Guayaquil. 02 ago 2000. La Policía dice que se trata de venganzas
entre supuestos perseguidos de la ley. DD.HH. acusa a los
uniformados.
Los familiares de siete presuntos delincuentes no olvidan el 5 de
junio pasado. Esa madrugada murieron abaleados Luis Aragón
Caicedo, Carlos Zurita Cedeño, Alberto Ube Vásquez, Joffre
Maquilón Yagual, Marco Reinoso Cáceres, José Cedeño Carriel y
David Ramírez Céspedes. Fallecieron durante un confuso
enfrentamiento con la Policía Nacional, que los perseguía por un
asalto ocurrido horas antes.
De los incidentes de esa madrugada, ocurridos entre la ciudadela
Los Alamos y la cooperativa El Ceibal, al norte de Guayaquil, hubo
algunas versiones contradictorias: mientras la Policía sostiene
que los asaltantes murieron al enfrentarse a tiros con miembros de
la fuerza pública, testigos presenciales, familiares de las
víctimas y el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos
Humanos (CPDH), aseguran que se trató de un flagrante abuso
policial. Un testigo que conversó con este Diario, un día después
del hecho, dijo que "uno de los siete delincuentes, al observar
que sus compañeros estaban sin vida, salió con los brazos en alto,
implorando que no le disparen. Los policías le dieron un puntapié
y lo arrojaron junto a los otros. Yo ya no quise ver... después me
enteré que nadie quedó con vida". La misma versión fue confirmada
por otros moradores que observaron el incidente en el que
fallecieron los supuestos delincuentes, que horas antes habían
asaltado a la compañía importadora EICA, en el kilómetro 2,5, de
la avenida Juan Tanca Marengo.
Pero ese no sería un hecho aislado. Según el CPDH, en
circunstancias similares, en los últimos 16 meses, murieron 30
personas en enfrentamientos con armas de fuego con la fuerza
pública, "cuando no se justificaba su uso". Entre los casos se
registra la muerte de Julio Matute, de 22 años; María Merchán
Pilay, de 5, y Sergio Michel Zambrano, de 19.
Derechos Humanos ha recibido en total 394 denuncias por supuestos
abusos policiales cometidos en los últimos 16 meses en Guayaquil.
Pero la Policía defiende su actuación. Según el general Paco
Urrutia, Comandante del IV Distrito, en los incidentes que han
terminado con muertes de presuntos delincuentes, se ha utilizado
la fuerza gradual. Es decir que los efectivos policiales han
disparado solo en caso de que los sospechosos inicien el tiroteo.
"Esas circunstancias se presentaron en el operativo del 5 de
junio, donde murieron siete personas", sostuvo el general Urrutia.
Fernando Gutiérrez, presidente del CPDH, dijo que "los
procedimientos policiales señalan que la fuerza pública no debe
emplear un arma de fuego con la intención de matar a una persona,
a menos que sea completamente inevitable para proteger la vida del
policía o de cualquier otra persona".
Entre los errores policíales -destacó el CPDH- está la muerte de
Bismark Anzules Baquerizo, ex fotógrafo de El Telégrafo. El 23 de
marzo él fue abaleado en su domicilio al ser confundido con el
delincuente Jorge Marquínez, conocido como "el Yoyo".
Entre abril de 1999 y mayo del 2000, en el sector de la vía
Perimetral aparecieron 34 cadáveres. Fueron identificados los
cuerpos de los supuestos delincuentes Andrés Alvear Carriel,
Carlos Caicedo Tenorio y Jorge Marquínez. Según el general
Urrutia, las investigaciones continúan para establecer las causas,
pero presume que se trata de venganzas entre bandas de
delincuentes.
El CPDH afirma que las muertes obedecen a una probable "limpieza
de la misma Policía".
Una bala perdida
El 3 de junio, María Eugenia Merchán, de 5 años, jugaba en el
cuarto escalón de su casa, en la cooperativa Las Rocas, ubicada en
Mapasingue, al este de Guayaquil.
En ese momento eran cerca de las 10:00. A pocos metros de ahí, una
camioneta policial transitaba con los dos presuntos involucrados
en un dolo, sentados en el cajón. De repente, uno de ellos saltó
del vehículo y corrió. Un agente sacó su revólver y realizó varios
disparos frontales, pese a que la zona es transitada.
Uno de los proyectiles llegó hasta el piso de la vivienda donde
estaba María Eugenia. La munición estalló en la pared y una de las
esquirlas causó la muerte a la menor.
Los organismos de derechos humanos aseguran que el tiroteo no era
necesario, porque el sospechoso traía las manos esposadas y tenía
dificultad para correr. "Existen versiones de promotores del
Programa del Muchacho Trabajador, que vieron a la niña abandonada,
aún con vida", dice Billy Navarrete.
Un error fatal
El 10 de enero de 1999, en un recorrido que dirigía el cabo
primero Angel Montesdeoca, en las calles 28 y Portete, fue
detenido Sergio Michel Zambrano acusado de participar en un asalto
a mano armada.
El hombre, de 18 años, corrió luego de gritar que lo habían
confundido con otro sospechoso.
Al percatarse de la fuga, otro cabo, de apellido Atarihuana, abrió
fuego. Según los testimonios recogidos en el lugar, una bala
impactó en el cuerpo de Zambrano y lo mató.
Atarihuana estuvo acompañado por Wellington González y el cabo
Montesdeoca.
El caso ahora es investigado por el Juzgado Primero del IV
Distrito Policial, en Guayaquil.
Los familiares de Zambrano, quien no registra antecedentes
delictivos, cuestionan el trámite legal, porque luego del
incidente del 10 de enero, no se realizó el examen de balística al
fusil del uniformado. (Texto tomado de El Comercio)
entre supuestos perseguidos de la ley. DD.HH. acusa a los
uniformados.
Los familiares de siete presuntos delincuentes no olvidan el 5 de
junio pasado. Esa madrugada murieron abaleados Luis Aragón
Caicedo, Carlos Zurita Cedeño, Alberto Ube Vásquez, Joffre
Maquilón Yagual, Marco Reinoso Cáceres, José Cedeño Carriel y
David Ramírez Céspedes. Fallecieron durante un confuso
enfrentamiento con la Policía Nacional, que los perseguía por un
asalto ocurrido horas antes.
De los incidentes de esa madrugada, ocurridos entre la ciudadela
Los Alamos y la cooperativa El Ceibal, al norte de Guayaquil, hubo
algunas versiones contradictorias: mientras la Policía sostiene
que los asaltantes murieron al enfrentarse a tiros con miembros de
la fuerza pública, testigos presenciales, familiares de las
víctimas y el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos
Humanos (CPDH), aseguran que se trató de un flagrante abuso
policial. Un testigo que conversó con este Diario, un día después
del hecho, dijo que "uno de los siete delincuentes, al observar
que sus compañeros estaban sin vida, salió con los brazos en alto,
implorando que no le disparen. Los policías le dieron un puntapié
y lo arrojaron junto a los otros. Yo ya no quise ver... después me
enteré que nadie quedó con vida". La misma versión fue confirmada
por otros moradores que observaron el incidente en el que
fallecieron los supuestos delincuentes, que horas antes habían
asaltado a la compañía importadora EICA, en el kilómetro 2,5, de
la avenida Juan Tanca Marengo.
Pero ese no sería un hecho aislado. Según el CPDH, en
circunstancias similares, en los últimos 16 meses, murieron 30
personas en enfrentamientos con armas de fuego con la fuerza
pública, "cuando no se justificaba su uso". Entre los casos se
registra la muerte de Julio Matute, de 22 años; María Merchán
Pilay, de 5, y Sergio Michel Zambrano, de 19.
Derechos Humanos ha recibido en total 394 denuncias por supuestos
abusos policiales cometidos en los últimos 16 meses en Guayaquil.
Pero la Policía defiende su actuación. Según el general Paco
Urrutia, Comandante del IV Distrito, en los incidentes que han
terminado con muertes de presuntos delincuentes, se ha utilizado
la fuerza gradual. Es decir que los efectivos policiales han
disparado solo en caso de que los sospechosos inicien el tiroteo.
"Esas circunstancias se presentaron en el operativo del 5 de
junio, donde murieron siete personas", sostuvo el general Urrutia.
Fernando Gutiérrez, presidente del CPDH, dijo que "los
procedimientos policiales señalan que la fuerza pública no debe
emplear un arma de fuego con la intención de matar a una persona,
a menos que sea completamente inevitable para proteger la vida del
policía o de cualquier otra persona".
Entre los errores policíales -destacó el CPDH- está la muerte de
Bismark Anzules Baquerizo, ex fotógrafo de El Telégrafo. El 23 de
marzo él fue abaleado en su domicilio al ser confundido con el
delincuente Jorge Marquínez, conocido como "el Yoyo".
Entre abril de 1999 y mayo del 2000, en el sector de la vía
Perimetral aparecieron 34 cadáveres. Fueron identificados los
cuerpos de los supuestos delincuentes Andrés Alvear Carriel,
Carlos Caicedo Tenorio y Jorge Marquínez. Según el general
Urrutia, las investigaciones continúan para establecer las causas,
pero presume que se trata de venganzas entre bandas de
delincuentes.
El CPDH afirma que las muertes obedecen a una probable "limpieza
de la misma Policía".
Una bala perdida
El 3 de junio, María Eugenia Merchán, de 5 años, jugaba en el
cuarto escalón de su casa, en la cooperativa Las Rocas, ubicada en
Mapasingue, al este de Guayaquil.
En ese momento eran cerca de las 10:00. A pocos metros de ahí, una
camioneta policial transitaba con los dos presuntos involucrados
en un dolo, sentados en el cajón. De repente, uno de ellos saltó
del vehículo y corrió. Un agente sacó su revólver y realizó varios
disparos frontales, pese a que la zona es transitada.
Uno de los proyectiles llegó hasta el piso de la vivienda donde
estaba María Eugenia. La munición estalló en la pared y una de las
esquirlas causó la muerte a la menor.
Los organismos de derechos humanos aseguran que el tiroteo no era
necesario, porque el sospechoso traía las manos esposadas y tenía
dificultad para correr. "Existen versiones de promotores del
Programa del Muchacho Trabajador, que vieron a la niña abandonada,
aún con vida", dice Billy Navarrete.
Un error fatal
El 10 de enero de 1999, en un recorrido que dirigía el cabo
primero Angel Montesdeoca, en las calles 28 y Portete, fue
detenido Sergio Michel Zambrano acusado de participar en un asalto
a mano armada.
El hombre, de 18 años, corrió luego de gritar que lo habían
confundido con otro sospechoso.
Al percatarse de la fuga, otro cabo, de apellido Atarihuana, abrió
fuego. Según los testimonios recogidos en el lugar, una bala
impactó en el cuerpo de Zambrano y lo mató.
Atarihuana estuvo acompañado por Wellington González y el cabo
Montesdeoca.
El caso ahora es investigado por el Juzgado Primero del IV
Distrito Policial, en Guayaquil.
Los familiares de Zambrano, quien no registra antecedentes
delictivos, cuestionan el trámite legal, porque luego del
incidente del 10 de enero, no se realizó el examen de balística al
fusil del uniformado. (Texto tomado de El Comercio)
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