Guayaquil. 09 nov 98. En Ecuador la historia de las crisis
económicas se repite a menudo.
Desde que se reinstauró la democracia en 1979, el sector
privado ha requerido de manera recurrente boyas salvavidas
para superar agobiantes deudas en dólares.
El primer salvamento se produjo en 1983. Eran tiempos del
gobierno de Osvaldo Hurtado y la denominada sucretización.
En septiembre de 1984, la administración de León
Febres-Cordero amplió el programa de apoyo y ofreció mayores
facilidades a los beneficiarios. Esas operaciones vinculadas
con la compra de deuda externa, a criterio de muchos
entendidos, quedaron satanizadas.
Durante el régimen de Rodrigo Borja, las conversiones de deuda
se limitaron a la educación y fundaciones sin fines de lucro.
Hoy, quince años después, se avizora un nuevo rescate para las
empresas y la banca. En esta oportunidad, la utilización de
los bonos brady estaría descartada. Una emisión de bonos por
parte de la Corporación Financiera Nacional (CFN) sería la
opción a la que acudiría el gobierno demócrata popular de
Jamil Mahuad.
Posiciones encontradas
Como en esa época, el motivo aparente es la imposibilidad de
muchas empresas de cumplir sus compromisos financieros con la
banca, lo que ha generado una cadena de deudas que amenaza la
estabilidad de la economía ecuatoriana.
Estadísticas del Banco Central revelan que a agosto de 1998 el
saldo final más atrasos e intereses de la deuda externa
privada era de 2.289,9 millones de dólares. Ese rubro comenzó
a aumentar sustancialmente desde 1992, cuando equivalía a
258,2 millones de dólares.
A esa misma fecha y con base en datos de la misma fuente, los
créditos concedidos por la banca en moneda extranjera sumaron
10,8 billones de sucres, que representaron el 43% del total de
préstamos otorgados por el sector.
La situación macroeconómica adversa que arrastra Ecuador desde
1995 es el argumento que utilizan representantes de ambos
sectores para explicar su llamado de auxilio. Básicamente se
refieren a las altas tasas de interés y el creciente tipo de
cambio del dólar.
Otra corriente de opinión, en cambio, sostiene que no toda la
crisis tiene su origen en ese aspecto, sino que se vincula con
la mala administración en muchas firmas.
Esta posición, a nivel de estudios internacionales, es
revalidada por el concepto del denominado "riesgo moral". Su
definición implica que las instituciones no se esfuerzan por
realizar operaciones o negociaciones eficientes y rentables
porque saben que si no funcionan, el Estado responderá por
ellas.
A ello se suma que los llamados salvamentos tienen un costo
para el Estado que siempre se traslada a la población.
Frente a esas posturas surgen varias interrogantes: ¿es
necesario el nuevo salvamento?, ¿cómo evitar que la crisis
financiera se produzca luego de cierto período?, ¿qué
condicionantes deberían establecerse para contrarrestar el
riesgo moral?
Salvamento necesario
A criterio de Sixto Cuesta, ex decano de la Facultad de
Economía de la Universidad Católica, un plan de salvamento
debería ser el tercer componente indispensable de un programa
macroeconómico de este gobierno; y de manera paralela, la
capitalización del sistema financiero.
Es necesario, sostuvo, porque la crisis del sector empresarial
no necesariamente responde a problemas intrínsecos a él sino a
la crisis generalizada, razón por la que es responsabilidad
del gobierno enfrentarla.
Asimismo, considera que la postura contraria al salvamento por
el costo que tendría para el Estado y la población "es una
forma miope de ver las cosas".
Cuesta sostiene que la preocupación más bien debería centrarse
a establecer por qué las crisis son recurrentes. "Los
salvamentos, especificó, son un instrumento, una medida para
resolver el problema, no son la causa".
En consecuencia, sostuvo que lo que hay que combatir son los
problemas estructurales y no los programas de ayuda.
Desde su punto de vista, lo ideal sería encontrar un modelo de
rescate que no endeude en demasía el Estado. Para el efecto
una alternativa sería emitir bonos que estén financiados
(fondeados) con capitales nacionales y extranjeros; y con ello
la deuda no será cargada al Estado sino a los mercados
financieros, detalló.
Así se canjearía la cartera vencida calificada por otra
sustentada en bonos del Estado.
Para contrarrestar el posible abuso del mecanismo, sugirió
establecer como contragarantías de la nueva deuda, la cartera
o acciones, dependiendo si el alivio se dirige al sector real
de la economía (empresas) o a la capitalización de la banca.
"Así los recursos del Estado estarían resguardados", concretó.
En el caso de una posible utilización de papeles de la deuda
(al que tampoco se opuso), para aliviar los compromisos
vencidos, dijo que lo importante es establecer límites para
que no se presione al tipo de cambio del dólar.
"La totalidad del rescate tampoco tendría que ir con cargo a
la deuda externa, sino solo una parte", mencionó.
Una regulación apropiada y un exhaustivo control deben
complementar ambas propuestas, concluyó.
No debe ser regalo
Oscar Orrantia, Presidente de la Federación de Cámaras de
Industrias del Ecuador, también piensa que el programa global
del régimen debe propender a solucionar el problema del
sobreendeudamiento de las empresas y la reactivación del
aparato productivo.
La situación, según el empresario, es crítica porque está en
riesgo la continuidad de muchas firmas. "Existen serios
problemas de utilidad por lo que se requiere un programa de
distensión del crédito a intereses racionales", manifestó.
Sin embargo, enfatizó que por ningún motivo el salvamento
deberá tener la característica de un regalo ni debe beneficiar
a personas jurídicas que no han sido bien manejadas. Debe
aplicarse, agregó, un mecanismo para que el Estado se asegure
que se pagarán las cuentas.
En ese sentido, piensa que no puede aplicarse un proceso
similar al de la sucretización de la deuda que hizo el
gobierno de Hurtado.
Desde su óptica, lo que sí se requieren son plazos y tasas de
interés adecuadas, "pero no subsidios".
Una opinión de Orrantia que vale la pena rescatar se refiere a
que el plan de salvamento debe estar amarrado necesariamente a
una propuesta de reactivación de la economía y un programa
económico integral, caso contrario "el Ecuador no irá a ningún
lado". Esa condicionante es prioritaria para dar confianza a
los inversionistas, dijo.
Así también piensa que en el caso del sector financiero, la
Superintendencia debe mejorar su vigilancia para evitar la
excesiva concentración y mal manejo administrativo.
De manera adicional un mecanismo de reactivación de nuevos
negocios con créditos frescos, provenientes de la banca
multilateral o de una emisión de bonos, estimó que sería
también conveniente.
Es de esperarse que el nuevo salvavidas que se lance tanto a
las empresas como a la banca, sea lo suficientemente pensado
para evitar distorsiones que a la larga perjudiquen a la
economía en su conjunto y por ende a los doce millones de
ecuatorianos. (Texto tomado de El Universo)
económicas se repite a menudo.
Desde que se reinstauró la democracia en 1979, el sector
privado ha requerido de manera recurrente boyas salvavidas
para superar agobiantes deudas en dólares.
El primer salvamento se produjo en 1983. Eran tiempos del
gobierno de Osvaldo Hurtado y la denominada sucretización.
En septiembre de 1984, la administración de León
Febres-Cordero amplió el programa de apoyo y ofreció mayores
facilidades a los beneficiarios. Esas operaciones vinculadas
con la compra de deuda externa, a criterio de muchos
entendidos, quedaron satanizadas.
Durante el régimen de Rodrigo Borja, las conversiones de deuda
se limitaron a la educación y fundaciones sin fines de lucro.
Hoy, quince años después, se avizora un nuevo rescate para las
empresas y la banca. En esta oportunidad, la utilización de
los bonos brady estaría descartada. Una emisión de bonos por
parte de la Corporación Financiera Nacional (CFN) sería la
opción a la que acudiría el gobierno demócrata popular de
Jamil Mahuad.
Posiciones encontradas
Como en esa época, el motivo aparente es la imposibilidad de
muchas empresas de cumplir sus compromisos financieros con la
banca, lo que ha generado una cadena de deudas que amenaza la
estabilidad de la economía ecuatoriana.
Estadísticas del Banco Central revelan que a agosto de 1998 el
saldo final más atrasos e intereses de la deuda externa
privada era de 2.289,9 millones de dólares. Ese rubro comenzó
a aumentar sustancialmente desde 1992, cuando equivalía a
258,2 millones de dólares.
A esa misma fecha y con base en datos de la misma fuente, los
créditos concedidos por la banca en moneda extranjera sumaron
10,8 billones de sucres, que representaron el 43% del total de
préstamos otorgados por el sector.
La situación macroeconómica adversa que arrastra Ecuador desde
1995 es el argumento que utilizan representantes de ambos
sectores para explicar su llamado de auxilio. Básicamente se
refieren a las altas tasas de interés y el creciente tipo de
cambio del dólar.
Otra corriente de opinión, en cambio, sostiene que no toda la
crisis tiene su origen en ese aspecto, sino que se vincula con
la mala administración en muchas firmas.
Esta posición, a nivel de estudios internacionales, es
revalidada por el concepto del denominado "riesgo moral". Su
definición implica que las instituciones no se esfuerzan por
realizar operaciones o negociaciones eficientes y rentables
porque saben que si no funcionan, el Estado responderá por
ellas.
A ello se suma que los llamados salvamentos tienen un costo
para el Estado que siempre se traslada a la población.
Frente a esas posturas surgen varias interrogantes: ¿es
necesario el nuevo salvamento?, ¿cómo evitar que la crisis
financiera se produzca luego de cierto período?, ¿qué
condicionantes deberían establecerse para contrarrestar el
riesgo moral?
Salvamento necesario
A criterio de Sixto Cuesta, ex decano de la Facultad de
Economía de la Universidad Católica, un plan de salvamento
debería ser el tercer componente indispensable de un programa
macroeconómico de este gobierno; y de manera paralela, la
capitalización del sistema financiero.
Es necesario, sostuvo, porque la crisis del sector empresarial
no necesariamente responde a problemas intrínsecos a él sino a
la crisis generalizada, razón por la que es responsabilidad
del gobierno enfrentarla.
Asimismo, considera que la postura contraria al salvamento por
el costo que tendría para el Estado y la población "es una
forma miope de ver las cosas".
Cuesta sostiene que la preocupación más bien debería centrarse
a establecer por qué las crisis son recurrentes. "Los
salvamentos, especificó, son un instrumento, una medida para
resolver el problema, no son la causa".
En consecuencia, sostuvo que lo que hay que combatir son los
problemas estructurales y no los programas de ayuda.
Desde su punto de vista, lo ideal sería encontrar un modelo de
rescate que no endeude en demasía el Estado. Para el efecto
una alternativa sería emitir bonos que estén financiados
(fondeados) con capitales nacionales y extranjeros; y con ello
la deuda no será cargada al Estado sino a los mercados
financieros, detalló.
Así se canjearía la cartera vencida calificada por otra
sustentada en bonos del Estado.
Para contrarrestar el posible abuso del mecanismo, sugirió
establecer como contragarantías de la nueva deuda, la cartera
o acciones, dependiendo si el alivio se dirige al sector real
de la economía (empresas) o a la capitalización de la banca.
"Así los recursos del Estado estarían resguardados", concretó.
En el caso de una posible utilización de papeles de la deuda
(al que tampoco se opuso), para aliviar los compromisos
vencidos, dijo que lo importante es establecer límites para
que no se presione al tipo de cambio del dólar.
"La totalidad del rescate tampoco tendría que ir con cargo a
la deuda externa, sino solo una parte", mencionó.
Una regulación apropiada y un exhaustivo control deben
complementar ambas propuestas, concluyó.
No debe ser regalo
Oscar Orrantia, Presidente de la Federación de Cámaras de
Industrias del Ecuador, también piensa que el programa global
del régimen debe propender a solucionar el problema del
sobreendeudamiento de las empresas y la reactivación del
aparato productivo.
La situación, según el empresario, es crítica porque está en
riesgo la continuidad de muchas firmas. "Existen serios
problemas de utilidad por lo que se requiere un programa de
distensión del crédito a intereses racionales", manifestó.
Sin embargo, enfatizó que por ningún motivo el salvamento
deberá tener la característica de un regalo ni debe beneficiar
a personas jurídicas que no han sido bien manejadas. Debe
aplicarse, agregó, un mecanismo para que el Estado se asegure
que se pagarán las cuentas.
En ese sentido, piensa que no puede aplicarse un proceso
similar al de la sucretización de la deuda que hizo el
gobierno de Hurtado.
Desde su óptica, lo que sí se requieren son plazos y tasas de
interés adecuadas, "pero no subsidios".
Una opinión de Orrantia que vale la pena rescatar se refiere a
que el plan de salvamento debe estar amarrado necesariamente a
una propuesta de reactivación de la economía y un programa
económico integral, caso contrario "el Ecuador no irá a ningún
lado". Esa condicionante es prioritaria para dar confianza a
los inversionistas, dijo.
Así también piensa que en el caso del sector financiero, la
Superintendencia debe mejorar su vigilancia para evitar la
excesiva concentración y mal manejo administrativo.
De manera adicional un mecanismo de reactivación de nuevos
negocios con créditos frescos, provenientes de la banca
multilateral o de una emisión de bonos, estimó que sería
también conveniente.
Es de esperarse que el nuevo salvavidas que se lance tanto a
las empresas como a la banca, sea lo suficientemente pensado
para evitar distorsiones que a la larga perjudiquen a la
economía en su conjunto y por ende a los doce millones de
ecuatorianos. (Texto tomado de El Universo)
Más en el