Quito. 14 mar 2000. En el capitalismo popular el principal
protagonista es el trabajador o el ciudadano común, quien al
comprar acciones se convierte en parte de las empresas públicas
Por Rubén González.
Convertirse en accionista de empresas como Pacifictel, Andinatel o
Petroecuador; por qué no tener acciones en compañías generadoras y
distribuidoras de energía eléctrica, y por supuesto, participar de
las grandes utilidades que cada una de estas empresas genere. Esta
es la propuesta hecha a los ecuatorianos por el Consejo Nacional
de Modernización, Conam, como una modalidad para vender un
porcentaje de las acciones de las empresas bajo el poder del
Estado. Ha llegado la hora del capitalismo popular.
Es así, como en estos últimos días mucho se habla de este concepto
casi desconocido en el país, pero ya aplicado en otros países bajo
términos como participación ciudadana y programas de propiedad
participada.
"Es la participación masiva, diversificada y en montos pequeños en
la propiedad accionaria de las empresas por parte de la población
de un país". Así define al capitalismo popular el Conam. Dicho de
otra manera, el capitalismo popular aplicado en las empresas
públicas es la propiedad real y la participación efectiva de la
población en los destinos de una empresa pública, a cuya
constitución toda la sociedad ha contribuido, materializado por
los derechos que la ley concede a los accionistas.
Pero el capitalismo popular no se limita únicamente a las empresas
del sector público, también promueve la apertura del capital
accionario de las empresas privadas a través de la venta de
pequeños paquetes de acciones a un buen número de accionistas. No
obstante, analizando la realidad ecuatoriana, el mercado de
acciones no se ha desarrollado de manera plena debido en primer
lugar, a la falta de una cultura bursátil por parte de las
personas para invertir en otras opciones, y también por la
estructura de puertas cerradas de las empresas.
NUEVA FORMA DE INVERSIÓN
Próximos a ingresar a un nuevo modelo económico basado en el
dólar, las inversiones ya no están supeditadas a la variación de
la cotización del dólar o los niveles de tasas de interés. Bajo el
anterior sistema era común escuchar a los inversionistas: ¿Cuál es
la tasa que me ofrece su banco a 30 días? ¿Con cuánto dinero puedo
celebrar un contrato de compra con pacto de retroventa (repear), y
qué tasa me ofrecen? ¿Subirá el dólar en esta semana?
Sin duda el comportamiento de los inversionistas en los mercados
ha sido reflejo de los síntomas de una economía, pero, de igual
forma, hay que reconocer la entera aversión hacia una cultura de
inversión a mediano y largo plazo. El reflejo de esto es la
imperceptible participación a invertir en acciones de las
empresas. Problema que a modo de ver de representantes de
organismos internacionales, es mal de la mayoría de los países
latinoamericanos, lo que se traduce en una falta de
"profundización" de los mercados, y por ende en el nulo
crecimiento de sus economías.
En la actualidad con la estabilidad del tipo de cambio y los
niveles de tasas de interés, las inversiones de los pequeños y
grandes ahorristas dejan de ser especulativas para ser
productivas. Las interrogantes que deben plantearse los
inversionistas en adelante son: ¿Cuáles son las empresas más
rentables para invertir? ¿Cuál ha sido la evolución del precio de
la acción en la Bolsa? ¿Cuál es el último dividendo pagado por las
empresas cotizantes en la Bolsa? ¿Cómo puedo adquirir las acciones
de las empresas telefónicas? ¿Cómo puedo ser accionista de una
empresa pública?
APERTURA EMPRESARIAL
El problema se origina también desde la otra orilla, en las
empresas cuya tradicional forma de financiamiento ha sido el
crédito bancario y no la democrática apertura de sus capitales. La
Superintendencia de Compañías a 1997 contabilizaba un promedio de
apenas seis accionistas por empresa.
Pero el problema no es solo del Ecuador. El BID cita el caso de
dos culturas diametralmente opuestas: en Japón el 99 por ciento de
las empresas se financian emitiendo acciones y el resto mediante
el crédito corporativo, mientras lo opuesto sucede en los países
de Latinoamérica, lo que explica en gran parte el grave problema
del sector productivo y de sus sistemas bancarios.
En este sentido la venta de una parte de las acciones de empresas
estatales puede constituirse en el punto de partida, para que las
empresas del sector privado sigan la misma línea de
financiamiento, con masiva participación de la población. Para los
norteamericanos, por ejemplo, no es ninguna novedad que sus
ahorros sean invertidos en acciones de Microsoft, General Motors a
cinco o 10 años de plazo. Se conoce que en Estados Unidos el 40
por ciento de las familias tienen colocados sus ahorros en
acciones.
Difícilmente las costumbres y comportamientos de los
inversionistas nacionales cambiarán de un día para otro, no
obstante, la experiencia aplicada en otros países es válida para
examinar los beneficios de los procesos de masificación ciudadana
en los mercados bursátiles. En cada caso de una u otra manera, se
ha propiciado la formación de un "capitalismo popular" donde el
principal protagonista ha sido el trabajador o el ciudadano común
adquiriendo acciones y formando parte del capital accionario de
una empresa.
CASO BOLIVIA
Bajo un novedoso mecanismo de modernización del Estado en Bolivia,
el Gobierno no privatizó directamente las empresas públicas, sino
que aplicó un sistema de capitalización que consistía en crear
"Sociedades de Capital Mixto" (SCM); en ellas el 50 por ciento era
vendido al sector privado y el restante permanecía en el Gobierno
en la SCM, que canaliza un programa de pensiones que proporciona
ingresos vitalicios a los bolivianos mayores de 65 años de edad.
En el caso boliviano se produce un capitalismo popular indirecto,
ya que el porcentaje que le corresponde al Gobierno se traspasa a
un fideicomiso manejado por los administradores de los fondos de
pensiones encargados de pagar los beneficios en efectivo a los
ciudadanos bolivianos. Aquí el traslado de las acciones a los
ciudadanos no es directo, sino que es administrado por una entidad
particular.
Con la capitalización se aprobó una ley de pensiones que creó un
sistema de cuentas individuales en dos niveles: el Fondo de
Capitalización Colectiva, integrado por las acciones
gubernamentales de las empresas capitalizadas, y el Fondo de
Capitalización Individual, formado por las contribuciones de los
participantes al nuevo sistema de pensiones. Ambos fondos deben
ser administrados por Administradoras de Fondos de Pensiones
(AFP). Todos los servicios de prestación social brindado a los
afiliados en cada uno de los fondos de pensión iban a ser
financiados por las utilidades que generarían las empresas
privatizadas.
Debido a este novedoso programa de capitalización, las
administradoras evitaron el despido de trabajadores de empresas
públicas. En otros métodos de privatización, las empresas que
invierten en las compañías estatales deben recobrar el costo de
compra, y con frecuencia lo hacen reduciendo el costo de la mano
de obra, eliminando personal. En Bolivia, estas empresas
recibieron una inyección de capital que les permitió realizar las
inversiones necesarias en capital físico y humano para volverse
rentables rápidamente.
Además, el programa ha permitido a los empleado convertirse en
socios de sus empresas a través de la adquisición de acciones a
precios y condiciones preferenciales hasta el límite de sus
prestaciones sociales. En el marco del programa, los trabajadores
pueden adquirir un número limitado de acciones a una tasa
preferencial durante dos años. Una desventaja que existió en
Bolivia al momento de la aplicación del sistema, es que no se
contaba con una Ley de Mercado de Valores, la cual estaba en su
etapa de aprobación en el Congreso Nacional, lo que no permitió
inscribir las acciones de las empresas capitalizadas en la Bolsa
de Valores para facilitar su comercialización.
BRASIL Y VENEZUELA
En 1993 el monstruo telefónico brasileño, Telebras, inició la
venta de su paquete accionario por 2.060 millones de dólares,
exclusivamente a inversionistas locales, incentivando así el
interés colectivo en comprar acciones. Al final, Telebrás en
agosto de 1998 realizó la subasta de un alto porcentaje de sus
acciones equivalentes a 19.000 millones de dólares, la más grande
privatización de la década en la región, según los analistas.
Otro ejemplo de participación masiva ciudadana en los procesos
privatizadores lo dio el gobierno venezolano, con la venta masiva
de títulos de la telefónica estatal CANTV, para un mes después ser
cotizadas de manera transparente y a un precio justo en la Bolsa
de Caracas.
CASO PERÚ
A través del programa denominado "Participación ciudadana en el
proceso de privatización" se llevó adelante una activa campaña
para la intervención del público, donde el interés del Gobierno
era tal, que las ventas de los paquetes accionarios se realizaban
a plazo, esto es, al adquirir su lote de acciones el inversionista
abonaba una cuota inicial y el saldo era cancelado en cuotas
iguales.
Por ejemplo, cuando el gobierno peruano puso a la venta, a través
de campañas masivas, cuatro millones de acciones de Cementos Norte
Pacasmayo S.A, estableció paquetes mínimos de acciones de 1.000
soles y un máximo de 10.000 soles, con un precio unitario por
acción de cinco soles. Cuando un inversionista decidía comprar un
mínimo de 1.000 soles, tenía que cancelar un cuota inicial del 10
por ciento, es decir 100 soles y la diferencia en cuotas
trimestrales de 89.74 soles durante tres años plazos, con lo que
se daba facilidades de financiamiento.
En este caso conforme se realizaban el pago de las cuotas
designadas por el Gobierno, se entregaban las acciones, hasta
tanto las acciones quedaban en custodia de una entidad financiera
contratada por el Copri (Corporación de Promoción de la Inversión
Privada), encargada de llevar adelante el programa de capitalismo
popular.
Los inversionistas una vez que contaban en sus manos con sus
acciones pagadas, en caso de hacerlas líquidas acudían a un agente
de Bolsa, para que la negociara o las ponga en venta a través de
la Bolsa de Valores.
VENTAJAS PARA EL ECUADOR
De acuerdo a las experiencias de otras economías, el adoptar un
sistema de capitalismo popular como parte del proceso de
privatizaciones ofrece claros beneficios.
Incentiva la inversión productiva: surgen opciones de inversión a
largo plazo como las acciones de empresas estatales y privadas,
más aún en un sistema de dolarización en que las tasas de interés
se ubican en niveles mínimos.
Promueve las inversiones a largo plazo: al invertir sus capitales
en acciones de empresas, el inversionista obtiene las
rentabilidades de acuerdo a la evolución de los precios de las
acciones en el mercado y el pago de utilidades.
Contribuye a la generación de empleo: el sector privado en su
papel de administrador garantiza un manejo óptimo de la empresa,
aumentando su capacidad de crecimiento y de mayor utilización de
mano de obra.
Incentiva la inversión extranjera: en forma particular o
inversionistas institucionales.
Mayor transparencia en el manejo de las empresas: por estar
abiertas al público a través de las Bolsas de Valores. Es
obligación remitir información periódica de sus estados
financieros y administrativos para que sean conocidos por los
inversionistas.
Fortalecimiento del capital de las empresas: permite cambiar la
estructura financiera tradicional de elevado endeudamiento con el
sistema financiero.
Mejor distribución del ingreso en el país: brinda la oportunidad a
los pequeños ahorristas de participar en el capital de las
empresas públicas, con grandes expectativas de utilidades, que
antes solo lo podían hacer los grandes inversionistas. Garantiza
estabilidad social: la experiencia ha demostrado que en los países
en que se han llevado a cabo este tipo de programas de capitalismo
se ha generado un mejor ambiente social, donde la mayoría de
empleados y ciudadanos son parte de las empresas.
EXPERIENCIA EN PAÍSES SOCIALISTAS
En Hungría también se emprendió un programa de capitalismo popular
en dos partes: una primera etapa, sin ser directas, en la que se
distribuyeron pagarés compensatorios por un valor de HF 220 mil
millones (840 millones de dólares) a unos dos millones de
ciudadanos a quienes habían sido arrebatados sus bienes o cuyos
derechos humanos habían sido violados durante la Segunda Guerra
Mundial bajo el régimen socialista. Estos pagarés compensatorios
libremente transables podían ser canjeados en remates de terrenos
agrícolas, convertidos en acciones de empresas estatales transadas
en la Bolsa de Valores o sustituidos por dinero en efectivo al
comprar empresas privadas. El proceso compensatorio no había
terminado durante 1999.
Otros métodos de privatización bajo capitalismo popular tuvieron
por objeto la venta de activos de las entidades públicas, a través
de créditos a largo plazo, concedidos a los propios trabajadores y
empleados en general de las compañías privatizadas. Los créditos
tenían un período de gracia de cinco años a bajas tasas de
interés, y sólo debían ser utilizados para comprar activos
estatales. Los préstamos ayudaron a los empleados y personal
gerencial a comprar más compañías. Participaron en más de 400
operaciones avaluadas en HF 68 mil millones (260 millones de
dólares) entre 1990 y 1998. Los empleados de todas las empresas
podían comprar acciones de sus compañías, equivalentes al 10 por
ciento de los activos de las empresas públicas.
Los empleados de compañías transadas en la Bolsa de Valores de
Budapest, que obtuvieron las acciones a un precio de opción
especial, lograron ganancias particularmente altas y los pequeños
inversionistas que provenían del exterior a menudo recibían
preferencias en la forma de pago de cuotas, por las acciones
adquiridas en las ofertas públicas iniciales. (Texto tomado de La
Revista Vistazo)
protagonista es el trabajador o el ciudadano común, quien al
comprar acciones se convierte en parte de las empresas públicas
Por Rubén González.
Convertirse en accionista de empresas como Pacifictel, Andinatel o
Petroecuador; por qué no tener acciones en compañías generadoras y
distribuidoras de energía eléctrica, y por supuesto, participar de
las grandes utilidades que cada una de estas empresas genere. Esta
es la propuesta hecha a los ecuatorianos por el Consejo Nacional
de Modernización, Conam, como una modalidad para vender un
porcentaje de las acciones de las empresas bajo el poder del
Estado. Ha llegado la hora del capitalismo popular.
Es así, como en estos últimos días mucho se habla de este concepto
casi desconocido en el país, pero ya aplicado en otros países bajo
términos como participación ciudadana y programas de propiedad
participada.
"Es la participación masiva, diversificada y en montos pequeños en
la propiedad accionaria de las empresas por parte de la población
de un país". Así define al capitalismo popular el Conam. Dicho de
otra manera, el capitalismo popular aplicado en las empresas
públicas es la propiedad real y la participación efectiva de la
población en los destinos de una empresa pública, a cuya
constitución toda la sociedad ha contribuido, materializado por
los derechos que la ley concede a los accionistas.
Pero el capitalismo popular no se limita únicamente a las empresas
del sector público, también promueve la apertura del capital
accionario de las empresas privadas a través de la venta de
pequeños paquetes de acciones a un buen número de accionistas. No
obstante, analizando la realidad ecuatoriana, el mercado de
acciones no se ha desarrollado de manera plena debido en primer
lugar, a la falta de una cultura bursátil por parte de las
personas para invertir en otras opciones, y también por la
estructura de puertas cerradas de las empresas.
NUEVA FORMA DE INVERSIÓN
Próximos a ingresar a un nuevo modelo económico basado en el
dólar, las inversiones ya no están supeditadas a la variación de
la cotización del dólar o los niveles de tasas de interés. Bajo el
anterior sistema era común escuchar a los inversionistas: ¿Cuál es
la tasa que me ofrece su banco a 30 días? ¿Con cuánto dinero puedo
celebrar un contrato de compra con pacto de retroventa (repear), y
qué tasa me ofrecen? ¿Subirá el dólar en esta semana?
Sin duda el comportamiento de los inversionistas en los mercados
ha sido reflejo de los síntomas de una economía, pero, de igual
forma, hay que reconocer la entera aversión hacia una cultura de
inversión a mediano y largo plazo. El reflejo de esto es la
imperceptible participación a invertir en acciones de las
empresas. Problema que a modo de ver de representantes de
organismos internacionales, es mal de la mayoría de los países
latinoamericanos, lo que se traduce en una falta de
"profundización" de los mercados, y por ende en el nulo
crecimiento de sus economías.
En la actualidad con la estabilidad del tipo de cambio y los
niveles de tasas de interés, las inversiones de los pequeños y
grandes ahorristas dejan de ser especulativas para ser
productivas. Las interrogantes que deben plantearse los
inversionistas en adelante son: ¿Cuáles son las empresas más
rentables para invertir? ¿Cuál ha sido la evolución del precio de
la acción en la Bolsa? ¿Cuál es el último dividendo pagado por las
empresas cotizantes en la Bolsa? ¿Cómo puedo adquirir las acciones
de las empresas telefónicas? ¿Cómo puedo ser accionista de una
empresa pública?
APERTURA EMPRESARIAL
El problema se origina también desde la otra orilla, en las
empresas cuya tradicional forma de financiamiento ha sido el
crédito bancario y no la democrática apertura de sus capitales. La
Superintendencia de Compañías a 1997 contabilizaba un promedio de
apenas seis accionistas por empresa.
Pero el problema no es solo del Ecuador. El BID cita el caso de
dos culturas diametralmente opuestas: en Japón el 99 por ciento de
las empresas se financian emitiendo acciones y el resto mediante
el crédito corporativo, mientras lo opuesto sucede en los países
de Latinoamérica, lo que explica en gran parte el grave problema
del sector productivo y de sus sistemas bancarios.
En este sentido la venta de una parte de las acciones de empresas
estatales puede constituirse en el punto de partida, para que las
empresas del sector privado sigan la misma línea de
financiamiento, con masiva participación de la población. Para los
norteamericanos, por ejemplo, no es ninguna novedad que sus
ahorros sean invertidos en acciones de Microsoft, General Motors a
cinco o 10 años de plazo. Se conoce que en Estados Unidos el 40
por ciento de las familias tienen colocados sus ahorros en
acciones.
Difícilmente las costumbres y comportamientos de los
inversionistas nacionales cambiarán de un día para otro, no
obstante, la experiencia aplicada en otros países es válida para
examinar los beneficios de los procesos de masificación ciudadana
en los mercados bursátiles. En cada caso de una u otra manera, se
ha propiciado la formación de un "capitalismo popular" donde el
principal protagonista ha sido el trabajador o el ciudadano común
adquiriendo acciones y formando parte del capital accionario de
una empresa.
CASO BOLIVIA
Bajo un novedoso mecanismo de modernización del Estado en Bolivia,
el Gobierno no privatizó directamente las empresas públicas, sino
que aplicó un sistema de capitalización que consistía en crear
"Sociedades de Capital Mixto" (SCM); en ellas el 50 por ciento era
vendido al sector privado y el restante permanecía en el Gobierno
en la SCM, que canaliza un programa de pensiones que proporciona
ingresos vitalicios a los bolivianos mayores de 65 años de edad.
En el caso boliviano se produce un capitalismo popular indirecto,
ya que el porcentaje que le corresponde al Gobierno se traspasa a
un fideicomiso manejado por los administradores de los fondos de
pensiones encargados de pagar los beneficios en efectivo a los
ciudadanos bolivianos. Aquí el traslado de las acciones a los
ciudadanos no es directo, sino que es administrado por una entidad
particular.
Con la capitalización se aprobó una ley de pensiones que creó un
sistema de cuentas individuales en dos niveles: el Fondo de
Capitalización Colectiva, integrado por las acciones
gubernamentales de las empresas capitalizadas, y el Fondo de
Capitalización Individual, formado por las contribuciones de los
participantes al nuevo sistema de pensiones. Ambos fondos deben
ser administrados por Administradoras de Fondos de Pensiones
(AFP). Todos los servicios de prestación social brindado a los
afiliados en cada uno de los fondos de pensión iban a ser
financiados por las utilidades que generarían las empresas
privatizadas.
Debido a este novedoso programa de capitalización, las
administradoras evitaron el despido de trabajadores de empresas
públicas. En otros métodos de privatización, las empresas que
invierten en las compañías estatales deben recobrar el costo de
compra, y con frecuencia lo hacen reduciendo el costo de la mano
de obra, eliminando personal. En Bolivia, estas empresas
recibieron una inyección de capital que les permitió realizar las
inversiones necesarias en capital físico y humano para volverse
rentables rápidamente.
Además, el programa ha permitido a los empleado convertirse en
socios de sus empresas a través de la adquisición de acciones a
precios y condiciones preferenciales hasta el límite de sus
prestaciones sociales. En el marco del programa, los trabajadores
pueden adquirir un número limitado de acciones a una tasa
preferencial durante dos años. Una desventaja que existió en
Bolivia al momento de la aplicación del sistema, es que no se
contaba con una Ley de Mercado de Valores, la cual estaba en su
etapa de aprobación en el Congreso Nacional, lo que no permitió
inscribir las acciones de las empresas capitalizadas en la Bolsa
de Valores para facilitar su comercialización.
BRASIL Y VENEZUELA
En 1993 el monstruo telefónico brasileño, Telebras, inició la
venta de su paquete accionario por 2.060 millones de dólares,
exclusivamente a inversionistas locales, incentivando así el
interés colectivo en comprar acciones. Al final, Telebrás en
agosto de 1998 realizó la subasta de un alto porcentaje de sus
acciones equivalentes a 19.000 millones de dólares, la más grande
privatización de la década en la región, según los analistas.
Otro ejemplo de participación masiva ciudadana en los procesos
privatizadores lo dio el gobierno venezolano, con la venta masiva
de títulos de la telefónica estatal CANTV, para un mes después ser
cotizadas de manera transparente y a un precio justo en la Bolsa
de Caracas.
CASO PERÚ
A través del programa denominado "Participación ciudadana en el
proceso de privatización" se llevó adelante una activa campaña
para la intervención del público, donde el interés del Gobierno
era tal, que las ventas de los paquetes accionarios se realizaban
a plazo, esto es, al adquirir su lote de acciones el inversionista
abonaba una cuota inicial y el saldo era cancelado en cuotas
iguales.
Por ejemplo, cuando el gobierno peruano puso a la venta, a través
de campañas masivas, cuatro millones de acciones de Cementos Norte
Pacasmayo S.A, estableció paquetes mínimos de acciones de 1.000
soles y un máximo de 10.000 soles, con un precio unitario por
acción de cinco soles. Cuando un inversionista decidía comprar un
mínimo de 1.000 soles, tenía que cancelar un cuota inicial del 10
por ciento, es decir 100 soles y la diferencia en cuotas
trimestrales de 89.74 soles durante tres años plazos, con lo que
se daba facilidades de financiamiento.
En este caso conforme se realizaban el pago de las cuotas
designadas por el Gobierno, se entregaban las acciones, hasta
tanto las acciones quedaban en custodia de una entidad financiera
contratada por el Copri (Corporación de Promoción de la Inversión
Privada), encargada de llevar adelante el programa de capitalismo
popular.
Los inversionistas una vez que contaban en sus manos con sus
acciones pagadas, en caso de hacerlas líquidas acudían a un agente
de Bolsa, para que la negociara o las ponga en venta a través de
la Bolsa de Valores.
VENTAJAS PARA EL ECUADOR
De acuerdo a las experiencias de otras economías, el adoptar un
sistema de capitalismo popular como parte del proceso de
privatizaciones ofrece claros beneficios.
Incentiva la inversión productiva: surgen opciones de inversión a
largo plazo como las acciones de empresas estatales y privadas,
más aún en un sistema de dolarización en que las tasas de interés
se ubican en niveles mínimos.
Promueve las inversiones a largo plazo: al invertir sus capitales
en acciones de empresas, el inversionista obtiene las
rentabilidades de acuerdo a la evolución de los precios de las
acciones en el mercado y el pago de utilidades.
Contribuye a la generación de empleo: el sector privado en su
papel de administrador garantiza un manejo óptimo de la empresa,
aumentando su capacidad de crecimiento y de mayor utilización de
mano de obra.
Incentiva la inversión extranjera: en forma particular o
inversionistas institucionales.
Mayor transparencia en el manejo de las empresas: por estar
abiertas al público a través de las Bolsas de Valores. Es
obligación remitir información periódica de sus estados
financieros y administrativos para que sean conocidos por los
inversionistas.
Fortalecimiento del capital de las empresas: permite cambiar la
estructura financiera tradicional de elevado endeudamiento con el
sistema financiero.
Mejor distribución del ingreso en el país: brinda la oportunidad a
los pequeños ahorristas de participar en el capital de las
empresas públicas, con grandes expectativas de utilidades, que
antes solo lo podían hacer los grandes inversionistas. Garantiza
estabilidad social: la experiencia ha demostrado que en los países
en que se han llevado a cabo este tipo de programas de capitalismo
se ha generado un mejor ambiente social, donde la mayoría de
empleados y ciudadanos son parte de las empresas.
EXPERIENCIA EN PAÍSES SOCIALISTAS
En Hungría también se emprendió un programa de capitalismo popular
en dos partes: una primera etapa, sin ser directas, en la que se
distribuyeron pagarés compensatorios por un valor de HF 220 mil
millones (840 millones de dólares) a unos dos millones de
ciudadanos a quienes habían sido arrebatados sus bienes o cuyos
derechos humanos habían sido violados durante la Segunda Guerra
Mundial bajo el régimen socialista. Estos pagarés compensatorios
libremente transables podían ser canjeados en remates de terrenos
agrícolas, convertidos en acciones de empresas estatales transadas
en la Bolsa de Valores o sustituidos por dinero en efectivo al
comprar empresas privadas. El proceso compensatorio no había
terminado durante 1999.
Otros métodos de privatización bajo capitalismo popular tuvieron
por objeto la venta de activos de las entidades públicas, a través
de créditos a largo plazo, concedidos a los propios trabajadores y
empleados en general de las compañías privatizadas. Los créditos
tenían un período de gracia de cinco años a bajas tasas de
interés, y sólo debían ser utilizados para comprar activos
estatales. Los préstamos ayudaron a los empleados y personal
gerencial a comprar más compañías. Participaron en más de 400
operaciones avaluadas en HF 68 mil millones (260 millones de
dólares) entre 1990 y 1998. Los empleados de todas las empresas
podían comprar acciones de sus compañías, equivalentes al 10 por
ciento de los activos de las empresas públicas.
Los empleados de compañías transadas en la Bolsa de Valores de
Budapest, que obtuvieron las acciones a un precio de opción
especial, lograron ganancias particularmente altas y los pequeños
inversionistas que provenían del exterior a menudo recibían
preferencias en la forma de pago de cuotas, por las acciones
adquiridas en las ofertas públicas iniciales. (Texto tomado de La
Revista Vistazo)
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