Quito (Ecuador). 03 dic 95. En los últimos años diez años el
narcotráfico se ha expandido sin cesar en México al amparo de
una red tejida con complicidades políticas, judiciales,
policiales y militares. Por ello, escribe el analista Miguel
Angel Granados, si la noticia de que el hermano mayor del ex
Presidente Carlos Salinas posee una fortuna en Ginebra
sorprendió a la opinión pública, no es porque revela un
vínculo entre política y narcotráfico, sino solo por el monto
de los depósitos: 84 millones y dólares.
Granados, que es también catedrático de ciencias políticos y
consejero ciudadano en la Comisión Federal Electoral, dice en
un artículo para el servicio de Columnistas de IPS que la
inercia que hasta hoy ha impedido un ataque legal fondo
contra las mafias del narcotráfico, podría romperse ahora que
las autoridades suizas investigan el caso concreto de posible
lavado de dinero que involucra a Raúl Salinas. El hermano
mayor del ex Presidente estaba ya en prisión acusado del
asesinato de Francisco Ruiz Massieu, número dos del partido
oficialista.
Por lo tanto, esta puede ser la ocasión perfecta para ejercer
una presión internacional que obligue al gobierno mexicano a
transformar su lucha verbal contra el narcotráfico en una
verdadera batalla, concluye Granados.
La noticia de que el hermano mayor del ex Presidente de México
Carlos Salinas (1988-94) posee una fortuna en Ginebra,
probablemente asociada con el lavado de narcodólares,
sorprendió a la opinión pública nacional por el monto de los
depósitos (84 millones de dólares), pero no porque revele un
vínculo entre política y narcotráfico, pues desde hace diez
años menudean las informaciones sobre el avance de la
narcopolítica en el país.
Por lo menos un general del ejército y muchos jefes policiacos
y militares purgan sentencias por nexos con las mafias de la
droga. Pero, aunque se ha ligado el nombre de destacados
políticos con ese negocio, hasta ahora ninguno de ellos ha
sido llevado a los tribunales mexicanos por esa causa. Un
antiguo ministro del interior (ahora gobernador de un estado),
un ex ministro de la defensa nacional y un ex procurador
federal de justicia, han figurado en sumarios ante cortes
norteamericanas, pero ninguno ha sido aprehendido ni buscado
formalmente, y en México no se les ha molestado.
La policía encargada de perseguir el comercio de drogas fue
penetrada por la mafia de la mariguana y cocaína, hasta sus
máximos niveles. El asesinato del agente antinarcóticos
norteamericano Enrique Camarena, en febrero de 1985, fue la
primera señal de lo alto a que había llegado los
infiltramientos en los cuerpos policiacos. Como consecuencia,
fue desmantelada la policía política, que se encargaba
marginalmente de la persecución al narcotráfico, y la policía
judicial federal (equivalente al FBI estadounidense) ha sido
purgada regularmente desde entonces, sin resultados.
El 7 de noviembre de 1991, en el estado de Veracruz murieron
siete miembros de la policía judicial en un balacera con
efectivos del Ejército, en que cada una de las partes acusó a
la otra de proteger a narcotraficantes. Y la gente cree que
ambas partes tienen razón. Así lo consideró la autoridad
castrense, que por primera vez sometió a juicio a un general,
no obstante las frecuentes versiones de que altos jefes
militares obtienen gratificaciones de las mafias para
favorecer su operación.
La policía judicial ha sido ahora puesta en manos de Antonio
Lozano, un procurador que fue antes diputado de la oposición
de derecha, el Partido Acción Nacional. Pero su labor
depuradora marcha con lentitud, pues un año después de que
asumió esa responsabilidad todavía ha tenido que reemplazar de
un golpe a todo el personal de esa agencia en dos importantes
estados, Jalisco y Baja California, por sospecha de
complicidad con las mafias.
Rumores mexicanos
La gente común cree en México que por lo menos dos de los
graves asesinatos políticos ocurridos en los últimos años
fueron propiciados por el narcotráfico. De hecho la muerte
del cardenal arzobispo de Guadalajara, Juan Jesús Posadas
Ocampo, ocurrida en mayo de 1993 se produjo, según la versión
oficial, en un enfrentamiento entre bandas de traficantes. Y
en el homicidio del candidato presidencial oficialista Luis
Donaldo Colosio, perpetrado en marzo de 1994, pudieron
participar las poderosas mafias que tiene su sede en Tijuana,
la ciudad fronteriza que es puente de acceso a la muy rica
California.
Pero los rumores que surcan diversas capa de la sociedad no se
ha traducido en acciones judiciales sostenidas. Han sido
encarcelados en una prisión de alta seguridad varios jefes
mafiosos, como Miguel Angel Félix Gallardo y Rafael Caro
Quintero, pero Amado Carrillo y Juan García Abrego, líderes
del cártel de Ciudad Juarez y del cartel del Golfo,
equivalentes por su poder al que alcanzaron en su apogeo los
de Medellín y Cali, permanecen activos y hasta que benefician
del quebranto sufrido por las bandas colombianas, para
incrementar sus operaciones.
Para ese propósito parecen contra con eficaz protección
política no solo en México sino también en Estados Unidos.
Observadores mexicanos de la lucha contra el narcotráfico
están descorazonados porque la acción de la DEA, la agencia
norteamericana contra la droga, parece mas orientada a regular
el mercado que a suprimir a las mafias.
Un dato revelador en ese sentido es lo ocurrido a Guillermo
Gonzalez Calderoni, un ex comandante de la policía judicial
perseguido por sus antiguos jefes, acusado por corrupción y
refugiado en territorio norteamericano. No pudo ser llevado a
México por haber sido acogido por el programa de testigos
especiales de la DEA, que al parecer también ha actuado en
favor de Mario Ruiz Massieu, detenido en Nueva York hace unos
meses, y acusado de poseer por lo menos nueve millones de
dólares tal vez procedentes del narcotráfico.
Si bien Ruiz Massieu dedicó sus últimos meses como
subprocurador de la República a investigar, sin éxito, el
asesinato de su propio hermano José Francisco, el número dos
del partido oficialista, eliminado en septiembre de 1994,
también fue durante un tiempo encargado de perseguir a las
mafias, y de esa época datan sus depósitos en un banco de
Houston.
Los observadores también están preocupados por la expansión
del mercado de drogas en México. Durante largo tiempo, este
país sirvió solo como puente para el traslado de cocaína de
las zonas productoras de América del Sur a Estados Unidos,
pero ahora el consumo interno de ese alcaloide ha adquirido
gran importancia. Supera ya, por el alto costo de esa droga,
al de la mariguana, del que México ha sido un exportador
importante desde hace medio siglo, lapso en que esa yerba paso
de ser consumida solo por sectores empobrecidos hasta ser
frecuente en las capas de medias de la población.
La inercia que hasta hoy ha impedido un ataque legal a fondo
contra las mafias del narcotráfico podría romperse ahora que
las autoridades suizas investigan un caso concreto de posible
lavado de dinero. Raúl Salinas, hermano mayor del Presidente
que quiso llevar a México al primer mundo, estaba ya en
prisión acusado del asesinato de José Francisco Ruiz Massieu.
Por lo tanto, esta puede ser la ocasión perfecta para ejercer
una presión internacional que obligue al gobierno mexicano a
transformar su lucha verbal contra el narcotráfico en un
verdadera batalla.
(x) Miguel Angel Granados Chapa es uno de los mas destacados
columnistas mexicanos, catedrático de ciencias políticas y
consejero ciudadano en la Comisión Federal Electoral. (IPS)
(Diario HOY) (10A)
narcotráfico se ha expandido sin cesar en México al amparo de
una red tejida con complicidades políticas, judiciales,
policiales y militares. Por ello, escribe el analista Miguel
Angel Granados, si la noticia de que el hermano mayor del ex
Presidente Carlos Salinas posee una fortuna en Ginebra
sorprendió a la opinión pública, no es porque revela un
vínculo entre política y narcotráfico, sino solo por el monto
de los depósitos: 84 millones y dólares.
Granados, que es también catedrático de ciencias políticos y
consejero ciudadano en la Comisión Federal Electoral, dice en
un artículo para el servicio de Columnistas de IPS que la
inercia que hasta hoy ha impedido un ataque legal fondo
contra las mafias del narcotráfico, podría romperse ahora que
las autoridades suizas investigan el caso concreto de posible
lavado de dinero que involucra a Raúl Salinas. El hermano
mayor del ex Presidente estaba ya en prisión acusado del
asesinato de Francisco Ruiz Massieu, número dos del partido
oficialista.
Por lo tanto, esta puede ser la ocasión perfecta para ejercer
una presión internacional que obligue al gobierno mexicano a
transformar su lucha verbal contra el narcotráfico en una
verdadera batalla, concluye Granados.
La noticia de que el hermano mayor del ex Presidente de México
Carlos Salinas (1988-94) posee una fortuna en Ginebra,
probablemente asociada con el lavado de narcodólares,
sorprendió a la opinión pública nacional por el monto de los
depósitos (84 millones de dólares), pero no porque revele un
vínculo entre política y narcotráfico, pues desde hace diez
años menudean las informaciones sobre el avance de la
narcopolítica en el país.
Por lo menos un general del ejército y muchos jefes policiacos
y militares purgan sentencias por nexos con las mafias de la
droga. Pero, aunque se ha ligado el nombre de destacados
políticos con ese negocio, hasta ahora ninguno de ellos ha
sido llevado a los tribunales mexicanos por esa causa. Un
antiguo ministro del interior (ahora gobernador de un estado),
un ex ministro de la defensa nacional y un ex procurador
federal de justicia, han figurado en sumarios ante cortes
norteamericanas, pero ninguno ha sido aprehendido ni buscado
formalmente, y en México no se les ha molestado.
La policía encargada de perseguir el comercio de drogas fue
penetrada por la mafia de la mariguana y cocaína, hasta sus
máximos niveles. El asesinato del agente antinarcóticos
norteamericano Enrique Camarena, en febrero de 1985, fue la
primera señal de lo alto a que había llegado los
infiltramientos en los cuerpos policiacos. Como consecuencia,
fue desmantelada la policía política, que se encargaba
marginalmente de la persecución al narcotráfico, y la policía
judicial federal (equivalente al FBI estadounidense) ha sido
purgada regularmente desde entonces, sin resultados.
El 7 de noviembre de 1991, en el estado de Veracruz murieron
siete miembros de la policía judicial en un balacera con
efectivos del Ejército, en que cada una de las partes acusó a
la otra de proteger a narcotraficantes. Y la gente cree que
ambas partes tienen razón. Así lo consideró la autoridad
castrense, que por primera vez sometió a juicio a un general,
no obstante las frecuentes versiones de que altos jefes
militares obtienen gratificaciones de las mafias para
favorecer su operación.
La policía judicial ha sido ahora puesta en manos de Antonio
Lozano, un procurador que fue antes diputado de la oposición
de derecha, el Partido Acción Nacional. Pero su labor
depuradora marcha con lentitud, pues un año después de que
asumió esa responsabilidad todavía ha tenido que reemplazar de
un golpe a todo el personal de esa agencia en dos importantes
estados, Jalisco y Baja California, por sospecha de
complicidad con las mafias.
Rumores mexicanos
La gente común cree en México que por lo menos dos de los
graves asesinatos políticos ocurridos en los últimos años
fueron propiciados por el narcotráfico. De hecho la muerte
del cardenal arzobispo de Guadalajara, Juan Jesús Posadas
Ocampo, ocurrida en mayo de 1993 se produjo, según la versión
oficial, en un enfrentamiento entre bandas de traficantes. Y
en el homicidio del candidato presidencial oficialista Luis
Donaldo Colosio, perpetrado en marzo de 1994, pudieron
participar las poderosas mafias que tiene su sede en Tijuana,
la ciudad fronteriza que es puente de acceso a la muy rica
California.
Pero los rumores que surcan diversas capa de la sociedad no se
ha traducido en acciones judiciales sostenidas. Han sido
encarcelados en una prisión de alta seguridad varios jefes
mafiosos, como Miguel Angel Félix Gallardo y Rafael Caro
Quintero, pero Amado Carrillo y Juan García Abrego, líderes
del cártel de Ciudad Juarez y del cartel del Golfo,
equivalentes por su poder al que alcanzaron en su apogeo los
de Medellín y Cali, permanecen activos y hasta que benefician
del quebranto sufrido por las bandas colombianas, para
incrementar sus operaciones.
Para ese propósito parecen contra con eficaz protección
política no solo en México sino también en Estados Unidos.
Observadores mexicanos de la lucha contra el narcotráfico
están descorazonados porque la acción de la DEA, la agencia
norteamericana contra la droga, parece mas orientada a regular
el mercado que a suprimir a las mafias.
Un dato revelador en ese sentido es lo ocurrido a Guillermo
Gonzalez Calderoni, un ex comandante de la policía judicial
perseguido por sus antiguos jefes, acusado por corrupción y
refugiado en territorio norteamericano. No pudo ser llevado a
México por haber sido acogido por el programa de testigos
especiales de la DEA, que al parecer también ha actuado en
favor de Mario Ruiz Massieu, detenido en Nueva York hace unos
meses, y acusado de poseer por lo menos nueve millones de
dólares tal vez procedentes del narcotráfico.
Si bien Ruiz Massieu dedicó sus últimos meses como
subprocurador de la República a investigar, sin éxito, el
asesinato de su propio hermano José Francisco, el número dos
del partido oficialista, eliminado en septiembre de 1994,
también fue durante un tiempo encargado de perseguir a las
mafias, y de esa época datan sus depósitos en un banco de
Houston.
Los observadores también están preocupados por la expansión
del mercado de drogas en México. Durante largo tiempo, este
país sirvió solo como puente para el traslado de cocaína de
las zonas productoras de América del Sur a Estados Unidos,
pero ahora el consumo interno de ese alcaloide ha adquirido
gran importancia. Supera ya, por el alto costo de esa droga,
al de la mariguana, del que México ha sido un exportador
importante desde hace medio siglo, lapso en que esa yerba paso
de ser consumida solo por sectores empobrecidos hasta ser
frecuente en las capas de medias de la población.
La inercia que hasta hoy ha impedido un ataque legal a fondo
contra las mafias del narcotráfico podría romperse ahora que
las autoridades suizas investigan un caso concreto de posible
lavado de dinero. Raúl Salinas, hermano mayor del Presidente
que quiso llevar a México al primer mundo, estaba ya en
prisión acusado del asesinato de José Francisco Ruiz Massieu.
Por lo tanto, esta puede ser la ocasión perfecta para ejercer
una presión internacional que obligue al gobierno mexicano a
transformar su lucha verbal contra el narcotráfico en un
verdadera batalla.
(x) Miguel Angel Granados Chapa es uno de los mas destacados
columnistas mexicanos, catedrático de ciencias políticas y
consejero ciudadano en la Comisión Federal Electoral. (IPS)
(Diario HOY) (10A)
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