los ciudadanos desesperados por sus
depósitos congelados. La Democracia Popular, que antes ya había
hecho advertencias al Presidente, ese mismo miércoles le pidió
diez rectificaciones urgentes so pena de quitarle el apoyo
legislativo.
Le pidieron alianzas que le den sustento al Gobierno, acciones
anticorrupción, definiciones de una política monetaria y
cambiaria. 27 de los 35 diputados, encabezados por Ramiro Rivera,
llegaron ese miércoles a las 17:00 a Carondelet. No estuvieron los
diputados allegados a la Corporación de Estudios Sociales
(Cordes). Cinco horas más tarde salieron más distendidos y en son
de reconciliación. Una de las estrategias de Mahuad, para bajar
esa tensión, fue nombrar a hombre cercano a Juan José Pons,
Alejandro Aguayo, como nuevo jefe de bloque.
En el país, en cambio, la desazón crecía. Y hasta José Gallardo,
ministro de Defensa, en un acto de lealtad con el Presidente, tuvo
que aceptar, en una reunión llevada a cabo el jueves en el Círculo
Militar de Quito, críticas violentas por parte de los periodistas
contra el Gobierno. La más incendiaria la lanzó Francisco Huerta,
subdirector del Diario Expreso, quien dijo que Gallardo defendía
no solo a un personaje inepto sino corrupto.
Las manifestaciones de ese jueves ante las cuales el Gobierno
decretó el Estado de emergencia, forzaron una reunión famosa en
Carondelet. Famosa porque de allí salió la versión según la cual
el Gobierno quería dar un fujimorazo.
A esa reunión asistieron el Presidente, los ministros de Defensa,
Gobierno y Relaciones Exteriores, el Secretario de la
Administración, el Jefe del Comando Conjunto, los jefes de rama,
el Comandante de la Policía, el Jefe de Inteligencia y una decena
de oficiales más de esa Institución. La presencia masiva de
miembros de la Policía se debía al propósito mismo de la reunión:
hacer el balance de orden público y evaluar los escenarios en los
que el Gobierno y las fuerzas del orden se iban a mover hacia
adelante.
Tras la lectura del informe policial, el Presidente, en el mejor
tono académico, decidió darle un marco teórico a lo que estaba
viviendo el país. Entonces habló de las dificultades legales, del
canibalismo político, del bloqueo y del contexto internacional en
el que el Gobierno estaba tomando decisiones.
Aquella noche se habló de la inestabilidad del país, del peligro
en la frontera con Colombia, de las posibles salidas, de las
debilidad en las ejecuciones del Ejecutivo... Aquella noche se
esgrimieron escenarios en los que Benjamín Ortiz habló de un
gobierno fuerte que, como dijo Vladimiro Alvarez, "ejerza la
autoridad con mayor fuerza por dudosa que sea su interpretación".
En ese ambiente, tan ambiguo como espeso, se habló de encontrar
mecanismos para ejercer el poder a cabalidad. O se preguntó hasta
dónde las FF.AA. y la Policía estaban dispuestas a llegar en el
respaldo del Gobierno. Se dijo que se debía estirar el marco
máximo de atribuciones legales yendo hasta el filo de la navaja.
Se evocaron también medidas posibles de ser tomadas y que no
requerían pasar por el Congreso. ¿Se habló siempre de ejercer la
autoridad con firmeza dentro del marco de la Constitución o, de la
mano de Benjamín Ortiz, los participantes se asomaron a los
poderes omnímodos?
Se pusieron ejemplos de lo que implicaría una vía de mano dura en
el Gobierno. La construcción del oleoducto: ¿estaban los militares
dispuestos a construirlo? ¿Estaban dispuestos a asumir el costo de
lo que significaría una posible impugnación ante el Tribunal
Constitucional?
¿Estaban dispuestos a no dejar patinar al Gobierno frente a los
juicios bajo la declaratoria del Estado de Emergencia? ¿O los
jueces militares iban a inhibirse y a pasar los casos a los jueces
ordinarios echando por la borda la acción resuelta y decidida del
Gobierno?
La reunión resultó lo suficientemente equívoca para albergar todo
tipo de conclusiones. Ortiz se defiende -y Alvarez lo apoya- de
haber propuesto un autogolpe.
Jaime Durán quien, por convicción e interés profesional detesta
los golpes, puso un polo a tierra en aquella reunión. "Solo un
estúpido o un imbécil -dijo- sería capaz de plantear una dictadura
en este momento. El Presidente es un demócrata y lo que se trataba
es de saber hasta dónde las Fuerzas Armadas están dispuestas a
respaldar al Gobierno para que, dentro de la Constitución y las
leyes, se pueda poner orden en el país".
La discusión se salió de cauce -admitió Mahuad. Y recordó que la
reunión era para evaluar lo sucedido y que si había puesto un
marco teórico era con el fin de entender lo que está sucediendo.
Su posición sobre la Constitución era la defendida por Jaime
Durán.
La reunión se deshizo y quedó en el ambiente la sensación de que
se había caminado al borde de un escenario peligroso. Un escenario
que el sábado 8 se reprodujo en el Consejo de Generales. (Texto
tomado de El Comercio)
Recoleta, donde los 36 generales y almirantes volvieron a
sesionar. Sobre la mesa encontraron cientos de hojas impresas con
los informes de las fuerzas de tarea que reportaban, hora a hora,
la situación en cada guarnición.
La realidad era otra. La tensión había pasado de las unidades
académicas a las armadas. En Guayaquil, Cuenca y Pastaza, se daban
los primeros casos de desconocimiento del mando y asunción de
altos oficiales simpatizantes con Gutiérrez y Cobo. El movimiento
ahora estaba más cerca de contar con armas.
Las escenas del Congreso seguían latentes en el Ministerio de
Defensa, agravadas por la proclama de Fausto Cobo. "¡Si quieren
sacarnos de aquí nos sacan muertos! -dijo el coronel golpeando
violentamente la mesa-. Deben saber que van a matar a tres
promociones que llegaron con la Academia de Guerra y muchos
oficiales deben pensar bien antes de cumplir con esa disposición".
Acompañándose de ademanes imprecatorios, dijo que en la Escuela
Militar les explicaron que jamás deben dirigir sus armas para
reprimir al pueblo.
"¿Cómo vamos a coger los fusiles, que empleamos en el Cenepa en
defensa de nuestro territorio, en contra de los hombres que
estuvieron en las trincheras? Porque a las trincheras no fueron
los políticos corruptos que se han llevado el país por años.
¿Acaso que nosotros hemos saqueado este país? !Son los políticos
corruptos los que lo han acabado!".
Previamente el coronel Gutiérrez había puesto al país ante un
hecho irreversible: "el doctor Mahuad se cayó solito. Solito le
falló al pueblo ecuatoriano. ¿Qué acción ha tomado contra los
banqueros corruptos, han devuelto un sucre a los acreedores? El
pueblo le revocó el mandato". Antonio Vargas no se quedó atrás:
"aquí confluye todo el pueblo. Ya nuestros shamanes pronosticaron
que este Gobierno -de Mahuad- se caía".
En Palacio esa marea no se vio venir. La crítica -hecha tantas
veces- a Mahuad de que su Gobierno, entre sus problemas, sufría de
deficiencia política, se veía patéticamente justificada.
A las presiones derivadas de la crisis económica, la escasa
credibilidad y los pedidos de renuncia, se habían ido sumando los
anuncios de los indígenas, los movimientos sociales, los
transportistas... Pero el gobierno de Mahuad, como el de Abdalá
Bucaram en su momento, pensó que era posible desactivar las
protestas. El 27 de diciembre se había mostrado convencido de que
con el acuerdo firmado con los transportistas, se podría evitar la
anunciada explosión social.
Su discurso de fin de año no fue lo que se esperaba. En su entorno
-que sucumbió siempre ante el virus del halago- se habló de un
propósito de enmienda. En la realidad, el presidente Mahuad no
hizo nada por alejar los nubarrones que se cernían sobre él. Sí,
ofreció celeridad en el trabajo y exigió celeridad en la Justicia
para castigar a quienes se han aprovechado de los fondos públicos.
Pero no mencionó a Fernando Aspiazu cuyo apoyo financiero le minó
el único activo que le quedaba: el de la ética. También llamó al
Congreso para buscar los acuerdos mínimos pero sin producir hechos
políticos que le ayudaran a equilibrar una balanza que, desde
hacía tiempo, pesaba en su contra.
Jamil Mahuad recibió al 2000 con brindis amargos. El primer día
laborable, el dólar trepó a 21 649 sucres, mientras el Banco
Central estudiaba nuevas medidas y su Directorio lucía dividido:
los partidarios de un cambio fijo como paso previo para ir a la
convertibilidad o a la dolarización y los defensores de seguir
aplicando remedios ortodoxos. El segundo grupo lo lideraba Pablo
Better.
¿De qué lado estaba el Presidente? Hasta el 27 de diciembre, en un
largo almuerzo con directivos de este Diario, el Presidente se
había mostrado contrario a la dolarización. Veía riesgoso ese
cambio de modelo. Al igual que a Carlos Larreátegui, su
superministro de Desarrollo Humano, le parecía que cualquier
movimiento de ese tipo dañaba el acuerdo en ciernes con el Fondo
Monetario Internacional. La dolarización, también dijo, era
inoportuna porque polarizaría y dividiría en dos a la opinión.
La crisis económica y la sin salida política y social lo obligaron
a encontrar una boya de salvación. La reunión decisiva para
ventilar el problema se llevó a cabo en el Palacio de Gobierno el
martes 4.
Esa noche, el Frente Económico y miembros del Banco Central se
reunieron hasta la madrugada del miércoles. Al final de la agria
reunión, Pablo Better impuso su fórmula que se basaba en la
hipótesis de un programa económico equilibrado y negociado con el
FMI.
En Palacio, se pensó que aquello era un ejercicio didáctico. Pero
esa salida -mirada como una falta de consenso- molestó al
presidente Mahuad. Incluso durante la discusión el tono subió y se
produjeron golpes en la mesa del salón de sesiones. Ahora sí el
Mandatario se rendía a la evidencias de que el sistema cambiario
no daba más. Los campanazos no solo llegaban de parte de los
actores económicos y de los ciudadanos desesperados por sus
depósitos congelados. La Democracia Popular, que antes ya había
hecho advertencias al Presidente, ese mismo miércoles le pidió
diez rectificaciones urgentes so pena de quitarle el apoyo
legislativo.
Le pidieron alianzas que le den sustento al Gobierno, acciones
anticorrupción, definiciones de una política monetaria y
cambiaria. 27 de los 35 diputados, encabezados por Ramiro Rivera,
llegaron ese miércoles a las 17:00 a Carondelet. No estuvieron los
diputados allegados a la Corporación de Estudios Sociales
(Cordes). Cinco horas más tarde salieron más distendidos y en son
de reconciliación. Una de las estrategias de Mahuad, para bajar
esa tensión, fue nombrar a hombre cercano a Juan José Pons,
Alejandro Aguayo, como nuevo jefe de bloque.
En el país, en cambio, la desazón crecía. Y hasta José Gallardo,
ministro de Defensa, en un acto de lealtad con el Presidente, tuvo
que aceptar, en una reunión llevada a cabo el jueves en el Círculo
Militar de Quito, críticas violentas por parte de los periodistas
contra el Gobierno. La más incendiaria la lanzó Francisco Huerta,
subdirector del Diario Expreso, quien dijo que Gallardo defendía
no solo a un personaje inepto sino corrupto.
Las manifestaciones de ese jueves ante las cuales el Gobierno
decretó el Estado de emergencia, forzaron una reunión famosa en
Carondelet. Famosa porque de allí salió la versión según la cual
el Gobierno quería dar un fujimorazo.
A esa reunión asistieron el Presidente, los ministros de Defensa,
Gobierno y Relaciones Exteriores, el Secretario de la
Administración, el Jefe del Comando Conjunto, los jefes de rama,
el Comandante de la Policía, el Jefe de Inteligencia y una decena
de oficiales más de esa Institución. La presencia masiva de
miembros de la Policía se debía al propósito mismo de la reunión:
hacer el balance de orden público y evaluar los escenarios en los
que el Gobierno y las fuerzas del orden se iban a mover hacia
adelante.
Tras la lectura del informe policial, el Presidente, en el mejor
tono académico, decidió darle un marco teórico a lo que estaba
viviendo el país. Entonces habló de las dificultades legales, del
canibalismo político, del bloqueo y del contexto internacional en
el que el Gobierno estaba tomando decisiones.
Aquella noche se habló de la inestabilidad del país, del peligro
en la frontera con Colombia, de las posibles salidas, de las
debilidad en las ejecuciones del Ejecutivo... Aquella noche se
esgrimieron escenarios en los que Benjamín Ortiz habló de un
gobierno fuerte que, como dijo Vladimiro Alvarez, "ejerza la
autoridad con mayor fuerza por dudosa que sea su interpretación".
En ese ambiente, tan ambiguo como espeso, se habló de encontrar
mecanismos para ejercer el poder a cabalidad. O se preguntó hasta
dónde las FF.AA. y la Policía estaban dispuestas a llegar en el
respaldo del Gobierno. Se dijo que se debía estirar el marco
máximo de atribuciones legales yendo hasta el filo de la navaja.
Se evocaron también medidas posibles de ser tomadas y que no
requerían pasar por el Congreso. ¿Se habló siempre de ejercer la
autoridad con firmeza dentro del marco de la Constitución o, de la
mano de Benjamín Ortiz, los participantes se asomaron a los
poderes omnímodos?
Se pusieron ejemplos de lo que implicaría una vía de mano dura en
el Gobierno. La construcción del oleoducto: ¿estaban los militares
dispuestos a construirlo? ¿Estaban dispuestos a asumir el costo de
lo que significaría una posible impugnación ante el Tribunal
Constitucional?
¿Estaban dispuestos a no dejar patinar al Gobierno frente a los
juicios bajo la declaratoria del Estado de Emergencia? ¿O los
jueces militares iban a inhibirse y a pasar los casos a los jueces
ordinarios echando por la borda la acción resuelta y decidida del
Gobierno?
La reunión resultó lo suficientemente equívoca para albergar todo
tipo de conclusiones. Ortiz se defiende -y Alvarez lo apoya- de
haber propuesto un autogolpe.
Jaime Durán quien, por convicción e interés profesional detesta
los golpes, puso un polo a tierra en aquella reunión. "Solo un
estúpido o un imbécil -dijo- sería capaz de plantear una dictadura
en este momento. El Presidente es un demócrata y lo que se trataba
es de saber hasta dónde las Fuerzas Armadas están dispuestas a
respaldar al Gobierno para que, dentro de la Constitución y las
leyes, se pueda poner orden en el país".
La discusión se salió de cauce -admitió Mahuad. Y recordó que la
reunión era para evaluar lo sucedido y que si había puesto un
marco teórico era con el fin de entender lo que está sucediendo.
Su posición sobre la Constitución era la defendida por Jaime
Durán.
La reunión se deshizo y quedó en el ambiente la sensación de que
se había caminado al borde de un escenario peligroso. Un escenario
que el sábado 8 se reprodujo en el Consejo de Generales. (Texto
tomado de El Comercio)
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