Quito. 9 jun 2001. "No existe en el Ecuador una polÃtica sistemática
contraria a esos derechos", dice el canciller Moeller
"...Me pusieron una funda de gas que me cubrÃa la cabeza, me introducÃan
un trapo lleno de gas en la boca y lo empujaban hasta la garganta, me
pateaban en las piernas, brazos, en el estómago y en la espalda (...) me
amenazaban con que me iban a poner corriente o con que me iban a colgar
si no decÃa la verdad" (torturado detenido por presunción de robo).
Ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas durante
los interrogatorios policiales, acoso y amenaza a testigos y abogados;
inhumanas condiciones de reclusión, detenciones arbitrarias. Estos son
algunos de los casos de violaciones a los derechos humanos en el
Ecuador, según el último informe presentado por AmnistÃa Internacional
(AI).
Los más de 20 casos documentados que se citan en la reseña están
atravesados por un eje fundamental que los agrupa a todos: la impunidad,
que para AmnistÃa Internacional estarÃa institucionalizada en el paÃs.
"La impunidad tal vez es peor incluso que los casos concretos de
violación a derechos humanos. La impunidad, la seguridad de que no habrá
un castigo, da la libertad para seguir cometiendo estos delitos. En
cierta medida, los legitima" dice Mónica López, de AI sección Ecuador.
"Finalmente, todo nuestro trabajo se centra en la lucha contra la
impunidad", agrega.
AmnistÃa Internacional señala como una de las principales causas para
que la impunidad sea práctica común en el paÃs a la competencia que se
le da a los tribunales policiales o militares para que sean ellos los
que juzguen a sus miembros frente a casos de violación de derechos
humanos.
"A delitos comunes, como el asesinato o la tortura, deben ponerse jueces
comunes, civiles", señala Elsie Monge, coordinadora de la Comisión
Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu), a la vez que concuerda con el
Comité de DDHH de la Organización de las Naciones Unidas.
Tras el informe de AmnistÃa Internacional, el canciller Heinz Moeller
-en representación del gobierno ecuatoriano- aseguró que "si bien se
producen ocasionalmente casos aislados que afectan los derechos humanos
individuales, de ninguna manera existe en el Ecuador una polÃtica
sistemática contraria a dichos derechos".
"En este paÃs, los casos aislados se repiten con demasiada frecuencia",
refuta Pablo de la Vega, presidente del Centro de Documentación en
Derechos Humanos Segundo Montes Mozo.
EstadÃsticas de la Cedhu del año 2000 señalan que el mayor número de
violaciones a derechos humanos se centran en arrestos arbitrarios y
agresiones fÃsicas.
"Una sola organización de derechos humanos documentó 18 casos de
personas cuyos cadáveres habÃan sido hallados en las afueras de la
ciudad (de Guayaquil), y que habÃan sido muertos a tiros en
circunstancias que sugerÃan que podÃan haber sido vÃctimas de
ejecuciones extrajudiciales. La mayorÃa de los fallecidos tenÃan
antecedentes penales, y muchos de los cuerpos mostraban señales de
tortura", dice AI en su informe.
Varias organizaciones de defensa de derechos humanos han alertado sobre
la posible aparición de grupos armados privados, encaminados a enfrentar
y reprimir directamente la delincuencia en ciudades como Guayaquil.
"La violencia como forma de enfrentar la delincuencia solo generará más
violencia", dice Elsie Monge. "La delincuencia es efecto de un problema
más grave".
"Más del 70% de los ecuatorianos viven en condiciones de pobreza; las
tres cuartas partes de la población no tiene empleo. En esa situación no
se puede hablar de respeto a los DDHH. Derechos humanos son también
seguridad de trabajo, alimentaria, de salud. AsÃ, las polÃticas
económicas de Estado violentan ya de por si los derechos de hombres y
mujeres".
Hacinamiento carcelario, otra forma de violencia
AmnistÃa Internacional en su informe también denunció las condiciones
de reclusión que sufren los detenidos que se encuentran bajo
investigación policial, definiéndolas como "crueles, inhumanas y
degradantes".
En Ecuador existen 33 centros de detención, con capacidad para 6 093
personas. Actualmente, según estadÃsticas de la Dirección Nacional de
Rehabilitación Social, hay 8 781 presos, de los que solo 2 909 tienen
sentencia.
Sin polÃticas penitenciarias ni planes de rehabilitación social, en un
espacio donde se mezclan hacinamiento, tráfico de drogas, violencia
formal e informal, extorsión y tortura, el sistema carcelario
ecuatoriano termina cometiendo una "violación masiva de derechos
humanos", como aducen varias organizaciones no gubernamentales.
Según la Cedhu -que maneja información principalmente de la provincia de
Pichincha-, durante el año 2000 se documentaron más de 600 arrestos
arbitrarios, asà como 50 casos de tortura. En 1997 la Fundación Regional
de AsesorÃa en Derechos Humanos señaló 306 casos de tortura en el Centro
de Detención Provisional de Quito.
El testimonio de Pedro Baque, otra prueba más del abuso
El 11 de febrero de 1999. Pedro Baque Tuárez y los hermanos Carlos y
Pedro Jaramillo son detenidos por ocho policÃas mientras viajan por una
carretera en el sector de Guabito, Portoviejo. Obedeciendo órdenes, los
tres levantan las manos. Un policÃa dispara. Pedro Jaramillo cae muerto.
Esposados y con los ojos vendados, Pedro Baque y Carlos Jaramillo son
llevados a una propiedad de la PolicÃa. Ahà los golpean, hasta que
nuevos disparos acaban con la vida de Carlos Jaramillo. Pedro Baque
recibe también varios balazos, que le perforan el abdomen, el brazo
izquierdo, los pómulos y el maxilar. Creyéndolo muerto, los uniformados
lo abandonan en el lugar.
Tras los hechos, cinco agentes de la PolicÃa Nacional fueron detenidos,
y a pedido de Baque y de los abogados de la familia Jaramillo, la Corte
Suprema de Justicia ordenó que la causa sea retirada de los tribunales
policiales y pase a manos del fuero civil. AmnistÃa reclama sobre la
lentitud del proceso judicial, que pone de manifiesto una aparente
ausencia de voluntad de enjuiciar a los responsables de violaciones
contra los derechos humanos.
Actualmente, tanto Baque como los familiares y abogados de los hermanos
Jaramillo están bajo protección militar, debido a las constantes
amenazas que han sufrido por parte de presuntos elementos de la PolicÃa.
(AAS)
¿Qué es AmnistÃa Internacional?
La organización fue fundada en 1961 para realizar una campaña urgente a
favor de los presos
AmnistÃa Internacional (AI) es una organización internacional de
activistas voluntarios, cuyo objetivo es "trabajar en defensa de los
presos de conciencia y de las vÃctimas de otras violaciones de derechos
humanos", independientemente de la postura polÃtica.
Fundada en 1961 para realizar una campaña a favor de los presos de
conciencia, el movimiento internacional -con sede en Londres- cuenta
ahora con más de un millón de miembros y suscriptores en 140 paÃses,
apoyado por 7 500 grupos locales. La organización se ha apersonado de
más de 45 000 casos alrededor del mundo.
Al recibir una denuncia particular, el secretariado de AI designa un
investigador -nunca del mismo paÃs de origen de la acusación- quien
realiza un seguimiento pormenorizado del caso, hasta recabar la
información que confirme una violación de derechos humanos. De no
recibir una respuesta aceptable por parte de las autoridades estatales
responsables, AmnistÃa hace pública la denuncia a escala mundial, a la
vez que realiza las denominadas "acciones urgentes":
En las "acciones urgentes", AmnistÃa difunde a toda su red mundial de
voluntarios las particularidades del caso, quienes bombardean con
telegramas, télex, fax, cartas urgentes a las autoridades responsables
-jefes de gobierno, ministros o autoridades policiales- en demanda del
inmediato restablecimiento de los derechos violentados. Durante el año
2000 se iniciaron 481 acciones de este tipo.
Asesinato de Hurtado pasa al olvido
El diputado Jaime Hurtado González, del Movimiento Popular Democrático
(MPD) fue asesinado junto a dos de sus asesores el 17 de febrero de
1999, en las cercanÃas del Congreso Nacional. Los asesinos, que
dispararon a quemarropa contra las vÃctimas, huyeron sin ser
identificados, aunque se presume que viajaron a Colombia. Poco después
fueron detenidos tres hombres inculpados de haber tenido participación
en el hecho.
Los tres detenidos en relación con el caso -Cristian Ponce, Sergei
Merino y Washington Aguirre- fueron sentenciados por asociación ilÃcita
a seis años de prisión. Gracias a las polÃticas de rebaja de penas y al
año jubilar, fueron liberados posteriormente, y el triple asesinato
quedó en la impunidad, pese a la formación de varias comisiones que
investigan el caso.
AmnistÃa Internacional asegura que tiene denuncias "fidedignas que
afirman que los autores del crimen estaban relacionadas con autoridades
a las que el congresista estaba investigando por presunto blanqueo de
dinero y tráfico de drogas". (AAS)
Entre la tortura sistemática y los casos que se denuncian
Las denuncias más relevantes fueron recogidas por el Comité Permanente
por la Defensa de los Derechos Humanos
Parte del informe que AmnistÃa Internacional presentó en mayo anterior y
que pone en mal predicamento la imagen del paÃs en materia de Derechos
Humanos fue elaborado con las denuncias consideradas relevantes, que el
Comité Permanente por la Defensa de estos derechos receptó en Guayaquil
durante el año 2000.
Billy Navarrete Benavides, coordinador de este comité, sostiene que solo
se enviaron las "denuncias que han sido motivo de verificación".
El informe de la organización internacional que provocó la reacción
inmediata del Gobierno da cuenta de una inadecuada práctica en los
procedimientos investigativos de la policÃa. Se alude a casos de
torturas, a los que el régimen califica de "aislados y que se producen
de manera ocasional".
Desde el Comando Provincial Guayas 2, Marco Cuvero, jefe de esta
dependencia, defiende la polÃtica de "transparencia" en los
procedimientos de la policÃa. "De tal manera que aquà no hay impunidad y
lo que siempre se ha considerado es el respeto y las garantÃas
individuales de las personas". No obstante, los registros que maneja el
Comité Permanente de Derechos Humanos de Guayaquil hacen referencia a
224 casos denunciados en Guayas sobre presuntos abusos cometidos por la
Fuerza Pública.
"Es una respuesta lógica de parte del Gobierno, trata de proteger sus
instituciones Los organismos de derechos humanos consideramos que no se
tratan de hechos aislados. Son tendencias que se marcan en la Fuerza
Pública", manifiesta Navarrete. El coordinador de esta organización
afirma que los casos que se manejan son verificados por un departamento
legal (6 abogados) y en los juzgados donde se presentan las denuncias.
"Es cierto que a veces puede existir una exageración, un aumento en la
versión por parte del denunciante, porque quiere presentar el hecho lo
más grave posible para llamar la atención. Eso nosotros lo verificamos",
añade.
Navarrete se aferra a la idea de que se está formando una tendencia
negativa en el momento de que la Fuerza Pública cumple con su deber.
"Son tendencias que se generan en algunos miembros de la PolicÃa. La
tortura es sistemática durante el proceso de investigación. Y no quiero
decir que esta sea la norma, pero se ve con frecuencia".
Navarrete pone de ejemplo casos de homosexuales detenidos entre octubre
y diciembre del año anterior en la calle Primero de Mayo de Guayaquil.
El Comité marcó una tendencia negativa en los partes policiales.
"Supuestamente se los detenÃa por atentar contra la moral. Los
perjudicados eran los moradores del sector, los testigos, transeúntes.
No hay nombres. Pero se los trató de la peor forma en el Centro de
Detención Provisional"
Marco Cuvero desmiente la versión de que los trabajos de la policÃa se
sujetan a estas tendencias y apela a la postura de los casos aislados:
"Si existe una denuncia, una información que llegue a mi conocimiento de
que alguien de la institución se ha desviado del procedimiento yo he
dispuesto investigaciones".
En este sentido, Navarrete afirma que son pocas las ocasiones en que
reciben una colaboración efectiva de la PolicÃa para investigar los
casos de supuestas torturas. " Hay lentitud. Se ha comprobado que los
mecanismos de impunidad son claros. Más del 70% se encuentran en
trámite".
De las denuncias que recoge el Comité Permanente de Derechos Humanos de
Guayaquil, 43 casos corresponden a supuestas torturas por parte de la
PolicÃa. "No somos autoridad para juzgar estos hechos, sin embargo, la
documentación que rodea estos casos hace pensar de que se cometieron
actos de tortura", sostiene Navarrete. (JVR)
-¿VÃctima de Más Seguridad?
Según una denuncia que resposa en el Comité de Defensa de los Derechos
Humanos, a las 03:20 de la madrugada del 27 de febrero anterior, Joffre
Antonio Aroca Palma, de 21 años, salió de su domicilio a esperar un bus
en compañÃa de varios amigos, con rumbo al balneario de Villamil,
Playas. A la altura de la calle 17 y Pedro P. Gómez, en Guayaquil, la
camioneta 115, color blanca, del Plan Más Seguridad se detuvo a una
inspección. Los agentes Carlos Rivera Cordero y Edison Yépez se bajaron
y le pidieron documentos.
Aroca señaló que no estaban haciendo nada malo y se negó a enseñar su
cédula de ciudadanÃa, según la misma denuncia. Ante la negativa lo
golpearon y lo tiraron al balde de la camioneta, mientras sus amigos y
una señora de avanzada edad solicitaron a los policÃas que no se lo
llevaran por cuanto no era ningún antisocial. Los uniformados expresaron
que se lo llevaban por "resabiado". Luego lo torturaron y fue asesinado
en un lugar despoblado, en la parte posterior del estadiode Barcelona.
Rivera, jefe de patrulla, (quien tiene dos juicios por asesinato) fue
quien disparó. Una semana después se halló su cadáver. "Recibió un
disparo por la espalda, luego que lo torturaron", señala Perla Aroca,
madre de la vÃctima, quien denunció el caso al Comité de Defensa de los
Derechos Humanos. El juicio 78-2001 se tramita en el Juzgado Quinto de
lo Penal del Guayas. (CHM)
ENTREVISTA
Nebot: la sanción al delincuente no implica el irrespeto a sus derechos
humanos
El alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot Saadi, encabeza el proyecto de "Más
Seguridad" encaminado a reducir los Ãndices de violencia del puerto
principal. La participación de la PolicÃa Nacional y el apoyo de las
cámaras de Industria y Comercio son claves en este proyecto.
"La sanción al hampón no implica el irrespeto a sus derechos humanos....
implica el respeto a la ley y la garantÃa de los derechos humanos de
todo el mundo, incluyendo al delincuente", opina el alcalde de
Guayaquil, Jaime Nebot, al analizar el trabajo conjunto entre la PolicÃa
y la Municipalidad, en el control de la delincuencia.
"No he sabido que, al menos en Guayaquil, la PolicÃa irrespete los
derechos humanos en el combate a la delincuencia, y si hubiese un caso
concreto se plantea y analiza y de haber razón se sanciona", dice el
funcionario, quien ejecuta el plan "Más Seguridad", conjuntamente con la
PolicÃa Nacional. Con Nebot se analizó la participación policial en el
abatimiento de los delincuentes y los reclamos de los organismos de
derechos humanos sobre los mecanismos de exterminio.
¿Cree que los resultados del plan Más Seguridad han reducido los actos
de violencia y delictivos de Guayaquil?
Soy un permanente insatisfecho, hasta con mi labor, porque siempre creo
que puedo hacer las cosas en mayor volumen, y mejor. De manera que los
logros no me producen sueños sobre los laureles.
¿Pero se han reducido o no los actos de los delincuentes contra los
ciudadanos?
Hemos reducido los niveles de delincuencia a 50%, pero el resto de ese
porcentaje que todavÃa queda, es intolerable aún, y tenemos que luchar
contra él, quizá, de manera más drástica, porque se trata de los
delincuentes más avezados. Por eso funcionan las recompensas.
¿La captura o el abatimiento de los hampones continúa?
Tengo noticias, no confirmadas aún, de que un séptimo de los
delincuentes más buscados habrÃa caÃdo preso.
¿Cuántos quedan aún sin apresar?
De los diez, quedan tres.
¿Y las recompensas... están funcionando?
Asà es, estamos atacando, en forma conjunta, los sectores en donde
llegan los carros robados y los desarticulan para vender sus piezas;
estamos tomando precauciones para modificar las disposiciones
municipales y exigir a los talleres mecánicos su respectiva
tasa-habilitación y otro requisitos que deben cumplir para que no
reciban carros robados.
¿Se cuenta con el equipamiento necesario, tanto de la PolicÃa Nacional y
especializada como de los municipales?
Estamos equipando al GOE, GIR y GAO, con chalecos, cascos y vehÃculos.
DÃa a dÃa luchamos junto a la PolicÃa, que ojalá el Gobierno la apoye
como debe ser, moral, económica y técnicamente, en esta batalla que es
interminable.
Organismos de derechos humanos han reclamado la forma cómo se extermina
a los delincuentes, esto es, sin dar detalles de cómo fallecieron. ¿Qué
opina?
Que yo haya sabido, no hay ningún motivo para ese reclamo; la sanción al
delincuente no implica el irrespeto a sus derechos humanos.... implica
el respeto a la ley y la garantÃa de los derechos humanos de todo el
mundo, incluyendo al delincuente.
¿Se ratifica que los delincuentes han sido abatidos por la PolicÃa?
Hasta donde conozco, y lo conozco bien porque asà lo dicen los partes
policiales, en el caso de los delincuentes abatidos, lo han sido por la
PolicÃa Nacional en acción y respondiendo con proporción, y esto es lo
importante más allá del tino y de la lógica, a las agresiones de la que
son vÃctimas los uniformados.
¿Conoce si la PolicÃa irrespeta los derechos humanos?
Me gustarÃa que las instituciones de DDHH investigaranlos derechos
humanos de los policÃas muertos y de sus familias. No he sabido que, al
menos en Guayaquil, la PolicÃa irrespete DDHH en el combate a la
delincuencia, y si hubiese un caso concreto, se plantea y analiza y, de
haber razón, se sanciona.
¿No hay cuerpos extraños en el control de la seguridad en Guayaquil?
Eso serÃa otro tipo de delincuencia, y en mi formación esa situación es
absolutamente inadmisible. (AM)
Muchas manos en los procesos penales
El Código de PolicÃa señala penas mayores, como tortura y asesinato, con
la condena máxima
El ministro Juez del IV Distrito de PolicÃa de Guayas, coronel Patricio
Adhathi, dice que tanto policÃas como militares y de Comisión de
Tránsito del Guayas (CTG) gozan de fuero de corte y son sancionados de
acuerdo con los delitos agravantes y atenuantes.
AsÃ, los miembros del orden son sometidos a investigaciones por agentes
especializados, que se encargan de recabar testimonios y evidencias del
delito cometido. El proceso transita después por sorteo a un juzgado del
distrito y pasa a órdenes del ministro juez, el cual se encarga de
evaluar la infracción y finalmente dictamina la sanción o pena
estipulada en el Código de PolicÃa o el Código de Procedimiento Penal,
para casos menores.
Para oficiales de alto rango, el proceso lo maneja el presidente del
distrito (máximo juez), quien sentencia los casos de abuso de
facultades, extorsión, tortura y asesinato.
Por delito de extorsión, la reclusión es de dos a cinco años. El abuso
de facultades, los reclamos formales, la falsificación de documentos,
los despachos adulterados y la mala fe policial, se castigan de tres
meses a dos años de reclusión y de seis a nueve años, respectivamente.
El Código de PolicÃa señala penas mayores, como tortura y asesinato, con
la condena máxima: 12 a 16 años. Por su parte, el Juez Tercero de lo
Penal del Guayas, Reinaldo Cevallos Cercado, manifiesta que uno de los
problemas en el sistema judicial es la falta de dominio que algunos
jueces tienen de la legislación.
Afirma que los procesos no se impulsan muchas veces por la presión de
los medios de información, por personas con poder económico o polÃtico,
por los abogados que ejercen la defensa, la policÃa o por superiores de
los departamentos del poder judicial.
En la tramitación de un proceso penal, intervienen muchas "manos" con
distintos propósitos. Los jueces impulsan el juicio hasta lograr que las
distintas etapas del sumario lleguen a la culminación decisiva, es
decir, cuando el Tribunal Penal dictamina sentencia.
"En los juicios nos enfrentamos a la corrupción, ya que si se cometen
actos menores, corremos el riesgo de la destitución, remoción,
amonestaciones, suspenciones de cinco a diez dÃas y multas de 10 al 50%
del sueldo base", argumenta. (CHM)
ENTREVISTA
"En teorÃa, el paÃs respeta los DDHH"
Alexis Ponce, vocero de la Asamblea Permanentede Derechos Humanos
(APDH), denuncia una posible consolidación de grupos armados de
seguridad privada a escala nacional, que podrÃan derivar en
organizaciones paramilitares, tal como sucedió en el caso colombiano.
Una de las principales preocupaciones de la mayorÃa de las
organizaciones de DDHH en el paÃs es una posible campaña de legitimación
y aprobación social de las violaciones a derechos los humanos, a partir
de la exigencia ciudadana de mayor seguridad.
Alexis Ponce ve en el proyecto estatal de derechos humanos, propuesto
por el Gobierno, la intención de banalizar y burocratizar el problema.
¿Cuál es la situación actual de los DDHH en el paÃs?
Hay un deterioro preocupante que empieza a profundizarse desde el año
1999, y toma mayor énfasis en 2000, paralelo a la crisis: a mayor crisis
social, mayores ambientes autoritarios y mayores casos de abuso de
poder. Si hasta 1999 nosotros tenÃamos registradas entre ejecuciones
extrajudiciales, torturas, hostigamientos, etc., alrededor de 148 casos,
en 2000 llegamos ya a más de 300 casos, ninguno de los cuales ha sido
resuelto, lo que nos presenta un factor central de la situación de DDHH:
la impunidad, en la cual están vinculados fuerza pública y elementos
privados de violencia.
¿Elementos privados de violencia?
En Santo Domingo de los Colorados, los empresarios y hacendados,
victimas de la zozobra delictiva, han anunciado públicamente la
organización de grupos privados, en parecida experiencia a los inicios
del paramilitarismo en Colombia. Desde la década de los noventa
empezamos a registrar casos cada vez más numerosos en Esmeraldas,
Guayas, Los RÃos, el sector de La Maná, Imbabura. Ni el Estado ni la
fuerza pública pueden ahora olvidarse de un principio legal: el
monopolio de la fuerza es únicamente del Estado, no pueden ser entes
privados los que manejen esto. Hay que parar la violencia embrionaria,
privada, que al unificarse con elementos corruptos o violentos de fuerza
pública, sin paga, puede originar fenómenos como el colombiano.
El Gobierno Nacional señala que los casos de ruptura a los derechos
humanos son aislados y no responden a una polÃtica sistemática...
El Gobierno esta empeñado en difundir la idea de que en el paÃs se
respetan los derechos humanos, que son casos excepcionales y que incluso
existe alianza con la sociedad civil para la aprobación de este famoso
plan estatal de DDHH. Esto es parte de otro fenómeno que en los
próximos años dará expresiones concretas: la banalización y
burocratización de los DDHH. Internamente tú puedes despreciar los DDHH,
violentarlos o dejar que la situación se deteriore, pero a escala
internacional, la burocratización se da por la enorme cantidad de normas
que existen, y en esto el Ecuador, en teorÃa, es el primer paÃs en
respetarlas. Junto con esto, la creación inusitada de oficinas de DDHH
en muchas de las instancias estatales, que parecerÃan creadas no para
investigar delitos y abusos de poder, sino para indicar ante la
comunidad internacional que todo está bien, y también para recoger la
cosecha, para gestionar proyectos ante la ONU para educación, defensa,
promoción de derechos humanos.
¿Cual es la actitud del Gobierno ante las organizaciones de DDHH?
Cuando el presidente de la República nos trata de majaderos, que
molestamos al paÃs, o cuando el vicepresidente dice que la extrema
izquierda se escuda tras los DDHH o el ecologismo, eso crea una
atmósfera de hostilidad que recuerda el lenguaje de los dictadores de
los setenta. Desde la autoridad polÃtica hay un discurso, una ideologÃa,
un pensamiento autoritario, ultraconservador, si no se expresa en
órdenes directas se puede expresar en lo otro, en el dejar pasar los
abusos.
¿SerÃa entonces el Estado responsable de la situación de ruptura a los
DDHH en el paÃs?
La impunidad tiene diversos eslabones: leyes injustas, administración de
justicia anómala, poder polÃtico vinculado, dirección de cárceles que
hacen de todo menos rehabilitar, falta de investigación sobre la
violencia concreta. Hay un fenómeno nuevo que nos preocupa sobremanera:
un ambiente en el que en nombre de la seguridad ciudadana se legitima la
violación de los derechos humanos. En el caso de Guayaquil, por ejemplo,
se da un ambiente social, ideológico y propagandÃstico que legitima el
autoritarismo. Se exponen las "ventajas" de romper los derechos
ciudadanos, bajo un criterio temible: que todo aquello que implique
defensa de derechos humanos equivale de manera inmediata a defensa de
los delincuentes. (AAI)
DDHH
-Alexis Ponce aseguró que en el paÃs existe un ambiente de
hostigamiento y amenazas contra las organizaciones de DDHH.
-El Ministerio de Gobierno asignó escoltas policÃales a integrantes de
la Asamplea Permanente de Derechos Humanos, luego de una serie de
amenazas de muerte anónimas.
-La APDH asegura haber sido vÃctima de invasión en sus sistemas
electrónicos. Ponce atribuye la acción a una Unidad de Inteligencia
Técnica.
-La organización AmnistÃa Internacional lleva adelante un "programa de
mecanismos de protección para los defensores de los Derechos Humanos en
riesgo, en paÃses como Brasil, Guatemala y Colombia. (AAI)
ANALISIS
PolÃtica del disimulo
El Gobierno de Gustavo Noboa, en su calidad de representación
institucional del Estado ecuatoriano, ha respondido con una tibieza
preocupante a las denuncias formuladas por AmnistÃa Internacional, en su
último Informe.
Si se tomara prestado un juicio severo del artista quiteño Miguel Varea,
podrÃamos decir que el Gobierno levanta la estética del disimulo como
polÃtica gubernamental, en materia de DDHH.
El Informe de AmnistÃa tomó desprevenido al régimen, que apenas pudo
procesar argumentos de carácter diplomático, con lo cual demostró que,
en su óptica, el problema de las violaciones a los derechos
fundamentales en el Ecuador es su preocupación en tanto afecta la imagen
internacional del paÃs, aunque casa adentro reine la barbarie.
Nada se ha dicho, nada se ha prometido para eliminar la impunidad que
es, quizás, la mayor causa de violencia institucional. Tampoco, que una
tentación peligrosÃsima, que acompaña la gestión de las autoridades
obligadas a enfrentar la violencia delincuencial o polÃtica, es caer en
el pecado del autoritarismo. Aquello porque el control social es mÃnimo
y porque una ideologÃa desesperada, pero admitida sin beneficio de
inventario, no encuentra otro camino para conseguir la seguridad
colectiva que las vÃas más duras, donde los derechos de la persona son
dejados de lado, usualmente.
Es cierto que las violaciones a los DDHH son más numerosas y más
escandalosas cuando la pobreza también aumenta. Pero también es cierto
que los gobiernos hacen poco por atenuar o combatir la miseria.
AmnistÃa Internacional ha dicho que si bien ha caÃdo el Muro de BerlÃn,
los muros de la hipocrecÃa siguen en pie. (DCM)
Gobierno: Informe no es actualizado
"El informe de AmnistÃa Internacional sobre la situación de los derechos
humanos en el Ecuador no cuenta con datos actuales, está retrasado y
cubre el perÃodo de 1999, que ya lo cubrió el año anterior". Asà lo
sostiene el embajador Francisco Proaño, titular de la Dirección de
Derechos Humanos de la CancillerÃa.
El diplomático asegura que el informe presentado por el organismo
internacional no recoge los esfuerzos que realiza el Ecuador, para
implementar una polÃtica de protección y respeto a los derechos humanos.
Entre esos esfuerzos cita al Plan Nacional de Derechos Humanos, aprobado
en 1998, elaborado con la participación de varias organizaciones
sociales, y cuya ejecución entrará en plena vigencia a más tardar a
fines de este año o principios del próximo, señala.
Los objetivos del Plan
"Su objetivo es el de fomentar y garantizar el desarrollo integral de
las personas, en condiciones de respeto, defensa y promoción de los
derechos humanos, es decir, es preventivo y no sancionador", indica.
Asegura que si bien se pueden presentar casos en los que se han
violentado los derechos de una persona, "esto no es un polÃtica
arraigada en el Ecuador y son casos aislados que de hecho tienen que ser
sancionados drásticamente". (PACH)(Diario Hoy) (Blanco y Negro)
contraria a esos derechos", dice el canciller Moeller
"...Me pusieron una funda de gas que me cubrÃa la cabeza, me introducÃan
un trapo lleno de gas en la boca y lo empujaban hasta la garganta, me
pateaban en las piernas, brazos, en el estómago y en la espalda (...) me
amenazaban con que me iban a poner corriente o con que me iban a colgar
si no decÃa la verdad" (torturado detenido por presunción de robo).
Ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas durante
los interrogatorios policiales, acoso y amenaza a testigos y abogados;
inhumanas condiciones de reclusión, detenciones arbitrarias. Estos son
algunos de los casos de violaciones a los derechos humanos en el
Ecuador, según el último informe presentado por AmnistÃa Internacional
(AI).
Los más de 20 casos documentados que se citan en la reseña están
atravesados por un eje fundamental que los agrupa a todos: la impunidad,
que para AmnistÃa Internacional estarÃa institucionalizada en el paÃs.
"La impunidad tal vez es peor incluso que los casos concretos de
violación a derechos humanos. La impunidad, la seguridad de que no habrá
un castigo, da la libertad para seguir cometiendo estos delitos. En
cierta medida, los legitima" dice Mónica López, de AI sección Ecuador.
"Finalmente, todo nuestro trabajo se centra en la lucha contra la
impunidad", agrega.
AmnistÃa Internacional señala como una de las principales causas para
que la impunidad sea práctica común en el paÃs a la competencia que se
le da a los tribunales policiales o militares para que sean ellos los
que juzguen a sus miembros frente a casos de violación de derechos
humanos.
"A delitos comunes, como el asesinato o la tortura, deben ponerse jueces
comunes, civiles", señala Elsie Monge, coordinadora de la Comisión
Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu), a la vez que concuerda con el
Comité de DDHH de la Organización de las Naciones Unidas.
Tras el informe de AmnistÃa Internacional, el canciller Heinz Moeller
-en representación del gobierno ecuatoriano- aseguró que "si bien se
producen ocasionalmente casos aislados que afectan los derechos humanos
individuales, de ninguna manera existe en el Ecuador una polÃtica
sistemática contraria a dichos derechos".
"En este paÃs, los casos aislados se repiten con demasiada frecuencia",
refuta Pablo de la Vega, presidente del Centro de Documentación en
Derechos Humanos Segundo Montes Mozo.
EstadÃsticas de la Cedhu del año 2000 señalan que el mayor número de
violaciones a derechos humanos se centran en arrestos arbitrarios y
agresiones fÃsicas.
"Una sola organización de derechos humanos documentó 18 casos de
personas cuyos cadáveres habÃan sido hallados en las afueras de la
ciudad (de Guayaquil), y que habÃan sido muertos a tiros en
circunstancias que sugerÃan que podÃan haber sido vÃctimas de
ejecuciones extrajudiciales. La mayorÃa de los fallecidos tenÃan
antecedentes penales, y muchos de los cuerpos mostraban señales de
tortura", dice AI en su informe.
Varias organizaciones de defensa de derechos humanos han alertado sobre
la posible aparición de grupos armados privados, encaminados a enfrentar
y reprimir directamente la delincuencia en ciudades como Guayaquil.
"La violencia como forma de enfrentar la delincuencia solo generará más
violencia", dice Elsie Monge. "La delincuencia es efecto de un problema
más grave".
"Más del 70% de los ecuatorianos viven en condiciones de pobreza; las
tres cuartas partes de la población no tiene empleo. En esa situación no
se puede hablar de respeto a los DDHH. Derechos humanos son también
seguridad de trabajo, alimentaria, de salud. AsÃ, las polÃticas
económicas de Estado violentan ya de por si los derechos de hombres y
mujeres".
Hacinamiento carcelario, otra forma de violencia
AmnistÃa Internacional en su informe también denunció las condiciones
de reclusión que sufren los detenidos que se encuentran bajo
investigación policial, definiéndolas como "crueles, inhumanas y
degradantes".
En Ecuador existen 33 centros de detención, con capacidad para 6 093
personas. Actualmente, según estadÃsticas de la Dirección Nacional de
Rehabilitación Social, hay 8 781 presos, de los que solo 2 909 tienen
sentencia.
Sin polÃticas penitenciarias ni planes de rehabilitación social, en un
espacio donde se mezclan hacinamiento, tráfico de drogas, violencia
formal e informal, extorsión y tortura, el sistema carcelario
ecuatoriano termina cometiendo una "violación masiva de derechos
humanos", como aducen varias organizaciones no gubernamentales.
Según la Cedhu -que maneja información principalmente de la provincia de
Pichincha-, durante el año 2000 se documentaron más de 600 arrestos
arbitrarios, asà como 50 casos de tortura. En 1997 la Fundación Regional
de AsesorÃa en Derechos Humanos señaló 306 casos de tortura en el Centro
de Detención Provisional de Quito.
El testimonio de Pedro Baque, otra prueba más del abuso
El 11 de febrero de 1999. Pedro Baque Tuárez y los hermanos Carlos y
Pedro Jaramillo son detenidos por ocho policÃas mientras viajan por una
carretera en el sector de Guabito, Portoviejo. Obedeciendo órdenes, los
tres levantan las manos. Un policÃa dispara. Pedro Jaramillo cae muerto.
Esposados y con los ojos vendados, Pedro Baque y Carlos Jaramillo son
llevados a una propiedad de la PolicÃa. Ahà los golpean, hasta que
nuevos disparos acaban con la vida de Carlos Jaramillo. Pedro Baque
recibe también varios balazos, que le perforan el abdomen, el brazo
izquierdo, los pómulos y el maxilar. Creyéndolo muerto, los uniformados
lo abandonan en el lugar.
Tras los hechos, cinco agentes de la PolicÃa Nacional fueron detenidos,
y a pedido de Baque y de los abogados de la familia Jaramillo, la Corte
Suprema de Justicia ordenó que la causa sea retirada de los tribunales
policiales y pase a manos del fuero civil. AmnistÃa reclama sobre la
lentitud del proceso judicial, que pone de manifiesto una aparente
ausencia de voluntad de enjuiciar a los responsables de violaciones
contra los derechos humanos.
Actualmente, tanto Baque como los familiares y abogados de los hermanos
Jaramillo están bajo protección militar, debido a las constantes
amenazas que han sufrido por parte de presuntos elementos de la PolicÃa.
(AAS)
¿Qué es AmnistÃa Internacional?
La organización fue fundada en 1961 para realizar una campaña urgente a
favor de los presos
AmnistÃa Internacional (AI) es una organización internacional de
activistas voluntarios, cuyo objetivo es "trabajar en defensa de los
presos de conciencia y de las vÃctimas de otras violaciones de derechos
humanos", independientemente de la postura polÃtica.
Fundada en 1961 para realizar una campaña a favor de los presos de
conciencia, el movimiento internacional -con sede en Londres- cuenta
ahora con más de un millón de miembros y suscriptores en 140 paÃses,
apoyado por 7 500 grupos locales. La organización se ha apersonado de
más de 45 000 casos alrededor del mundo.
Al recibir una denuncia particular, el secretariado de AI designa un
investigador -nunca del mismo paÃs de origen de la acusación- quien
realiza un seguimiento pormenorizado del caso, hasta recabar la
información que confirme una violación de derechos humanos. De no
recibir una respuesta aceptable por parte de las autoridades estatales
responsables, AmnistÃa hace pública la denuncia a escala mundial, a la
vez que realiza las denominadas "acciones urgentes":
En las "acciones urgentes", AmnistÃa difunde a toda su red mundial de
voluntarios las particularidades del caso, quienes bombardean con
telegramas, télex, fax, cartas urgentes a las autoridades responsables
-jefes de gobierno, ministros o autoridades policiales- en demanda del
inmediato restablecimiento de los derechos violentados. Durante el año
2000 se iniciaron 481 acciones de este tipo.
Asesinato de Hurtado pasa al olvido
El diputado Jaime Hurtado González, del Movimiento Popular Democrático
(MPD) fue asesinado junto a dos de sus asesores el 17 de febrero de
1999, en las cercanÃas del Congreso Nacional. Los asesinos, que
dispararon a quemarropa contra las vÃctimas, huyeron sin ser
identificados, aunque se presume que viajaron a Colombia. Poco después
fueron detenidos tres hombres inculpados de haber tenido participación
en el hecho.
Los tres detenidos en relación con el caso -Cristian Ponce, Sergei
Merino y Washington Aguirre- fueron sentenciados por asociación ilÃcita
a seis años de prisión. Gracias a las polÃticas de rebaja de penas y al
año jubilar, fueron liberados posteriormente, y el triple asesinato
quedó en la impunidad, pese a la formación de varias comisiones que
investigan el caso.
AmnistÃa Internacional asegura que tiene denuncias "fidedignas que
afirman que los autores del crimen estaban relacionadas con autoridades
a las que el congresista estaba investigando por presunto blanqueo de
dinero y tráfico de drogas". (AAS)
Entre la tortura sistemática y los casos que se denuncian
Las denuncias más relevantes fueron recogidas por el Comité Permanente
por la Defensa de los Derechos Humanos
Parte del informe que AmnistÃa Internacional presentó en mayo anterior y
que pone en mal predicamento la imagen del paÃs en materia de Derechos
Humanos fue elaborado con las denuncias consideradas relevantes, que el
Comité Permanente por la Defensa de estos derechos receptó en Guayaquil
durante el año 2000.
Billy Navarrete Benavides, coordinador de este comité, sostiene que solo
se enviaron las "denuncias que han sido motivo de verificación".
El informe de la organización internacional que provocó la reacción
inmediata del Gobierno da cuenta de una inadecuada práctica en los
procedimientos investigativos de la policÃa. Se alude a casos de
torturas, a los que el régimen califica de "aislados y que se producen
de manera ocasional".
Desde el Comando Provincial Guayas 2, Marco Cuvero, jefe de esta
dependencia, defiende la polÃtica de "transparencia" en los
procedimientos de la policÃa. "De tal manera que aquà no hay impunidad y
lo que siempre se ha considerado es el respeto y las garantÃas
individuales de las personas". No obstante, los registros que maneja el
Comité Permanente de Derechos Humanos de Guayaquil hacen referencia a
224 casos denunciados en Guayas sobre presuntos abusos cometidos por la
Fuerza Pública.
"Es una respuesta lógica de parte del Gobierno, trata de proteger sus
instituciones Los organismos de derechos humanos consideramos que no se
tratan de hechos aislados. Son tendencias que se marcan en la Fuerza
Pública", manifiesta Navarrete. El coordinador de esta organización
afirma que los casos que se manejan son verificados por un departamento
legal (6 abogados) y en los juzgados donde se presentan las denuncias.
"Es cierto que a veces puede existir una exageración, un aumento en la
versión por parte del denunciante, porque quiere presentar el hecho lo
más grave posible para llamar la atención. Eso nosotros lo verificamos",
añade.
Navarrete se aferra a la idea de que se está formando una tendencia
negativa en el momento de que la Fuerza Pública cumple con su deber.
"Son tendencias que se generan en algunos miembros de la PolicÃa. La
tortura es sistemática durante el proceso de investigación. Y no quiero
decir que esta sea la norma, pero se ve con frecuencia".
Navarrete pone de ejemplo casos de homosexuales detenidos entre octubre
y diciembre del año anterior en la calle Primero de Mayo de Guayaquil.
El Comité marcó una tendencia negativa en los partes policiales.
"Supuestamente se los detenÃa por atentar contra la moral. Los
perjudicados eran los moradores del sector, los testigos, transeúntes.
No hay nombres. Pero se los trató de la peor forma en el Centro de
Detención Provisional"
Marco Cuvero desmiente la versión de que los trabajos de la policÃa se
sujetan a estas tendencias y apela a la postura de los casos aislados:
"Si existe una denuncia, una información que llegue a mi conocimiento de
que alguien de la institución se ha desviado del procedimiento yo he
dispuesto investigaciones".
En este sentido, Navarrete afirma que son pocas las ocasiones en que
reciben una colaboración efectiva de la PolicÃa para investigar los
casos de supuestas torturas. " Hay lentitud. Se ha comprobado que los
mecanismos de impunidad son claros. Más del 70% se encuentran en
trámite".
De las denuncias que recoge el Comité Permanente de Derechos Humanos de
Guayaquil, 43 casos corresponden a supuestas torturas por parte de la
PolicÃa. "No somos autoridad para juzgar estos hechos, sin embargo, la
documentación que rodea estos casos hace pensar de que se cometieron
actos de tortura", sostiene Navarrete. (JVR)
-¿VÃctima de Más Seguridad?
Según una denuncia que resposa en el Comité de Defensa de los Derechos
Humanos, a las 03:20 de la madrugada del 27 de febrero anterior, Joffre
Antonio Aroca Palma, de 21 años, salió de su domicilio a esperar un bus
en compañÃa de varios amigos, con rumbo al balneario de Villamil,
Playas. A la altura de la calle 17 y Pedro P. Gómez, en Guayaquil, la
camioneta 115, color blanca, del Plan Más Seguridad se detuvo a una
inspección. Los agentes Carlos Rivera Cordero y Edison Yépez se bajaron
y le pidieron documentos.
Aroca señaló que no estaban haciendo nada malo y se negó a enseñar su
cédula de ciudadanÃa, según la misma denuncia. Ante la negativa lo
golpearon y lo tiraron al balde de la camioneta, mientras sus amigos y
una señora de avanzada edad solicitaron a los policÃas que no se lo
llevaran por cuanto no era ningún antisocial. Los uniformados expresaron
que se lo llevaban por "resabiado". Luego lo torturaron y fue asesinado
en un lugar despoblado, en la parte posterior del estadiode Barcelona.
Rivera, jefe de patrulla, (quien tiene dos juicios por asesinato) fue
quien disparó. Una semana después se halló su cadáver. "Recibió un
disparo por la espalda, luego que lo torturaron", señala Perla Aroca,
madre de la vÃctima, quien denunció el caso al Comité de Defensa de los
Derechos Humanos. El juicio 78-2001 se tramita en el Juzgado Quinto de
lo Penal del Guayas. (CHM)
ENTREVISTA
Nebot: la sanción al delincuente no implica el irrespeto a sus derechos
humanos
El alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot Saadi, encabeza el proyecto de "Más
Seguridad" encaminado a reducir los Ãndices de violencia del puerto
principal. La participación de la PolicÃa Nacional y el apoyo de las
cámaras de Industria y Comercio son claves en este proyecto.
"La sanción al hampón no implica el irrespeto a sus derechos humanos....
implica el respeto a la ley y la garantÃa de los derechos humanos de
todo el mundo, incluyendo al delincuente", opina el alcalde de
Guayaquil, Jaime Nebot, al analizar el trabajo conjunto entre la PolicÃa
y la Municipalidad, en el control de la delincuencia.
"No he sabido que, al menos en Guayaquil, la PolicÃa irrespete los
derechos humanos en el combate a la delincuencia, y si hubiese un caso
concreto se plantea y analiza y de haber razón se sanciona", dice el
funcionario, quien ejecuta el plan "Más Seguridad", conjuntamente con la
PolicÃa Nacional. Con Nebot se analizó la participación policial en el
abatimiento de los delincuentes y los reclamos de los organismos de
derechos humanos sobre los mecanismos de exterminio.
¿Cree que los resultados del plan Más Seguridad han reducido los actos
de violencia y delictivos de Guayaquil?
Soy un permanente insatisfecho, hasta con mi labor, porque siempre creo
que puedo hacer las cosas en mayor volumen, y mejor. De manera que los
logros no me producen sueños sobre los laureles.
¿Pero se han reducido o no los actos de los delincuentes contra los
ciudadanos?
Hemos reducido los niveles de delincuencia a 50%, pero el resto de ese
porcentaje que todavÃa queda, es intolerable aún, y tenemos que luchar
contra él, quizá, de manera más drástica, porque se trata de los
delincuentes más avezados. Por eso funcionan las recompensas.
¿La captura o el abatimiento de los hampones continúa?
Tengo noticias, no confirmadas aún, de que un séptimo de los
delincuentes más buscados habrÃa caÃdo preso.
¿Cuántos quedan aún sin apresar?
De los diez, quedan tres.
¿Y las recompensas... están funcionando?
Asà es, estamos atacando, en forma conjunta, los sectores en donde
llegan los carros robados y los desarticulan para vender sus piezas;
estamos tomando precauciones para modificar las disposiciones
municipales y exigir a los talleres mecánicos su respectiva
tasa-habilitación y otro requisitos que deben cumplir para que no
reciban carros robados.
¿Se cuenta con el equipamiento necesario, tanto de la PolicÃa Nacional y
especializada como de los municipales?
Estamos equipando al GOE, GIR y GAO, con chalecos, cascos y vehÃculos.
DÃa a dÃa luchamos junto a la PolicÃa, que ojalá el Gobierno la apoye
como debe ser, moral, económica y técnicamente, en esta batalla que es
interminable.
Organismos de derechos humanos han reclamado la forma cómo se extermina
a los delincuentes, esto es, sin dar detalles de cómo fallecieron. ¿Qué
opina?
Que yo haya sabido, no hay ningún motivo para ese reclamo; la sanción al
delincuente no implica el irrespeto a sus derechos humanos.... implica
el respeto a la ley y la garantÃa de los derechos humanos de todo el
mundo, incluyendo al delincuente.
¿Se ratifica que los delincuentes han sido abatidos por la PolicÃa?
Hasta donde conozco, y lo conozco bien porque asà lo dicen los partes
policiales, en el caso de los delincuentes abatidos, lo han sido por la
PolicÃa Nacional en acción y respondiendo con proporción, y esto es lo
importante más allá del tino y de la lógica, a las agresiones de la que
son vÃctimas los uniformados.
¿Conoce si la PolicÃa irrespeta los derechos humanos?
Me gustarÃa que las instituciones de DDHH investigaranlos derechos
humanos de los policÃas muertos y de sus familias. No he sabido que, al
menos en Guayaquil, la PolicÃa irrespete DDHH en el combate a la
delincuencia, y si hubiese un caso concreto, se plantea y analiza y, de
haber razón, se sanciona.
¿No hay cuerpos extraños en el control de la seguridad en Guayaquil?
Eso serÃa otro tipo de delincuencia, y en mi formación esa situación es
absolutamente inadmisible. (AM)
Muchas manos en los procesos penales
El Código de PolicÃa señala penas mayores, como tortura y asesinato, con
la condena máxima
El ministro Juez del IV Distrito de PolicÃa de Guayas, coronel Patricio
Adhathi, dice que tanto policÃas como militares y de Comisión de
Tránsito del Guayas (CTG) gozan de fuero de corte y son sancionados de
acuerdo con los delitos agravantes y atenuantes.
AsÃ, los miembros del orden son sometidos a investigaciones por agentes
especializados, que se encargan de recabar testimonios y evidencias del
delito cometido. El proceso transita después por sorteo a un juzgado del
distrito y pasa a órdenes del ministro juez, el cual se encarga de
evaluar la infracción y finalmente dictamina la sanción o pena
estipulada en el Código de PolicÃa o el Código de Procedimiento Penal,
para casos menores.
Para oficiales de alto rango, el proceso lo maneja el presidente del
distrito (máximo juez), quien sentencia los casos de abuso de
facultades, extorsión, tortura y asesinato.
Por delito de extorsión, la reclusión es de dos a cinco años. El abuso
de facultades, los reclamos formales, la falsificación de documentos,
los despachos adulterados y la mala fe policial, se castigan de tres
meses a dos años de reclusión y de seis a nueve años, respectivamente.
El Código de PolicÃa señala penas mayores, como tortura y asesinato, con
la condena máxima: 12 a 16 años. Por su parte, el Juez Tercero de lo
Penal del Guayas, Reinaldo Cevallos Cercado, manifiesta que uno de los
problemas en el sistema judicial es la falta de dominio que algunos
jueces tienen de la legislación.
Afirma que los procesos no se impulsan muchas veces por la presión de
los medios de información, por personas con poder económico o polÃtico,
por los abogados que ejercen la defensa, la policÃa o por superiores de
los departamentos del poder judicial.
En la tramitación de un proceso penal, intervienen muchas "manos" con
distintos propósitos. Los jueces impulsan el juicio hasta lograr que las
distintas etapas del sumario lleguen a la culminación decisiva, es
decir, cuando el Tribunal Penal dictamina sentencia.
"En los juicios nos enfrentamos a la corrupción, ya que si se cometen
actos menores, corremos el riesgo de la destitución, remoción,
amonestaciones, suspenciones de cinco a diez dÃas y multas de 10 al 50%
del sueldo base", argumenta. (CHM)
ENTREVISTA
"En teorÃa, el paÃs respeta los DDHH"
Alexis Ponce, vocero de la Asamblea Permanentede Derechos Humanos
(APDH), denuncia una posible consolidación de grupos armados de
seguridad privada a escala nacional, que podrÃan derivar en
organizaciones paramilitares, tal como sucedió en el caso colombiano.
Una de las principales preocupaciones de la mayorÃa de las
organizaciones de DDHH en el paÃs es una posible campaña de legitimación
y aprobación social de las violaciones a derechos los humanos, a partir
de la exigencia ciudadana de mayor seguridad.
Alexis Ponce ve en el proyecto estatal de derechos humanos, propuesto
por el Gobierno, la intención de banalizar y burocratizar el problema.
¿Cuál es la situación actual de los DDHH en el paÃs?
Hay un deterioro preocupante que empieza a profundizarse desde el año
1999, y toma mayor énfasis en 2000, paralelo a la crisis: a mayor crisis
social, mayores ambientes autoritarios y mayores casos de abuso de
poder. Si hasta 1999 nosotros tenÃamos registradas entre ejecuciones
extrajudiciales, torturas, hostigamientos, etc., alrededor de 148 casos,
en 2000 llegamos ya a más de 300 casos, ninguno de los cuales ha sido
resuelto, lo que nos presenta un factor central de la situación de DDHH:
la impunidad, en la cual están vinculados fuerza pública y elementos
privados de violencia.
¿Elementos privados de violencia?
En Santo Domingo de los Colorados, los empresarios y hacendados,
victimas de la zozobra delictiva, han anunciado públicamente la
organización de grupos privados, en parecida experiencia a los inicios
del paramilitarismo en Colombia. Desde la década de los noventa
empezamos a registrar casos cada vez más numerosos en Esmeraldas,
Guayas, Los RÃos, el sector de La Maná, Imbabura. Ni el Estado ni la
fuerza pública pueden ahora olvidarse de un principio legal: el
monopolio de la fuerza es únicamente del Estado, no pueden ser entes
privados los que manejen esto. Hay que parar la violencia embrionaria,
privada, que al unificarse con elementos corruptos o violentos de fuerza
pública, sin paga, puede originar fenómenos como el colombiano.
El Gobierno Nacional señala que los casos de ruptura a los derechos
humanos son aislados y no responden a una polÃtica sistemática...
El Gobierno esta empeñado en difundir la idea de que en el paÃs se
respetan los derechos humanos, que son casos excepcionales y que incluso
existe alianza con la sociedad civil para la aprobación de este famoso
plan estatal de DDHH. Esto es parte de otro fenómeno que en los
próximos años dará expresiones concretas: la banalización y
burocratización de los DDHH. Internamente tú puedes despreciar los DDHH,
violentarlos o dejar que la situación se deteriore, pero a escala
internacional, la burocratización se da por la enorme cantidad de normas
que existen, y en esto el Ecuador, en teorÃa, es el primer paÃs en
respetarlas. Junto con esto, la creación inusitada de oficinas de DDHH
en muchas de las instancias estatales, que parecerÃan creadas no para
investigar delitos y abusos de poder, sino para indicar ante la
comunidad internacional que todo está bien, y también para recoger la
cosecha, para gestionar proyectos ante la ONU para educación, defensa,
promoción de derechos humanos.
¿Cual es la actitud del Gobierno ante las organizaciones de DDHH?
Cuando el presidente de la República nos trata de majaderos, que
molestamos al paÃs, o cuando el vicepresidente dice que la extrema
izquierda se escuda tras los DDHH o el ecologismo, eso crea una
atmósfera de hostilidad que recuerda el lenguaje de los dictadores de
los setenta. Desde la autoridad polÃtica hay un discurso, una ideologÃa,
un pensamiento autoritario, ultraconservador, si no se expresa en
órdenes directas se puede expresar en lo otro, en el dejar pasar los
abusos.
¿SerÃa entonces el Estado responsable de la situación de ruptura a los
DDHH en el paÃs?
La impunidad tiene diversos eslabones: leyes injustas, administración de
justicia anómala, poder polÃtico vinculado, dirección de cárceles que
hacen de todo menos rehabilitar, falta de investigación sobre la
violencia concreta. Hay un fenómeno nuevo que nos preocupa sobremanera:
un ambiente en el que en nombre de la seguridad ciudadana se legitima la
violación de los derechos humanos. En el caso de Guayaquil, por ejemplo,
se da un ambiente social, ideológico y propagandÃstico que legitima el
autoritarismo. Se exponen las "ventajas" de romper los derechos
ciudadanos, bajo un criterio temible: que todo aquello que implique
defensa de derechos humanos equivale de manera inmediata a defensa de
los delincuentes. (AAI)
DDHH
-Alexis Ponce aseguró que en el paÃs existe un ambiente de
hostigamiento y amenazas contra las organizaciones de DDHH.
-El Ministerio de Gobierno asignó escoltas policÃales a integrantes de
la Asamplea Permanente de Derechos Humanos, luego de una serie de
amenazas de muerte anónimas.
-La APDH asegura haber sido vÃctima de invasión en sus sistemas
electrónicos. Ponce atribuye la acción a una Unidad de Inteligencia
Técnica.
-La organización AmnistÃa Internacional lleva adelante un "programa de
mecanismos de protección para los defensores de los Derechos Humanos en
riesgo, en paÃses como Brasil, Guatemala y Colombia. (AAI)
ANALISIS
PolÃtica del disimulo
El Gobierno de Gustavo Noboa, en su calidad de representación
institucional del Estado ecuatoriano, ha respondido con una tibieza
preocupante a las denuncias formuladas por AmnistÃa Internacional, en su
último Informe.
Si se tomara prestado un juicio severo del artista quiteño Miguel Varea,
podrÃamos decir que el Gobierno levanta la estética del disimulo como
polÃtica gubernamental, en materia de DDHH.
El Informe de AmnistÃa tomó desprevenido al régimen, que apenas pudo
procesar argumentos de carácter diplomático, con lo cual demostró que,
en su óptica, el problema de las violaciones a los derechos
fundamentales en el Ecuador es su preocupación en tanto afecta la imagen
internacional del paÃs, aunque casa adentro reine la barbarie.
Nada se ha dicho, nada se ha prometido para eliminar la impunidad que
es, quizás, la mayor causa de violencia institucional. Tampoco, que una
tentación peligrosÃsima, que acompaña la gestión de las autoridades
obligadas a enfrentar la violencia delincuencial o polÃtica, es caer en
el pecado del autoritarismo. Aquello porque el control social es mÃnimo
y porque una ideologÃa desesperada, pero admitida sin beneficio de
inventario, no encuentra otro camino para conseguir la seguridad
colectiva que las vÃas más duras, donde los derechos de la persona son
dejados de lado, usualmente.
Es cierto que las violaciones a los DDHH son más numerosas y más
escandalosas cuando la pobreza también aumenta. Pero también es cierto
que los gobiernos hacen poco por atenuar o combatir la miseria.
AmnistÃa Internacional ha dicho que si bien ha caÃdo el Muro de BerlÃn,
los muros de la hipocrecÃa siguen en pie. (DCM)
Gobierno: Informe no es actualizado
"El informe de AmnistÃa Internacional sobre la situación de los derechos
humanos en el Ecuador no cuenta con datos actuales, está retrasado y
cubre el perÃodo de 1999, que ya lo cubrió el año anterior". Asà lo
sostiene el embajador Francisco Proaño, titular de la Dirección de
Derechos Humanos de la CancillerÃa.
El diplomático asegura que el informe presentado por el organismo
internacional no recoge los esfuerzos que realiza el Ecuador, para
implementar una polÃtica de protección y respeto a los derechos humanos.
Entre esos esfuerzos cita al Plan Nacional de Derechos Humanos, aprobado
en 1998, elaborado con la participación de varias organizaciones
sociales, y cuya ejecución entrará en plena vigencia a más tardar a
fines de este año o principios del próximo, señala.
Los objetivos del Plan
"Su objetivo es el de fomentar y garantizar el desarrollo integral de
las personas, en condiciones de respeto, defensa y promoción de los
derechos humanos, es decir, es preventivo y no sancionador", indica.
Asegura que si bien se pueden presentar casos en los que se han
violentado los derechos de una persona, "esto no es un polÃtica
arraigada en el Ecuador y son casos aislados que de hecho tienen que ser
sancionados drásticamente". (PACH)(Diario Hoy) (Blanco y Negro)
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