Quito. 16.05.94. En manos de quien esta la tierra, de quién debe
estar la tierra.
Las aguas también cambian
Otro de los cambios fundamentales se refiere al derecho de
aprovechamiento de las aguas. Hasta ahora, las concesiones del
Estado a particulares, a través del INHERI, tienen un tiempo
limitado y están sujetas a una justificación previa respecto a su
uso teniendo prioridad para el uso doméstico sobre el industrial.
El proyecto, por su parte, señala que los derechos de
aprovechamiento serán indefinidos y no sujetos a condición alguna
de uso específico.
Además, se institucionaliza la libertad en la transferencia de
derechos de aprovechamiento de las aguas, con la única obligación
del organismo rector de los recursos hídricos del país de llevar
un registro de esas operaciones, con fines estadísticos.
Tierras el tema de toda guerra
Desde la antigüedad el tema de la propiedad de la tierra ha sido
motivo de grandes conflictos. Esta no podía ser la excepción.
Desde el anuncio de la Ley todos los sectores involucrados han
opinado y en la mayoría de los casos discrepado en sus ideas.
Incluso dentro de los propios gremios existen discrepancias, cosa
poca usual.
Manifestó que no es verdad que se le vaya quitar la tierra al
campesino. Hay una serie de infundios que no son verdad.
Recalcó que la ley Agraria tiene algo de específico y de especial
preocupación del presidente y del gobierno nacional que son los
pequeños campesinos.
"Queremos hablarle al pequeño campesino en serio. Sabemos que hay
que tener una escritura y un instrumento válido para trabajar,
seguridad en la tenencia de la tierra y del agua.
Tenemos que darle tecnología de parte del Estado, apoyo
financiero, crediticio y tecnológico para que se pueda
desarrollar y todo esto basado en un sistema de comercialización
adecuado.
Indicó que sería algo imposible que el gobierno pretenda volver
al huasipungo o que se le intente quitar la tierra."Eso es algo
imposible, eso desataría un problema a nivel nacional que no se
le ocurriría a ningún gobernante sensato".
Lo que pasa es que se puede engañar a unos pocos algunas
oportunidades, se puede engañar unos pocos todo el tiempo, peor
no se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo, anotó.
El ministro dijo que hay personas que no están intentando
dialogar. Me hubiera gustado que en los cuestionamientos que se
le han hecho a la ley Agraria, se dijera: tal artículo está malo,
tal artículo no sirve, etc. pero se habrá notado que en ninguna
de las consideraciones que se han hecho se cuestiona los
artículos de la ley que no vale. Lo que se hacen son
consideraciones de tipo general.
Desgraciadamente no hay capacidad de diálogo, no se quiere
dialogar. Creo que estos temas hay que dialogarlos porque en
definitiva ellos inclusive han hecho un documento. Por eso es
preferible que las personas que han trabajado en este tema,
deberían de sentarse a dialogar sobre este aspecto para sacar una
ley, porque nadie cuestiona que la ley es necesaria.
Cuando se le consultó sobre los motivos que el gobierno ha tenido
para enviar un proyecto de ley de esta naturaleza para que el
Congreso lo conozca en los 15 días que señala la Constitución sin
antes no habérselo discutido plenamente, el ministro dijo que la
actuación del régimen "no ha sido a saltos y brincos".
El ministro recordó que han habido tres leyes presentadas al
Congreso. Mandaron los de la CONAIE, otro de las cámaras de
agricultura y un tercero los empleados del IERAC. ¿Hay o no
entonces una urgencia por aprobar una ley de esta?
Indicó que la Presidencia de la República convocó a las partes y
recogimos las recomendaciones que salieron como producto de este
diálogo, pero como le digo antes, no hay peor ciego que el que no
quiere ver y sordo que el que no quiere escuchar".
En todo caso, dijo que el gobierno recogerá toda sugerencia que
haga el Congreso. Lo que el gobierno pretende es que ese
documento recoga el consenso de la mayoría de las personas que
quieren dialogar y estamos muy abiertos que si hay perspectivas
de mejorar este proyecto de ley, en buena hora, de eso se trata.
Por eso es que tenemos que aprovechar el centro más idóneo para
esa discusión que es el Congreso Nacional para tratar estos
temas.
Además el proyecto de ley tiene que ser urgente, porque ¿estamos
o no de acuerdo que la agricultura es el principal factor
económico y social de este país? ¿Estamos o no de acuerdo que el
50 por ciento de las personas están dedicadas a la actividad?
¿Entonces, es o no urgente este proyecto de ley?
Al referirse a la paralización de las actividades de varios
sectores que integran el agro, el ministro dijo que ese es el
resultado de que se han recogido una serie de infundios, pero
confió en que tarde o temprano ellos se van a dar cuenta que el
gobierno nacional ha procedido con honestidad, seriedad y en
beneficio siempre de los más pobres. No se justifica el paro, hay
sido mañosamente elaborado.
Pocos, pero fundamentales cambios, que dan la estocada final a la
ya agónica reforma agraria que se inició en 1964, contiene el
proyecto de Ley de Ordenamiento del Sector Agrario que ahora se
debate en el país, tras su envío al Congreso por el Gobierno con
el carácter de urgente.
La expropiación de la tierra de vocación agrícola, núcleo de tres
décadas de polémica entre antiguos propietarios y la población
campesina aspirante a serlo, queda ahora sujeta a condiciones que
en el futuro harán más difícil, sino imposible, la transferencia
compulsiva de dominio.
De otro lado, liberaliza la concesión del derecho de
aprovechamiento de aguas, modifica totalmente la estructura
institucional de la entidad encargada de ejecutar las políticas
agrarias, abre el camino a la atomización de las tierras
comunitarias e institucionaliza la formación de sociedades
mercantiles, al parecer, en el afán de estimular la formación de
empresas agrícolas.
En lo que se refiere a los requisitos para la expropiación de las
tierras aptas para la explotación agraria, al momento bastan dos
años de inactividad agrícola para que un predio quede expuesto a
esa acción, sino en su totalidad, por lo menos en aquella parte
que permanece sin cultivarse.
En el proyecto enviado por el Gobierno, para que un predio pueda
ser expropiado, deberá haber permanecido "totalmente" inexplotado
en un lapso de cinco años. En otras palabras, según algunos
analistas de la propuesta gubernamental, no solo se amplia el
período en que una unidad agrícola puede permancer inactiva, sino
que bastará con que un pedazo de ella esté bajo cultivo, para que
la totalidad de un predio quede a salvo de la expropiación.
De otro lado, se modifica la estructura institucional responsable
de ejecutar la parte de la política agraria referente a la
propiedad de la tierra. Hasta el momento, el proceso corre a
cargo del Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización
(IERAC), que es el ente encargado de la expropiación de las
tierras rústicas y su posterior transferencia a la población
campesina. Dicha entidad está dirigida por un director ejecutivo
y tiene varias dependencias subalternas, entre las cuales se
encuentra el Departamento de Tierras.
El esquema se completa con los jefes regionales, encargados de
hacer la reforma en diversas regiones del país, y los centros
regionales de apelación, que no dependen del IERAC, sino
directamente del ministerio de Agricultura y del Presidente de la
República. Con ello lo que se pretende es crear instancias
independientes para el trámite de la expropiación y adjudicación
de tierras.
En el futuro, el IERAC será sustituido por el Instituto Nacional
de Ordenamiento del Sector Agrario, que realizará sus funciones.
Pero su estructura será diferente, más compleja y burocrática.
Tendrá un consejo superior integrado por el ministro de
Agricultura y Ganadería o su delegado, el ministro de Finanzas,
el director ejecutivo del INEFAN, un representante de la
Federación de las Cámaras de Agricultura del país; y un
representante de las organizaciones campesinas "legítimamente
constituidas".
Este mecanismo, sin embargo, no es nuevo en el país. Estuvo
vigente entre 1964, año de comienzo del proceso, y 1970. Según
algunos conocedores de la materia, ese consejo superior, en lugar
de ser un espacio de democratizador y de consenso del proceso, se
convirtió en el lugar de su entrababamiento, pues los casos y las
políticas sobre reforma agraria se ahogaban allí en medio de los
encontrados intereses de los actores
El director ejecutivo del INOSA, según el actual proyecto
gubernamental, será nombrado por el Consejo Superior de una terna
presentada por el ministro de Agricultura y Ganadería, y actuará
en el consejo superior con voz, pero sin voto. Es decir, perderá
capacidad decisoria en la ejecución de las políticas agrarias.
De otro lado, se traslada a los jueces de lo civil la facultad de
decidir sobre los juicios de expropiación de las tierras
rústicas, facultad que hasta ahora radica en el propio IERAC, en
los jefes regionales y en los comités de regionales de apelación.
Otro cambio se refiere a la libertad para la compraventa de
tierras rústicas de dominio privado. Ahora, una operación de esa
naturaleza esta sujeta a autorización previa del Instituto
Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización.
Se institucionaliza también el mecanismo de subasta pública para
la venta de las tierras que son de propiedad del IERAC, mecanismo
que, a juicio de algunos especialistas, dejaría en desventaja a
los aspirantes a la tenencia de la tierra que carecen de dinero,
frente a aquellos que poseen capital.
Además, se abre la posibilidad de que para la explotación de la
tierra agrícola se creen las denominadas "sociedades de cuentas
en participación en las que se aportes, por dos o más partes
intervinientes, la tierra, el capital y los insumos, la
tecnología y el trabajo necesarios para la producción agraria,
repartiéndose luego, en forma equitativa los beneficios o
pérdidas que se obtengan".
Aunque el Gobierno argumenta que esta nueva institución busca
estimular la empresa agrícola, algunos expertos sostienen que con
ella se reabre las puertas al precarismo, que fue suprimido en
1970. Es decir, si por un lado, los inversionistas podrían
asociarse con los propietarios de la tierra para constituir
empresas productivas en el afán de mejorar la productividad de
las unidades agrícolas, por otro podría producirse asociaciones
entre un propietario y los trabajadores del campo, en los que
éstos vuelvan a ser precaristas.
Un elemento nuevo es la disposición según la cual el Estado
protegerá y entregará las tierras que se destinen al desarrollo
de las poblaciones aborígenes y las adjudicará en forma gratuita
a las comunidades o etnias que han estado en su posesión
ancestral, bajo la condición que se mantenga su sistema
tradicional de explotación.
De otro lado, si bien en uno de los artículos se prohíbe la
partición de tierras de comunidades, en otro se señala que ese
acto, que hasta ahora esta sujeto a una autorización previa del
IERAC, en adelante, solo necesitará la decisión de la mayoría de
los socios de la comunidad, reunidos en asamblea. (Revista
Economía 1)
estar la tierra.
Las aguas también cambian
Otro de los cambios fundamentales se refiere al derecho de
aprovechamiento de las aguas. Hasta ahora, las concesiones del
Estado a particulares, a través del INHERI, tienen un tiempo
limitado y están sujetas a una justificación previa respecto a su
uso teniendo prioridad para el uso doméstico sobre el industrial.
El proyecto, por su parte, señala que los derechos de
aprovechamiento serán indefinidos y no sujetos a condición alguna
de uso específico.
Además, se institucionaliza la libertad en la transferencia de
derechos de aprovechamiento de las aguas, con la única obligación
del organismo rector de los recursos hídricos del país de llevar
un registro de esas operaciones, con fines estadísticos.
Tierras el tema de toda guerra
Desde la antigüedad el tema de la propiedad de la tierra ha sido
motivo de grandes conflictos. Esta no podía ser la excepción.
Desde el anuncio de la Ley todos los sectores involucrados han
opinado y en la mayoría de los casos discrepado en sus ideas.
Incluso dentro de los propios gremios existen discrepancias, cosa
poca usual.
Manifestó que no es verdad que se le vaya quitar la tierra al
campesino. Hay una serie de infundios que no son verdad.
Recalcó que la ley Agraria tiene algo de específico y de especial
preocupación del presidente y del gobierno nacional que son los
pequeños campesinos.
"Queremos hablarle al pequeño campesino en serio. Sabemos que hay
que tener una escritura y un instrumento válido para trabajar,
seguridad en la tenencia de la tierra y del agua.
Tenemos que darle tecnología de parte del Estado, apoyo
financiero, crediticio y tecnológico para que se pueda
desarrollar y todo esto basado en un sistema de comercialización
adecuado.
Indicó que sería algo imposible que el gobierno pretenda volver
al huasipungo o que se le intente quitar la tierra."Eso es algo
imposible, eso desataría un problema a nivel nacional que no se
le ocurriría a ningún gobernante sensato".
Lo que pasa es que se puede engañar a unos pocos algunas
oportunidades, se puede engañar unos pocos todo el tiempo, peor
no se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo, anotó.
El ministro dijo que hay personas que no están intentando
dialogar. Me hubiera gustado que en los cuestionamientos que se
le han hecho a la ley Agraria, se dijera: tal artículo está malo,
tal artículo no sirve, etc. pero se habrá notado que en ninguna
de las consideraciones que se han hecho se cuestiona los
artículos de la ley que no vale. Lo que se hacen son
consideraciones de tipo general.
Desgraciadamente no hay capacidad de diálogo, no se quiere
dialogar. Creo que estos temas hay que dialogarlos porque en
definitiva ellos inclusive han hecho un documento. Por eso es
preferible que las personas que han trabajado en este tema,
deberían de sentarse a dialogar sobre este aspecto para sacar una
ley, porque nadie cuestiona que la ley es necesaria.
Cuando se le consultó sobre los motivos que el gobierno ha tenido
para enviar un proyecto de ley de esta naturaleza para que el
Congreso lo conozca en los 15 días que señala la Constitución sin
antes no habérselo discutido plenamente, el ministro dijo que la
actuación del régimen "no ha sido a saltos y brincos".
El ministro recordó que han habido tres leyes presentadas al
Congreso. Mandaron los de la CONAIE, otro de las cámaras de
agricultura y un tercero los empleados del IERAC. ¿Hay o no
entonces una urgencia por aprobar una ley de esta?
Indicó que la Presidencia de la República convocó a las partes y
recogimos las recomendaciones que salieron como producto de este
diálogo, pero como le digo antes, no hay peor ciego que el que no
quiere ver y sordo que el que no quiere escuchar".
En todo caso, dijo que el gobierno recogerá toda sugerencia que
haga el Congreso. Lo que el gobierno pretende es que ese
documento recoga el consenso de la mayoría de las personas que
quieren dialogar y estamos muy abiertos que si hay perspectivas
de mejorar este proyecto de ley, en buena hora, de eso se trata.
Por eso es que tenemos que aprovechar el centro más idóneo para
esa discusión que es el Congreso Nacional para tratar estos
temas.
Además el proyecto de ley tiene que ser urgente, porque ¿estamos
o no de acuerdo que la agricultura es el principal factor
económico y social de este país? ¿Estamos o no de acuerdo que el
50 por ciento de las personas están dedicadas a la actividad?
¿Entonces, es o no urgente este proyecto de ley?
Al referirse a la paralización de las actividades de varios
sectores que integran el agro, el ministro dijo que ese es el
resultado de que se han recogido una serie de infundios, pero
confió en que tarde o temprano ellos se van a dar cuenta que el
gobierno nacional ha procedido con honestidad, seriedad y en
beneficio siempre de los más pobres. No se justifica el paro, hay
sido mañosamente elaborado.
Pocos, pero fundamentales cambios, que dan la estocada final a la
ya agónica reforma agraria que se inició en 1964, contiene el
proyecto de Ley de Ordenamiento del Sector Agrario que ahora se
debate en el país, tras su envío al Congreso por el Gobierno con
el carácter de urgente.
La expropiación de la tierra de vocación agrícola, núcleo de tres
décadas de polémica entre antiguos propietarios y la población
campesina aspirante a serlo, queda ahora sujeta a condiciones que
en el futuro harán más difícil, sino imposible, la transferencia
compulsiva de dominio.
De otro lado, liberaliza la concesión del derecho de
aprovechamiento de aguas, modifica totalmente la estructura
institucional de la entidad encargada de ejecutar las políticas
agrarias, abre el camino a la atomización de las tierras
comunitarias e institucionaliza la formación de sociedades
mercantiles, al parecer, en el afán de estimular la formación de
empresas agrícolas.
En lo que se refiere a los requisitos para la expropiación de las
tierras aptas para la explotación agraria, al momento bastan dos
años de inactividad agrícola para que un predio quede expuesto a
esa acción, sino en su totalidad, por lo menos en aquella parte
que permanece sin cultivarse.
En el proyecto enviado por el Gobierno, para que un predio pueda
ser expropiado, deberá haber permanecido "totalmente" inexplotado
en un lapso de cinco años. En otras palabras, según algunos
analistas de la propuesta gubernamental, no solo se amplia el
período en que una unidad agrícola puede permancer inactiva, sino
que bastará con que un pedazo de ella esté bajo cultivo, para que
la totalidad de un predio quede a salvo de la expropiación.
De otro lado, se modifica la estructura institucional responsable
de ejecutar la parte de la política agraria referente a la
propiedad de la tierra. Hasta el momento, el proceso corre a
cargo del Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización
(IERAC), que es el ente encargado de la expropiación de las
tierras rústicas y su posterior transferencia a la población
campesina. Dicha entidad está dirigida por un director ejecutivo
y tiene varias dependencias subalternas, entre las cuales se
encuentra el Departamento de Tierras.
El esquema se completa con los jefes regionales, encargados de
hacer la reforma en diversas regiones del país, y los centros
regionales de apelación, que no dependen del IERAC, sino
directamente del ministerio de Agricultura y del Presidente de la
República. Con ello lo que se pretende es crear instancias
independientes para el trámite de la expropiación y adjudicación
de tierras.
En el futuro, el IERAC será sustituido por el Instituto Nacional
de Ordenamiento del Sector Agrario, que realizará sus funciones.
Pero su estructura será diferente, más compleja y burocrática.
Tendrá un consejo superior integrado por el ministro de
Agricultura y Ganadería o su delegado, el ministro de Finanzas,
el director ejecutivo del INEFAN, un representante de la
Federación de las Cámaras de Agricultura del país; y un
representante de las organizaciones campesinas "legítimamente
constituidas".
Este mecanismo, sin embargo, no es nuevo en el país. Estuvo
vigente entre 1964, año de comienzo del proceso, y 1970. Según
algunos conocedores de la materia, ese consejo superior, en lugar
de ser un espacio de democratizador y de consenso del proceso, se
convirtió en el lugar de su entrababamiento, pues los casos y las
políticas sobre reforma agraria se ahogaban allí en medio de los
encontrados intereses de los actores
El director ejecutivo del INOSA, según el actual proyecto
gubernamental, será nombrado por el Consejo Superior de una terna
presentada por el ministro de Agricultura y Ganadería, y actuará
en el consejo superior con voz, pero sin voto. Es decir, perderá
capacidad decisoria en la ejecución de las políticas agrarias.
De otro lado, se traslada a los jueces de lo civil la facultad de
decidir sobre los juicios de expropiación de las tierras
rústicas, facultad que hasta ahora radica en el propio IERAC, en
los jefes regionales y en los comités de regionales de apelación.
Otro cambio se refiere a la libertad para la compraventa de
tierras rústicas de dominio privado. Ahora, una operación de esa
naturaleza esta sujeta a autorización previa del Instituto
Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización.
Se institucionaliza también el mecanismo de subasta pública para
la venta de las tierras que son de propiedad del IERAC, mecanismo
que, a juicio de algunos especialistas, dejaría en desventaja a
los aspirantes a la tenencia de la tierra que carecen de dinero,
frente a aquellos que poseen capital.
Además, se abre la posibilidad de que para la explotación de la
tierra agrícola se creen las denominadas "sociedades de cuentas
en participación en las que se aportes, por dos o más partes
intervinientes, la tierra, el capital y los insumos, la
tecnología y el trabajo necesarios para la producción agraria,
repartiéndose luego, en forma equitativa los beneficios o
pérdidas que se obtengan".
Aunque el Gobierno argumenta que esta nueva institución busca
estimular la empresa agrícola, algunos expertos sostienen que con
ella se reabre las puertas al precarismo, que fue suprimido en
1970. Es decir, si por un lado, los inversionistas podrían
asociarse con los propietarios de la tierra para constituir
empresas productivas en el afán de mejorar la productividad de
las unidades agrícolas, por otro podría producirse asociaciones
entre un propietario y los trabajadores del campo, en los que
éstos vuelvan a ser precaristas.
Un elemento nuevo es la disposición según la cual el Estado
protegerá y entregará las tierras que se destinen al desarrollo
de las poblaciones aborígenes y las adjudicará en forma gratuita
a las comunidades o etnias que han estado en su posesión
ancestral, bajo la condición que se mantenga su sistema
tradicional de explotación.
De otro lado, si bien en uno de los artículos se prohíbe la
partición de tierras de comunidades, en otro se señala que ese
acto, que hasta ahora esta sujeto a una autorización previa del
IERAC, en adelante, solo necesitará la decisión de la mayoría de
los socios de la comunidad, reunidos en asamblea. (Revista
Economía 1)
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