Guayaquil. 24 mar 2000. Se respetó, casi en su totalidad, el texto
enviado por el Ejecutivo hace una semana. Alcances aprobarán serán
remitidos al presidente Gustavo Noboa
Después de tres días de un complicado debate, el Congreso aprobó
ayer las reformas a la Ley de Transformación Económica, que da
paso al proceso de dolarización de la economía y facilita al país
un crédito de contingencia de 300 millones de dólares, ofrecido
por el Fondo Monetario Internacional (FMI).
La mayoría parlamentaria respetó, casi en su totalidad, el texto
enviado por el Ejecutivo, redactado a base de las sugerencias del
FMI.
La sesión de ayer se instaló a las 10:05. Estaban 65 diputados de
los bloques de la DP, PSC, ID, PRE, MPD, FRA y el partido
Conservador.
Los legisladores comenzaron el debate con el análisis del artículo
diez de los alcances de la ley trolebús, pues el presidente del
Congreso decidió dejar pendiente el nueve para evitar un nuevo
entrampamiento en la discusión, que el día anterior obligó a
levantar la sesión.
Todo empezó a marchar según lo esperado por Juan José Pons. No
obstante, cerca de las 13:00, cuando el debate llegó al artículo
17, otra vez los rumores de un estancamiento en el acuerdo DP-PSC
pusieron en aprietos la votación.
Alfredo Serrano, jefe del bloque del PSC, no entendía a los
diputados de la flecha verde, que en varias ocasiones votaron con
la ID. Además, dejó entrever que al interior de su bloque también
existían fisuras y, por ello, abandonó la sesión.
Otros legisladores de su partido lo acompañaron, pero dieron una
explicación: fueron convocados a una urgente reunión de bloque.
Debido al abandono socialcristiano y de otras ausencias, la sesión
se quedó sin el quórum reglamentario y Pons ordenó un receso de
una hora. Eran las 13:05.
Al mismo tiempo que el bloque del PSC debatía acaloradamente las
reformas, Serrano pedía el apoyo de sus compañeros para aprobar el
proyecto lo antes posible. Incluso, hizo dos llamadas, una a Miami
y otra a Guayaquil para que Jaime Nebot y León Febres Cordero,
llamen al redil a los diputados que se habían "descarriado".
A la reunión socialcristiana asistió, nada más y nada menos que
Juan José Pons, para limar asperezas con el diputado Alvaro Pérez,
quien estaba resentido por haberlo dejado con la palabra en la
boca durante el debate de la noche anterior.
Una vez hechas las pases, Pons se retiró para reunirse con los
diputados de su bloque. Lo hizo en el plenario, antes de
reinstalar la sesión.
Agrupados en círculo, como lo hacen los jugadores de fútbol
americano, los diputados de la Flecha Verde-Pons en el centro como
un mariscal de campo-, delineaban las estrategias para el
siguiente debate.
La reinstalación no se consiguió, sino hasta las 14:30.
Los diputados de la DP, PSC e incluso los de la ID, en ciertas
ocasiones, aprobaron el proyecto sin mayor conflicto. Hasta el PRE
votó a favor de una última disposición que propuso Cecilia
Calderón para que la AGD pague los intereses a los depositantes de
los bancos cerrados.
Antes de las 16:00 todo estaba aprobado, incluido el polémico
artículo nueve, y el salón del pleno fue despidiendo a los
apresurados legisladores, que dejaban la sala en la que tanto
discutieron.
Y es que la aprobación de los alcances a la ley trole uno no fue
una seda. (DM)
BM: Recuperar la cartera vencida será un tanto difícil
El programa de reestructuración de pasivos que implementará el
Gobierno ya tiene sus primeras observaciones. El Banco Mundial,
asesor del programa, recomienda aplicar tratos diferentes a los
deudores, dependiendo del monto del crédito.
El representante del departamento de Desarrollo del Sector Privado
del BM, Gerald Meyerman, asegura que se debe revisar el programa
de reestructuración, con el fin de que se divida a los deudores en
grandes y pequeños, cuyos tratos serán completamente diferentes a
los aprobados en la Ley de Transformación Económica.
Según el técnico, un estudio realizado por el organismo
internacional revela que alrededor de 800.000 ecuatorianos
mantienen deudas con el sistema financiero nacional. De estos, el
0.9% sobrepasan los 50.000 dólares, el 85% del total de la
cartera.
Mientras que un 51% tiene créditos mayores a un millón de dólares
y son 479 empresas en su mayoría.
La cartera total del sistema asciende a 6.000 millones de dólares,
de los cuales el 30% son deudas de los accionistas, según el BM.
Las recomendaciones del Banco Mundial señalan que un plazo de 10
años para reprogramar los créditos de consumo es demasiado, no así
para las grandes deudas que sería corto.
En el caso de los deudores pequeños, según Meyerman, será
necesario crear un proceso de recuperación a través de un sistema
con escalafón de pago de intereses normales y de mora que
arrancaría con el 20% del monto del préstamo original.
Mientras se cumple este programa se fijará una tabla de intereses
que serán fijos mientras se cumple con la reprogramación de esta
clase de cartera que duraría meses.
Para las empresas grandes el tratamiento será diferente. A
criterio del BM los plazos se deben establecer de acuerdo a los
flujos de recursos de las empresas, sin que signifique que el
Estado asuma estas deudas o cree subsidios ante la imposibilidad
de recobrar la cartera. Este proceso llevará de uno a seis años.
Meyerman aseguró que la experiencia de crisis financieras en los
países asiáticos demuestra que únicamente se logra recuperar a
través de estos programas entre el 25 y 30 % del total de la
cartera. (AV)
Las reformas a la ley
El texto que, finalmente, aprobó el Congreso tiene 22 artículos,
10 más de los que envió el Ejecutivo. Sin embargo, lo aprobado no
difiere mucho de lo propuesto por el Gobierno. La mayor parte de
aumentos corresponden a correcciones de errores detectados en el
texto de la ley de dolarización. Las principales reformas quedaron
así:
El Banco Central queda autorizado para emitir monedas
fraccionarias en sucres para adaptarlas a las necesidades de la
economía cotidiana.
Se prohibe el cobro de intereses sobre los intereses generados por
una deuda.
El superintendente de Bancos, previa autorización de la Junta
Bancaria, podrá enajenar los bienes y acciones de los
inversionistas de las instituciones financieras en liquidación,
que tengan créditos vinculados.
La AGD tendrá jurisdicción coactiva para la recuperación de
créditos en las instituciones financieras bajo su control. Los
recursos que recupere, por este procedimiento, los destinará
prioritariamente a devolver los depósitos de hasta 50 mil dólares
de personas naturales o jurídicas.
Todas las acciones emitidas por las empresas que suscriban
contratos de construcción y operación de ductos y todos los bienes
adquiridos para su ejecución, pasarán a manos del Estado una vez
que concluyan los plazos para la amortización de la inversión
privada en esas obras. Así se le asegura al Estado la posesión del
nuevo oleoducto luego de que los constructores y operadores
recobren la inversión.
Las instituciones del sistema financiero están obligadas a
reprogramar los pasivos de aquellos deudores cuyas obligaciones no
superen los 50 mil dólares y podrán renegociar opcionalmente los
créditos, cuyos montos superen los 50 mil dólares, caso por caso.
La Junta Bancaria, a petición del superintendente de Bancos, podrá
ampliar hasta tres años el plazo para la recapitalización de los
bancos, exclusivamente, cuando el déficit del patrimonio técnico
no supere el 80%. Si la deficiencia supera este porcentaje, solo
tendrá un plazo de 60 días.
Las instituciones financieras deberán pagar los intereses a los
clientes hasta la fecha en la que se efectúe el pago de sus
depósitos.
Las empresas del sector comercial no vinculadas al sistema
financiero nacional y que hayan renegociado sus créditos,
reprogramarán las deudas que mantengan sus clientes.
El ministro de Finanzas tiene 30 días para adecuar el presupuesto
general del Estado al nuevo Régimen Monetario. (Texto tomado de El
Expreso)
enviado por el Ejecutivo hace una semana. Alcances aprobarán serán
remitidos al presidente Gustavo Noboa
Después de tres días de un complicado debate, el Congreso aprobó
ayer las reformas a la Ley de Transformación Económica, que da
paso al proceso de dolarización de la economía y facilita al país
un crédito de contingencia de 300 millones de dólares, ofrecido
por el Fondo Monetario Internacional (FMI).
La mayoría parlamentaria respetó, casi en su totalidad, el texto
enviado por el Ejecutivo, redactado a base de las sugerencias del
FMI.
La sesión de ayer se instaló a las 10:05. Estaban 65 diputados de
los bloques de la DP, PSC, ID, PRE, MPD, FRA y el partido
Conservador.
Los legisladores comenzaron el debate con el análisis del artículo
diez de los alcances de la ley trolebús, pues el presidente del
Congreso decidió dejar pendiente el nueve para evitar un nuevo
entrampamiento en la discusión, que el día anterior obligó a
levantar la sesión.
Todo empezó a marchar según lo esperado por Juan José Pons. No
obstante, cerca de las 13:00, cuando el debate llegó al artículo
17, otra vez los rumores de un estancamiento en el acuerdo DP-PSC
pusieron en aprietos la votación.
Alfredo Serrano, jefe del bloque del PSC, no entendía a los
diputados de la flecha verde, que en varias ocasiones votaron con
la ID. Además, dejó entrever que al interior de su bloque también
existían fisuras y, por ello, abandonó la sesión.
Otros legisladores de su partido lo acompañaron, pero dieron una
explicación: fueron convocados a una urgente reunión de bloque.
Debido al abandono socialcristiano y de otras ausencias, la sesión
se quedó sin el quórum reglamentario y Pons ordenó un receso de
una hora. Eran las 13:05.
Al mismo tiempo que el bloque del PSC debatía acaloradamente las
reformas, Serrano pedía el apoyo de sus compañeros para aprobar el
proyecto lo antes posible. Incluso, hizo dos llamadas, una a Miami
y otra a Guayaquil para que Jaime Nebot y León Febres Cordero,
llamen al redil a los diputados que se habían "descarriado".
A la reunión socialcristiana asistió, nada más y nada menos que
Juan José Pons, para limar asperezas con el diputado Alvaro Pérez,
quien estaba resentido por haberlo dejado con la palabra en la
boca durante el debate de la noche anterior.
Una vez hechas las pases, Pons se retiró para reunirse con los
diputados de su bloque. Lo hizo en el plenario, antes de
reinstalar la sesión.
Agrupados en círculo, como lo hacen los jugadores de fútbol
americano, los diputados de la Flecha Verde-Pons en el centro como
un mariscal de campo-, delineaban las estrategias para el
siguiente debate.
La reinstalación no se consiguió, sino hasta las 14:30.
Los diputados de la DP, PSC e incluso los de la ID, en ciertas
ocasiones, aprobaron el proyecto sin mayor conflicto. Hasta el PRE
votó a favor de una última disposición que propuso Cecilia
Calderón para que la AGD pague los intereses a los depositantes de
los bancos cerrados.
Antes de las 16:00 todo estaba aprobado, incluido el polémico
artículo nueve, y el salón del pleno fue despidiendo a los
apresurados legisladores, que dejaban la sala en la que tanto
discutieron.
Y es que la aprobación de los alcances a la ley trole uno no fue
una seda. (DM)
BM: Recuperar la cartera vencida será un tanto difícil
El programa de reestructuración de pasivos que implementará el
Gobierno ya tiene sus primeras observaciones. El Banco Mundial,
asesor del programa, recomienda aplicar tratos diferentes a los
deudores, dependiendo del monto del crédito.
El representante del departamento de Desarrollo del Sector Privado
del BM, Gerald Meyerman, asegura que se debe revisar el programa
de reestructuración, con el fin de que se divida a los deudores en
grandes y pequeños, cuyos tratos serán completamente diferentes a
los aprobados en la Ley de Transformación Económica.
Según el técnico, un estudio realizado por el organismo
internacional revela que alrededor de 800.000 ecuatorianos
mantienen deudas con el sistema financiero nacional. De estos, el
0.9% sobrepasan los 50.000 dólares, el 85% del total de la
cartera.
Mientras que un 51% tiene créditos mayores a un millón de dólares
y son 479 empresas en su mayoría.
La cartera total del sistema asciende a 6.000 millones de dólares,
de los cuales el 30% son deudas de los accionistas, según el BM.
Las recomendaciones del Banco Mundial señalan que un plazo de 10
años para reprogramar los créditos de consumo es demasiado, no así
para las grandes deudas que sería corto.
En el caso de los deudores pequeños, según Meyerman, será
necesario crear un proceso de recuperación a través de un sistema
con escalafón de pago de intereses normales y de mora que
arrancaría con el 20% del monto del préstamo original.
Mientras se cumple este programa se fijará una tabla de intereses
que serán fijos mientras se cumple con la reprogramación de esta
clase de cartera que duraría meses.
Para las empresas grandes el tratamiento será diferente. A
criterio del BM los plazos se deben establecer de acuerdo a los
flujos de recursos de las empresas, sin que signifique que el
Estado asuma estas deudas o cree subsidios ante la imposibilidad
de recobrar la cartera. Este proceso llevará de uno a seis años.
Meyerman aseguró que la experiencia de crisis financieras en los
países asiáticos demuestra que únicamente se logra recuperar a
través de estos programas entre el 25 y 30 % del total de la
cartera. (AV)
Las reformas a la ley
El texto que, finalmente, aprobó el Congreso tiene 22 artículos,
10 más de los que envió el Ejecutivo. Sin embargo, lo aprobado no
difiere mucho de lo propuesto por el Gobierno. La mayor parte de
aumentos corresponden a correcciones de errores detectados en el
texto de la ley de dolarización. Las principales reformas quedaron
así:
El Banco Central queda autorizado para emitir monedas
fraccionarias en sucres para adaptarlas a las necesidades de la
economía cotidiana.
Se prohibe el cobro de intereses sobre los intereses generados por
una deuda.
El superintendente de Bancos, previa autorización de la Junta
Bancaria, podrá enajenar los bienes y acciones de los
inversionistas de las instituciones financieras en liquidación,
que tengan créditos vinculados.
La AGD tendrá jurisdicción coactiva para la recuperación de
créditos en las instituciones financieras bajo su control. Los
recursos que recupere, por este procedimiento, los destinará
prioritariamente a devolver los depósitos de hasta 50 mil dólares
de personas naturales o jurídicas.
Todas las acciones emitidas por las empresas que suscriban
contratos de construcción y operación de ductos y todos los bienes
adquiridos para su ejecución, pasarán a manos del Estado una vez
que concluyan los plazos para la amortización de la inversión
privada en esas obras. Así se le asegura al Estado la posesión del
nuevo oleoducto luego de que los constructores y operadores
recobren la inversión.
Las instituciones del sistema financiero están obligadas a
reprogramar los pasivos de aquellos deudores cuyas obligaciones no
superen los 50 mil dólares y podrán renegociar opcionalmente los
créditos, cuyos montos superen los 50 mil dólares, caso por caso.
La Junta Bancaria, a petición del superintendente de Bancos, podrá
ampliar hasta tres años el plazo para la recapitalización de los
bancos, exclusivamente, cuando el déficit del patrimonio técnico
no supere el 80%. Si la deficiencia supera este porcentaje, solo
tendrá un plazo de 60 días.
Las instituciones financieras deberán pagar los intereses a los
clientes hasta la fecha en la que se efectúe el pago de sus
depósitos.
Las empresas del sector comercial no vinculadas al sistema
financiero nacional y que hayan renegociado sus créditos,
reprogramarán las deudas que mantengan sus clientes.
El ministro de Finanzas tiene 30 días para adecuar el presupuesto
general del Estado al nuevo Régimen Monetario. (Texto tomado de El
Expreso)
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