Quito. 22 jul 99. Ha caído el telón, el examen de auditoría de
la Deloitte & Touche revela las verdaderas causas para la quiebra
del Banco del Progreso
El propietario del Banco del Progreso ha ofrecido poner sus
bienes personales como garantía. Hablar resulta barato y sus
promesas no deben servir de base para que dicho Banco realice
préstamos al Banco Central que excedan los límites legales",
escribía Carl Johan Lindgren, jefe de la misión del Fondo
Monetario Internacional a las autoridades económicas el 22 de
marzo de 1999.
Tras la negativa del crédito adicional el propietario de dicho
Banco, Fernando Aspiazu Seminario encabezó una marcha que fue
respaldada por miles de guayaquileños que vieron en este hecho
la mano negra del centralismo quiteño. Como consecuencia de esta
protesta el Banco fue puesto en un limbo jurídico: el Gobierno
le concedió un plazo para recapitalizarse y contrató una auditora
internacional para determinar cuánto valía el Banco, qué capital
requería para volver a operar y si en sus operaciones había
violado regulaciones bancarias sobre concesión de créditos.
Durante cuatro meses la angustia de 720 mil clientes y las
insistentes promesas del propietario del Banco de que agotaba
todos sus esfuerzos para lograr la reapertura, fueron una cortina
de humo espeso que ocultó la verdadera situación del Progreso.
Concluida la auditoría, se ha determinado que para reiniciar sus
operaciones el Progreso necesita 879 millones de dólares de
capital fresco. Su propietario propuso vender sus empresas Emelec
y Electroecuador en un plazo de tres años (400 millones de
dólares); entregar los aportes hechos por los clientes del Banco
(50 millones de dólares) y que el Estado le conceda un nuevo
crédito (170 millones de dólares), dando un total de 620 millones
de dólares de los 879 millones de dólares. Las palabras de
Lindgren habían resultado proféticas.
La Junta Bancaria rechazó el plan y el Banco pasó a la AGD, en
saneamiento.
Además, la Superintendencia de Bancos estableció que en la
gestión del Banco del Progreso "se han producido situaciones que
constituyen claros indicios de posible comisión de actos
delictivos", por lo que el superintendente de Bancos, Jorge
Guzmán, pidió el enjuiciamiento penal de Aspiazu. Este es el
segundo juicio penal contra el propietario del Banco, quien
guarda prisión en Quito por haber dispuesto de 54 mil millones
de sucres recaudados por concepto del impuesto del 1% y que nunca
ingresaron al Servicio de Rentas Internas.
PROGRESO LTD
Para establecer el valor del Banco y el capital requerido para
operar, la auditoría internacional hecha por la empresa Deloitte
& Touche examinó los activos y contingentes del Banco del
Progreso S.A. y de su offshore, el Banco del Progreso Ltd,
offshore.
En las cuentas del Progreso Ltd. Deloitte exige ajustes por 447
millones de dólares. Uno de ellos al Fondo de Reconstrucción del
Ecuador por: 203.5 millones de dólares y otro al Fondo de
Recapitalización por: 233.4 millones de dólares. Los dos suman
437 millones de dólares, los restantes 10 millones son de varios
ajustes pequeños.
El fondo Reconstrucción del Ecuador indica una inversión de 203.5
millones de dólares para adquirir la cartera del Sunridge
Holdings Limited, lo cual nunca ocurrió. La auditoría no encontró
el flujo de caja de la transferencia ni la cartera del Sunridge
Holdings Limited.
Por otro lado, los 233.4 millones de dólares del Fondo de
Recapitalización provienen de un ajuste en las garantías
entregadas para respaldar un crédito de 408.7 millones de
dólares. Garantizaba el crédito la compañía Nepec, que es la
matriz de Emelec y Electroecuador. Deloitte no aceptó la parte
correspondiente a Electroecuador, ya que esta empresa ya está
prendada por sus tres plantas y porque además respalda los
préstamos de otras 59 compañías. Por lo tanto, para Deloitte, la
única garantía válida es Emelec, avaluada en 175.5 millones de
dólares.
PROGRESO S.A.
En la valorización del Progreso S.A., Deloitte también determinó
ajustes por 421 millones de dólares. Los ajustes mayores están
relacionados a malos créditos: 365 millones por mala cartera; 35
millones por intereses que el Banco dejará de recibir porque son
de créditos incobrables; 11.5 millones por falsas utilidades
cambiarias y 9.5 millones en otros ajustes.
En la mala cartera se encuentran las 86 empresas detectadas por
una auditoría previa de la Superintendencia de Bancos y que el
legislador de Izquierda Democrática, Carlos González bautizó como
"empresas fantasmas". Estas empresas recibieron un total de 160
millones de dólares en préstamos y tienen como accionistas y
administradores a personas humildes y de escasa preparación
académica. Además, estos créditos no cuentan con garantías
reales, sino con pagarés.
Deloitte añade: "En 90% de las muestras seleccionadas no se
encontró ni la información financiera de los clientes ni la
información del Banco para aprobar el crédito. De 363 créditos
analizados, 244 están garantizados por pagarés que no constituyen
garantías reales".
Evaluando el total de la cartera, el Banco del Progreso dice que
56% de sus créditos son de riesgo normal. Para Deloitte el riesgo
normal es de apenas 4% y 72% es mala cartera repartida en:
pérdida (26%), dudoso recaudo (19%); deficiente (12%) y potencial
riesgo digno de mención (15%). Por ello los 365 millones
castigados en cartera.
PROGRESO EN BANCA
Auditores consultados por Vistazo coinciden en que los males del
Progreso no se produjeron repentinamente. Informes de la
Superintendencia de Bancos indican severas observaciones en los
años 97 y 98. La evaluación del Banco Central es también negativa
en 1998, donde es calificado como regular (C) en solvencia,
rentabilidad y administración, empeorando a deficiente (D) a
comienzos de 1999.
El Banco del Progreso tenía en sus bóvedas un quinto de los
depósitos del sistema bancario ecuatoriano. Sus 720 mil
depositantes habían sido atraídos porque el Banco pagó -en
promedio- 3.2% más, que el interés del resto del sistema. No
obstante, esta gigantesca caja de ahorro sirvió principalmente
para financiar empresas vinculadas al propietario del Banco. De
821 millones de dólares de la cartera total, las empresas de
Aspiazu recibieron 550 millones de dólares. La ley permitía que
un Banco preste hasta el 15% de su patrimonio técnico a empresas
vinculadas. Para el Progreso ese límite era 60 millones de
dólares.
Ante las evidencias, las nuevas autoridades monetarias decretaron
su defunción. "Un banco manejado de esta manera no puede
representar a Guayaquil, ni al Ecuador. Es hora de poner fin a
la impunidad y a la corrupción", concluyó el superintendente
Jorge Guzmán, guayaquileño.
Se despejó la bruma: esa era la verdad, que perversamente se
distorsionó con acusaciones de regionalismo y usando como escudo
la angustia de 720 mil clientes que confiaron en el Progreso.
Entre los 25 mayores deudores, tres tienen cartera A; ocho B y
C; y 14 entre D y E. He aquí algunos ejemplos
Electroecuador
Deuda: 29.8 millones de dólares.
Relación: Vinculada. Principal socio es Fernando Aspiazu.
Calificación de crédito: B. Considerando las deficiencias de
documentación y financieras de la compañía Electroecuador y su
bajo margen de rentabilidad -lo que no le permitirá cubrir
adecuadamente los créditos concedidos-, y tomando en
consideración las garantías constituidas, las cuales cubren
adecuadamente los créditos del grupo Electroecuador, debe hacerse
una provisión de 16%.
Comentarios: No es posible evaluar su historia crediticia ni su
capacidad de pago, pues no hay comunicaciones entre el Banco y
la empresa. Al 31 de diciembre de 1998, presenta pérdidas por 2.6
millones de dólares. No obstante, las garantías por los préstamos
son los activos de Electroecuador: 138 millones de dólares.
Costa Trading
Deuda: 26.6 millones de dólares
Calificación de crédito: D. "El cliente presenta retrasos en sus
pagos originados por el fuerte endeudamiento a corto plazo. La
capacidad económica actual de la compañía y el nivel de
resultados no le permiten cubrir sus obligaciones, y adicio-
nalmente las garantías no cubren los créditos concedidos.
Provisión 90%".
Comentarios: "El endeudamiento de la compañía es en moneda
extranjera en su totalidad. No es posible evaluar la historia
crediticia por ausencia de información. Sus indicadores revelan
capital de trabajo negativo, producto del alto endeudamiento. Las
pérdidas a diciembre de 1997 fueron de 220 mil millones de
dólares".
SíTV
Deuda: 16.1 millones de dólares
Relación: Vinculada. Fernando Aspiazu es el presidente de SíTv.
Calificación de crédito: C. "Considerando que la capacidad
económica actual de la compañía y su nivel de ingresos y
resultados no le permite cubrir sus obligaciones y que las
garantías no cubren los créditos concedidos, debe hacerse una
provisión de 40%".
Comentarios: No es posible evaluar la historia crediticia del
cliente.
No se observan comunicaciones entre el Banco y la Compañía. Al
31 de diciembre sus índices financieros reflejan capital de
trabajo negativo, índices bajos de liquidez, alto endeudamiento
y no presenta una adecuada cobertura de garantías. (Fuente:
Deloitte & Touche)
Deloitte detectó crpeditos vinculados por participación,
presunción y gestión por 550 ,millones de dólares. (Texto tomado
de La Revista Vistazo)
la Deloitte & Touche revela las verdaderas causas para la quiebra
del Banco del Progreso
El propietario del Banco del Progreso ha ofrecido poner sus
bienes personales como garantía. Hablar resulta barato y sus
promesas no deben servir de base para que dicho Banco realice
préstamos al Banco Central que excedan los límites legales",
escribía Carl Johan Lindgren, jefe de la misión del Fondo
Monetario Internacional a las autoridades económicas el 22 de
marzo de 1999.
Tras la negativa del crédito adicional el propietario de dicho
Banco, Fernando Aspiazu Seminario encabezó una marcha que fue
respaldada por miles de guayaquileños que vieron en este hecho
la mano negra del centralismo quiteño. Como consecuencia de esta
protesta el Banco fue puesto en un limbo jurídico: el Gobierno
le concedió un plazo para recapitalizarse y contrató una auditora
internacional para determinar cuánto valía el Banco, qué capital
requería para volver a operar y si en sus operaciones había
violado regulaciones bancarias sobre concesión de créditos.
Durante cuatro meses la angustia de 720 mil clientes y las
insistentes promesas del propietario del Banco de que agotaba
todos sus esfuerzos para lograr la reapertura, fueron una cortina
de humo espeso que ocultó la verdadera situación del Progreso.
Concluida la auditoría, se ha determinado que para reiniciar sus
operaciones el Progreso necesita 879 millones de dólares de
capital fresco. Su propietario propuso vender sus empresas Emelec
y Electroecuador en un plazo de tres años (400 millones de
dólares); entregar los aportes hechos por los clientes del Banco
(50 millones de dólares) y que el Estado le conceda un nuevo
crédito (170 millones de dólares), dando un total de 620 millones
de dólares de los 879 millones de dólares. Las palabras de
Lindgren habían resultado proféticas.
La Junta Bancaria rechazó el plan y el Banco pasó a la AGD, en
saneamiento.
Además, la Superintendencia de Bancos estableció que en la
gestión del Banco del Progreso "se han producido situaciones que
constituyen claros indicios de posible comisión de actos
delictivos", por lo que el superintendente de Bancos, Jorge
Guzmán, pidió el enjuiciamiento penal de Aspiazu. Este es el
segundo juicio penal contra el propietario del Banco, quien
guarda prisión en Quito por haber dispuesto de 54 mil millones
de sucres recaudados por concepto del impuesto del 1% y que nunca
ingresaron al Servicio de Rentas Internas.
PROGRESO LTD
Para establecer el valor del Banco y el capital requerido para
operar, la auditoría internacional hecha por la empresa Deloitte
& Touche examinó los activos y contingentes del Banco del
Progreso S.A. y de su offshore, el Banco del Progreso Ltd,
offshore.
En las cuentas del Progreso Ltd. Deloitte exige ajustes por 447
millones de dólares. Uno de ellos al Fondo de Reconstrucción del
Ecuador por: 203.5 millones de dólares y otro al Fondo de
Recapitalización por: 233.4 millones de dólares. Los dos suman
437 millones de dólares, los restantes 10 millones son de varios
ajustes pequeños.
El fondo Reconstrucción del Ecuador indica una inversión de 203.5
millones de dólares para adquirir la cartera del Sunridge
Holdings Limited, lo cual nunca ocurrió. La auditoría no encontró
el flujo de caja de la transferencia ni la cartera del Sunridge
Holdings Limited.
Por otro lado, los 233.4 millones de dólares del Fondo de
Recapitalización provienen de un ajuste en las garantías
entregadas para respaldar un crédito de 408.7 millones de
dólares. Garantizaba el crédito la compañía Nepec, que es la
matriz de Emelec y Electroecuador. Deloitte no aceptó la parte
correspondiente a Electroecuador, ya que esta empresa ya está
prendada por sus tres plantas y porque además respalda los
préstamos de otras 59 compañías. Por lo tanto, para Deloitte, la
única garantía válida es Emelec, avaluada en 175.5 millones de
dólares.
PROGRESO S.A.
En la valorización del Progreso S.A., Deloitte también determinó
ajustes por 421 millones de dólares. Los ajustes mayores están
relacionados a malos créditos: 365 millones por mala cartera; 35
millones por intereses que el Banco dejará de recibir porque son
de créditos incobrables; 11.5 millones por falsas utilidades
cambiarias y 9.5 millones en otros ajustes.
En la mala cartera se encuentran las 86 empresas detectadas por
una auditoría previa de la Superintendencia de Bancos y que el
legislador de Izquierda Democrática, Carlos González bautizó como
"empresas fantasmas". Estas empresas recibieron un total de 160
millones de dólares en préstamos y tienen como accionistas y
administradores a personas humildes y de escasa preparación
académica. Además, estos créditos no cuentan con garantías
reales, sino con pagarés.
Deloitte añade: "En 90% de las muestras seleccionadas no se
encontró ni la información financiera de los clientes ni la
información del Banco para aprobar el crédito. De 363 créditos
analizados, 244 están garantizados por pagarés que no constituyen
garantías reales".
Evaluando el total de la cartera, el Banco del Progreso dice que
56% de sus créditos son de riesgo normal. Para Deloitte el riesgo
normal es de apenas 4% y 72% es mala cartera repartida en:
pérdida (26%), dudoso recaudo (19%); deficiente (12%) y potencial
riesgo digno de mención (15%). Por ello los 365 millones
castigados en cartera.
PROGRESO EN BANCA
Auditores consultados por Vistazo coinciden en que los males del
Progreso no se produjeron repentinamente. Informes de la
Superintendencia de Bancos indican severas observaciones en los
años 97 y 98. La evaluación del Banco Central es también negativa
en 1998, donde es calificado como regular (C) en solvencia,
rentabilidad y administración, empeorando a deficiente (D) a
comienzos de 1999.
El Banco del Progreso tenía en sus bóvedas un quinto de los
depósitos del sistema bancario ecuatoriano. Sus 720 mil
depositantes habían sido atraídos porque el Banco pagó -en
promedio- 3.2% más, que el interés del resto del sistema. No
obstante, esta gigantesca caja de ahorro sirvió principalmente
para financiar empresas vinculadas al propietario del Banco. De
821 millones de dólares de la cartera total, las empresas de
Aspiazu recibieron 550 millones de dólares. La ley permitía que
un Banco preste hasta el 15% de su patrimonio técnico a empresas
vinculadas. Para el Progreso ese límite era 60 millones de
dólares.
Ante las evidencias, las nuevas autoridades monetarias decretaron
su defunción. "Un banco manejado de esta manera no puede
representar a Guayaquil, ni al Ecuador. Es hora de poner fin a
la impunidad y a la corrupción", concluyó el superintendente
Jorge Guzmán, guayaquileño.
Se despejó la bruma: esa era la verdad, que perversamente se
distorsionó con acusaciones de regionalismo y usando como escudo
la angustia de 720 mil clientes que confiaron en el Progreso.
Entre los 25 mayores deudores, tres tienen cartera A; ocho B y
C; y 14 entre D y E. He aquí algunos ejemplos
Electroecuador
Deuda: 29.8 millones de dólares.
Relación: Vinculada. Principal socio es Fernando Aspiazu.
Calificación de crédito: B. Considerando las deficiencias de
documentación y financieras de la compañía Electroecuador y su
bajo margen de rentabilidad -lo que no le permitirá cubrir
adecuadamente los créditos concedidos-, y tomando en
consideración las garantías constituidas, las cuales cubren
adecuadamente los créditos del grupo Electroecuador, debe hacerse
una provisión de 16%.
Comentarios: No es posible evaluar su historia crediticia ni su
capacidad de pago, pues no hay comunicaciones entre el Banco y
la empresa. Al 31 de diciembre de 1998, presenta pérdidas por 2.6
millones de dólares. No obstante, las garantías por los préstamos
son los activos de Electroecuador: 138 millones de dólares.
Costa Trading
Deuda: 26.6 millones de dólares
Calificación de crédito: D. "El cliente presenta retrasos en sus
pagos originados por el fuerte endeudamiento a corto plazo. La
capacidad económica actual de la compañía y el nivel de
resultados no le permiten cubrir sus obligaciones, y adicio-
nalmente las garantías no cubren los créditos concedidos.
Provisión 90%".
Comentarios: "El endeudamiento de la compañía es en moneda
extranjera en su totalidad. No es posible evaluar la historia
crediticia por ausencia de información. Sus indicadores revelan
capital de trabajo negativo, producto del alto endeudamiento. Las
pérdidas a diciembre de 1997 fueron de 220 mil millones de
dólares".
SíTV
Deuda: 16.1 millones de dólares
Relación: Vinculada. Fernando Aspiazu es el presidente de SíTv.
Calificación de crédito: C. "Considerando que la capacidad
económica actual de la compañía y su nivel de ingresos y
resultados no le permite cubrir sus obligaciones y que las
garantías no cubren los créditos concedidos, debe hacerse una
provisión de 40%".
Comentarios: No es posible evaluar la historia crediticia del
cliente.
No se observan comunicaciones entre el Banco y la Compañía. Al
31 de diciembre sus índices financieros reflejan capital de
trabajo negativo, índices bajos de liquidez, alto endeudamiento
y no presenta una adecuada cobertura de garantías. (Fuente:
Deloitte & Touche)
Deloitte detectó crpeditos vinculados por participación,
presunción y gestión por 550 ,millones de dólares. (Texto tomado
de La Revista Vistazo)
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