Quito. 29 ago 2000. Entre los recolectores de coca en la zona del
Putumayo existen entre cinco y ocho mil ecuatorianos, que serían los
primeros afectados si hay una escalada del conflicto militar por efectos
del Plan Colombia.
De acuerdo con informes de la Asociación Latinoamericana de los Derechos
Humanos, Aldhu, en la zona del departamento del Putumayo, fronterizo con
el Ecuador y zona directa de la próxima guerra antidrogas, habitan 250
mil personas, de las cuales 40 mil son población flotante. Se presume que
en esta última están los recolectores de la hoja de coca y de la planta
de amapola (materia prima de la heroína), de los cuales entre cinco y
ocho mil son emigrantes ecuatorianos. Ellos reciben un jornal de $10,
además de alojamiento y comida. Son oriundos de provincias fronterizas y
de la Costa ecuatoriana.
El Gobierno colombiano ha considerado que un 2% de la población total
podría huir al Ecuador al inicio de las operaciones, pero los voceros de
los derechos humanos dijeron a HOY que "eso dependerá de la intensidad de
la guerra antidrogas". Los cálculos del Gobierno colombiano son reales en
un escenario de guerra de baja intensidad, pero en condiciones de un
grave conflicto armado, la huida puede llegar a más de 100 mil personas,
lo que constituye una "catástrofe humanitaria".
Estos temores se acrecientan cuando cifras oficiales colombianas hablan
de poner en operación de tres batallones de mil hombres cada uno.
Las FARC, dicen las mismas fuentes, interpondrían una fuerza de 1 500
hombres, lo que pondría en conflicto a 5 000 combatientes, además de los
efectos de la operación de helicópteros artillados.
El tratamiento de los posibles desplazados aún no tiene un
pronunciamiento oficial del Gobierno Ecuatoriano. La Cancillería ha
coordinado con organizaciones como la Cruz Roja y Acnur un Plan de
Contingencia que contempla la implantación, en territorio ecuatoriano, de
campos de refugiados.
Censura a EEUU por ayuda militar
Tres importantes organizaciones defensoras de los Derechos Humanos
censuraron hoy a EEUU por ayudar a los militares colombianos; además
porque consideraron que el Gobierno del presidente Andrés Pastrana no ha
cumplido ninguno de los criterios sobre el respeto a esos derechos, según
requiere el Congreso.
El presidente Bill Clinton entregó $1 300 millones en ayuda a Colombia
este mes, principalmente para la lucha contra las drogas, e hizo uso de
su prerrogativa para omitir varios requisitos que exigen contener los
abusos militares y llevar a los transgresores ante la justicia.
Clinton certificó el cumplimiento de un requisito y, según fuentes de la
Casa Blanca, omitió los otros por motivos de seguridad nacional, e
insistió en que Pastrana necesita de una oportunidad que permita el
éxito de su campaña contra las drogas.
Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la Washington Office on
Latin America (WOLA) disintieron, ya que, según las leyes
norteamericanas, Clinton debía certificar que Pastrana y su Gobierno han
tomado medidas para llevar a los transgresores militares a la justicia,
el uso del fuero civil para juzgar a los militares y medidas para poner
fin a las actividades paramilitares. (AP-AFP)
Una visita de ocho horas
Bill Clinton visitará Cartagena de Indias, Colombia, desde mañana, y
durante ocho horas inspeccionará un centro de inteligencia electrónica
antidrogas, saludará a una delegación de familiares de víctimas de la
violencia y el narcotráfico, conversará con el presidente de Colombia,
Andrés Pastrana, ofrecerá una rueda de prensa e inaugurará una casa de
justicia en un barrio marginal.
Antes de subirse al avión presidencial, a las 19:00, hará un recorrido
por la parte histórica de la ciudad, mientras 3200 agentes lo protegerán
en tres anillos de seguridad. La fuerza pública colombiana ha organizado
una fuerza conjunta de Policía y Fuerzas Armadas, que será responsable
del cerco externo de seguridad de Clinton. El cerco interno está
conformado únicamente por agentes norteamericanos.
La seguridad para Clinton también se refiere a la prensa: los 400
periodistas acreditados, en su mayoría estadounidenses, tendrán acceso al
presidente, y en la rueda de prensa anunciada solo habrá espacio para
cuatro preguntas:
dos de medios norteamericanos y dos de medios colombianos.
Expectativa en la frontera
La preocupación de diversas organizaciones humanitarias, gremiales,
empresariales y representantes de poderes locales de las provincias de
Carchi, Esmeraldas y Sucumbíos, fronterizas con Colombia es que el
Gobierno ecuatoriano opte por un tratamiento militar al problema de los
refugiados, "y se produca en la zona un conflicto mayor, que implica una
criminalización de los desplazados", dijeron las fuentes.
Por lo pronto, un Estatuto Migratorio fue firmado entre los presidentes
Pastrana y Noboa, en la visita de este último a Bogotá hace varios días.
Este acuerdo permitirá que cualquier colombiano puede permanecer por seis
meses en territorio ecuatoriano.
En el Putumayo, los campesinos cocaleros temen que de un momento a otro
aparezcan en la zona los helicópteros artillados y se intensifique la
fumigación con herbicidas, en cumplimiento del Plan Colombia.
"Sabemos que en cualquier momento estallará la guerra, pero estamos
preparados para huir hacia la profundidad de la selva o para cruzar la
frontera", dijo Hilario Velásquez, un labriego que llegó hace cinco años
a Putumayo procedente del departamento de Antioquia (noroeste colombiano)
y no niega que tiene una plantación de coca.
Mientras tanto, en las selvas del Putumayo operan los comandos de las
FARC, quienes están a la espera de que se inicien los combates. (DIARIO
HOY) (P.2-A)
Putumayo existen entre cinco y ocho mil ecuatorianos, que serían los
primeros afectados si hay una escalada del conflicto militar por efectos
del Plan Colombia.
De acuerdo con informes de la Asociación Latinoamericana de los Derechos
Humanos, Aldhu, en la zona del departamento del Putumayo, fronterizo con
el Ecuador y zona directa de la próxima guerra antidrogas, habitan 250
mil personas, de las cuales 40 mil son población flotante. Se presume que
en esta última están los recolectores de la hoja de coca y de la planta
de amapola (materia prima de la heroína), de los cuales entre cinco y
ocho mil son emigrantes ecuatorianos. Ellos reciben un jornal de $10,
además de alojamiento y comida. Son oriundos de provincias fronterizas y
de la Costa ecuatoriana.
El Gobierno colombiano ha considerado que un 2% de la población total
podría huir al Ecuador al inicio de las operaciones, pero los voceros de
los derechos humanos dijeron a HOY que "eso dependerá de la intensidad de
la guerra antidrogas". Los cálculos del Gobierno colombiano son reales en
un escenario de guerra de baja intensidad, pero en condiciones de un
grave conflicto armado, la huida puede llegar a más de 100 mil personas,
lo que constituye una "catástrofe humanitaria".
Estos temores se acrecientan cuando cifras oficiales colombianas hablan
de poner en operación de tres batallones de mil hombres cada uno.
Las FARC, dicen las mismas fuentes, interpondrían una fuerza de 1 500
hombres, lo que pondría en conflicto a 5 000 combatientes, además de los
efectos de la operación de helicópteros artillados.
El tratamiento de los posibles desplazados aún no tiene un
pronunciamiento oficial del Gobierno Ecuatoriano. La Cancillería ha
coordinado con organizaciones como la Cruz Roja y Acnur un Plan de
Contingencia que contempla la implantación, en territorio ecuatoriano, de
campos de refugiados.
Censura a EEUU por ayuda militar
Tres importantes organizaciones defensoras de los Derechos Humanos
censuraron hoy a EEUU por ayudar a los militares colombianos; además
porque consideraron que el Gobierno del presidente Andrés Pastrana no ha
cumplido ninguno de los criterios sobre el respeto a esos derechos, según
requiere el Congreso.
El presidente Bill Clinton entregó $1 300 millones en ayuda a Colombia
este mes, principalmente para la lucha contra las drogas, e hizo uso de
su prerrogativa para omitir varios requisitos que exigen contener los
abusos militares y llevar a los transgresores ante la justicia.
Clinton certificó el cumplimiento de un requisito y, según fuentes de la
Casa Blanca, omitió los otros por motivos de seguridad nacional, e
insistió en que Pastrana necesita de una oportunidad que permita el
éxito de su campaña contra las drogas.
Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la Washington Office on
Latin America (WOLA) disintieron, ya que, según las leyes
norteamericanas, Clinton debía certificar que Pastrana y su Gobierno han
tomado medidas para llevar a los transgresores militares a la justicia,
el uso del fuero civil para juzgar a los militares y medidas para poner
fin a las actividades paramilitares. (AP-AFP)
Una visita de ocho horas
Bill Clinton visitará Cartagena de Indias, Colombia, desde mañana, y
durante ocho horas inspeccionará un centro de inteligencia electrónica
antidrogas, saludará a una delegación de familiares de víctimas de la
violencia y el narcotráfico, conversará con el presidente de Colombia,
Andrés Pastrana, ofrecerá una rueda de prensa e inaugurará una casa de
justicia en un barrio marginal.
Antes de subirse al avión presidencial, a las 19:00, hará un recorrido
por la parte histórica de la ciudad, mientras 3200 agentes lo protegerán
en tres anillos de seguridad. La fuerza pública colombiana ha organizado
una fuerza conjunta de Policía y Fuerzas Armadas, que será responsable
del cerco externo de seguridad de Clinton. El cerco interno está
conformado únicamente por agentes norteamericanos.
La seguridad para Clinton también se refiere a la prensa: los 400
periodistas acreditados, en su mayoría estadounidenses, tendrán acceso al
presidente, y en la rueda de prensa anunciada solo habrá espacio para
cuatro preguntas:
dos de medios norteamericanos y dos de medios colombianos.
Expectativa en la frontera
La preocupación de diversas organizaciones humanitarias, gremiales,
empresariales y representantes de poderes locales de las provincias de
Carchi, Esmeraldas y Sucumbíos, fronterizas con Colombia es que el
Gobierno ecuatoriano opte por un tratamiento militar al problema de los
refugiados, "y se produca en la zona un conflicto mayor, que implica una
criminalización de los desplazados", dijeron las fuentes.
Por lo pronto, un Estatuto Migratorio fue firmado entre los presidentes
Pastrana y Noboa, en la visita de este último a Bogotá hace varios días.
Este acuerdo permitirá que cualquier colombiano puede permanecer por seis
meses en territorio ecuatoriano.
En el Putumayo, los campesinos cocaleros temen que de un momento a otro
aparezcan en la zona los helicópteros artillados y se intensifique la
fumigación con herbicidas, en cumplimiento del Plan Colombia.
"Sabemos que en cualquier momento estallará la guerra, pero estamos
preparados para huir hacia la profundidad de la selva o para cruzar la
frontera", dijo Hilario Velásquez, un labriego que llegó hace cinco años
a Putumayo procedente del departamento de Antioquia (noroeste colombiano)
y no niega que tiene una plantación de coca.
Mientras tanto, en las selvas del Putumayo operan los comandos de las
FARC, quienes están a la espera de que se inicien los combates. (DIARIO
HOY) (P.2-A)
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