Buenos Aires. 14 ago 2000. Bajar el gasto público es bueno y si
se hace sin costo político es mejor. Pero a muchos funcionarios
de América Latina poco les importa eso. Están aferrados a la
"comisión", la "mordida" y otras formas de corrupción
administrativa. Compran mal, pagan con sobreprecio y favorecen a
sus amigos con concesiones públicas. Sólo evitando compras
inútiles la región ahorraría 50 mil millones de dólares.
Los gobiernos de América Latina y el Caribe gastan entre el 10 y
el 15% de su Producto Bruto en compras de bienes y servicios, lo
cual, según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), hace una
cifra de aproximadamente 250 mil millones de dólares anuales.
Pero no siempre las compras estatales son un beneficio para la
comunidad, y en muchos casos constituyen un negocio privado para
funcionarios corruptos que rara vez son fiscalizados de manera
conveniente.
Contratos con sobreprecios, provisión de servicios públicos de
mala calidad, estipulaciones poco transparentes en los pliegos de
licitación, sobornos e ineficiencia son algunos de los
ingredientes de esta situación que, con leves diferencias, se
repite en casi todos los países de la región. El BID estima que
sólo si se eliminaran las ineficiencias en las compras
estatatales, que serían la causa de sobreprecios de hasta el 20%,
América Latina tendría un ahorro de 50 mil millones de dólares en
su presupuesto.
Precisamente en países donde una de las prioridades económicas es
bajar el gasto público, este tipo de ahorro tendría un triple y
benéfico aspecto. Por un lado, significaría controlar mejor las
compras, de manera que la calidad de bienes y servicios que se
incorporen estén de acuerdo con lo que demanda la sociedad. Por
otro, evitaría recortes con fuerte impacto social, como los que
se aplican sobre los salarios de los trabajadores estatales.
Finalmente, está el beneficio del ahorro en sí mismo, con cuyos
recursos se pueden mejorar otras prestaciones públicas.
Considerando el nulo costo político que tendrían correcciones de
este tipo, no se comprende bien por qué no se aplican. Pero la
clave, como siempre, está en el rédito personal que tienen muchos
funcionarios con este sistema, la costumbre de pagar favores
desde el poder y hasta el financiamiento poco claro de los
partidos políticos en algunos países de la región.
No se ve la corrupción cuando el país crece y todo va bien, como
no se veía cuando esa corrupción estaba presente en el tendido de
los ferrocarriles en los Estados Unidos, durante el siglo pasado,
con su secuela de sobornos y presiones sobre los propietarios de
tierras.
Algunos pensadores, como el célebre economista y sociólogo
italiano Vilfredo Pareto, llegaron a sostener que la propia
democracia es impensable sin ese juego de intereses entre la
elite de poder y aquellos que la alimentan desde el ámbito
privado. El resultado de esto no puede ser otro que el
otorgamiento de prebendas, financiadas exclusivamente con el
bolsillo del gran público. Las dictaduras tienen otro estilo,
mucho más grosero.
¿Dónde deberíamos colocar los abusos en materia de compras por
parte del Estado? ¿Acaso dentro del concepto general de
corrupción política? Entonces quizás tendrían razón las organi-
zaciones obreras de la Argentina que pretenden que se investigue
el extraordinario crecimiento de la deuda externa a partir de la
dictadura de 1976 y que aceptaron sin discutir los gobiernos
democráticos desde diciembre del 83.
Proceso lucrativo
En un trabajo reciente del BID, firmado por Paul Constance, se
recurre, para aclarar esta situación, a la opinión de Jorge Claro
de la Maza, quien fue jefe de la Oficina de Coordinación y
Política de Adquisiciones del banco. Dice Claro de la Maza que,
más allá de que el sistema se mantenga por conveniencia o por
desidia, lo claro es que se trata de "un proceso muy lucrativo
para mucha gente".
Se ha comprobado que la legislación destinada a poner orden en
las compras estatales en la región, en la mayoría de los casos es
anticuada y perversamente complicada, hasta el punto de que un
proveedor muchas veces no tiene más remedio, para salvar los
numerosos escollos que tiene en el camino, que apelar a alguna
forma de soborno. Se dirá que las dificultades no tienen por qué
hacerlo caer en el delito, pero es que todo parece estar
preparado a propósito para que ello ocurra.
Creer, por otra parte, que los países de América Latina y el
Caribe son particularmente más proclives a éste o cualquier otro
tipo de corrupción política, es olvidar los escándalos sucedidos
recientemente en una nación del Primer Mundo como Alemania o en
otros muchos lugares del hemisferio Norte. Sin embargo, la
existencia misma de esos escándalos prueba que aquellas
democracias tienen ciertos anticuerpos como para sacar a luz, si
bien no prevenir, la corrupción política.
También en la Argentina son corrientes las denuncias y juicios
por actos que implican desde mal desempeño de la función pública
hasta malversación de fondos estatales, compras con sobreprecio,
contratación de consultoras fantasma o arreglos ventajosos, desde
el poder, con parientes o amigos que se desempeñan en el sector
privado. La diferencia, en todo caso, es que tales casos terminan
la mayoría de las veces sin el debido castigo judicial.
Los reglamentos
Por otra parte, como lo señala Constance, "muchos países con
legislaciones complicadísimas aún no han dado el paso fundamental
de publicar reglamentos que detallen exactamente cómo se aplican
las leyes". No reglamentar a tiempo las leyes es algo que, desde
la percepción del público, siempre se ha visto como un recurso
para oscurecer los procedimientos de los funcionarios del Estado
a la hora de otorgar concesiones o realizar compras de bienes y
servicios.
Pero una de las claves en el mantenimiento de estos sistemas lo
constituye, sin ninguna duda, la falta de información. Las
adquisiciones por parte del Estado se realizan muchas veces de
una manera sigilosa, con apenas la mención obligatoria en los
boletines oficiales, pero sin los detalles que harían que un
observador agudo pudiera verificar la existencia de
irregularidades.
Muchas veces ni siquiera la prensa puede acceder fácilmente al
conocimiento de las transacciones y sólo recibe información
precisa cuando una de las partes afectadas, sea un contratista
desairado o un político de la oposición deseoso de descalificar
la imagen del oficialismo, acerca todos los elementos necesarios
como para realizar una denuncia pública, detrás de la cual,
recién, van los fiscales y los jueces.
Según Claro de la Maza, las auditorías externas resultan poco
eficaces una vez que el hecho está consumado y haría falta, en
cambio, "elevar el perfil político, la autoridad y la capacidad
técnica de quienes están a cargo de los procesos de compra en el
sector público".
El Banco Interamericano de Desarrollo intenta, además, que los
créditos que destina a los gobiernos de la región, que el año
pasado alcanzaron los 9.000 millones de dólares, no se escurran
por las anchas alcantarillas de la corrupción. Considerando que
buena parte de esos fondos se destinan, precisamente, a
posibilitar diversas compras por parte de los Estados
latinoamericanos, el BID trata de asegurarse por diversos medios
de que las adquisiciones se hagan de la forma más transparente
posible.
Por ejemplo, el banco estipula que debe hacerse un concurso
internacional de precios para contratos de obras civiles por un
valor superior a los 5 millones de dólares o para adquirir bienes
por más de 350 mil dólares en cualquier proyecto financiado
completa o parcialmente por el BID.
Transparencia.gov
Uno de los instrumentos más sólidos para poner a disposición del
público en general y de potenciales proveedores del Estado toda
la información sobre las compras del gobierno lo constituye
Internet, alternativa a la que México fue la primera nación en
adherir. Ahora los funcionarios están obligados a revisar decenas
de propuestas y no recurrir solamente a 3 o 4 empresas conocidas.
Y la gente sabe en qué usa el dinero el gobierno.
El sitio www.compranet.gov.mx fue lanzado en 1996 por México con
el fin de terminar con cualquier clase de suspicacia sobre la
manera en que se realizan las compras estatales. Desde que
funciona Compranet, unas 25 mil empresas han podido enterarse de
los detalles de los pliegos de condiciones para distintas
licitaciones del Estado, a un ritmo, dice Constance, de 150 mil
solicitudes por mes.
Conectados a ese sitio, los usuarios pueden enterarse de las
licitaciones venideras y revisar las pasadas, seguir los procesos
de adjudicación y conocer quiénes y a qué precio resultaron
beneficiados. El ahorro, por esta vía, ha sido calculado en un 30
por ciento para las empresas, que antes tenían que recurrir a los
pliegos impresos.
Ya el 40% de las compras del gobierno federal mexicano se realiza
mediante Internet y por estos días se está implementando un
sistema para que las futuras ofertas de bienes y servicios al
Estado se presenten electrónicamente. Desde el año pasado,
también Brasil dispone de un sitio semejante en la red
(www.comprasnet.gov.br) y lo propio ha sucedido con Chile a
través de su Compraschile, si bien en ese país los problemas de
corrupción no son tan graves. Para este año debería estar listo
el sitio de compras estatales de la Argentina, que ha tenido
grandes progresos en esta materia, aunque de manera particular en
la ciudad autónoma de Buenos Aires.
Dice Constance que la utilización de Internet no logrará
erradicar por completo la corrupción en la adquisición de
suministros por parte del Estado, aunque es un avance importante
para lograr mayor transparencia. "Para terminar con este
infortunado legado --asegura-- harán falta un vigoroso liderazgo
político, regulaciones claras, una mejor capacitación y
auditorías concurrentes." (Texto tomado de Tiempos del Mundo)
se hace sin costo político es mejor. Pero a muchos funcionarios
de América Latina poco les importa eso. Están aferrados a la
"comisión", la "mordida" y otras formas de corrupción
administrativa. Compran mal, pagan con sobreprecio y favorecen a
sus amigos con concesiones públicas. Sólo evitando compras
inútiles la región ahorraría 50 mil millones de dólares.
Los gobiernos de América Latina y el Caribe gastan entre el 10 y
el 15% de su Producto Bruto en compras de bienes y servicios, lo
cual, según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), hace una
cifra de aproximadamente 250 mil millones de dólares anuales.
Pero no siempre las compras estatales son un beneficio para la
comunidad, y en muchos casos constituyen un negocio privado para
funcionarios corruptos que rara vez son fiscalizados de manera
conveniente.
Contratos con sobreprecios, provisión de servicios públicos de
mala calidad, estipulaciones poco transparentes en los pliegos de
licitación, sobornos e ineficiencia son algunos de los
ingredientes de esta situación que, con leves diferencias, se
repite en casi todos los países de la región. El BID estima que
sólo si se eliminaran las ineficiencias en las compras
estatatales, que serían la causa de sobreprecios de hasta el 20%,
América Latina tendría un ahorro de 50 mil millones de dólares en
su presupuesto.
Precisamente en países donde una de las prioridades económicas es
bajar el gasto público, este tipo de ahorro tendría un triple y
benéfico aspecto. Por un lado, significaría controlar mejor las
compras, de manera que la calidad de bienes y servicios que se
incorporen estén de acuerdo con lo que demanda la sociedad. Por
otro, evitaría recortes con fuerte impacto social, como los que
se aplican sobre los salarios de los trabajadores estatales.
Finalmente, está el beneficio del ahorro en sí mismo, con cuyos
recursos se pueden mejorar otras prestaciones públicas.
Considerando el nulo costo político que tendrían correcciones de
este tipo, no se comprende bien por qué no se aplican. Pero la
clave, como siempre, está en el rédito personal que tienen muchos
funcionarios con este sistema, la costumbre de pagar favores
desde el poder y hasta el financiamiento poco claro de los
partidos políticos en algunos países de la región.
No se ve la corrupción cuando el país crece y todo va bien, como
no se veía cuando esa corrupción estaba presente en el tendido de
los ferrocarriles en los Estados Unidos, durante el siglo pasado,
con su secuela de sobornos y presiones sobre los propietarios de
tierras.
Algunos pensadores, como el célebre economista y sociólogo
italiano Vilfredo Pareto, llegaron a sostener que la propia
democracia es impensable sin ese juego de intereses entre la
elite de poder y aquellos que la alimentan desde el ámbito
privado. El resultado de esto no puede ser otro que el
otorgamiento de prebendas, financiadas exclusivamente con el
bolsillo del gran público. Las dictaduras tienen otro estilo,
mucho más grosero.
¿Dónde deberíamos colocar los abusos en materia de compras por
parte del Estado? ¿Acaso dentro del concepto general de
corrupción política? Entonces quizás tendrían razón las organi-
zaciones obreras de la Argentina que pretenden que se investigue
el extraordinario crecimiento de la deuda externa a partir de la
dictadura de 1976 y que aceptaron sin discutir los gobiernos
democráticos desde diciembre del 83.
Proceso lucrativo
En un trabajo reciente del BID, firmado por Paul Constance, se
recurre, para aclarar esta situación, a la opinión de Jorge Claro
de la Maza, quien fue jefe de la Oficina de Coordinación y
Política de Adquisiciones del banco. Dice Claro de la Maza que,
más allá de que el sistema se mantenga por conveniencia o por
desidia, lo claro es que se trata de "un proceso muy lucrativo
para mucha gente".
Se ha comprobado que la legislación destinada a poner orden en
las compras estatales en la región, en la mayoría de los casos es
anticuada y perversamente complicada, hasta el punto de que un
proveedor muchas veces no tiene más remedio, para salvar los
numerosos escollos que tiene en el camino, que apelar a alguna
forma de soborno. Se dirá que las dificultades no tienen por qué
hacerlo caer en el delito, pero es que todo parece estar
preparado a propósito para que ello ocurra.
Creer, por otra parte, que los países de América Latina y el
Caribe son particularmente más proclives a éste o cualquier otro
tipo de corrupción política, es olvidar los escándalos sucedidos
recientemente en una nación del Primer Mundo como Alemania o en
otros muchos lugares del hemisferio Norte. Sin embargo, la
existencia misma de esos escándalos prueba que aquellas
democracias tienen ciertos anticuerpos como para sacar a luz, si
bien no prevenir, la corrupción política.
También en la Argentina son corrientes las denuncias y juicios
por actos que implican desde mal desempeño de la función pública
hasta malversación de fondos estatales, compras con sobreprecio,
contratación de consultoras fantasma o arreglos ventajosos, desde
el poder, con parientes o amigos que se desempeñan en el sector
privado. La diferencia, en todo caso, es que tales casos terminan
la mayoría de las veces sin el debido castigo judicial.
Los reglamentos
Por otra parte, como lo señala Constance, "muchos países con
legislaciones complicadísimas aún no han dado el paso fundamental
de publicar reglamentos que detallen exactamente cómo se aplican
las leyes". No reglamentar a tiempo las leyes es algo que, desde
la percepción del público, siempre se ha visto como un recurso
para oscurecer los procedimientos de los funcionarios del Estado
a la hora de otorgar concesiones o realizar compras de bienes y
servicios.
Pero una de las claves en el mantenimiento de estos sistemas lo
constituye, sin ninguna duda, la falta de información. Las
adquisiciones por parte del Estado se realizan muchas veces de
una manera sigilosa, con apenas la mención obligatoria en los
boletines oficiales, pero sin los detalles que harían que un
observador agudo pudiera verificar la existencia de
irregularidades.
Muchas veces ni siquiera la prensa puede acceder fácilmente al
conocimiento de las transacciones y sólo recibe información
precisa cuando una de las partes afectadas, sea un contratista
desairado o un político de la oposición deseoso de descalificar
la imagen del oficialismo, acerca todos los elementos necesarios
como para realizar una denuncia pública, detrás de la cual,
recién, van los fiscales y los jueces.
Según Claro de la Maza, las auditorías externas resultan poco
eficaces una vez que el hecho está consumado y haría falta, en
cambio, "elevar el perfil político, la autoridad y la capacidad
técnica de quienes están a cargo de los procesos de compra en el
sector público".
El Banco Interamericano de Desarrollo intenta, además, que los
créditos que destina a los gobiernos de la región, que el año
pasado alcanzaron los 9.000 millones de dólares, no se escurran
por las anchas alcantarillas de la corrupción. Considerando que
buena parte de esos fondos se destinan, precisamente, a
posibilitar diversas compras por parte de los Estados
latinoamericanos, el BID trata de asegurarse por diversos medios
de que las adquisiciones se hagan de la forma más transparente
posible.
Por ejemplo, el banco estipula que debe hacerse un concurso
internacional de precios para contratos de obras civiles por un
valor superior a los 5 millones de dólares o para adquirir bienes
por más de 350 mil dólares en cualquier proyecto financiado
completa o parcialmente por el BID.
Transparencia.gov
Uno de los instrumentos más sólidos para poner a disposición del
público en general y de potenciales proveedores del Estado toda
la información sobre las compras del gobierno lo constituye
Internet, alternativa a la que México fue la primera nación en
adherir. Ahora los funcionarios están obligados a revisar decenas
de propuestas y no recurrir solamente a 3 o 4 empresas conocidas.
Y la gente sabe en qué usa el dinero el gobierno.
El sitio www.compranet.gov.mx fue lanzado en 1996 por México con
el fin de terminar con cualquier clase de suspicacia sobre la
manera en que se realizan las compras estatales. Desde que
funciona Compranet, unas 25 mil empresas han podido enterarse de
los detalles de los pliegos de condiciones para distintas
licitaciones del Estado, a un ritmo, dice Constance, de 150 mil
solicitudes por mes.
Conectados a ese sitio, los usuarios pueden enterarse de las
licitaciones venideras y revisar las pasadas, seguir los procesos
de adjudicación y conocer quiénes y a qué precio resultaron
beneficiados. El ahorro, por esta vía, ha sido calculado en un 30
por ciento para las empresas, que antes tenían que recurrir a los
pliegos impresos.
Ya el 40% de las compras del gobierno federal mexicano se realiza
mediante Internet y por estos días se está implementando un
sistema para que las futuras ofertas de bienes y servicios al
Estado se presenten electrónicamente. Desde el año pasado,
también Brasil dispone de un sitio semejante en la red
(www.comprasnet.gov.br) y lo propio ha sucedido con Chile a
través de su Compraschile, si bien en ese país los problemas de
corrupción no son tan graves. Para este año debería estar listo
el sitio de compras estatales de la Argentina, que ha tenido
grandes progresos en esta materia, aunque de manera particular en
la ciudad autónoma de Buenos Aires.
Dice Constance que la utilización de Internet no logrará
erradicar por completo la corrupción en la adquisición de
suministros por parte del Estado, aunque es un avance importante
para lograr mayor transparencia. "Para terminar con este
infortunado legado --asegura-- harán falta un vigoroso liderazgo
político, regulaciones claras, una mejor capacitación y
auditorías concurrentes." (Texto tomado de Tiempos del Mundo)
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