La Otra Cara De Las Privatizaciones

LA OTRA CARA DE LAS PRIVATIZACIONES Por Econ. José Moncada*

Quito. 15.06.92. Una vez que en la primera vuelta de las
elecciones del 17 de mayo salieron victoriosos dos candidatos
de derecha que han proclamado su confianza en la
"modernización", el adelgazamiento del Estado, el fomento de
las exportaciones, la atracción al capital extranjero, la
renegociación de la deuda, una mayor flexibilización laboral,
la ejecución de nuevos y probablemente más severos ajustes
para vencer la inflación; parece oportuno hacer un esfuerzo
por examinar y comprender la naturaleza, el alcance y los
resultados que en otros países han generado la ejecución de
estrategias aperturistas y privatizantes y sobre la
cnveniencia de su aplicación a nuestra específica realidad.
Empecemos con la privatización del patrimonio estatal, que
constituye una característica común de las estrategias
aperturistas ejecutadas en varios países de América Latina,
bajo el reconocimiento de que con ella se iba y va a lograr
instaurar un sistema de libre competencia, adelgazar y
simultáneamente fortalecer al Estado para que cumpla sus
funciones con eficacia.

Bajo esta premisa, en Chile, de 460 empresas y 19 bancos
incorporados en 1976 a la CORFO, una institución estatal de
desarrollo, solo le quedaban dos empresas en 1990. Las firmas
privatizadas, en su mayor parte, pasaron a propiedad de
inversionistas extranjeros, miembros de las Fuerzas Armadas y
de importantes grupos empresariales nacionales, lo cual
significó que muchos monopolios estatales simplemente se
transformarán en monopolios privados.

En México, el proceso de privatizaciones adquirió mucha más
fuerza y consistencia con el presidente Salinas de Gortari,
quién desincorporó 140 empresas entre las que se destacan la
empresa nacional de teléfonos TELMEX, comprada por un
consorcio franco-norteamericano (Franco Cable y Southwestern
Bell) asociado con el grupo mexicano CARSO. Las empresas
aéreas fueron adquiridas por los grupos ICARO y XABRE; los
principales ingenios azucareros fueron comprados por los
grupos ESCORPION, SUCANON Y REDO. Es decir, también en este
caso, los monopolios estatales se transformaron en privados.

El gobierno del presidente Carlos Saúl Menen en Argentina
empezó privatizando los medios de comunicación como emisoras
radiales y canales de televisión que formaban parte del
patrimonio del Estado Argentino; se continuó luego con el
ENTEL vendido a dos grandes consorcios transnacionales:
COINTEL (integrado por Citicorp, Telefónica de España, Banco
Río y Techint) y TELECOM (de propiedad fundamental de France
Telecom J.P. Morgan, Stet y Perez Company). Se vendió luego
Aerolíneas Argentinas, la empresa de Ferrocarriles del Estado
y se ha anunciado que el proceso de privatización continuará
con la venta de empresas del sector energético, la
petroquímica, la acerías, la flota de ultramar y los puertos.

En el proceso de privatización de empresas estatales y para
atraer a la inversión extranjera y simultáneamente reducir la
pesada deuda externa, los gobiernos generalmente han
reconocido a los inversionistas foráneos y nacionales
interesados en adquirir las empresas en venta, títulos de duda
externa cotizados a su valor nominal, cuando en los mercados
financieros del exterior se podían conseguir al 20 o al 35 por
ciento de ese valor.

Al margen de que muchos analistas coinciden en señalar que en
el proceso de privatización, los precios y las condiciones en
que se vendieron algunas empresas, fueron deventajosas para
los respectivos Estados, se debe reconocer que, en los casos
citados, la venta de activos estatales les representó a los
gobiernos una considerable inyección de recursos, lo cual
temporalmente les permitió financiar sus déficit
presupuestarios, estabilizar las economías nacionales y
generar indicadores positivos de equilibrio y expansión.

Pero simultáneamente, se crearon rigideces en el gasto público
(En Chile, por ejemplo, las remuneraciones del personal
militar se indexaron al costo de la vida) que más adelante han
resultado difíciles de poder atender, sobre todo, frente a las
reducciones de los precios de los productos de exportaciones,
la elevación de los intereses de la deuda externa o la
disminución de los ingresos presupuestarios de los Estados, en
razón de las reducciones de los aranceles, otro de los
elementos de las estrategias aperturistas ejecutados para
reestructurar la economía interna y orientarla hacia el
exterior.

Por ello es que los gobiernos, cuando ya no les queda nada que
vender, se preocupan ahora por obtener ingresos frente a
exigencias de gasto incrementadas, en circunstancias en que
los sistemas tributarios continúan siendo regresivos y cuando
todo intento por gravar a los que más tienen suele enfrentarse
a serias resistencias que hasta se traducen en intentos de
desestabilización. Preocupan también las graves dificultades
que surgen por la desocupación. el aumento de la pobreza y la
concentración del ingreso y la riqueza que generalmente
acompañan a los procesos de aperturismo y adelgazamiento
estatal. Así por ejemplo, en Chile. considerado por muchos
como el modelo digno de imitar, el 40% más pobre de la
población recibe alrededor del 9% del ingreso, mientras que el
20% de la población, los más ricos, captan el 61% del ingreso.
En México, alrededor del 50% de la población se encuentra
afectada por la pobreza. En Argentina y Perú las cosas en este
sentido no son muy diferentes y a ello se debe que sigan
presentes y se intensifiquen las emigraciones forzosas y que
continúe floreciendo la "economía informal".

Por cierto que al anotar todas estas reflexiones, no es para
antagonizar por antagonizar con quienes son afectos a las
privatizaciones. Tampoco es para negar la existencia de graves
e inocultables deficiencias, burocratismos, prevendas en buena
parte del accionar de múltiples dependencias y empresas
estatales. Sin duda, estos casos responden, en alta
proporción, a la absurda tradición existente en nuestro país
de inflar la planta burocrática estatal como recompensa
político electoral; a la presencia de funciones duplicadas; a
la falta de control y de sanción a quienes comenten
despilfarros.

Lo que deseamos es básicamente subrayar que, a la luz de otras
experiencias. la reforma del Estado no debe ser concebida,
como la simple privatización de empresas públicas. El
propósito debe consistir en privilegiar toda gestión
encaminada a lograr la máxima coordinación y eficiencia en la
gestión gubernamental, en la perspectiva de satisfacer las
necesidades esenciales de todos los ecuatorianos.

Si hay que privatizar que se evite hacerlo a precios de
regalo, en desmedro de la soberanía nacional y sin tener en
consideración la suerte de miles de miles de ciudadanos. Al
fin y al cabo, la economía no es una simple técnica cuya
principal preocupación consista en superar desequilibrios
financieros y comerciales, economía es mucho más que eso. Es
una ciencia cuya preocupación esencial debe consistir en
contribuir a satisfacer las necesidades fundamentales del ser
humano. Sería tremendamente riesgoso construir un país con
indicadores estadísticos macroeconómicos positivos y estables,
afirmados sobre una realidad lacerante y miserable para la
mayoría de nuestros compatriotas.

Un proceso de privatización a ultranza, ejecutado en la
perspectiva de modernizar al Estado y a la sociedad nacional,
puede conducir al país a una situación de mayor desigualdad,
pobreza y agitación social, agravando en lugar de remediar sus
defectos fundamentales.

*Investigador, ex rector de la Universidad Central del
Ecuador.
(Tomado de Revista Económica CIFRA # 178. p.p. 4)