Guayaquil. 29 nov 98. Como un pulpo, la nueva Ley de Reordenamiento
en Materia Económica, en el Area Tributario-Financiera, aprobada
por el Congreso tiene varios tentáculos, a los que se cuestiona su
casi nulo impacto en la reactivación de la economía.

De ellos, tres son los principales: la creación del Impuesto del 1%
a la Circulación de Capitales; la reestructuración de las deudas
que tienen las empresas con los bancos; y el fortalecimiento de las
instituciones del sistema financiero privado.

Probablemente mañana lunes, el Presidente Jamil Mahuad, le pondrá
el ejecútese al paquete completo, de acuerdo a sus declaraciones de
ayer en Cuenca. Hoy domingo estará listo el informe del Ministro de
Finanzas, Fidel Jaramillo.

Cuando se publique en el Registro Oficial, los dos últimos
componentes mencionados entrarán en vigencia, mientras que el
primero (el 1%) regirá en enero de 1999.

Hay quienes están a favor, mientras que otros se muestran en contra
del nuevo gravamen que reemplaza del impuesto a la renta.

Aumentaría demanda

De ellos puede rescatarse como aspecto positivo, que al aumentarse
el ingreso de las personas naturales (individuos) y jurídicas
(empresas), producto de disminuir su contribución al Fisco (si se
lo compara con el impuesto a la renta), mejoraría el consumo y por
ende se estimularía la producción de las empresas.

Ese aspecto constituye un punto a favor de la reactivación.

No se puede decir lo mismo de los otros dos componentes, a criterio
de empresarios y analistas.

La no negociación de los Bonos de Reactivación Económica, es el
argumento que utilizan los banqueros para sostener que el problema
de la iliquidez en el sistema no se resolverá.

Critican también que la ayuda no sea generalizada sino que se
aplique "solo a las empresas que tengan posibilidades reales de
regularizar sus actividades y ser rentables".

En lo que se refiere al fortalecimiento del sistema financiero, lo
conveniente, a criterio de los entendidos, es la introducción de
las auditorías externas a las instituciones del sector. Esa
herramienta, permitirá como dice la ley, el establecimiento de
alertas tempranas para corregir problemas en el sector.

Lo negativo, sería que esas auditorías empezaran doce meses después
de la vigencia de la ley.

Se incluyó la posibilidad que los accionistas tengan derecho
preferente para capitalizar el ente en reestructuración, lo que no
se contemplaba en el documento original del Ejecutivo.

La Agencia de Garantía de Depósitos, AGD, se encargará de los
programas de reestructuración para fortalecer a las instituciones
financieras con problemas. Específicamente las que estuvieren
incursas en los artículos 144, 145 y 146 de la Ley General de
Instituciones del Sistema Financiero, que se refieren a
deficiencias del patrimonio técnico, que ponga en riesgo su
liquidez y solvencia.

A estas, de manera previa, se les aplicará también una auditoría.

Mientras tanto nada se dice sobre la reducción del gasto público ni
del tamaño del Estado.

Nebot: Quienes eluden se oponen al 1%

"A causa de sus operaciones off shore, ciertos banqueros
acostumbrados a eludir el pago del impuesto a la renta hoy se
oponen al 1%", afirma el diputado socialcristiano, Jaime Nebot
Saadi.
Su aseveración la hizo al referirse a la opinión del presidente de
la Asociación de Bancos Privados del Ecuador (ABPE), Antonio
Acosta, quien sostiene que esas operaciones deben estar excentas
del gravamen.

"El pretender diferir el cobro del 1% o el proponer que se lo
recaude de manera paulatina no es más que un pretexto para impedir
o hacer fracasar su aplicación", remarcó.

Por tal motivo, Nebot considera necesario que el Gobierno y los
organismos centrales adopten con urgencia y sin esperar la vigencia
del reglamento, a fin de garantizar el cumplimiento de la ley.

El diputado sostiene que la banca off shore se declara extranjera
para no tributar en el país; sin embargo, no utiliza ese mismo
argumento respecto de la garantía de depósitos que dará a sus
acreedores el Estado.

Sostiene también que quien utiliza la banca off shore lo hace por
facilidades operacionales, rentabilidad y confidencialidad, "el
impuesto del 1% en nada les afecta porque la facilidad operacional
es igual y la rentabilidad, pese al 1% anualizado, sigue siendo
sustancialmente mayor a lo que se puede obtener en las
instituciones financieras extranjeras tradicionales".

Egas: La AGD afrontará
las liquidaciones

QUITO.- No habrá superposición de funciones entre la
Superintendencia de Bancos y la Agencia de Garantía de Depósitos
(AGD), eso afirma el Superintendente actual, Jorge Egas Peña, quien
según la ley aprobada tendrá que actuar como presidente del
directorio de la AGD.

"La Superintendencia de Bancos es para supervisar los entes
financieros en funcionamiento normal y ordinario. La Agencia de
Garantía de Depósitos está hecha para una situación diferente, que
es la liquidación de los bancos donde en realidad no tiene que
participar necesariamente la Superintendencia", dijo.

Egas Peña aseveró que la AGD no implica una disminución de
atribuciones para la Superintendencia, "porque el superintendente
de Bancos está en la Agencia de Depósitos y va a contribuir". Egas
dijo que se "atenderá una etapa de la vida de los bancos que no lo
ha estado adecuadamente por falta de una normatividad conveniente".

Spurrier: Costo para Fisco

El analista económico y director de la publicación Análisis
Semanal, Walter Spurrier, afirma que la ley es un buen mecanismo
para la reestructuración de los pasivos de las empresas y del
sistema financiero.

No obstante, el experto advierte que la aplicación del plan va a
significar un importante costo para el Fisco por la emisión de
bonos que deberá realizar por 1.800 millones de dólares.

"Ciertamente el plan no otorga liquidez al sistema financiero, pero
entrega los mecanismos y facilidades para el refinanciamiento de
las deudas", dijo.

Asimismo, dijo que la idea de brindar a la banca un plazo de doce
meses para poner al día sus balances antes de ser estudiados por
firmas auditoras, es una oportunidad para que estos puedan
sanearse.

No descartó la posibilidad de que el plazo sea utilizado por la
banca para arreglar sus libros.
"Siempre existe la posibilidad de que las cosas no se hagan con
total transparencia, pero para ello habrá que hacer una buena
auditoría", dijo.

Basado en el principio de equidad, Spurrier expresa que
técnicamente el Estado no debe garantizar los depósitos de la banca
off shore "dado que muchos banqueros han objetado su inclusión en
el pago del 1% por ser banca extranjera. La oposición al 1% quizá
se deba al temor de una posible corrida de capitales", anotó.

Criticó además que el plan completo no contemple la reducción del
gasto corriente.

Aspiazu: Se favorece
a ciertos bancos

El Presidente Ejecutivo del Banco del Progreso, Fernando Aspiazu,
consideró que en el Gobierno sí ha existido "un sesgo regionalista
en algunas oportunidades" y dijo estar seguro que en lo posterior
se enmendará las discriminaciones.

"Por ejemplo, una preocupación es dónde se colocan los dineros de
las entidades públicas; si se lo hace equitativamente entre todas
las instituciones financieras en relación a su patrimonio o si se
lo hace única y exclusivamente en determinados bancos", comentó.

Al referir a la fusión del Banco del Progreso con Cofiec, Aspiazu
expresó que esta será beneficiosa porque ambas entidades se
complementarán regionalmente y cuentan con iguales objetivos y la
misma calidad de servicio a sus clientes.

Descartó la existencia de una crisis bancaria o financiera en el
Ecuador y aseguró que los problemas que se suscitan en los bancos
surgen porque existe una crisis interna a causa del fenómeno El
Niño y otra financiera a nivel internacional.

Alarcón: No hay
verdadero salvamento

El representante de Plásticos Ecuatoriano, Francisco Alarcón
Fernández-Salvador, sostiene que el plan de salvamento para el
sector empresarial es una buena iniciativa, pero lamentablemente no
cumple con su objetivo.

Para Alarcón de nada servirá que el Estado coloque en el mercado
bonos por 1.800 millones de dólares, si en la ley no se explica
cómo traspasará la banca las facilidades de refinanciamiento al
sector productivo.

"Es necesaria una reglamentación urgente de la ley, porque en ella
no hay nada claro", sostuvo.

Refirió que la ley en sí tiene un bonito enunciado pero no facilita
ni fomenta la reactivación del aparato productivo a causa de las
elevadas tasas de interés contempladas en la ley.

Con este mecanismo -sostiene Alarcón- es imposible que las empresas
puedan cumplir con el pago de sus intereses y mucho menos con el
capital.

"La ley lo único que prevé son bonitos movimientos contables de los
bancos, pero a fin de mes le van a cobrar a las empresas y, ¿de
dónde se va a sacar la plata?", cuestionó. (Texto tomado de El
Universo)
EXPLORED
en Ciudad Guayaquil

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