Impuestos A La Renta A Todos Por Igual


Publicado el 14/Julio/1998 | 00:00

Guayaquil. 14 jul 98. Hay que fomentar la transparencia en los
aportes de los contribuyentes y en el manejo estatal de la
caja fiscal

Por María Fernanda Egas

Que las provincias que más tienen ayuden a las que menos
tienen, es una de las premisas del proyecto descentralizador
presentado por la diputada Susana González al Congreso
Nacional. Pero más allá de esta propuesta de solidaridad
interprovincial, resulta interesante analizar las aportaciones
al fisco en relación con las ventas de las principales
empresas ubicadas en distintos lugares del país.

Según el informe del Servicio de Rentas Internas -SRI- en el
que presenta 26.700 declaraciones de sociedades
contribuyentes, correspondientes al ejercicio fiscal 1996,
quien más impuestos aporta sobre sus ventas es la Compañía de
Cervezas Nacionales C.A., con un nueve por ciento. No
obstante, ésta no es la primera sino la décima empresa con más
altos ingresos en el Guayas y la decimoquinta en el Ecuador.
Incluso, percibe menos de la tercera parte de los ingresos de
la más grande empresa ecuatoriana, la Exportadora Bananera
Noboa S.A. Con un ingreso de más de 1.2 billones de sucres, su
impuesto a la renta fue de 750 millones y el porcentaje sobre
sus ventas, de apenas el 0.06 por ciento.

En Pichincha se encuentra la segunda compañía en ingresos,
Supermercados La Favorita C.A. -Supermaxi-, cuyo impuesto
causado también es segundo en el país y casi 30 veces superior
al de la Exportadora Noboa. El porcentaje sobre sus ventas es
de 2.28 por ciento.

Las siguientes empresas que más tributaron con relación a sus
ventas fueron Emetel S.A.; Compañía Industrias Guapán, Cañar;
Empresa de Cementos Chimborazo; Molinos San Luis C.A., Carchi;
Jabonería Nacional S.A., Guayas; Industrias Ales S.A., Manabí;
Distribuidora San Eduardo S.A., Guayas; Inepaca, Manabí;
Compañía de Economía Mixta Lojagas; Nestlé del Ecuador S.A.,
Guayas; y Plasticaucho Industrial, Tungurahua.

Aunque sus ingresos sean inferiores, las principales empresas
de otras provincias aportan, con relación a sus ventas, más
que algunas compañías importantes de Guayas y Pichincha.
Industrias Guapán, del Cañar, obtuvo en 1996 ingresos por 82
mil millones de sucres, la cuarta parte de Multicambio S.A. en
Pichincha, pero con un impuesto causado mayor.

Si se presume que ninguna empresa defrauda al fisco, puede que
las nuevas inversiones, los elevados gastos financieros, la
compra de papeles del Estado o la reexpresión monetaria de
activos para la reposición de maquinaria hayan servido para
deducirlos de su base imponible. Otro de los motivos para
declarar un impuesto causado cero son las pérdidas reportadas
durante el ejercicio económico de 1996.

De otra manera, es válido observar que existe un desequilibrio
en la relación entre las ventas y el porcentaje de utilidad
sobre ellas, reportados por las mayores empresas del país.
Pero no es solamente en las dos principales provincias en
donde sucedería esto: en el centro bananero, El Oro, y en
Azuay, donde el fenómeno migratorio favorece notablemente a la
actividad cambiaria, no se reportan mayores tributos con
relación a los ingresos.

Evidentemente, son pocas las provincias que explotan su
potencial económico al máximo mientras la mayoría no puede
desarrollarse, principalmente, por la carencia de servicios
básicos. A pesar de ello, lo idóneo sería que todas las
empresas, tanto las que más ingresos perciben, como las que
menos, adopten una cultura tributaria. Si esto se lograra,
cada provincia tendría aún más derecho a exigir todos los
beneficios que le corresponden.

LA BANCA ELUDE

Sin mayor discusión, muchas instituciones de la banca
ecuatoriana utilizaron el mecanismo de elusión tributaria,
creado en 1993 durante del gobierno de Sixto Durán-Ballén. El
artículo noveno de las exenciones de la Ley de Régimen
Tributario Interno permite que los poseedores de papeles del
Estado puedan deducir los rendimientos de estos de la base
imponible para tributar, lo que se conoce como escudos
fiscales.

Lo cierto es que entre quienes más ganaron y los que
perdieron, los ingresos del sector bancario durante ese año
superaron los nueve billones de sucres, pero el impuesto
causado de 30 mil millones y el porcentaje sobre sus ingresos
de 0,4 por ciento induciría a pensar en una evasión, de no ser
porque la mayoría de los bancos dedujo los rendimientos de
papeles del Estado.

Los bancos que no se escudaron fueron los que pagaron mayores
impuestos con relación a sus ventas, como el Banco Comercial
de Manabí, con 9,2 por ciento, Bancomex -también de Manabí-,
con 4,5 por ciento, el Banco Bolivariano -Guayas-, con 4,5 por
ciento y el Banco Internacional, con el 3,3 por ciento.

Actualmente, el Gobierno Nacional pretende eliminar la
utilización de escudos fiscales, con lo que incrementaría las
recaudaciones por impuesto a la renta pero, al mismo tiempo,
disminuiría sus ingresos por títulos en valores en ahorro a
largo plazo o bonos del Estado. Antes de 1993, estos fueron de
alrededor de 100 millones de dólares anuales, mientras el
volumen negociado en todoel país en las Bolsas de Valores
ecuatrorianas al 31 de diciembre de 1997 fue de 700 millones
de dólares y al 30 de abril de 1998, de 231 millones de
dólares.

De aprobar el Congreso Nacional la eliminación de este
mecanismo de elusión, la compra de papeles del Estado no sería
más atractiva para los contribuyentes a menos que ofrezcan
tasas de interés más altas en el mercado. Habría que
pronosticar, entre los efectos de esta medida, cuántas
empresas preferirán comprar los papeles del Estado sin ningún
incentivo y ante una oferta sólida en el sector privado.

ENTRE ESCUDOS Y ESPADAS

La realidad tributaria del país sale a flote cuando su
situación económica y los organismos internacionales exigen
una recaudación fiscal más eficiente y eficaz. Ecuador está a
la cola de los países de América Latina y su relación entre el
impuesto a la renta y el Producto Interno Bruto -PIB-. En el
año analizado -1996-, como porcentaje del PIB Venezuela obtuvo
el 7,5por ciento, Colombia el 5,7 por ciento, Uruguay el 4 por
ciento, Perú el 3,3 por ciento y Ecuador el 1,8 por ciento.

En junio de 1993 la creación de exenciones tributarias para
los títulos a largo plazo, con la Ley de Mercado de Valores,
tuvo como objetivo la promoción del desarrollo económico del
país a través de las inversiones de largo plazo, pues hasta
entonces, el 87% se hacía a menos de un año plazo y gran
cantidad de capitales nacionales se invertían en el exterior.


De esta manera, los papeles del Estado ganaron un mayor valor.
Las personas que los adquirieron lo hicieron con descuentos, y
los intereses les servían para deducirlos de su base
imponible, mecanismo conocido como escudos fiscales que
permite a los contribuyentes realizar mayores inversiones con
lo no tributado.

A su vez, el Estado percibía dinero contante y sonante para
financiar su presupuesto. Esos fondos debían reactivar la
economía nacional, sobre todo en sectores deprimidos y en
donde se necesiten inversiones a largo plazo como en la
construcción. Así se incrementaría la inversión productiva en
el país y atraería capitales extranjeros.

Pero en el mes de diciembre de ese año, el entonces ministro
de Finanzas César Robalino solicitó al Congreso la eliminación
de esta ley, arguyendo problemas de caja fiscal. La inversión
extranjera cayó severamente y quienes se fueron del país no
volvieron más, aunque el 10 de marzo de 1994 se retornó a las
exenciones.

En 1998 el presupuesto del Estado se calculó en 23 billones de
sucres. A pesar de estar frente al fenómeno climatológico El
Niño, con pronóstico de crear estragos, en el presupuesto no
se incluyeron los gastos para acudir a la emergencia. Además,
se consideró la venta de la telefónica por 300 millones de
dólares y el aumento de la producción del oleoducto por 180
millones de dólares, con un barril de crudo a 16 dólares. Ante
tal falta de previsión, el Estado ha enfrentado una dura
crisis fiscal, que en un momento le impidió pagar los sueldos
del sector público.

Ahora, el Estado quiere eliminar los artículos de la ley que
promueven el uso de escudos fiscales. Los rendimientos de los
papeles del Estado pasarían a la cuenta ingresos de sus
tenedores y tributarían el 25 por ciento de su utilidad
gravable. Algunos opinan que se podría continuar escudando
hasta un 50 por ciento de la base imponible.

La discusión sobre el proyecto del actual gobierno está
vigente, pero más allá de ello, habría que ver si los
mecanismos de elusión tributaria ocasionan una distorsión
positiva o negativa para la población. En origen, el mecanismo
ideado en 1993 buscaba incentivar las áreas más deprimidas,
mas es conocido que éste ha sido un recurso muy a la mano para
solventar la deuda pública del Estado.

En cambio, en Guayaquil, la Fundación Malecón 2000 propone a
los contribuyentes recibir donaciones deducibles de hasta el
25 por ciento del monto de su impuesto a la renta, a cambio de
un beneficio para la comunidad tangible en dos años: el
proyecto turístico más ambicioso que ha tenido la ciudad y
cuya primera piedra ya fue colocada a orillas del Río Guayas.
A fin de siglo, las organizaciones no gubernamentales (ONGs)
se perfilan como alternativas para emprender proyectos y
atender problemas que los gobiernos dejan de lado.

Por el momento, urge una reforma a la Ley de Régimen
Tributario Interno, cuya aplicación podría ser exitosa siempre
y cuando los gobiernos y los contribuyentes hagan conciencia
de que ésta debe beneficiar a toda la población. El primer
paso para el reforzamiento de una cultura tributaria se ha
dado con el levantamiento del sigilo y hoy es posible acceder
a esa información, incluso, a través del Internet. El
siguiente paso bien podría ser implementar un sistema de
transparencia en el uso de estos recursos y así brindar la
suficiente confianza a los contribuyentes sobre el destino de
sus esfuerzos.

Lo idóneo sería que todas las empresas del país adopten una
cultura tributaria.

Sin escudos fiscales, el Estado pierde ingresos por bonos y
gana en impuesto a la renta.

La elusión tributaria podría ocasionar una distorsión positiva
o negativa para la población.

Las obligaciones son mutuas

"El impuesto a la renta es la fuente más importante de donde
se derivan todos los servicios que debe prestar el Estado",
estima Edgardo Báez, gerente general de la Compañía de
Cervezas Nacionales. Su impuesto causado durante el ejercicio
fiscal 1996 fue de más de 33 mil millones de sucres, suma que
la convierte en la mayor firma contribuyente del Ecuador.

La filosofía de la empresa es no esperar beneficios
particulares sino para toda la comunidad, "es cierto que el
Estado tiene obligaciones con nosotros, pero nosotros también
tenemos obligaciones con el Estado", continúa Báez.

Esas obligaciones van más allá, como el Impuesto al Valor
Agregado -IVA-, Impuesto a los Consumos Especiales -ICE- y la
retención en la fuente, todas necesarias para que el Estado
pueda revertirlas a los ecuatorianos.

Sobre el manejo de la economía nacional, el principal de la
cervecería opina que si todos tienen suficientes seguridades,
el fisco recaudaría mucho más. Solo por citar un ejemplo, la
industria cervecera local enfrentó hace pocos años un intenso
contrabando de cervezas extranjeras, que al no pagar
impuestos, eran ofrecidas al mercado a un precio muy bajo.
Báez asegura que esa experiencia negativa la pudieron
transformar con un mejor servicio. "El éxito está allí, porque
no basta con producir".

Por ello, se esfuerzan en el manejo eficiente de sus ingresos,
cuidan los estándares de producción y ventas, incluso durante
circunstancias tan adversas como las presentadas el último año
con el fenómeno El Niño.

Báez piensa que la realidad tributaria de cada empresa depende
de su historial, pero sí responde por su caso particular.
"Tenemos solidez y una experiencia de muchos años, por eso,
además de trabajar en nuestra imagen, lo hacemos sobre
nuestras oportunidades".

Malecón 2000: un estímulo para todos

Si una carta firmada por León Febres-Cordero llega a sus
manos, no se asuste: probablemente sea un pedido de
colaboración del Alcalde de Guayaquil para la causa que él
preside.

Se conoce que el costo total del Malecón 2000 está estimado en
100 millones de dólares, pero las donaciones de organismos
internacionales no suman esa cantidad. Por ello, la Fundación
Malecón 2000 logró que el 15 de octubre de 1997 se publique en
el Registro Oficial una ley que permite a las personas
naturales o jurídicas realizar una donación de hasta el 25 por
ciento del monto de su impuesto a la renta, que luego puede
ser deducido mediante la presentación de un recibo notarizado
que la Fundación entrega a cambio. El estímulo tributario es
la obra misma, que en menos de 20 meses será el punto
arquitectónico y turístico más importante de Guayaquil.

Hasta el momento, algunas empresas ya han realizado
importantes aportes. Entre ellas se destaca el de la Compañía
de Cervezas Nacionales, de Cementos Rocafuerte y City
Investing Company Limited (Quito). Pero cada cual aporta lo
que puede, como los empleados de Filanbanco, del Banco
Bolivariano, de la agencia de publicidad Norlop Thompson,
Papelería Nacional, Nestlé del Ecuador y otros. (Texto tomado
de La Revista Vistazo #741)

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