PAIS
Quito. 23 jul 99. Las autoridades detuvieron a Fernando Aspiazu,
un poderoso banquero que asignó préstamos por más de 480 millones
de dólares a empresas fantasmas, mientras en Ecuador aumenta el
nivel de pobreza.
El arresto del poderoso banquero Fernando Aspiazu, máximo
personero del Banco del Progreso de Guayaquil, se perfiló en
estos días como muestra de un endurecimiento gubernamental para
castigar una presunta oleada de corrupción bancaria. Aspiazu,
protegido por influyentes partidos populistas de Guayaquil, como
el Social Cristiano y el Roldosista Ecuatoriano (PRE) fue llevado
a Quito, capital del Ecuador, y encerrado en una celda contigua
a la del ex presidente interino Fabián Alarcón, también sindicado
de enriquecimiento ilícito y manejo irresponsable de su
interinazgo de 18 meses.
Ambas capturas emergieron como testimonios concretos de lo que
parece ser una incipiente lucha contra la corrupción crónica que
reina en este país de 13 millones de habitantes, afectado por
diferencias abismales entre una plutocracia ilegítimamente
enriquecida y masas empobrecidas e indignadas.
Aspiazu fue acusado de otorgar créditos ilegales a empresas
vinculadas, aparentemente fantasmas, por 490 millones de dólares,
perjudicando a 730 mil depositantes que no pudieron sacar su
dinero tras su inesperada decisión de cerrar el Banco y de
resistirse a una intervención de las autoridades bancarias. Para
desarticular la intervención estatal, Aspiazu logró conferir al
caso del Banco del Progreso una tónica regionalista, atribuyendo
los problemas del Banco a una supuesta ofensiva del centralismo
político y económico de Quito, la capital, que rivaliza con
Guayaquil en su hegemonía sobre el resto del país. Aspiazu
encontró el respaldo del poderoso alcalde guayaquileño, León
Febres Cordero, ex presidente del Ecuador, quien había logrado
anteriormente una flexibilización parlamentaria de la
constitución de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) para
amortiguar la intervención de las autoridades en otros bancos de
Guayaquil supuestamente sometidos a la arremetida centralista.
El gobierno, acosado por la presión política de los partidos
guayaquileños y de un sector de las Cámaras de la Producción, dio
un plazo de dos meses al Banco del Progreso para que se
capitalice y restituya créditos de liquidez por un total de 873
millones de dólares (valor de ambos rubros) pero Aspiazu apenas
logró 50 millones de dólares mediante la capitalización de parte
del dinero de los depositantes, convencidos de que el Banco del
Progreso era víctima de una arremetida política.
No obstante, las investigaciones realizadas por la auditora
Deloitte & Touche descubrieron una serie de irregularidades
denunciadas luego, públicamente, por el superintendente de
Bancos, Jorge Guzmán, como responsables de lo que parece ser una
gran estafa bancaria que se pretendió camuflar con un intento de
agitación geopolítica. Por ejemplo, al 31 de marzo de este año,
el Banco del Progreso tenía un patrimonio negativo de 768
millones de dólares, lo que significa que "había perdido cerca
de 8 veces su capital de 100 millones de dólares".
Las auditorías encontraron como sustento del descalabro el
otorgamiento de créditos vinculados de los administradores y
accionistas del Banco por 550 millones de dólares, cuando la ley
permitía para ese tipo de créditos un tope de 60 millones de
dólares, lo que significa que los excesos ilegales llegaron a 490
millones de dólares. "Es decir, que el monto de los créditos
vinculados representa más de 5 veces el saldo del patrimonio".
La magnitud de las cifras adquirió una dramática relevancia
política si se toma en cuenta que en el momento en que el
banquero era arrestado, el gobierno de Jamil Mahuad enfrentaba
una insurgencia social generalizada por un alza del 13,10% en el
alza de la gasolina para satisfacer requerimientos de saneamiento
fiscal como condición para un crédito de 400 millones de dólares
que otorgaría el Fondo Monetario Internacional.
Esto significaría que el elevadísimo costo social y político que
afrontaban el gobierno y 13 millones de ecuatorianos para obtener
400 millones de dólares contrastaba con la magnitud casi
equivalente de las irregularidades financieras cometidas por una
sola institución bancaria.
El del Banco del Progreso fue sólo la punta del iceberg de una
crisis bancaria generalizada que debilitó a todo el sistema,
transfirió 10 bancos al control estatal y le costó al Ministerio
de Finanzas y al instituto emisor alrededor de mil millones de
dólares contabilizados hasta el momento, sin que conozca cuál es
la magnitud monetaria de la crisis bajo la cual aparece una
causalidad combinada de crisis fiscal, desequilibrios
macroeconómicos, deterioro inflacionario e intensa corrupción
financiera.
Las auditorías del Banco del Progreso encontraron también
presuntos depósitos por 422 millones de dólares en una agencia
off-shore que no había contabilizado esos valores en ninguna
parte del activo bancario, lo que indujo al columnista Gonzalo
Ortiz Crespo a suponer que todo ese dinero "estaba escondido".
El del Progreso parece no ser el único de irregularidades
financieras como causantes fundamentales de la crisis de los
bancos ecuatorianos. El diario El Comercio publicó un análisis
según el cual el Banco del Azuay, propiedad de la familia
Miranda, integrada por comerciantes e importadores, concentró más
de 200 millones de dólares en un grupo sospechoso de deudores
únicos vinculados.
En este grupo figuraban empresas sin balances, sin representantes
legales, sin datos de flujo de caja, sin respaldo económico, sin
garantías ni licencias de funcionamiento, lo que perfila a la
proliferación de autopréstamos como presunta causante de la
debacle.
La asimetría en la dureza de los ajustes económicos, con
benevolencia para el poder financiero, y severa estrictez para
los asalariados, parece haber generado una creciente rebeldía
social en un país rico en recursos naturales con un pueblo
empobrecido por una elevada carga de la deuda externa, la
inflación más alta de América (70% hasta final del año), una
crónica inestabilidad cambiaria y un rápido deterioro social.
Los dirigentes sindicales han cuestionado al gobierno las
políticas de ajuste argumentando que no son equitativas porque
implantan una elevada carga sobre los hombros de un pueblo
debilitado, mientras banqueros y financistas entregan al gobierno
bancos en ruinas y escapan fácilmente a Miami a disfrutar de una
vida esplendorosa. Esta sería la causa por la cual la última alza
de los precios de la gasolina desató una furiosa revuelta popular
en medio de la cual el gobierno capturó a Aspiazu, lo encarceló
y lo procesó bajo cargos de apropiación indebida de impuestos.
La prisión de Aspiazu desató la reacción de los poderosos
partidos políticos que implícitamente respaldan a la bancocracia,
mientras los líderes partidistas como el ex candidato
presidencial Jaime Nebot pedían francamente la renuncia de
Mahuad.
Curiosamente, la derecha se ha unido a la izquierda ecuatoriana
en su rechazo a la "receta fondomonetarista" porque ella implica
la exigencia de un severo ajuste bancario y el reclamo de una
modernización del sector público, patrimonio del sindicalismo de
la izquierda. En este enfrentamiento social subyace la corrupción
política y financiera, la impunidad para los poderosos y el
ajuste para las masas, según criticaba el columnista René Mauge.
Pero el superintendente de Bancos, al ordenar el arresto de
Aspiazu declaró: "Para recuperar la confianza, hay que decir la
verdad con la más absoluta crudeza, pase lo que pase, y así
continuaremos. Este país de la impunidad tiene que terminar. Los
ecuatorianos no soportamos más una república corrupta". (Texto
tomado de Tiempos del Mundo)
Quito. 23 jul 99. Las autoridades detuvieron a Fernando Aspiazu,
un poderoso banquero que asignó préstamos por más de 480 millones
de dólares a empresas fantasmas, mientras en Ecuador aumenta el
nivel de pobreza.
El arresto del poderoso banquero Fernando Aspiazu, máximo
personero del Banco del Progreso de Guayaquil, se perfiló en
estos días como muestra de un endurecimiento gubernamental para
castigar una presunta oleada de corrupción bancaria. Aspiazu,
protegido por influyentes partidos populistas de Guayaquil, como
el Social Cristiano y el Roldosista Ecuatoriano (PRE) fue llevado
a Quito, capital del Ecuador, y encerrado en una celda contigua
a la del ex presidente interino Fabián Alarcón, también sindicado
de enriquecimiento ilícito y manejo irresponsable de su
interinazgo de 18 meses.
Ambas capturas emergieron como testimonios concretos de lo que
parece ser una incipiente lucha contra la corrupción crónica que
reina en este país de 13 millones de habitantes, afectado por
diferencias abismales entre una plutocracia ilegítimamente
enriquecida y masas empobrecidas e indignadas.
Aspiazu fue acusado de otorgar créditos ilegales a empresas
vinculadas, aparentemente fantasmas, por 490 millones de dólares,
perjudicando a 730 mil depositantes que no pudieron sacar su
dinero tras su inesperada decisión de cerrar el Banco y de
resistirse a una intervención de las autoridades bancarias. Para
desarticular la intervención estatal, Aspiazu logró conferir al
caso del Banco del Progreso una tónica regionalista, atribuyendo
los problemas del Banco a una supuesta ofensiva del centralismo
político y económico de Quito, la capital, que rivaliza con
Guayaquil en su hegemonía sobre el resto del país. Aspiazu
encontró el respaldo del poderoso alcalde guayaquileño, León
Febres Cordero, ex presidente del Ecuador, quien había logrado
anteriormente una flexibilización parlamentaria de la
constitución de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) para
amortiguar la intervención de las autoridades en otros bancos de
Guayaquil supuestamente sometidos a la arremetida centralista.
El gobierno, acosado por la presión política de los partidos
guayaquileños y de un sector de las Cámaras de la Producción, dio
un plazo de dos meses al Banco del Progreso para que se
capitalice y restituya créditos de liquidez por un total de 873
millones de dólares (valor de ambos rubros) pero Aspiazu apenas
logró 50 millones de dólares mediante la capitalización de parte
del dinero de los depositantes, convencidos de que el Banco del
Progreso era víctima de una arremetida política.
No obstante, las investigaciones realizadas por la auditora
Deloitte & Touche descubrieron una serie de irregularidades
denunciadas luego, públicamente, por el superintendente de
Bancos, Jorge Guzmán, como responsables de lo que parece ser una
gran estafa bancaria que se pretendió camuflar con un intento de
agitación geopolítica. Por ejemplo, al 31 de marzo de este año,
el Banco del Progreso tenía un patrimonio negativo de 768
millones de dólares, lo que significa que "había perdido cerca
de 8 veces su capital de 100 millones de dólares".
Las auditorías encontraron como sustento del descalabro el
otorgamiento de créditos vinculados de los administradores y
accionistas del Banco por 550 millones de dólares, cuando la ley
permitía para ese tipo de créditos un tope de 60 millones de
dólares, lo que significa que los excesos ilegales llegaron a 490
millones de dólares. "Es decir, que el monto de los créditos
vinculados representa más de 5 veces el saldo del patrimonio".
La magnitud de las cifras adquirió una dramática relevancia
política si se toma en cuenta que en el momento en que el
banquero era arrestado, el gobierno de Jamil Mahuad enfrentaba
una insurgencia social generalizada por un alza del 13,10% en el
alza de la gasolina para satisfacer requerimientos de saneamiento
fiscal como condición para un crédito de 400 millones de dólares
que otorgaría el Fondo Monetario Internacional.
Esto significaría que el elevadísimo costo social y político que
afrontaban el gobierno y 13 millones de ecuatorianos para obtener
400 millones de dólares contrastaba con la magnitud casi
equivalente de las irregularidades financieras cometidas por una
sola institución bancaria.
El del Banco del Progreso fue sólo la punta del iceberg de una
crisis bancaria generalizada que debilitó a todo el sistema,
transfirió 10 bancos al control estatal y le costó al Ministerio
de Finanzas y al instituto emisor alrededor de mil millones de
dólares contabilizados hasta el momento, sin que conozca cuál es
la magnitud monetaria de la crisis bajo la cual aparece una
causalidad combinada de crisis fiscal, desequilibrios
macroeconómicos, deterioro inflacionario e intensa corrupción
financiera.
Las auditorías del Banco del Progreso encontraron también
presuntos depósitos por 422 millones de dólares en una agencia
off-shore que no había contabilizado esos valores en ninguna
parte del activo bancario, lo que indujo al columnista Gonzalo
Ortiz Crespo a suponer que todo ese dinero "estaba escondido".
El del Progreso parece no ser el único de irregularidades
financieras como causantes fundamentales de la crisis de los
bancos ecuatorianos. El diario El Comercio publicó un análisis
según el cual el Banco del Azuay, propiedad de la familia
Miranda, integrada por comerciantes e importadores, concentró más
de 200 millones de dólares en un grupo sospechoso de deudores
únicos vinculados.
En este grupo figuraban empresas sin balances, sin representantes
legales, sin datos de flujo de caja, sin respaldo económico, sin
garantías ni licencias de funcionamiento, lo que perfila a la
proliferación de autopréstamos como presunta causante de la
debacle.
La asimetría en la dureza de los ajustes económicos, con
benevolencia para el poder financiero, y severa estrictez para
los asalariados, parece haber generado una creciente rebeldía
social en un país rico en recursos naturales con un pueblo
empobrecido por una elevada carga de la deuda externa, la
inflación más alta de América (70% hasta final del año), una
crónica inestabilidad cambiaria y un rápido deterioro social.
Los dirigentes sindicales han cuestionado al gobierno las
políticas de ajuste argumentando que no son equitativas porque
implantan una elevada carga sobre los hombros de un pueblo
debilitado, mientras banqueros y financistas entregan al gobierno
bancos en ruinas y escapan fácilmente a Miami a disfrutar de una
vida esplendorosa. Esta sería la causa por la cual la última alza
de los precios de la gasolina desató una furiosa revuelta popular
en medio de la cual el gobierno capturó a Aspiazu, lo encarceló
y lo procesó bajo cargos de apropiación indebida de impuestos.
La prisión de Aspiazu desató la reacción de los poderosos
partidos políticos que implícitamente respaldan a la bancocracia,
mientras los líderes partidistas como el ex candidato
presidencial Jaime Nebot pedían francamente la renuncia de
Mahuad.
Curiosamente, la derecha se ha unido a la izquierda ecuatoriana
en su rechazo a la "receta fondomonetarista" porque ella implica
la exigencia de un severo ajuste bancario y el reclamo de una
modernización del sector público, patrimonio del sindicalismo de
la izquierda. En este enfrentamiento social subyace la corrupción
política y financiera, la impunidad para los poderosos y el
ajuste para las masas, según criticaba el columnista René Mauge.
Pero el superintendente de Bancos, al ordenar el arresto de
Aspiazu declaró: "Para recuperar la confianza, hay que decir la
verdad con la más absoluta crudeza, pase lo que pase, y así
continuaremos. Este país de la impunidad tiene que terminar. Los
ecuatorianos no soportamos más una república corrupta". (Texto
tomado de Tiempos del Mundo)
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