Quito. 28.05.94. Un evidente consenso para reformar la
Constitución se puso de manifiesto en el Foro "Reforma Política y
Reforma Constitucional", que se realizó anteayer en el Colegio de
Economistas de Quito.
El Foro ha sido organizado por la Fundación Esquel, el Instituto
Latinoamericano de Investigaciones Sociales (ILDIS) y el Colegio
de Economistas.
El ex vicepresidente León Roldós, uno de los panelistas, se
mostró partidario de la tesis de convocar una Asamblea
Constituyente que proceda a reformar la Constitución vigente.
Hizo un recuento de los cambios realizados a la carta Política
del Estado en 1983 y 1992 los cuales, según opinó, le han restado
capacidad fiscalizadora al Congreso Nacional y han reducido el
ámbito constitucional de lo fiscal y lo presupuestario.
Roldós propone una Asamblea de 30 diputados constituyentes,
electos nombre por nombre porque, según dijo, con el sistema de
listas detrás del primer diputado "vienen los guardaespaldas" en
calidad de diputados al Congreso Nacional.
LA CONSULTA POPULAR
Flores puso en duda la conveniencia de la consulta propuesta por
el régimen, aunque también señaló que "lo único rescatable" del
planteamiento del Gobierno "quizás sea el tema de la
bicameralidad".
A su juicio la primera pregunta, que tiene que ver con la
obligatoriedad o no del voto, pone en serio peligro la
institución de la representatividad. "Si en Santo Domingo de los
Colorados, los votos nulos y blancos, más el ausentismo, sumaron
el 70%, ¿qué legitimidad van a tener las autoridades electas en
el futuro si el voto es voluntario?, preguntó.
MODERNIZACION Y REFORMA
En un plano más general, Luis Verdesoto, también panelista del
Foro, planteó la necesidad de distinguir entre modernización,
privatización y reforma del Estado. "La modernización debe ser
entendida como una categoría organizadora de la Nación", señaló.
Verdesoto cree que la reforma constitucional debe considerar la
regulación de las empresas estatales, la eficiencia del mercado y
la transferencia entre lo público y lo privado y viceversa.
También habló de la necesidad de que en la reforma se incorpore
la regulación de los derechos colectivos y la descentralización
de las funciones del Ejecutivo, por lo que cree que hay que
debatir el tema del parlamentarismo. Además recomienda romper el
monopolio partidista y la concentración de representación
política en la Legislatura.
Según Verdesoto, el Ecuador debería tener un Congreso con un
número mayor de diputados.
REORDENAMIENTO DEMOCRATICO
"Resulta cada vez más evidente que 15 años de experiencia
democrática son suficientes para haber verificado en la
Constitución una serie de elementos que, lejos de ser reguladores
de la vida política, se han convertido en factores entorpecedores
de la convivencia democrática", señaló José Sánchez -Parga,
director del Centro de Estudios Latinoamericanos de la
Universidad Católica de Quito.
Sánchez-Parga postula la necesidad de reformar la Función
Jurisdiccional, de regular la descentralización del Estado, el
reordenamiento "del orden policial en el orden democrático" y el
reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas.
Todos estos aspectos deberán ser cubiertos por una reforma de la
Constitución "como un proyecto nacional y ampliamente compartido,
que permita fortalecer tanto el sistema político como la misma
democracia".
Para supera la irresponsabilidad Institucional:
¿NECESITAMOS DE UN PRIMER MINISTRO?
La introducción de la figura de un Primer Ministro o jefe de
gabinete, que cuente con el voto de confianza del Congreso, fue
planteada por el sociólogo Simón Pachano.
Pachano aseguró que un cambio constitucional en esta dirección
contribuiría a superar la "irresponsabilidad institucional" que,
según él, es uno de los problemas centrales del sistema político
ecuatoriano.
Tal irresponsabilidad se manifiesta en el Legislativo, "en la
dificultad para lograr consensos y en la conformación de mayorías
efímeras sujetas a objetivos coyunturales". Y el fenómeno se
expresa en el Ejecutivo, "en la presencia casi cotidiana del
presidente de la República en el escenario político, lo que le
coloca en situación de extrema vulnerabilidad".
"Esto eliminaría en gran medida el desgaste de la figura
presidencial, que se preservaría para los aspectos de mayor
trascendencia y que cumpliría el papel de Jefe de Estado", dijo
el analista.
UN CONGRESO MAS FUERTE
Con lo anterior, otra reforma constitucional debería asignar al
Congreso mayores responsabilidades en la conformación del
Ejecutivo.
Este planteamiento tiene, en la propuesta de Pachano, al menos
tres variantes: que el Congreso otorgue el voto de confianza al
gabinete nominado por el presidente, que otorgue el voto de
confianza solamente al Primer Ministro, y que sin introducir la
figura del Primer Ministro, tenga la potestad de elegir al
presidente de la República, escogiéndolo de entre los candidatos
que hubieren obtenido el primero y segundo puestos en la
contienda electoral.
Con esta tercera variante "se eliminaría la segunda vuelta
electoral que, de acuerdo a la experiencia, no refleja fielmente
la alineación ideológica del electorado, ya que privilegia en el
votante la inclinación por el mal menor, y no crea
responsabilidades en los partidos", dijo el expositor.
Monseñor Juan Larrea Holguín:
LAS VIAS PARA REFORMAR LA CONSTITUCION
La Asamblea Constituyente, la consulta popular y el propio
Congreso Nacional son tres alternativas posibles para reformar la
Constitución Política del Estado.
Así lo manifestó monseñor Juan Larrea Holguín, arzobispo de
Guayaquil y jurisconsulto.
Sin embargo, Larrea Holguín advirtió que el Ecuador ha entrado
demasiadas veces en períodos constituyentes "sin mayores
resultados prácticos". Y añadió que los tiempos de elaboración de
constituciones han sido épocas "de tranquilidad casi paralizadora
de otras actividades".
ASAMBLEA CONSTITUYENTE
El conferencista dijo que el procedimiento que abre la Asamblea
Constituyente "no es absolutamente imposible o totalmente
censurable", aunque en su opinión las experiencias anteriores en
esta dirección han dado malos resultados.
Tal Asamblea podría ser convocada por el Congreso o por el jefe
del Estado pero "ni uno ni otro tienen actualmente atribuciones
para hacerlo, por tanto estaríamos en el ya conocido caso del
golpe de Estado, con todas sus malas consecuencias", manifestó.
Una alternativa es lograr una ley elaborada y prevista siguiendo
los trámites previstos por la Constitución vigente. Es decir
habría una reforma previa, que establecería el órgano
constituyente, luego de lo cual entraría "legal y
constitucionalmente" a realizar su trabajo.
Sin embargo, Larrea cree que es difícil de ejecutar "por la gran
variedad de opiniones entre los legisladores y por su misma
novedad en este país". De modo que dejó entrever la posibilidad
de que una consulta popular pudiera decidir sobre la convocatoria
a una Asamblea.
CONSULTAS POPULARES
De acuerdo al actual ordenamiento constitucional, las consultas
populares pueden hacerse en forma genérica o sobre puntos
concretos de reforma, advirtió el expositor.
Pero apuntó que la grave dificultad de los plebiscitos o
consultas populares radica en que la forma y la oportunidad de
las preguntas influye mucho más que las poderosas razones para
sostener una u otra tesis. "Ya vivimos, en 1986, la consulta
sobre la participación de los independientes en la vida política,
que dio el desconcertante resultado de que los independientes,
que seguramente son mayoría en el país, votaron contra su
intervención en la vida política", recordó.
LA CONSTITUCION
Por último, el arzobispo de Guayaquil señaló que la actual
Constitución presenta "especial facilidad" para su reforma.
Aunque el problema está en la poca eficacia del Congreso para
legislar debido a la prevalencia de intereses partidarios.
Sugirió que luego de la consulta, de llegar a realizarse, se
designe una comisión "de pocas y muy calificadas personas" para
formular un proyecto concreto. Que luego lo revise la Sala de lo
Constitucional de la Corte Suprema. A continuación el Jefe de
Estado debería estudiar el proyecto y las observaciones de la
Corte, para remitir al Congreso con sus propias opiniones, "en un
mensaje bien fundamentado".
Luego de todo ello, el Congreso, conforme al trámite previsto en
la Carta Política, procedería a aprobar o desechar el proyecto,
que finalmente sería sancionado y promulgado por el presidente de
la República.
"Así se concluiría el procedimiento totalmente ajustado al
régimen vigente, y reforzado por una fase prudente de
preparación, que en nada se opone a la misma Constitución",
concluyó Larrea Holguín. (5A)
Constitución se puso de manifiesto en el Foro "Reforma Política y
Reforma Constitucional", que se realizó anteayer en el Colegio de
Economistas de Quito.
El Foro ha sido organizado por la Fundación Esquel, el Instituto
Latinoamericano de Investigaciones Sociales (ILDIS) y el Colegio
de Economistas.
El ex vicepresidente León Roldós, uno de los panelistas, se
mostró partidario de la tesis de convocar una Asamblea
Constituyente que proceda a reformar la Constitución vigente.
Hizo un recuento de los cambios realizados a la carta Política
del Estado en 1983 y 1992 los cuales, según opinó, le han restado
capacidad fiscalizadora al Congreso Nacional y han reducido el
ámbito constitucional de lo fiscal y lo presupuestario.
Roldós propone una Asamblea de 30 diputados constituyentes,
electos nombre por nombre porque, según dijo, con el sistema de
listas detrás del primer diputado "vienen los guardaespaldas" en
calidad de diputados al Congreso Nacional.
LA CONSULTA POPULAR
Flores puso en duda la conveniencia de la consulta propuesta por
el régimen, aunque también señaló que "lo único rescatable" del
planteamiento del Gobierno "quizás sea el tema de la
bicameralidad".
A su juicio la primera pregunta, que tiene que ver con la
obligatoriedad o no del voto, pone en serio peligro la
institución de la representatividad. "Si en Santo Domingo de los
Colorados, los votos nulos y blancos, más el ausentismo, sumaron
el 70%, ¿qué legitimidad van a tener las autoridades electas en
el futuro si el voto es voluntario?, preguntó.
MODERNIZACION Y REFORMA
En un plano más general, Luis Verdesoto, también panelista del
Foro, planteó la necesidad de distinguir entre modernización,
privatización y reforma del Estado. "La modernización debe ser
entendida como una categoría organizadora de la Nación", señaló.
Verdesoto cree que la reforma constitucional debe considerar la
regulación de las empresas estatales, la eficiencia del mercado y
la transferencia entre lo público y lo privado y viceversa.
También habló de la necesidad de que en la reforma se incorpore
la regulación de los derechos colectivos y la descentralización
de las funciones del Ejecutivo, por lo que cree que hay que
debatir el tema del parlamentarismo. Además recomienda romper el
monopolio partidista y la concentración de representación
política en la Legislatura.
Según Verdesoto, el Ecuador debería tener un Congreso con un
número mayor de diputados.
REORDENAMIENTO DEMOCRATICO
"Resulta cada vez más evidente que 15 años de experiencia
democrática son suficientes para haber verificado en la
Constitución una serie de elementos que, lejos de ser reguladores
de la vida política, se han convertido en factores entorpecedores
de la convivencia democrática", señaló José Sánchez -Parga,
director del Centro de Estudios Latinoamericanos de la
Universidad Católica de Quito.
Sánchez-Parga postula la necesidad de reformar la Función
Jurisdiccional, de regular la descentralización del Estado, el
reordenamiento "del orden policial en el orden democrático" y el
reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas.
Todos estos aspectos deberán ser cubiertos por una reforma de la
Constitución "como un proyecto nacional y ampliamente compartido,
que permita fortalecer tanto el sistema político como la misma
democracia".
Para supera la irresponsabilidad Institucional:
¿NECESITAMOS DE UN PRIMER MINISTRO?
La introducción de la figura de un Primer Ministro o jefe de
gabinete, que cuente con el voto de confianza del Congreso, fue
planteada por el sociólogo Simón Pachano.
Pachano aseguró que un cambio constitucional en esta dirección
contribuiría a superar la "irresponsabilidad institucional" que,
según él, es uno de los problemas centrales del sistema político
ecuatoriano.
Tal irresponsabilidad se manifiesta en el Legislativo, "en la
dificultad para lograr consensos y en la conformación de mayorías
efímeras sujetas a objetivos coyunturales". Y el fenómeno se
expresa en el Ejecutivo, "en la presencia casi cotidiana del
presidente de la República en el escenario político, lo que le
coloca en situación de extrema vulnerabilidad".
"Esto eliminaría en gran medida el desgaste de la figura
presidencial, que se preservaría para los aspectos de mayor
trascendencia y que cumpliría el papel de Jefe de Estado", dijo
el analista.
UN CONGRESO MAS FUERTE
Con lo anterior, otra reforma constitucional debería asignar al
Congreso mayores responsabilidades en la conformación del
Ejecutivo.
Este planteamiento tiene, en la propuesta de Pachano, al menos
tres variantes: que el Congreso otorgue el voto de confianza al
gabinete nominado por el presidente, que otorgue el voto de
confianza solamente al Primer Ministro, y que sin introducir la
figura del Primer Ministro, tenga la potestad de elegir al
presidente de la República, escogiéndolo de entre los candidatos
que hubieren obtenido el primero y segundo puestos en la
contienda electoral.
Con esta tercera variante "se eliminaría la segunda vuelta
electoral que, de acuerdo a la experiencia, no refleja fielmente
la alineación ideológica del electorado, ya que privilegia en el
votante la inclinación por el mal menor, y no crea
responsabilidades en los partidos", dijo el expositor.
Monseñor Juan Larrea Holguín:
LAS VIAS PARA REFORMAR LA CONSTITUCION
La Asamblea Constituyente, la consulta popular y el propio
Congreso Nacional son tres alternativas posibles para reformar la
Constitución Política del Estado.
Así lo manifestó monseñor Juan Larrea Holguín, arzobispo de
Guayaquil y jurisconsulto.
Sin embargo, Larrea Holguín advirtió que el Ecuador ha entrado
demasiadas veces en períodos constituyentes "sin mayores
resultados prácticos". Y añadió que los tiempos de elaboración de
constituciones han sido épocas "de tranquilidad casi paralizadora
de otras actividades".
ASAMBLEA CONSTITUYENTE
El conferencista dijo que el procedimiento que abre la Asamblea
Constituyente "no es absolutamente imposible o totalmente
censurable", aunque en su opinión las experiencias anteriores en
esta dirección han dado malos resultados.
Tal Asamblea podría ser convocada por el Congreso o por el jefe
del Estado pero "ni uno ni otro tienen actualmente atribuciones
para hacerlo, por tanto estaríamos en el ya conocido caso del
golpe de Estado, con todas sus malas consecuencias", manifestó.
Una alternativa es lograr una ley elaborada y prevista siguiendo
los trámites previstos por la Constitución vigente. Es decir
habría una reforma previa, que establecería el órgano
constituyente, luego de lo cual entraría "legal y
constitucionalmente" a realizar su trabajo.
Sin embargo, Larrea cree que es difícil de ejecutar "por la gran
variedad de opiniones entre los legisladores y por su misma
novedad en este país". De modo que dejó entrever la posibilidad
de que una consulta popular pudiera decidir sobre la convocatoria
a una Asamblea.
CONSULTAS POPULARES
De acuerdo al actual ordenamiento constitucional, las consultas
populares pueden hacerse en forma genérica o sobre puntos
concretos de reforma, advirtió el expositor.
Pero apuntó que la grave dificultad de los plebiscitos o
consultas populares radica en que la forma y la oportunidad de
las preguntas influye mucho más que las poderosas razones para
sostener una u otra tesis. "Ya vivimos, en 1986, la consulta
sobre la participación de los independientes en la vida política,
que dio el desconcertante resultado de que los independientes,
que seguramente son mayoría en el país, votaron contra su
intervención en la vida política", recordó.
LA CONSTITUCION
Por último, el arzobispo de Guayaquil señaló que la actual
Constitución presenta "especial facilidad" para su reforma.
Aunque el problema está en la poca eficacia del Congreso para
legislar debido a la prevalencia de intereses partidarios.
Sugirió que luego de la consulta, de llegar a realizarse, se
designe una comisión "de pocas y muy calificadas personas" para
formular un proyecto concreto. Que luego lo revise la Sala de lo
Constitucional de la Corte Suprema. A continuación el Jefe de
Estado debería estudiar el proyecto y las observaciones de la
Corte, para remitir al Congreso con sus propias opiniones, "en un
mensaje bien fundamentado".
Luego de todo ello, el Congreso, conforme al trámite previsto en
la Carta Política, procedería a aprobar o desechar el proyecto,
que finalmente sería sancionado y promulgado por el presidente de
la República.
"Así se concluiría el procedimiento totalmente ajustado al
régimen vigente, y reforzado por una fase prudente de
preparación, que en nada se opone a la misma Constitución",
concluyó Larrea Holguín. (5A)
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