Quito. 23 mar 98. Dos nuevas compañías están en el abanico de
ofertas. Los planes colectivos cubren enfermedades
preexistentes.
Las empresas de medicina prepagada se consolidan en el país.
Aunque no experimentan un boom, aumentan poco a poco: hace un
año apareció una nueva compañía con capitales mixtos
nacionales y chilenos, Vida Sana. Ahora hace su ingreso en el
mercado nacional el primer grupo en el que los médicos se
convierten en empresarios, Greenlife.
La medicina prepagada es un campo que se abre como alternativa
para llevar la atención médica privada a precios accesibles,
pero no ha experimentado un crecimiento significativo.
Hay muchas razones para esto. José Tohme, presidente de la
Asociación Ecuatoriana de Empresas de Medicina Integral
Prepagada, señala como una de las causas la depresión de la
capacidad adquisitiva y, por otro, está la inercia del sistema
de seguridad social y de salud del país, que no ha
experimentado aperturas al sector privado, como en Perú o
Colombia, en donde compite con la entidad aseguradora pública.
El sostiene que no es verdad que la actividad genera
utilidades exorbitantes sino que, por el contrario, incluso ha
experimentado situaciones de sobrevivencia y las empresas
están permanentemente haciendo aumentos de capital. Está
también la falta de preocupación y prevención de la población
por la salud.
Hasta hace dos años, hablar de este tema era mencionar a tres
empresas con presencia relativamente nacional: Ecuasanitas,
Salud y Humana. Entre estas y Vida Sana reúnen menos de 200
mil beneficiarios. Pero la cifra no es exacta porque Salud, a
pesar de que se le insistió y ofreció, no entregó los datos.
Hace tan solo un mes, salió al mercado Greenlife en donde 275
médicos son accionistas. Carlos Cepeda, uno de sus directivos,
manifiesta que se cansaron de que las compañías ajenas les
fijaran tarifas de honorarios y les maltrataran, así como a
los clientes. Ofrece 15 planes diferentes al mercado con
cobertura limitada, pero, según manifiesta, mayor que las
otras empresas porque va a reconocer preexistencias y
procedimientos voluntarios como los de esterilización,
tratamiento de cáncer terminal, cobertura a la tercera edad,
cáncer de ovario y control del niño sano. "Además, habrá
protocolos de procedimientos de diagnóstico para que se
cumplan exámenes básicos y especiales, solo de acuerdo a
reales necesidades".
Para evitarse líos en cuanto a honorarios con médicos, según
conoció este Diario de fuentes de la empresa Humana, allí se
cambió la relación con los galenos en el último año y medio.
Antes, el porcentaje de reembolso al paciente se calculaba de
acuerdo a una tarifa que luego no coincidía con la del médico
y esto condujo a muchos problemas, ahora "existe más
transparencia en el producto que vendemos, dijo la fuente, y
el afiliado sabe que le vamos a cubrir una cantidad dada por
consulta y él se encarga de negociar con el médico".
Vida Sana cumplirá un año en mayo, pero mantiene propuestas
similares a las ya existentes en el mercado: planes de libre
elección del médico y la clínica, reembolso con porcentajes
del 50, 80 y 100 por ciento, de acuerdo con lo que paga el
afiliado. En su caso, depende también de si la atención es
ambulatoria u hospitalaria, según Jorge Villanueva, gerente.
Pero sí se ha experimentado un cambio en el sector: hay
planes, sobre todo corporativos o empresariales, que cubren
las enfermedades preexistentes y congénitas. La razón es que
cuando el asegurado es individual busca protección porque se
siente expuesto a un riesgo, mientras que si la afiliación es
colectiva, el riesgo se diluye entre todos.
Esta modalidad la han adoptado Humana y Vida Sana. Pero Tohme,
también presidente de Ecuasanitas, manifiesta que las empresas
serias no pueden hacerlo mientras no tengan un fondo para este
tipo de calamidades o el sistema de salud le permita cubrir a
todos.
Los contratos promedio que se acercan a los más usados en las
empresas tienen distintos niveles. Por ejemplo, en Vida Sana,
cuesta alrededor de 130.000 sucres por titular y su familia,
pero esta puede tener tres o una sola persona. En Humana, en
cambio, el dato de aporte por beneficiario es exacto: 39.000
sucres mensuales en promedio. Esto es muy significativo a la
hora de identificar la trascendencia que pueden tener estas
instituciones en la seguridad social, dijo un accionista de
esa entidad. Y agregó: el aporte promedio por afiliado del
IESS es 30.000 sucres. Claro que su cobertura no tiene
límites, sino que es integral, pero la crisis económica del
área de salud en el IESS no tiene solución.
En Ecuasanitas, la media es de 60.000 sucres por beneficiario
en contratos grupales con planes que no cubren toda enfermedad
y se escoge cualquier médico y clínica, el Plan Azul. Y en el
sistema tradicional de esta empresa, en el que se dispone solo
de los médicos y clínicas asociados, pero que cubre el 100 por
ciento de las necesidades, el aporte individual es de 90.000
sucres.
En tiempo de gastos
Ecuasanitas es la única empresa que, en julio, cumple 20 años
(las demás se crearon a partir de 1993).
El tiempo de existencia le trae un problema: una buena parte
de sus afiliados usa sus servicios con más frecuencia y por
enfermedades más graves. Por ejemplo, las mujeres en edad
fértil, en un 80 por ciento hacen uso de su seguro para dar a
luz y, luego de superar la edad de la procreación, continúan
con necesidad de atención a diversas dolencias que requieren
tratamientos complicados como, por ejemplo, la histerectomía.
Los varones también reportan muchos problemas serios, con
tratamientos caros, como los cardiovasculares. E incluso, de
todos los niños que cubre, por lo menos la mitad se enferma.
Por eso, en la generalidad de los planes que ofrecen estas
empresas, los precios suben según los riesgos, la edad y el
sexo del beneficiario. Un sector de la población que tiene un
acceso muy limitado es el de la tercera edad pues, los mayores
de 60 años, solo pueden ingresar en grupos corporativos y con
un chequeo minucioso previo.
Con todo, el futuro de estas empresas, el papel que jueguen en
la ampliación de la cobertura a la población, dependerá del
rumbo que tome la reforma del sector salud y el sistema de
seguridad social, materia que está en proceso de discusión en
la Asamblea Nacional.
Asamblea * El informe será debatido en estos días
Salud: la Constitución sí recogerá la reforma
De la gratuidad de la salud pública se pasa a la contribución
de los que más tienen. Un seguro universal, progresivo y
solidario es el eje del sistema.
Los ecuatorianos, por primera vez, tendrán el derecho a la
salud consagrado en la Carta Magna, en el capítulo de los
derechos del ciudadano, según el informe de la Comisión de
Constitución, que será sometido a segundo debate y definitivo
en el plenario de la Asamblea Nacional, en los próximos días.
En la Constitución vigente, solo está mencionado el derecho a
la atención médica y, las referencias a la salud, en diversos
artículos dispersos en el texto constitucional. Pero, ¿qué
hará que este derecho no quede en letra muerta?
Para abrir camino a que se cumpla este derecho, se crea, en la
Constitución, una sección específica en la que se asientan las
obligaciones del Estado con los ciudadanos en esta materia.
Esta consta de ocho artículos. La primera característica del
articulado es que contiene una visión de la salud que va más
allá de los servicios de atención médica e incorpora conceptos
como la salud alimentaria, la provisión de agua potable y
saneamiento ambiental, ambientes: familiar, laboral y
comunitario saludables. Estos son varios elementos que el
Estado debe desarrollar para promover y proteger la salud de
los habitantes.
Estos factores tienen el 75 por ciento del peso a la hora de
mantener a la población en condiciones saludables, la atención
médica solo colabora con el 25 por ciento restante. Así lo
subraya Ramiro Echeverría, consultor del Consejo Nacional de
Salud y asesor de la Comisión Sexta de la Asamblea, que
trabajó en las reformas en materia de Salud.
Pero además, en el artículo 3, el rol fundamental del Estado
pasa de administrador a rector: es decir, que se le asigna el
papel de conductor, regulador, normatizador y organizador del
sistema, que lo constituyen una serie de entidades que se
dedican a brindar servicios de salud de una forma dispersa,
desarticulada, que duplica los esfuerzos y diluye los impactos
sociales de la gente más necesitada.
Por eso, en el artículo 4, se crea la obligación al Estado
ecuatoriano de organizar el Sistema Nacional de Salud, "el que
se integrará con las entidades públicas, autónomas, privadas y
comunitarias del sector. Funcionará de una manera
desconcentrada, descentralizada y participativa".
De esta manera se recoge un anhelo que se ha manifestado en el
país desde hace 20 años, y que ya se incluyó en la reforma
constitucional de 1996, pero no se ha llegado a concretar.
¿Cuál es su significado real? Es un instrumento fundamental
para establecer cambios en el sector, señala Echeverría.
La Comisión Sexta de la Asamblea recibió 42 propuestas en
materia de salud y en ese volumen se observó un énfasis a la
atención de discapacitados, jubilados y personas de tercera
edad. Por ello, se introdujo el artículo 6 que señala que el
Estado prestará atención especializada, protección y
asistencia social a estos grupos humanos.
Un artículo en el que no existe unanimidad en los asambleístas
es el número 7, que se refiere al control de precios de los
medicamentos en el país. Hay la posibilidad de que el Estado
se reserve el derecho a continuar ejerciendo el control o no.
Y el último tema es el financiamiento, consignado en el
artículo 8 que se sustenta en múltiples fuentes, además de la
asignación del Presupuesto del Estado y la rentabilidad del
Fondo de Solidaridad.
La idea es, explica Echeverría, que las asignaciones fiscales
vayan hacia la salud pública, es decir, a los programas como
vigilancia epidemiológica, vacunación, micronutrientes, y
otros de promoción y prevención del mayor alcance e impacto
social.
El objetivo es evitar que se reproduzca la situación actual de
distribución del gasto nacional en salud. Del presupuesto se
destina solo un 7 por ciento a salud pública, mientras el
gasto en atención médica alcanza el 93 por ciento, según el
primer informe del estudio de Cuentas Nacionales de Salud.
¿Cómo se completará este financiamiento múltiple? Además de
aportes de los organismos seccionales que, se espera asuman
responsabilidades en el campo de la salud, dos son los caminos
que marcarán un cambio histórico porque rompen con el concepto
de gratuidad de la salud.
Por un lado, está la contribución de quienes tienen capacidad
económica. En el artículo 2, dice que los programas y acciones
de salud pública serán gratuitos para todos, pero los
servicios públicos de atención médica lo serán para las
personas que no tengan esa capacidad de pago.
Y, por otro lado, está la creación de un seguro universal de
carácter obligatorio, similar al existente en algunos países
como: Costa Rica, Canadá, y recientemente Colombia, que consta
en el artículo 5.
En cuanto al monto de las asignaciones del Presupuesto General
del Estado (PGE), el texto del informe tiene dos alternativas:
la primera, que se incremente, al menos, en un monto
proporcional al aumento anual de los ingresos ordinarios del
Presupuesto, y la segunda, que no sea inferior al 12 por
ciento del Presupuesto.
En ambos casos, se establece que no se producirán recortes
presupuestarios en esta materia. La razón es que, entre 1970 y
1990, el promedio de asignación ha sido del 6,5 por ciento del
PGE.
Pero, en los años siguientes, ha tenido un descenso
considerable, hasta que en 1997 llegó al histórico 2,8 por
ciento. Actualmente, el porcentaje destinado a salud se ubica
en el 4 por ciento.
Según Echeverría, el debate en las comisiones tanto Sexta,
como de Constitución fue intenso. Se cuestionó, por ejemplo,
que se le entrega demasiada carga y responsabilidad al Estado,
cuando se debe tratar de disminuir su intervención.
Aunque, él es tajante al respecto: en los países
desarrollados, del gasto nacional destinado al sector de
salud, el 65 por ciento aporta al Estado y solo el 35 por
ciento al sector privado.
Y, en 1995, el aporte del Estado ecuatoriana en salud alcanzó
apenas el 24 por ciento.
El segur universal deber ser equitativo y solidario
La creación, en forma progresiva, de un seguro universal de
salud de cobertura familiar, solidario y obligatorio, basado
en un financiamiento contributivo y subsidiado, establecida en
el artículo quinto, es quizá el tema de mayor trascendencia de
este proyecto de texto constitucional.
Se crea un esquema en el cual se incorpora a muchas entidades
públicas o privadas, sin fines de lucro, en calidad de
proveedores del Estado de un producto que consiste en
servicios de salud.
Echeverría explica técnicamente las bases de esta propuesta.
Como lo demostró recientemente el Estudio de Cuentas
Nacionales de Salud de 1995, el gasto directo de los hogares
en este rubro constituyó el 51 por ciento del gasto de todo el
país.
Pero este se efectúa en la forma más ineficiente e
inequitativa. Se diluye entre los agentes que ofrecen
servicios: clínicas, médicos y farmacias.
Si los hogares se afilian a un seguro en el que aporten según
sus ingresos, se cree un fondo del que se puede redistribuir
hacia los sectores sin capacidad de contribuir, será posible
ampliar la cobertura a toda la población. En la situación
actual, solo el 22 por ciento tiene algún seguro, incluido el
IESS, el 78 por ciento restante no tiene ninguno.
Además, será posible constituir un fondo especial para
asegurar la cobertura de enfermedades catastróficas, para
garantizar una atención integral.
Solo entonces, se podrá orientar el papel del Ministerio de
Salud hacia las prioridades que son salud pública y 3 millones
de personas que no tienen acceso al servicios por falta de
recursos. Con el gasto nacional en salud, que en 1995 ascendió
a USD 860 millones, se financiaría un plan básico de USD 75 al
año por persona. Si se tiene en cuenta que el IESS gasta USD
117 por persona al año en la atención de salud general (el
Seguro Social Campesino USD 15), el plan sería más que un
básico, apunta Echeverría. La alternativa, incluida en el
proyecto de texto constitucional, consiste en eliminar el
artículo 5. (Texto tomado de El Comercio)
ofertas. Los planes colectivos cubren enfermedades
preexistentes.
Las empresas de medicina prepagada se consolidan en el país.
Aunque no experimentan un boom, aumentan poco a poco: hace un
año apareció una nueva compañía con capitales mixtos
nacionales y chilenos, Vida Sana. Ahora hace su ingreso en el
mercado nacional el primer grupo en el que los médicos se
convierten en empresarios, Greenlife.
La medicina prepagada es un campo que se abre como alternativa
para llevar la atención médica privada a precios accesibles,
pero no ha experimentado un crecimiento significativo.
Hay muchas razones para esto. José Tohme, presidente de la
Asociación Ecuatoriana de Empresas de Medicina Integral
Prepagada, señala como una de las causas la depresión de la
capacidad adquisitiva y, por otro, está la inercia del sistema
de seguridad social y de salud del país, que no ha
experimentado aperturas al sector privado, como en Perú o
Colombia, en donde compite con la entidad aseguradora pública.
El sostiene que no es verdad que la actividad genera
utilidades exorbitantes sino que, por el contrario, incluso ha
experimentado situaciones de sobrevivencia y las empresas
están permanentemente haciendo aumentos de capital. Está
también la falta de preocupación y prevención de la población
por la salud.
Hasta hace dos años, hablar de este tema era mencionar a tres
empresas con presencia relativamente nacional: Ecuasanitas,
Salud y Humana. Entre estas y Vida Sana reúnen menos de 200
mil beneficiarios. Pero la cifra no es exacta porque Salud, a
pesar de que se le insistió y ofreció, no entregó los datos.
Hace tan solo un mes, salió al mercado Greenlife en donde 275
médicos son accionistas. Carlos Cepeda, uno de sus directivos,
manifiesta que se cansaron de que las compañías ajenas les
fijaran tarifas de honorarios y les maltrataran, así como a
los clientes. Ofrece 15 planes diferentes al mercado con
cobertura limitada, pero, según manifiesta, mayor que las
otras empresas porque va a reconocer preexistencias y
procedimientos voluntarios como los de esterilización,
tratamiento de cáncer terminal, cobertura a la tercera edad,
cáncer de ovario y control del niño sano. "Además, habrá
protocolos de procedimientos de diagnóstico para que se
cumplan exámenes básicos y especiales, solo de acuerdo a
reales necesidades".
Para evitarse líos en cuanto a honorarios con médicos, según
conoció este Diario de fuentes de la empresa Humana, allí se
cambió la relación con los galenos en el último año y medio.
Antes, el porcentaje de reembolso al paciente se calculaba de
acuerdo a una tarifa que luego no coincidía con la del médico
y esto condujo a muchos problemas, ahora "existe más
transparencia en el producto que vendemos, dijo la fuente, y
el afiliado sabe que le vamos a cubrir una cantidad dada por
consulta y él se encarga de negociar con el médico".
Vida Sana cumplirá un año en mayo, pero mantiene propuestas
similares a las ya existentes en el mercado: planes de libre
elección del médico y la clínica, reembolso con porcentajes
del 50, 80 y 100 por ciento, de acuerdo con lo que paga el
afiliado. En su caso, depende también de si la atención es
ambulatoria u hospitalaria, según Jorge Villanueva, gerente.
Pero sí se ha experimentado un cambio en el sector: hay
planes, sobre todo corporativos o empresariales, que cubren
las enfermedades preexistentes y congénitas. La razón es que
cuando el asegurado es individual busca protección porque se
siente expuesto a un riesgo, mientras que si la afiliación es
colectiva, el riesgo se diluye entre todos.
Esta modalidad la han adoptado Humana y Vida Sana. Pero Tohme,
también presidente de Ecuasanitas, manifiesta que las empresas
serias no pueden hacerlo mientras no tengan un fondo para este
tipo de calamidades o el sistema de salud le permita cubrir a
todos.
Los contratos promedio que se acercan a los más usados en las
empresas tienen distintos niveles. Por ejemplo, en Vida Sana,
cuesta alrededor de 130.000 sucres por titular y su familia,
pero esta puede tener tres o una sola persona. En Humana, en
cambio, el dato de aporte por beneficiario es exacto: 39.000
sucres mensuales en promedio. Esto es muy significativo a la
hora de identificar la trascendencia que pueden tener estas
instituciones en la seguridad social, dijo un accionista de
esa entidad. Y agregó: el aporte promedio por afiliado del
IESS es 30.000 sucres. Claro que su cobertura no tiene
límites, sino que es integral, pero la crisis económica del
área de salud en el IESS no tiene solución.
En Ecuasanitas, la media es de 60.000 sucres por beneficiario
en contratos grupales con planes que no cubren toda enfermedad
y se escoge cualquier médico y clínica, el Plan Azul. Y en el
sistema tradicional de esta empresa, en el que se dispone solo
de los médicos y clínicas asociados, pero que cubre el 100 por
ciento de las necesidades, el aporte individual es de 90.000
sucres.
En tiempo de gastos
Ecuasanitas es la única empresa que, en julio, cumple 20 años
(las demás se crearon a partir de 1993).
El tiempo de existencia le trae un problema: una buena parte
de sus afiliados usa sus servicios con más frecuencia y por
enfermedades más graves. Por ejemplo, las mujeres en edad
fértil, en un 80 por ciento hacen uso de su seguro para dar a
luz y, luego de superar la edad de la procreación, continúan
con necesidad de atención a diversas dolencias que requieren
tratamientos complicados como, por ejemplo, la histerectomía.
Los varones también reportan muchos problemas serios, con
tratamientos caros, como los cardiovasculares. E incluso, de
todos los niños que cubre, por lo menos la mitad se enferma.
Por eso, en la generalidad de los planes que ofrecen estas
empresas, los precios suben según los riesgos, la edad y el
sexo del beneficiario. Un sector de la población que tiene un
acceso muy limitado es el de la tercera edad pues, los mayores
de 60 años, solo pueden ingresar en grupos corporativos y con
un chequeo minucioso previo.
Con todo, el futuro de estas empresas, el papel que jueguen en
la ampliación de la cobertura a la población, dependerá del
rumbo que tome la reforma del sector salud y el sistema de
seguridad social, materia que está en proceso de discusión en
la Asamblea Nacional.
Asamblea * El informe será debatido en estos días
Salud: la Constitución sí recogerá la reforma
De la gratuidad de la salud pública se pasa a la contribución
de los que más tienen. Un seguro universal, progresivo y
solidario es el eje del sistema.
Los ecuatorianos, por primera vez, tendrán el derecho a la
salud consagrado en la Carta Magna, en el capítulo de los
derechos del ciudadano, según el informe de la Comisión de
Constitución, que será sometido a segundo debate y definitivo
en el plenario de la Asamblea Nacional, en los próximos días.
En la Constitución vigente, solo está mencionado el derecho a
la atención médica y, las referencias a la salud, en diversos
artículos dispersos en el texto constitucional. Pero, ¿qué
hará que este derecho no quede en letra muerta?
Para abrir camino a que se cumpla este derecho, se crea, en la
Constitución, una sección específica en la que se asientan las
obligaciones del Estado con los ciudadanos en esta materia.
Esta consta de ocho artículos. La primera característica del
articulado es que contiene una visión de la salud que va más
allá de los servicios de atención médica e incorpora conceptos
como la salud alimentaria, la provisión de agua potable y
saneamiento ambiental, ambientes: familiar, laboral y
comunitario saludables. Estos son varios elementos que el
Estado debe desarrollar para promover y proteger la salud de
los habitantes.
Estos factores tienen el 75 por ciento del peso a la hora de
mantener a la población en condiciones saludables, la atención
médica solo colabora con el 25 por ciento restante. Así lo
subraya Ramiro Echeverría, consultor del Consejo Nacional de
Salud y asesor de la Comisión Sexta de la Asamblea, que
trabajó en las reformas en materia de Salud.
Pero además, en el artículo 3, el rol fundamental del Estado
pasa de administrador a rector: es decir, que se le asigna el
papel de conductor, regulador, normatizador y organizador del
sistema, que lo constituyen una serie de entidades que se
dedican a brindar servicios de salud de una forma dispersa,
desarticulada, que duplica los esfuerzos y diluye los impactos
sociales de la gente más necesitada.
Por eso, en el artículo 4, se crea la obligación al Estado
ecuatoriano de organizar el Sistema Nacional de Salud, "el que
se integrará con las entidades públicas, autónomas, privadas y
comunitarias del sector. Funcionará de una manera
desconcentrada, descentralizada y participativa".
De esta manera se recoge un anhelo que se ha manifestado en el
país desde hace 20 años, y que ya se incluyó en la reforma
constitucional de 1996, pero no se ha llegado a concretar.
¿Cuál es su significado real? Es un instrumento fundamental
para establecer cambios en el sector, señala Echeverría.
La Comisión Sexta de la Asamblea recibió 42 propuestas en
materia de salud y en ese volumen se observó un énfasis a la
atención de discapacitados, jubilados y personas de tercera
edad. Por ello, se introdujo el artículo 6 que señala que el
Estado prestará atención especializada, protección y
asistencia social a estos grupos humanos.
Un artículo en el que no existe unanimidad en los asambleístas
es el número 7, que se refiere al control de precios de los
medicamentos en el país. Hay la posibilidad de que el Estado
se reserve el derecho a continuar ejerciendo el control o no.
Y el último tema es el financiamiento, consignado en el
artículo 8 que se sustenta en múltiples fuentes, además de la
asignación del Presupuesto del Estado y la rentabilidad del
Fondo de Solidaridad.
La idea es, explica Echeverría, que las asignaciones fiscales
vayan hacia la salud pública, es decir, a los programas como
vigilancia epidemiológica, vacunación, micronutrientes, y
otros de promoción y prevención del mayor alcance e impacto
social.
El objetivo es evitar que se reproduzca la situación actual de
distribución del gasto nacional en salud. Del presupuesto se
destina solo un 7 por ciento a salud pública, mientras el
gasto en atención médica alcanza el 93 por ciento, según el
primer informe del estudio de Cuentas Nacionales de Salud.
¿Cómo se completará este financiamiento múltiple? Además de
aportes de los organismos seccionales que, se espera asuman
responsabilidades en el campo de la salud, dos son los caminos
que marcarán un cambio histórico porque rompen con el concepto
de gratuidad de la salud.
Por un lado, está la contribución de quienes tienen capacidad
económica. En el artículo 2, dice que los programas y acciones
de salud pública serán gratuitos para todos, pero los
servicios públicos de atención médica lo serán para las
personas que no tengan esa capacidad de pago.
Y, por otro lado, está la creación de un seguro universal de
carácter obligatorio, similar al existente en algunos países
como: Costa Rica, Canadá, y recientemente Colombia, que consta
en el artículo 5.
En cuanto al monto de las asignaciones del Presupuesto General
del Estado (PGE), el texto del informe tiene dos alternativas:
la primera, que se incremente, al menos, en un monto
proporcional al aumento anual de los ingresos ordinarios del
Presupuesto, y la segunda, que no sea inferior al 12 por
ciento del Presupuesto.
En ambos casos, se establece que no se producirán recortes
presupuestarios en esta materia. La razón es que, entre 1970 y
1990, el promedio de asignación ha sido del 6,5 por ciento del
PGE.
Pero, en los años siguientes, ha tenido un descenso
considerable, hasta que en 1997 llegó al histórico 2,8 por
ciento. Actualmente, el porcentaje destinado a salud se ubica
en el 4 por ciento.
Según Echeverría, el debate en las comisiones tanto Sexta,
como de Constitución fue intenso. Se cuestionó, por ejemplo,
que se le entrega demasiada carga y responsabilidad al Estado,
cuando se debe tratar de disminuir su intervención.
Aunque, él es tajante al respecto: en los países
desarrollados, del gasto nacional destinado al sector de
salud, el 65 por ciento aporta al Estado y solo el 35 por
ciento al sector privado.
Y, en 1995, el aporte del Estado ecuatoriana en salud alcanzó
apenas el 24 por ciento.
El segur universal deber ser equitativo y solidario
La creación, en forma progresiva, de un seguro universal de
salud de cobertura familiar, solidario y obligatorio, basado
en un financiamiento contributivo y subsidiado, establecida en
el artículo quinto, es quizá el tema de mayor trascendencia de
este proyecto de texto constitucional.
Se crea un esquema en el cual se incorpora a muchas entidades
públicas o privadas, sin fines de lucro, en calidad de
proveedores del Estado de un producto que consiste en
servicios de salud.
Echeverría explica técnicamente las bases de esta propuesta.
Como lo demostró recientemente el Estudio de Cuentas
Nacionales de Salud de 1995, el gasto directo de los hogares
en este rubro constituyó el 51 por ciento del gasto de todo el
país.
Pero este se efectúa en la forma más ineficiente e
inequitativa. Se diluye entre los agentes que ofrecen
servicios: clínicas, médicos y farmacias.
Si los hogares se afilian a un seguro en el que aporten según
sus ingresos, se cree un fondo del que se puede redistribuir
hacia los sectores sin capacidad de contribuir, será posible
ampliar la cobertura a toda la población. En la situación
actual, solo el 22 por ciento tiene algún seguro, incluido el
IESS, el 78 por ciento restante no tiene ninguno.
Además, será posible constituir un fondo especial para
asegurar la cobertura de enfermedades catastróficas, para
garantizar una atención integral.
Solo entonces, se podrá orientar el papel del Ministerio de
Salud hacia las prioridades que son salud pública y 3 millones
de personas que no tienen acceso al servicios por falta de
recursos. Con el gasto nacional en salud, que en 1995 ascendió
a USD 860 millones, se financiaría un plan básico de USD 75 al
año por persona. Si se tiene en cuenta que el IESS gasta USD
117 por persona al año en la atención de salud general (el
Seguro Social Campesino USD 15), el plan sería más que un
básico, apunta Echeverría. La alternativa, incluida en el
proyecto de texto constitucional, consiste en eliminar el
artículo 5. (Texto tomado de El Comercio)
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