GALLARDO

Quito. 1 nov 2001. (Editorial) Otra más de las víctimas del terror, de
las órdenes de prisión, de las vendettas políticas, de la traición de sus
propios colegas, de los desafectos y las envidias del poder. Jorge
Gallardo Zavala, hombre capaz, conocedor de su materia, uno de los
mejores ministros de Finanzas del Ecuador, tanto durante el Gobierno de
Borja como en el actual período, ha pagado un alto precio por su afán de
servir al país. Que no es muy querido por muchos, que no se debe ni se
entrega fácilmente a nadie, que en ciertos momentos fue esquivo con la
prensa, que puede llegar a ser egoísta o engreído; todo es posible, pero
no suficiente para perseguirlo, ni hacerlo renunciar así.

Que se lo desaire fea y deslealmente, sin importar la alta representación
que ostentaba; que se lo cubra de sospecha, se lo proscriba, que se
entregue su cabeza para evitar mayores consecuencias, es una injusticia y
un desperdicio para el país. Si existían indicios de irregularidades como
funcionario del Banco del Pacífico, antes de ser ministro, debió haberse
esperado que terminara su gestión en el exterior, que viniera al país,
renuncie a su función, llamarlo a declarar, y si había méritos en el
proceso, proceder con cualquier medida precautelar que hubiera sido
necesaria, no precisamente una orden de prisión.

El tema del fideicomiso en sí es confuso; los datos de prensa no precisan
con claridad las ilegalidades o las verdaderas responsabilidades. El
actúa como un ejecutor de la decisión de organismos superiores a su
jerarquía; el proceso lo realiza abiertamente, bajo el conocimiento y
supervisión de la Superintendencia de Bancos; lo que se cuestiona no es
el fideicomiso o el procedimiento en sí, sino la composición de la
cartera castigada y su monto, por no incluir ajustes que se ordenaron
posteriormente. En definitiva, son desacuerdos administrativos
subsecuentes de nuevas autoridades que, con diferente criterio, objetan
actos, que en su oportunidad fueron aceptados y permitidos por sus
antecesores.

Igual, cómo se explica que la jueza Bacilo concediera y ratificara la
entrega de cartera castigada a un grupo de ex accionistas de Filanbanco,
basándose en la legislación vigente en el mismo período. La misma
Superintendencia de Bancos concurre aceptando el reclamo y cediendo
cartera de ese banco, mientras, al mismo tiempo, objeta la constitución
de un fideicomiso similar a favor de ex accionistas del Pacífico.
Personalmente, opino en contra de la constitución de estos fideicomisos;
creo que fue un error de la ley o su interpretación permitir traspasar
activos castigados a quienes precisamente se ven obligados a perder el
control, por el exceso de pérdidas y el mal manejo de la institución.
Cualquier valor residual o posterior que puedan tener esas carteras
castigadas debe servir para incrementar reservas, mas no para la
devolución.

Gallardo se defenderá y estoy seguro de que hará lo posible para probar
la legalidad de sus actuaciones, tratando de limpiar su nombre. Sin
embargo, la opinión pública debe conocer que como ministro cumplió;
lamentablemente no tuvo apoyo político y mucho menos legislativo. La
reforma tributaria propuesta no pasó, por haberla atado al aumento del
IVA, a pesar de haber sido acertada y necesaria. Y la reforma fiscal
interesa a pocos, en un país donde cuesta pensar en el mediano o en el
largo plazo. En el caso Filanbanco, nadie puede hacerlo responsable,
porque precisamente es él quien provoca que se conozca la verdad de esta
institución. La reducción de la deuda externa en $3 000 millones, y el
control de la inflación, son logros indiscutibles, que bien merecen
nuestro reconocimiento y mejor fin.

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