Quito. 15 jul 99. El aumento del precio del combustible y la
política de ajuste colocaron al país en un grave estado de
convulsión social, marcado por el paro de transportistas y las
protestas de los sectores indígenas.
El país nuevamente está convulsionado. La crisis se desató tras
el aumento del precio de los combustibles. El paro decretado por
los taxistas y transportistas recibió un amplio respaldo de
distintos movimientos sociales. Los indígenas bloquearon algunas
carreteras. Fueron detenidas 300 personas. El gobierno no da
señales de cambiar su política económica.
Por segunda vez en el año el país atraviesa un período de
convulsión social. Y, como en marzo, el detonante de la crisis
ha sido la elevación del precio de los combustibles, el 13%, el
pasado 1º de julio, en consonancia con la política de ajuste
mensual sujeta a la variación del dólar.
Los taxistas, por su parte, decretaron un paro nacional para
derogar la medida, y por el congelamiento del costo de las
gasolinas, a la vez que la reprogramación de deudas asumidas en
dólares para la adquisición de sus unidades. Más tarde, se
adhirieron otros gremios como el transporte urbano e
interprovincial, el sindicalismo público, los maestros y los
campesinos.
Los indígenas, a través de la Confederación de Nacionalidades
Indígenas, CONAIE, convocaron a un levantamiento general de sus
comunidades, especialmente numerosas en el centro y sur del
callejón interandino.
Como resultado de la medida de fuerza, han proliferado por todo
el territorio nacional protestas contra la política económica del
gobierno, que se han traducido en el bloqueo continuo de calles,
plazas y carreteras.
En las principales ciudades, el paro se sintió en la falta de
transporte público así como por un creciente desabastecimiento
de los mercados, situación que se ha traducido en la carestía y
especulación de muchos productos.
Como respuesta, el régimen del presidente Jamil Mahuad decretó
el estado de emergencia, que supone la virtual militarización del
país así como la suspensión parcial de las garantías
constitucionales.
El resultado de la intervención de la fuerza pública fue la
detención de unos 300 manifestantes, la gran mayoría taxistas,
muchos de los cuales han recuperado su libertad por la decisión
de las autoridades locales que optaron por "no agravar las
tensiones existentes".
A fin de hacer frente al estado de agitación, que ha derivado,
incluso, en la demanda de renuncia del jefe de Estado, Mahuad
solicitó la intervención mediadora de la Iglesia católica.
"Convoco a un diálogo nacional en que todos los sectores de la
sociedad sean invitados y, sin exclusiones de ninguna especie,
acordemos y suscribamos un compromiso con Ecuador que todos
cumplamos en el futuro", enfatizó el Presidente.
La Iglesia
Al aceptar el pedido, la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, a
través de su vicepresidente, monseñor Antonio Arregui, exhortó
al mandatario a reconocer "sus errores" y a que "sea sensible a
los sufrimientos del pueblo".
Sin embargo, el inicio de esta gestión no resultó muy auspiciosa
ya que fue objetada por la dirigencia indígena y los movimientos
sociales. "Existe el recelo de que la jerarquía eclesiástica vaya
a servir de instrumento para el mercadeo del proyecto político
y económico del gobierno", dijo a Tiempos del Mundo un analista
que prefirió el anonimato.
Los sectores políticos de oposición también manifestaron su
respaldo a la protesta. "Hay que advertirle con mucha claridad
al presidente, con todo lo malo que significa cambiar de
gobierno, que o rectifica o renuncia. No hay alternativa, las
cosas no pueden seguir así", dijo el ex presidente Rodrigo Borja,
líder histórico de la Izquierda Democrática, el partido
socialdemócrata ecuatoriano
El Partido Social Cristiano, de centro-derecha, proclamó su
oposición total al gobierno debido a que su política económica
"asfixia al país, aumentando el gasto público, condenando el
aparato productivo a la más aguda recesión de que se tenga
memoria".
Aún así, estos sectores se manifestaron más predispuestos a la
mediación de la Iglesia.
Posición
Mahuad acudió a una cadena de radio y televisión para explicar
su posición ante la crisis. Defendió la decisión de incrementar
el precio de las gasolinas, en razón de que buena parte de los
derivados ligeros son importados.
También reiteró que está a punto de llegar a un acuerdo con el
Fondo Monetario Internacional (FMI), lo cual será el punto de
inicio para la reactivación económica del país.
Ante los pedidos de rectificación, el único espacio que quedó
abierto fue una posible reestructuración del gabinete ministerial
prevista para el próximo el 10 de agosto, fecha en la cual la
actual administración cumplirá el primer año en sus funciones.
Pese a su optimismo y convicción, el mensaje del mandatario fue
recibido con escepticismo e incredulidad. De acuerdo con un
sondeo realizada por la firma Cedatos, después de la presentación
del Presidente, el 59% de los encuestados no le cree contra el
14% que si, mientras que el 19% confía un poco en su palabra.
En medio de este ambiente de adversidad, las Fuerzas Armadas
ratificaron su apoyo al orden constitucional. "Aquí hay una
fuerza militar que ama a su país, que respeta la ley y el
ordenamiento jurídico. No se la va a mover de esta posición.
Cambiando al jefe de Estado no va a cambiar de la noche a la
mañana la situación", manifestó el ministro de Defensa, José
Gallardo.
Percepciones opuestas
En coincidencia con los días de agitación social, el presidente
Jamil Mahuad manifestó que "ya pasó lo peor". Ilustró la
situación actual con aquella de un arquitecto que vende en planos
un departamento en el octavo piso. "Si a los dos meses viene el
comprador y le dice que le estafó porque en vez de encontrar ocho
pisos encontró un hueco; sí, es así, pero si no se hace el hueco
no hay cimientos y sin ellos no hay edificio", expresó.
El pronunciamiento fue tomado con una mezcla de escepticismo y
suspicacia por parte de distintos sectores de opinión pública.
Joyce Higgins, presidenta de la Cámara de la Pequeña Industria
de Guayaquil, comentó: "El país está en el cementerio y es
inconcebible que diga que lo peor ya ha pasado cuando las
empresas están paradas, las auditorías de los bancos ( previo al
saneamiento del sistema ) han sido mal hechas y encima se anuncia
que la descongelación de depósitos se haría con la entrega de
bonos".
De su lado, el analista José Larrea García lamentó las
declaraciones del presidente Mahuad. "Revelan el nivel de
desconocimiento de la realidad", opinó.
Pese a las críticas, el mandatario se mantuvo en su apreciación.
"Estoy aquí para servir: no le he olvidado jamás. Mi principal
problema es la pobreza pero para lo social tengo que sembrar en
lo económico. No siempre en lo económico uno puede cosechar y
necesita acuerdos políticos. En esa línea estoy trabajando",
precisó.
Paros Hospitalarios
El continuo atraso en el pago de haberes a los servidores
públicos también contribuye a caldear el ambiente. Catorce mil
trabajadores de la salud, médicos y enfermeras incluidos,
resolvieron declarar un paro indefinido de actividades para
demandar la cancelación de sus sueldos correspondientes a mayo
y junio. También le exigen al gobierno mayor puntualidad en las
asignaciones presupuestarias para mantener la atención
hospitalaria.
"Las unidades del Ministerio de Salud Pública están paralizadas
en más de un 80% de su capacidad ya que el último envío de
recursos por parte del gobierno fue en el mes de abril", sostuvo
Mario Mendoza, presidente de la Asociación de Médicos del
Hospital del Niño de Guayaquil.
Ante la medida de fuerza, solo funciona el servicio de
emergencia, no así el de consulta externa y hospitalización.
Frente a ello, las autoridades gubernamentales amenazaron con
apresar a los dirigentes del paro y con proceder a la
militarización de los hospitales.
"Continuamos atendiendo las emergencias y a los pacientes que
están hospitalizados, pero dejaremos de hacerlo en caso de que
se tomen medidas radicales como la militarización", advirtió
Silvana Barreiro, dirigente del gremio de enfermeras.
Como producto de una negociación con las autoridades, se comenzó
a cubrir el pago de los sueldos de mayo con el compromiso de
cancelar junio hacia la tercera semana de julio. Pero no fue
suficiente para suspender el paro. (Texto tomado de Tiempos del
Mundo)
política de ajuste colocaron al país en un grave estado de
convulsión social, marcado por el paro de transportistas y las
protestas de los sectores indígenas.
El país nuevamente está convulsionado. La crisis se desató tras
el aumento del precio de los combustibles. El paro decretado por
los taxistas y transportistas recibió un amplio respaldo de
distintos movimientos sociales. Los indígenas bloquearon algunas
carreteras. Fueron detenidas 300 personas. El gobierno no da
señales de cambiar su política económica.
Por segunda vez en el año el país atraviesa un período de
convulsión social. Y, como en marzo, el detonante de la crisis
ha sido la elevación del precio de los combustibles, el 13%, el
pasado 1º de julio, en consonancia con la política de ajuste
mensual sujeta a la variación del dólar.
Los taxistas, por su parte, decretaron un paro nacional para
derogar la medida, y por el congelamiento del costo de las
gasolinas, a la vez que la reprogramación de deudas asumidas en
dólares para la adquisición de sus unidades. Más tarde, se
adhirieron otros gremios como el transporte urbano e
interprovincial, el sindicalismo público, los maestros y los
campesinos.
Los indígenas, a través de la Confederación de Nacionalidades
Indígenas, CONAIE, convocaron a un levantamiento general de sus
comunidades, especialmente numerosas en el centro y sur del
callejón interandino.
Como resultado de la medida de fuerza, han proliferado por todo
el territorio nacional protestas contra la política económica del
gobierno, que se han traducido en el bloqueo continuo de calles,
plazas y carreteras.
En las principales ciudades, el paro se sintió en la falta de
transporte público así como por un creciente desabastecimiento
de los mercados, situación que se ha traducido en la carestía y
especulación de muchos productos.
Como respuesta, el régimen del presidente Jamil Mahuad decretó
el estado de emergencia, que supone la virtual militarización del
país así como la suspensión parcial de las garantías
constitucionales.
El resultado de la intervención de la fuerza pública fue la
detención de unos 300 manifestantes, la gran mayoría taxistas,
muchos de los cuales han recuperado su libertad por la decisión
de las autoridades locales que optaron por "no agravar las
tensiones existentes".
A fin de hacer frente al estado de agitación, que ha derivado,
incluso, en la demanda de renuncia del jefe de Estado, Mahuad
solicitó la intervención mediadora de la Iglesia católica.
"Convoco a un diálogo nacional en que todos los sectores de la
sociedad sean invitados y, sin exclusiones de ninguna especie,
acordemos y suscribamos un compromiso con Ecuador que todos
cumplamos en el futuro", enfatizó el Presidente.
La Iglesia
Al aceptar el pedido, la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, a
través de su vicepresidente, monseñor Antonio Arregui, exhortó
al mandatario a reconocer "sus errores" y a que "sea sensible a
los sufrimientos del pueblo".
Sin embargo, el inicio de esta gestión no resultó muy auspiciosa
ya que fue objetada por la dirigencia indígena y los movimientos
sociales. "Existe el recelo de que la jerarquía eclesiástica vaya
a servir de instrumento para el mercadeo del proyecto político
y económico del gobierno", dijo a Tiempos del Mundo un analista
que prefirió el anonimato.
Los sectores políticos de oposición también manifestaron su
respaldo a la protesta. "Hay que advertirle con mucha claridad
al presidente, con todo lo malo que significa cambiar de
gobierno, que o rectifica o renuncia. No hay alternativa, las
cosas no pueden seguir así", dijo el ex presidente Rodrigo Borja,
líder histórico de la Izquierda Democrática, el partido
socialdemócrata ecuatoriano
El Partido Social Cristiano, de centro-derecha, proclamó su
oposición total al gobierno debido a que su política económica
"asfixia al país, aumentando el gasto público, condenando el
aparato productivo a la más aguda recesión de que se tenga
memoria".
Aún así, estos sectores se manifestaron más predispuestos a la
mediación de la Iglesia.
Posición
Mahuad acudió a una cadena de radio y televisión para explicar
su posición ante la crisis. Defendió la decisión de incrementar
el precio de las gasolinas, en razón de que buena parte de los
derivados ligeros son importados.
También reiteró que está a punto de llegar a un acuerdo con el
Fondo Monetario Internacional (FMI), lo cual será el punto de
inicio para la reactivación económica del país.
Ante los pedidos de rectificación, el único espacio que quedó
abierto fue una posible reestructuración del gabinete ministerial
prevista para el próximo el 10 de agosto, fecha en la cual la
actual administración cumplirá el primer año en sus funciones.
Pese a su optimismo y convicción, el mensaje del mandatario fue
recibido con escepticismo e incredulidad. De acuerdo con un
sondeo realizada por la firma Cedatos, después de la presentación
del Presidente, el 59% de los encuestados no le cree contra el
14% que si, mientras que el 19% confía un poco en su palabra.
En medio de este ambiente de adversidad, las Fuerzas Armadas
ratificaron su apoyo al orden constitucional. "Aquí hay una
fuerza militar que ama a su país, que respeta la ley y el
ordenamiento jurídico. No se la va a mover de esta posición.
Cambiando al jefe de Estado no va a cambiar de la noche a la
mañana la situación", manifestó el ministro de Defensa, José
Gallardo.
Percepciones opuestas
En coincidencia con los días de agitación social, el presidente
Jamil Mahuad manifestó que "ya pasó lo peor". Ilustró la
situación actual con aquella de un arquitecto que vende en planos
un departamento en el octavo piso. "Si a los dos meses viene el
comprador y le dice que le estafó porque en vez de encontrar ocho
pisos encontró un hueco; sí, es así, pero si no se hace el hueco
no hay cimientos y sin ellos no hay edificio", expresó.
El pronunciamiento fue tomado con una mezcla de escepticismo y
suspicacia por parte de distintos sectores de opinión pública.
Joyce Higgins, presidenta de la Cámara de la Pequeña Industria
de Guayaquil, comentó: "El país está en el cementerio y es
inconcebible que diga que lo peor ya ha pasado cuando las
empresas están paradas, las auditorías de los bancos ( previo al
saneamiento del sistema ) han sido mal hechas y encima se anuncia
que la descongelación de depósitos se haría con la entrega de
bonos".
De su lado, el analista José Larrea García lamentó las
declaraciones del presidente Mahuad. "Revelan el nivel de
desconocimiento de la realidad", opinó.
Pese a las críticas, el mandatario se mantuvo en su apreciación.
"Estoy aquí para servir: no le he olvidado jamás. Mi principal
problema es la pobreza pero para lo social tengo que sembrar en
lo económico. No siempre en lo económico uno puede cosechar y
necesita acuerdos políticos. En esa línea estoy trabajando",
precisó.
Paros Hospitalarios
El continuo atraso en el pago de haberes a los servidores
públicos también contribuye a caldear el ambiente. Catorce mil
trabajadores de la salud, médicos y enfermeras incluidos,
resolvieron declarar un paro indefinido de actividades para
demandar la cancelación de sus sueldos correspondientes a mayo
y junio. También le exigen al gobierno mayor puntualidad en las
asignaciones presupuestarias para mantener la atención
hospitalaria.
"Las unidades del Ministerio de Salud Pública están paralizadas
en más de un 80% de su capacidad ya que el último envío de
recursos por parte del gobierno fue en el mes de abril", sostuvo
Mario Mendoza, presidente de la Asociación de Médicos del
Hospital del Niño de Guayaquil.
Ante la medida de fuerza, solo funciona el servicio de
emergencia, no así el de consulta externa y hospitalización.
Frente a ello, las autoridades gubernamentales amenazaron con
apresar a los dirigentes del paro y con proceder a la
militarización de los hospitales.
"Continuamos atendiendo las emergencias y a los pacientes que
están hospitalizados, pero dejaremos de hacerlo en caso de que
se tomen medidas radicales como la militarización", advirtió
Silvana Barreiro, dirigente del gremio de enfermeras.
Como producto de una negociación con las autoridades, se comenzó
a cubrir el pago de los sueldos de mayo con el compromiso de
cancelar junio hacia la tercera semana de julio. Pero no fue
suficiente para suspender el paro. (Texto tomado de Tiempos del
Mundo)
Más en el