Quito. 29.08.94. Juan Clímaco Cuellar tiene las manos agrietadas,
grandes, fuertes; el azadón y el machete las fueron esculpiendo
hasta hacer de ellas su identidad y su orgullo: manos de
agricultor, manos de trabajo, manos de vida.
Juan Clímaco es viejo, "hombre de paz y labor", dice; sin
embargo, a mediados de diciembre del año anterior, fue detenido
por un comando especial del ejército ecuatoriano y, luego de diez
días de incomunicación y tortura, se declara "comandante segundo"
de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC); se
declara autor intelectual y material de la emboscada que sufriera
una patrulla de la policía y el mencionado ejército en el sitio
denominado "Peña Colorada", perteneciente a la zona de Putumayo;
se declara terrorista y guerrillero; se declara todo lo que
quieran que se declare: el miedo y el dolor son las armas más
eficaces contra la ingenuidad y la inocencia.
Fue detenida Carmen Bolaños. La inteligencia del ejército supuso
que ella informó a la guerrilla colombiana sobre los movimientos
de las patrullas ecuatorianas, posibilitó el éxito de la
emboscada y la perpetración del múltiple asesinato que se dio en
la misma. Carmen firmó la declaración a fin de que liberen a su
hijo, pues vio que lo ingresaron al batallón. La amenaza sobre la
vida de su hijo pesó más que las violaciones sexuales a las que
se la sometió; más que su propia vida: nuevamente el miedo,
nuevamente el dolor.
Junto a ellos fueron detenidos nueve campesinos más, en total
once, como once fueron los muertos de la emboscada; no es
coincidencia, es el resultado de un operativo militar, uno de los
tantos que se realizan en el Putumayo, provincia de Sucumbíos;
una zona donde la vida de un hombre puede terminarse en cualquier
momento, una zona donde los muertos, en su mayoría, los ponen los
inocentes.
La emboscada de unos y el derecho de otros
El 16 de diciembre de 1993, una patrulla conjunta de la policía y
el ejército ecuatorianos remonta el río Putumayo en un operativo
de rutina, denominado "Amanecer". Al regresar, a la altura de
"Peña Colorada", recodo del río que toma ese nombre por el color
de un acantilado, son sorprendidos por ráfagas de metralla y
explosiones de granadas, provenientes de las riberas del río. Se
hunden dos embarcaciones, denominadas "Pirañas", las balas
alcanzan a varios de los uniformados; otros logran escapar
lanzándose al río y son rescatados posteriormente.
La patrulla no determinó la identidad de sus atacantes, ni el
bando al que éstos pertenecían; sin embargo, al día siguiente, el
ejército realiza un operativo con el fin de localizar y capturar
a los agresores; lo encabeza el batallón de selva "BS 55
Putumayo", acantonado en Puerto El Carmen. Este es un grupo de
fuerzas especiales, es decir es un grupo de élite, preparado para
misiones de alto riesgo y presto a matar o morir, como reza el
lema que los caracteriza.
"Primero llegó un deslizador, cuenta Dolores Urapari, esposa de
Juan Clímaco Cuellar; redondearon la casita para que no corran y
después otro deslizador que llegó, ellos ya subieron y dijeron
manos arriba, tenderse. Y nos hicieron tender y para que no
alcemos a ver a los maridos, nos cogieron y nos apretaron del
cuello con un fusil para que no nos levantemos. Cogieron, les
amarraron con manos para atrás, les vendaron, de ahí los bajaron
y llevaron. Mi hija dijo: no le lleven a mi papi que mi papi
está enfermo. No, si mañana lo traemos, dijeron, y hasta hoy día
no se vé".
Así el batallón capturó a dos campesinos que cortaban leña, a
otros seis que se encontraban reunidos programando las
actividades navideñas, entre ellos a un promotor de salud que
trabajaba en la zona. Capturaron a dos campesinos que viajaban
en una embarcación pública y a una mujer que trabajaba en una
discoteca de Puerto El Carmen.
Son detenidos sin la orden jurídica de un juez competente;
durante diez días se los somete a investigación con
procedimientos condenados por elementales principios de derechos
humanos y legislaciones internacionales, ratificadas por el
Ecuador, sobre la prohibición de la tortura y la incomunicación.
El 27 de diciembre, el ministro de Defensa, general José
Gallardo, con un inusitado montaje publicitario, hace entrega
formal de los detenidos a las autoridades policiales a fin de que
se legalice su detención y se efectúen las investigaciones
correspondientes. El ejército colabora con la entrega de sendos
informes que determinan la responsabilidad de cada uno de los
detenidos.
La autoridad que los recibe deja constancia expresa de su
deteriorada salud, así como también de la inexistencia de
evidencias físicas del delito que se les incrimina;
posteriormente se conoce que ninguno de ellos tiene antecedentes
delictivos, pero, en la práctica, se ratifica el informe militar.
¿Y entonces qué?
"Entonces vino un día y paró al frente ese avión remendado, con
pecho remendado, podrido, pararon para matar a mí. Y así me
decían (apuntaban con un arma). ¿Quieren matarme?. Mate,
adelante gente, mátame, cómeme, qué me importa a mí, mi cuero.
¿Acaso guerrillero vive junto a mí en el patio, como gallina al
lado? ¿Dónde también vivirá? Que busque para allá, entre el
enemigo. Pero una vieja trabajando, un joven trabajando, ¿para
qué va cogiendo, golpeando como animal, como al perro?. Al perro
también poquito se golpea. Hasta a ustedes golpeando, ¿no
dolerá? A otra tierra adentro se fueron, porque ecuatoriano malo.
Nosotros vinimos para acá y pasamos Puerto Asís. ¿Por qué mis
hijos no pueden trabajar aquí en mi tierra? Entonces cada uno
va, como nómada, a trabajar la tierra. Mezquinan tierra y no
trabajan, echar machete no pueden, ¿entonces para qué mezquinan
tierra?"
Estos testimonios parecen ser de otra parte, no del Ecuador, del
Ecuador de paz; menos aún de nuestro propio Oriente. Pero sí se
habla de Ecuador, de la provincia de Sucumbíos; se habla de una
zona militarizada en donde confluyen varios sectores sociales en
conflicto; en donde los campesinos cargan con deudas ajenas.
DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA
La zona del Putumayo se ha poblado paulatinamente; en la parte
colombiana viven alrededor de 120.000 habitantes, en ella se
cultiva la coca y operan las FARC. Existen problemas entre
guerrilleros y traficantes, en sus rencillas son los campesinos
los que mueren. Paralelamente, el ejército, en sus tareas de
control, responsabiliza indiscriminadamente a la población civil:
"Yo tengo algo que contar, dice un campesino, yo perdí dos
hermanos que fueron torturados. Ellos fueron sacrificados más o
menos el 14 de abril en Orito, Putumayo. Uno de ellos trabajaba
en la empresa Ecopetrol. El otro trabajaba comerciando ropa.
Fueron torturados y aparecieron después de haber sido detenidos,
aparecieron los cadáveres... A uno de ellos le habían sacado los
ojos y le cortaron la lengua, únicamente porque algunas personas
dijeron que ellos eran subversivos... Ellos no eran subversivos".
Ante esto, los campesinos colombianos han optado por cruzar la
frontera y radicarse en la ribera del Putumayo, en el sector
ecuatoriano, de forma ilegal, pero con un mínimo de seguridad;
sin embargo, tienen que afrontar el abuso de las autoridades
civiles y el ejército, quienes ven en ellos a narcotraficantes
que huyen de las autoridades colombianas o a guerrilleros que
intentan establecerse en el país y posibilitar un foco de
rebelión.
En este contexto se produce la emboscada del 16 de diciembre del
93. El ejército concluye que dicha emboscada es realizada por
las FARC y pagada por el narcotráfico para evitar el control,
involucrando de esta forma a sus dos enemigos; pero, al no
encontrarlos, arremete contra los primeros campesinos que se
cruzan en su camino.
Hombres desplazados por la violencia; hombres que dejaron sus
fincas para aventurarse en tierras ajenas; son hombres con sus
mujeres, con sus hijos: son hombres con la esperanza a cuestas
que se estrellan en la prepotencia institucionalizada:
"Yo -cuenta un campesino- en un tiempo tuve un hijo de 14 años en
mi casa, tenía una cosecha por ahí y le dije: vea mijo, vaya
donde el vecino fulano y fulano y dígale si nos puede venir a
ayudar a cosechar el maíz. En eso estaba el ejército en la casa
de don Gil, y lo cogieron, lo amarraron con unos lazos y le
recortaron el cabello, le pusieron unas inyecciones en la oreja y
decían que él era un guerrillero, que se robaba el ganado y que
iba a llevarle noticias a yo no sé quién y cómo. Grande problema
he tenido yo, porque el muchacho se atemorizó y por eso se me fue
de la casa. Entonces, tras de que hacen ir a los hijos de la
casa con tanto susto y tantas amenazas, todavía siguen
poniéndonos problemas a nosotros como padres".
El desplazamiento forzado no está cuantificado, se habla de
30.000, se habla de 100.000; nadie sabe cuántos son los
campesinos que se han internado en el Ecuador y , pese a que hace
dos años las autoridades convinieron en legalizarlos, nada se ha
hecho hasta el momento.
También los organismos de derechos humanos, tanto en el Ecuador
como en Colombia, pretenden colaborar en la solución de este
problema, promoviendo el asentamiento legal de los desplazados,
su desarrollo, articulado a las necesidades de la región, y su
promoción humana.
Pero ya el cansancio y el escepticismo han hecho presa de los
campesinos: "queremos que nos digan si nos van a dar los papeles
o no, que no nos engañen más. Y si no van a dar, que digan
cuándo y qué es lo que tenemos que hacer. Los esperamos o
tenemos que ir. Pero que sea una cosa positiva", dice uno de
ellos. Y la verdad es ésta: el gobierno nada ha hecho, los
organismos no gubernamentales que trabajan en la zona poco o nada
pueden hacer para brindar seguridad al campesino desplazado, ya
que el ejército presiona, amenaza, incluso lo hizo con una misión
de cancillería que visitó la zona a finales de junio de este año;
la guerrilla presiona, el narcotráfico presiona: el campesino
sufre, se silencia.
Solo la iglesia ha logrado traer su confianza; organiza,
resuelve, busca consolidar la dignidad de estos hombres; su
principal ejemplo es ponerse al frente de la defensa de los
detenidos en el "Caso Putumayo": la iglesia de Sucumbíos es una
iglesia activa, consecuente con su opción preferencial por los
marginados. Pero la iglesia tampoco puede controlar la
violencia, no puede reconciliar a los bandos, no puede
cristalizar la esperanza.
Los campesinos no están solos, pero siguen en la incertidumbre,
tributando al dolor, tributando al miedo; más aún cuando, luego
del incidente de diciembre, han abandonado sus tierras por temor
a las represalias:
"Se han salido, dice un campesino de Lorenzo, porque cuando pasó
el problema ese, nos dijeron que venían los militares agarrando
las señoritas que estaban allí, las señoras, y iban haciendo lo
que ellos querían. Entonces del miedo se han pasado unos al otro
lado del río y están allá. No es porque deban algún delito, sino
por las hijas, porque los ecuatorianos vienen haciendo unos
oprobios malos con ellas".
¿Y el fin de la historia?
Todavía no existe final. Once campesinos están detenidos en
Quito desde diciembre, acusados de asesinato, soportando las
secuelas físicas y psicológicas de la tortura.
No existe final porque la justicia no se pronuncia, porque el
temor no solo cabalga en las riberas del río, sino que también lo
hace en los salones de los juzgados.
Todavía no existe final. Aún los detenidos esperan el aire de
sus tierras y el abrazo de sus hijos; aún no se escucha el clamor
de Rosalía, esposa de uno de ellos: "lo único que yo ruego es que
piensen, pongan el corazón y los suelten porque los niños están
sufriendo amargamente. A mí me toca trabajar, me toca jornalear
para mantener a mis hijos, y quién me va a dar un triste pedazo
de panela, un kilo de arroz: nadie". (10B)
grandes, fuertes; el azadón y el machete las fueron esculpiendo
hasta hacer de ellas su identidad y su orgullo: manos de
agricultor, manos de trabajo, manos de vida.
Juan Clímaco es viejo, "hombre de paz y labor", dice; sin
embargo, a mediados de diciembre del año anterior, fue detenido
por un comando especial del ejército ecuatoriano y, luego de diez
días de incomunicación y tortura, se declara "comandante segundo"
de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC); se
declara autor intelectual y material de la emboscada que sufriera
una patrulla de la policía y el mencionado ejército en el sitio
denominado "Peña Colorada", perteneciente a la zona de Putumayo;
se declara terrorista y guerrillero; se declara todo lo que
quieran que se declare: el miedo y el dolor son las armas más
eficaces contra la ingenuidad y la inocencia.
Fue detenida Carmen Bolaños. La inteligencia del ejército supuso
que ella informó a la guerrilla colombiana sobre los movimientos
de las patrullas ecuatorianas, posibilitó el éxito de la
emboscada y la perpetración del múltiple asesinato que se dio en
la misma. Carmen firmó la declaración a fin de que liberen a su
hijo, pues vio que lo ingresaron al batallón. La amenaza sobre la
vida de su hijo pesó más que las violaciones sexuales a las que
se la sometió; más que su propia vida: nuevamente el miedo,
nuevamente el dolor.
Junto a ellos fueron detenidos nueve campesinos más, en total
once, como once fueron los muertos de la emboscada; no es
coincidencia, es el resultado de un operativo militar, uno de los
tantos que se realizan en el Putumayo, provincia de Sucumbíos;
una zona donde la vida de un hombre puede terminarse en cualquier
momento, una zona donde los muertos, en su mayoría, los ponen los
inocentes.
La emboscada de unos y el derecho de otros
El 16 de diciembre de 1993, una patrulla conjunta de la policía y
el ejército ecuatorianos remonta el río Putumayo en un operativo
de rutina, denominado "Amanecer". Al regresar, a la altura de
"Peña Colorada", recodo del río que toma ese nombre por el color
de un acantilado, son sorprendidos por ráfagas de metralla y
explosiones de granadas, provenientes de las riberas del río. Se
hunden dos embarcaciones, denominadas "Pirañas", las balas
alcanzan a varios de los uniformados; otros logran escapar
lanzándose al río y son rescatados posteriormente.
La patrulla no determinó la identidad de sus atacantes, ni el
bando al que éstos pertenecían; sin embargo, al día siguiente, el
ejército realiza un operativo con el fin de localizar y capturar
a los agresores; lo encabeza el batallón de selva "BS 55
Putumayo", acantonado en Puerto El Carmen. Este es un grupo de
fuerzas especiales, es decir es un grupo de élite, preparado para
misiones de alto riesgo y presto a matar o morir, como reza el
lema que los caracteriza.
"Primero llegó un deslizador, cuenta Dolores Urapari, esposa de
Juan Clímaco Cuellar; redondearon la casita para que no corran y
después otro deslizador que llegó, ellos ya subieron y dijeron
manos arriba, tenderse. Y nos hicieron tender y para que no
alcemos a ver a los maridos, nos cogieron y nos apretaron del
cuello con un fusil para que no nos levantemos. Cogieron, les
amarraron con manos para atrás, les vendaron, de ahí los bajaron
y llevaron. Mi hija dijo: no le lleven a mi papi que mi papi
está enfermo. No, si mañana lo traemos, dijeron, y hasta hoy día
no se vé".
Así el batallón capturó a dos campesinos que cortaban leña, a
otros seis que se encontraban reunidos programando las
actividades navideñas, entre ellos a un promotor de salud que
trabajaba en la zona. Capturaron a dos campesinos que viajaban
en una embarcación pública y a una mujer que trabajaba en una
discoteca de Puerto El Carmen.
Son detenidos sin la orden jurídica de un juez competente;
durante diez días se los somete a investigación con
procedimientos condenados por elementales principios de derechos
humanos y legislaciones internacionales, ratificadas por el
Ecuador, sobre la prohibición de la tortura y la incomunicación.
El 27 de diciembre, el ministro de Defensa, general José
Gallardo, con un inusitado montaje publicitario, hace entrega
formal de los detenidos a las autoridades policiales a fin de que
se legalice su detención y se efectúen las investigaciones
correspondientes. El ejército colabora con la entrega de sendos
informes que determinan la responsabilidad de cada uno de los
detenidos.
La autoridad que los recibe deja constancia expresa de su
deteriorada salud, así como también de la inexistencia de
evidencias físicas del delito que se les incrimina;
posteriormente se conoce que ninguno de ellos tiene antecedentes
delictivos, pero, en la práctica, se ratifica el informe militar.
¿Y entonces qué?
"Entonces vino un día y paró al frente ese avión remendado, con
pecho remendado, podrido, pararon para matar a mí. Y así me
decían (apuntaban con un arma). ¿Quieren matarme?. Mate,
adelante gente, mátame, cómeme, qué me importa a mí, mi cuero.
¿Acaso guerrillero vive junto a mí en el patio, como gallina al
lado? ¿Dónde también vivirá? Que busque para allá, entre el
enemigo. Pero una vieja trabajando, un joven trabajando, ¿para
qué va cogiendo, golpeando como animal, como al perro?. Al perro
también poquito se golpea. Hasta a ustedes golpeando, ¿no
dolerá? A otra tierra adentro se fueron, porque ecuatoriano malo.
Nosotros vinimos para acá y pasamos Puerto Asís. ¿Por qué mis
hijos no pueden trabajar aquí en mi tierra? Entonces cada uno
va, como nómada, a trabajar la tierra. Mezquinan tierra y no
trabajan, echar machete no pueden, ¿entonces para qué mezquinan
tierra?"
Estos testimonios parecen ser de otra parte, no del Ecuador, del
Ecuador de paz; menos aún de nuestro propio Oriente. Pero sí se
habla de Ecuador, de la provincia de Sucumbíos; se habla de una
zona militarizada en donde confluyen varios sectores sociales en
conflicto; en donde los campesinos cargan con deudas ajenas.
DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA
La zona del Putumayo se ha poblado paulatinamente; en la parte
colombiana viven alrededor de 120.000 habitantes, en ella se
cultiva la coca y operan las FARC. Existen problemas entre
guerrilleros y traficantes, en sus rencillas son los campesinos
los que mueren. Paralelamente, el ejército, en sus tareas de
control, responsabiliza indiscriminadamente a la población civil:
"Yo tengo algo que contar, dice un campesino, yo perdí dos
hermanos que fueron torturados. Ellos fueron sacrificados más o
menos el 14 de abril en Orito, Putumayo. Uno de ellos trabajaba
en la empresa Ecopetrol. El otro trabajaba comerciando ropa.
Fueron torturados y aparecieron después de haber sido detenidos,
aparecieron los cadáveres... A uno de ellos le habían sacado los
ojos y le cortaron la lengua, únicamente porque algunas personas
dijeron que ellos eran subversivos... Ellos no eran subversivos".
Ante esto, los campesinos colombianos han optado por cruzar la
frontera y radicarse en la ribera del Putumayo, en el sector
ecuatoriano, de forma ilegal, pero con un mínimo de seguridad;
sin embargo, tienen que afrontar el abuso de las autoridades
civiles y el ejército, quienes ven en ellos a narcotraficantes
que huyen de las autoridades colombianas o a guerrilleros que
intentan establecerse en el país y posibilitar un foco de
rebelión.
En este contexto se produce la emboscada del 16 de diciembre del
93. El ejército concluye que dicha emboscada es realizada por
las FARC y pagada por el narcotráfico para evitar el control,
involucrando de esta forma a sus dos enemigos; pero, al no
encontrarlos, arremete contra los primeros campesinos que se
cruzan en su camino.
Hombres desplazados por la violencia; hombres que dejaron sus
fincas para aventurarse en tierras ajenas; son hombres con sus
mujeres, con sus hijos: son hombres con la esperanza a cuestas
que se estrellan en la prepotencia institucionalizada:
"Yo -cuenta un campesino- en un tiempo tuve un hijo de 14 años en
mi casa, tenía una cosecha por ahí y le dije: vea mijo, vaya
donde el vecino fulano y fulano y dígale si nos puede venir a
ayudar a cosechar el maíz. En eso estaba el ejército en la casa
de don Gil, y lo cogieron, lo amarraron con unos lazos y le
recortaron el cabello, le pusieron unas inyecciones en la oreja y
decían que él era un guerrillero, que se robaba el ganado y que
iba a llevarle noticias a yo no sé quién y cómo. Grande problema
he tenido yo, porque el muchacho se atemorizó y por eso se me fue
de la casa. Entonces, tras de que hacen ir a los hijos de la
casa con tanto susto y tantas amenazas, todavía siguen
poniéndonos problemas a nosotros como padres".
El desplazamiento forzado no está cuantificado, se habla de
30.000, se habla de 100.000; nadie sabe cuántos son los
campesinos que se han internado en el Ecuador y , pese a que hace
dos años las autoridades convinieron en legalizarlos, nada se ha
hecho hasta el momento.
También los organismos de derechos humanos, tanto en el Ecuador
como en Colombia, pretenden colaborar en la solución de este
problema, promoviendo el asentamiento legal de los desplazados,
su desarrollo, articulado a las necesidades de la región, y su
promoción humana.
Pero ya el cansancio y el escepticismo han hecho presa de los
campesinos: "queremos que nos digan si nos van a dar los papeles
o no, que no nos engañen más. Y si no van a dar, que digan
cuándo y qué es lo que tenemos que hacer. Los esperamos o
tenemos que ir. Pero que sea una cosa positiva", dice uno de
ellos. Y la verdad es ésta: el gobierno nada ha hecho, los
organismos no gubernamentales que trabajan en la zona poco o nada
pueden hacer para brindar seguridad al campesino desplazado, ya
que el ejército presiona, amenaza, incluso lo hizo con una misión
de cancillería que visitó la zona a finales de junio de este año;
la guerrilla presiona, el narcotráfico presiona: el campesino
sufre, se silencia.
Solo la iglesia ha logrado traer su confianza; organiza,
resuelve, busca consolidar la dignidad de estos hombres; su
principal ejemplo es ponerse al frente de la defensa de los
detenidos en el "Caso Putumayo": la iglesia de Sucumbíos es una
iglesia activa, consecuente con su opción preferencial por los
marginados. Pero la iglesia tampoco puede controlar la
violencia, no puede reconciliar a los bandos, no puede
cristalizar la esperanza.
Los campesinos no están solos, pero siguen en la incertidumbre,
tributando al dolor, tributando al miedo; más aún cuando, luego
del incidente de diciembre, han abandonado sus tierras por temor
a las represalias:
"Se han salido, dice un campesino de Lorenzo, porque cuando pasó
el problema ese, nos dijeron que venían los militares agarrando
las señoritas que estaban allí, las señoras, y iban haciendo lo
que ellos querían. Entonces del miedo se han pasado unos al otro
lado del río y están allá. No es porque deban algún delito, sino
por las hijas, porque los ecuatorianos vienen haciendo unos
oprobios malos con ellas".
¿Y el fin de la historia?
Todavía no existe final. Once campesinos están detenidos en
Quito desde diciembre, acusados de asesinato, soportando las
secuelas físicas y psicológicas de la tortura.
No existe final porque la justicia no se pronuncia, porque el
temor no solo cabalga en las riberas del río, sino que también lo
hace en los salones de los juzgados.
Todavía no existe final. Aún los detenidos esperan el aire de
sus tierras y el abrazo de sus hijos; aún no se escucha el clamor
de Rosalía, esposa de uno de ellos: "lo único que yo ruego es que
piensen, pongan el corazón y los suelten porque los niños están
sufriendo amargamente. A mí me toca trabajar, me toca jornalear
para mantener a mis hijos, y quién me va a dar un triste pedazo
de panela, un kilo de arroz: nadie". (10B)
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