50 Mil Personas Con Permiso Para Disparar


Publicado el 27/Marzo/2000 | 00:00

Quito. 27 mar 2000. La próxima vez que alguien entre a mi casa,
disparo, dice Rogelio Medina, morador del barrio La Luz al norte
de Quito. "El año pasado nos robaron tres veces, en la última
ocasión se llevaron la computadora -que aún no termino de pagar-,
el equipo de sonido, dos lámparas, dos cuadros y la televisión".

La primera vez, explica, denunció a la Policía, pero no logró
recuperar nada, ni detener a los culpables. Por ello, "decidí
actuar por mi propia cuenta": lo primero que hizo fue levantar los
muros de la casa, luego colocó una alarma y finalmente puso una
puerta eléctrica para no tener que bajar del vehículo al ingresar
o salir del garage.

"Sin embargo, los robos en el barrio han aumentado. El pasado
lunes, a plena luz del día (alrededor de las 15:00), fue asaltada
una joven que llegaba de la universidad, le quitaron el reloj, una
calculadora y un libro de química".

Medina se acercó el jueves pasado al Cuartel Epiclachima, en el
sur de la ciudad, para conocer qué necesitaba para portar
legalmente un arma de fuego en su casa. "Tenemos miedo, yo temo
por mi esposa y mis dos hijos (uno de 15 y otro de 19 años). Pero
uno no puede trabajar para otros, cómo es posible que se lleven lo
que se logra con años de trabajo".

El hombre de 40 años ya conoce el tipo de arma que quiere: una
pistola de 9 milímetros. "Cuesta cerca de tres millones de
sucres". Como él, entre 20 y 30 personas demandan diariamente un
permiso para tener un arma en casa. Según el proyecto de seguridad
ciudadana, presentado por la Facultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales (Flacso) al Ministerio de Gobierno, se establece que hay
50 mil personas armadas legalmente en el país.

El mayor número está en la Costa, sobre todo en Guayaquil, una
cifra menor le corresponde a Quito, donde se estima que hay
alrededor de 3 000.

Tadeo Valarezo llevaba una pistola 22 negra, automática, en su
maleta hasta hace dos años. Lo hacía porque quienes robaron su
vehículo le seguían.

"En 1997 dejé mi camioneta estacionada en la esquina de mi casa y
cuando salí ya no estaba. La busqué por todas partes, incluso en
Colombia, cuando ya no tenía ninguna esperanza la hallé en el
camino viejo a Santo Domingo de los Colorados (suroccidente de
Quito), fue una gran coincidencia".

"Estaba pintada de otro color y con placas de un trailer, pero la
reconocí por señas que le puse (plumas, llantas, faros...). Lo
primero que hice fue acercarme y preguntar disimuladamente dónde
compraron un carro tan lindo. Luego les pedí que me dejaran ver el
motor, ahí me di cuenta que habían borrado el número y puesto
otro".

Al día siguiente regresó pero no encontró el vehículo. Decidió
investigar por su cuenta a la familia que lo tenía y supo que
estaba compuesta por catorce hermanos y los buscó en sus
domicilios.

"Finalmente recuperé mi camioneta, a pesar que estos señores
pusieron un juicio en mi contra argumentando que me lo había
apropiado ilegalmente. Allí me di cuenta que me habían seguido, el
expediente tenía fotos mías manejando o lavando el carro. Tenía
una boleta de auxilio que los responsabilizaba si algo me sucedía;
sin embargo, decidí armarme para sentirme seguro. Ahora, pienso en
tener otra vez una pistola en mis manos".

La gente se arma porque se siente desprotegida, porque sabe que el
Estado no garantizará su seguridad y la de su familia, explica
Fernando Carrión, director de la Flacso. "Esa es una forma de
justicia por mano propia", señala.

Sin embargo, la información de que son 50 mil los portadores de
armas es un subregistro. En la propuesta de seguridad se estima
que hay 25 mil personas con revólver, pistola, cartuchera u otro
tipo de arma que es portada ilegalmente. Pero según el
Departamento de Criminalística de la Policía Nacional, 500 mil
ciudadanos portan armas sin un permiso.

La cifra es escalofriante, reconoce la Fuerza Pública. Las armas
de fuego que más circulan en Ecuador son de fabricación casera.
"Los civiles son los que tienen armas de menor calibre; las
pandillas, asaltantes de bancos, secuestradores... son quienes
usan armas largas o equipo sofisticado", dice el capitán Luis
Moreno, jefe del Departamento de Balística de la Policía Nacional.

El oficial señala que un menor grupo de personas porta,
ilegalmente, armas de mayor tecnología, "que llegan de Alemania,
EE.UU., Austria y Rusia". En todo caso, apunta que "el mayor
número de muertes con armas de fuego en el país es provocado por
revólveres, pistolas y cartucheras".

El control de la fuerza le corresponde al Estado, dice Carrión,
por ello es preocupante que existan más personas con armas de
fuego en su casa, sin contar que hay un gran número de gente que
siempre lleva un bate de béisbol en su carro, una navaja colgando
de la presilla de su pantalón o un gas lacrimógeno en la cartera
para defenderse.

El sociólogo Fredy Rivera, miembro del equipo de investigación que
definió la propuesta de seguridad nacional y especialista en temas
relacionados con seguridad, sostiene que el sistema de protección
del país falla en el control, prevención e interacción con la
comunidad. "La gente que más tiene recurre a la seguridad privada,
otros se organizan en su barrio sin la dirección de la Policía o
el Municipio y hay personas que deciden armarse por su cuenta".

Del uno de enero hasta el 16 de este mes, 37 personas han muerto
solo en Quito por disparos. No se puede establecer si la cifra es
alta comparada con otro años, porque el Departamento Médico Legal
de la Policía perdió la información computarizada, debido al mal
informático del milenio (Y2K).

Pero se sabe que en Ecuador la tasa de homicidios es de 15
personas por cada 100 mil habitantes. Colombia tiene una tasa de
70 muertes por 100 mil habitantes, El Salvador de 120, Uruguay de
cinco, Bolivia de nueve... "Sin embargo, es necesario aclarar que
se trata de países distintos y con realidades diferentes", señala
Rivera.

Lo cierto es que es frecuente leer en la Policía partes como este:
"la víctima estaba en una fiesta, y pasados de tragos los
asistentes se pelearon, uno sacó un revólver calibre 38 y disparó
contra el que en vida fue N.N.". Y documentos de autopsia que
refieren: N.N. murió "por hemorragia y laceraciones cerebrales,
fracturas de cráneo, paso y salida de proyectil de arma de fuego".

Desde 1996 hasta 1997, la PJ detuvo a 475 personas por portar
armas ilegalmente. Eso equivale a un promedio de 118 por cada año.

Esta infracción es considerada un delito, según el artículo 162
del Código Penal (Capítulo Cuarto, referente a sabotaje y
terrorismo): "los particulares que, sin el permiso necesario y sin
debida explicación, portaren armas de uso militar o policial,
serán sancionados con prisión de seis meses a un año y una multa
de cien a quinientos sucres".

Las Fuerzas Armadas entregan los permisos de uso

Para recibir un permiso de portar armas, se debe hacer una
solicitud al Comando Conjunto de la Fuerzas Armadas y cumplir con
dos requisitos.

El principal requerimiento es el examen siquiátrico (la mínima
señal de alteración nerviosa, por ejemplo, basta para no pasarlo),
que sirve para definir si la persona está mentalmente capacitada
para esta responsabilidad. Si aprueba el examen, tiene derecho a
tener dos armas si así lo quisiera: una para seguridad personal y
otra para su casa, así se registran. Pero solo luego del análisis
de las FF.AA.

No todo tipo de armamento se puede portar en Ecuador. Las Fuerzas
Armadas autorizan el uso de pistolas de hasta 9 milímetros o su
equivalente: revólveres de hasta 38 milímetros y carabinas de
hasta 22 milímetros. Con el mismo permiso -que es de uso personal-
se pueden portar seis escopetas, desde calibre 10 hasta calibre
410 o sus equivalentes.

Sin embargo, el registro de las licencias solo lo manejan las
Fuerzas Armadas. La Policía y las FF.AA. no interactúan en el
control del uso de armas.

Las que requisa la institución policial -500 se incautaron en el
país durante 1999- van directamente al Comando Conjunto.

La Policía no sabe a cuántas personas se les concede el permiso
para llevar un arma, tampoco tiene antecedentes de quiénes
solicitan una autorización.

Para Fernando Carrión, de la Flacso, el difícil acceso a la
información es un problema que le impide al país conocer realmente
lo que está pasando. "Los datos que se manejan por lo general son
subregistros y aproximaciones".

El coronel Carlos Echeverría, subdirector técnico de la Policía
Judicial, dice que hacen falta reformas a la ley de importación de
armas: "es muy benigna".

Señala que "lo principal es que mejore la calidad de vida de los
ecuatorianos, porque el hambre también provoca la violencia de
unos a otros". (Texto tomado de El Comercio)

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