Magistrados, Jueces Y Justicia

MAGISTRADOS, JUECES Y JUSTICIA, por Gil Barragán Romero

Quito. 18.11.90. (Opinión). Nuestros tribunales y jueces,
llamados a ser vindicadores del Derecho, en general son
confiables, cumplen satisfactoriamente su elevado ministerio;
no obstante, cada vez son más frecuentes los escándalos debido
a decisiones judiciales erróneas e ilegales, partos de la
ignorancia y la prevaricación, y ello produce el descreimiento
en la justicia y puede llevarnos al imperio de la ley de la
selva.

En días recientes, jueces penales han expedido fallos en los
que se declara limpias de polvo y paja a delincuentes
peligrosísimos.

Uno de los jueces criticados ha defendido su resolución
escudándose en la sana crítica. Sana crítica o libre
convicción es una fórmula legal que confía al ponderado
arbitrio del juez la apreciación de los hechos constantes,
casi siempre en forma enrevesada, en el proceso, sin tener que
sujetarse a las cuadrículas de pruebas tasadas. La sana
crítica es muy útil para el recto juzgar si la aplican jueces
probos, aunque una vieja regla expresa que el mejor derecho es
aquel en el que se reduce al mínimo el arbitrio judicial, así
como el mejor juez el que reduce al mínimo el suyo. Arbitrio
puede ser arbitrariedad.

Infortunadamente, el vicio no reside únicamente en los jueces
inferiores pues aún el más alto tribunal ha provocado asombro
con algunas de sus actuaciones como las del caso Febres
Cordero.

Incoar un juicio por delito común contra un ex-jefe del Estado
es algo que compromete valores mucho más importantes que la
suerte personal del reo; una acusación de esta clase debería
ser pesada como los diamantes; sindicar a un reo de tal
jerarquía -quienquiera sea- supone la evidencia de que se
consumó un delito y el preconcepto de que el importante
sindicado fue responsable; expedir contra el mismo orden de
captura no puede ser sino el fruto de una absoluta convicción,
no obra de precipitación y ligereza; en un proceso así, más
que en cualquier otro, es exigible el trámite más escrupuloso,
más aún si el juez es nada menos que el presidente de la Corte
Suprema.

¿Qué ocurrió en el juicio por defraudación de ciento cincuenta
mil dólares contra el ex-presidente? Todos lo sabemos:
sindicación, proceso, orden de captura, escándalo público
interno e internacional, hasta que una de las Salas de la
misma Corte Suprema que regía el juez instructor del sumario,
dijo algo que haría sonreir a la Tristeza, aseguró que no
había delito, no había por tanto un delincuente, el señor
Febres Cordero era inocente. Uno de los magistrados de la
sala pidió que se declare la nulidad pues el proceso adolecía
de fallas esenciales. Nadie que no haya leído el expediente
sabrá en qué parte de la Corte Suprema -presidente o sala-
estuvo la razón ni los motivos para los pronunciamientos
discrepantes.

Es natural que los juicios penales interesen más a la sociedad
y por ello causan mayor alarma las iniquidades que ahí se
cometen; pero en los civiles se afecta a otros valores, como
el patrimonio, con el agravante de que las injusticias que en
ellos se consuman son menos conocidas. Hace unos meses un
juez de Guayaquil, consentido de la Corte Suprema y de la
Superior de ese distrito, a vista y paciencia de los dos
tribunales obligó a un demandado a pagar cerca de quinientos
millones de sucres no debidos y ­ni siquiera demandados!Ese
juez continúa "administrando justicia".

La lenidad alienta a los corruptos y los tribunales superiores
y supremo deberían recordar que nuestro Código Penal establece
un principio según el cual no impedir algo cuando hay la
obligación jurídica de hacerlo, equivale a ocasionarlo. Si
permiten que jueces delincuentes sigan ultrajando a la
justicia, embozados en la "sana crítica" o de manera
desembozada, la responsabilidad de verdaderos cómplices recae
en los superiores que no cumplen su insoslayable deber. (A-4).