Quito. 26 nov 2001. El ministro de Energía, Pablo Terán, apuesta el
desarrollo del país no solo a la construcción del OCP, sino también a la
privatización del sector eléctrico. Dice que vendrán tiempos mejores para
los ecuatorianos, porque las empresas serán administradas técnicamente
por inversionistas privados.
Pide tranquilidad y confianza a la ciudadanía, porque garantiza que el
proceso de venta del 51% de las acciones de 17 empresas de distribución
será transparente y mediante puja en una subasta pública.
El Ministerio de Energía perdió protagonismo en el área energética; sin
embargo, dicta las políticas. ¿Esto lo convierte en el blanco de las
críticas de lo que sucede en el sector?
No tengo ingerencia mayor en el sector eléctrico, pero he sido duramente
juzgado por la opinión pública ante la posibilidad de los racionamientos
de energía eléctrica. Todos miran hacia mí y piden respuestas, lo cual me
ha obligado a involucrarme. Por ejemplo, desde mi oficina, organizar los
despachos de diésel para las unidades térmicas.
¿Este papel no le corresponde al Fondo de Solidaridad como mayor
accionista de las empresas?
Hay un manejo irresponsable de las distribuidoras. Tengo historias largas
para contar, me ha tocado regular su administración y tapar ciertos
huecos.
¿Ha logrado taparlos?
El paro de Sucumbíos en 2000 es un ejemplo; la desidia e
irresponsabilidad del gerente de la empresa eléctrica de esa localidad
provocaron los apagones. Había un transformador en las bodegas al que no
le podían poner aceite en una unidad para que genere inmediatamente 1.5
megawatios
¿La planta de Pascuales corrió la misma suerte?
Se fundió la máquina más nueva por no haber seguido los manuales de
mantenimiento. El apagón de tres horas en Guayaquil fue por negligencia
en la operación de Transelectric, en momentos críticos por el bajo nivel
de la cota de Paute. La empresa de Santa Rosa estuvo una semana fuera de
servicio porque el gerente no se había preocupado de gestionar la compra
de 100 000 galones del diésel.
¿Estas son causales para la privatización?
Sí, es fundamental que venga la empresa privada e invierta sus capitales.
Veo que muchos están por un contrato de administración, que no es lo
mismo, porque solo se asigna los gerentes y no se arriesga nada, no se
tiene el incentivo de trabajar para hacer a las empresas más eficientes e
incrementar los rendimientos y las ganancias.
¿Es la oportunidad para el Ecuador?
Si no se logra vender, yo veo al país con poco futuro, porque no hay
nadie en el mundo que salga de la crisis ni crecer ni desarrollarse, sin
un suministro eléctrico confiable, estable y accesible para la población.
El país se hunde si no privatizamos las eléctricas.
Pero para eso debe haber seguridad jurídica, social y política. ¿Este es
el momento adecuado para avanzar en el proceso?
Hay cinco empresas que han decidido confiar en el país e invertir en el
OCP, y eso le ha dado apertura. Hay que capitalizar este impulso, estamos
mejorando la imagen en el exterior y, si logramos vender las eléctricas,
nos proyectaremos más. El Fondo de Solidaridad recibirá dinero fresco y
los réditos se invertirán en desarrollo social. Además, vendrá nueva
inversión en generación, empezando por Mazar. Caso contrario, se
continuará administrando las empresas irresponsablemente y con
clientelismo. Son 30 años de esta situación.
¿Como asegurarse para que un nuevo Gobierno no declare nulo el proceso
ante las observaciones del Tribunal Constitucional?.
El TC no le ha hecho ningún favor al país. El proceso se lleva adelante
con la Ley de Régimen del Sector Eléctrico, que fue aprobada por el
Congreso en 1996, después de un año de debates, y los artículos 249 y 259
de la Constitución que permiten la venta de las acciones. Veo con
preocupación una corriente opositora a la privatización. Los sindicatos
no quieren perder las prebendas, como cargos hereditarios y exoneración
en el pago por el consumo.
¿Sí, pero qué garantías ofrece el Gobierno a los tres inversionistas
interesados?
Hemos hablado con ellos. La única manera para que el TC frene el proceso
será si declara inconstitucional la Constitución. Los detractores
deberían empezar por respetar la Constitución.
Una cuarta prórroga, ¿no es una mala señal para los inversionistas?
Es un proceso extremadamente complejo, valorar 17 empresas no es fácil.
El objetivo es ofrecer transparencia y tranquilidad a la ciudadanía
porque las cosas están haciéndose bien.
Los sectores sociales dudan sobre la valoración de las empresas que
realiza el consorcio Salomon Smith Barney...
La banca de inversión Salomon Smith es el brazo ejecutor del City Bank y
no va a jugarse su prestigio; no pueden haber cosas oscuras. Además, la
venta será en subasta pública y con puja.
¿Las empresas se venderán como negocio en marcha?
Sí. En una economía moderna no importa el valor en libros, sino cuánto
puede rendir el negocio, porque hay empresas que tienen bajos valores en
libros, pero son rentables.
¿Por qué se consiguió apenas tres inversionistas?
Son pocas las empresas en el mundo que se dedican a esto y a invertir
afuera.
¿Cuál va a ser el papel del Estado?
Como regulador fuerte.
¿En enero es la fecha última de la subasta?
No estoy manejando el proceso, es el Conam, pero espero que así sea. La
autocrítica que podemos hacer es la falta de difusión, de cuáles van a
ser los resultados de la venta del 51% de las acciones de las 17
empresas. (Diario Hoy)
desarrollo del país no solo a la construcción del OCP, sino también a la
privatización del sector eléctrico. Dice que vendrán tiempos mejores para
los ecuatorianos, porque las empresas serán administradas técnicamente
por inversionistas privados.
Pide tranquilidad y confianza a la ciudadanía, porque garantiza que el
proceso de venta del 51% de las acciones de 17 empresas de distribución
será transparente y mediante puja en una subasta pública.
El Ministerio de Energía perdió protagonismo en el área energética; sin
embargo, dicta las políticas. ¿Esto lo convierte en el blanco de las
críticas de lo que sucede en el sector?
No tengo ingerencia mayor en el sector eléctrico, pero he sido duramente
juzgado por la opinión pública ante la posibilidad de los racionamientos
de energía eléctrica. Todos miran hacia mí y piden respuestas, lo cual me
ha obligado a involucrarme. Por ejemplo, desde mi oficina, organizar los
despachos de diésel para las unidades térmicas.
¿Este papel no le corresponde al Fondo de Solidaridad como mayor
accionista de las empresas?
Hay un manejo irresponsable de las distribuidoras. Tengo historias largas
para contar, me ha tocado regular su administración y tapar ciertos
huecos.
¿Ha logrado taparlos?
El paro de Sucumbíos en 2000 es un ejemplo; la desidia e
irresponsabilidad del gerente de la empresa eléctrica de esa localidad
provocaron los apagones. Había un transformador en las bodegas al que no
le podían poner aceite en una unidad para que genere inmediatamente 1.5
megawatios
¿La planta de Pascuales corrió la misma suerte?
Se fundió la máquina más nueva por no haber seguido los manuales de
mantenimiento. El apagón de tres horas en Guayaquil fue por negligencia
en la operación de Transelectric, en momentos críticos por el bajo nivel
de la cota de Paute. La empresa de Santa Rosa estuvo una semana fuera de
servicio porque el gerente no se había preocupado de gestionar la compra
de 100 000 galones del diésel.
¿Estas son causales para la privatización?
Sí, es fundamental que venga la empresa privada e invierta sus capitales.
Veo que muchos están por un contrato de administración, que no es lo
mismo, porque solo se asigna los gerentes y no se arriesga nada, no se
tiene el incentivo de trabajar para hacer a las empresas más eficientes e
incrementar los rendimientos y las ganancias.
¿Es la oportunidad para el Ecuador?
Si no se logra vender, yo veo al país con poco futuro, porque no hay
nadie en el mundo que salga de la crisis ni crecer ni desarrollarse, sin
un suministro eléctrico confiable, estable y accesible para la población.
El país se hunde si no privatizamos las eléctricas.
Pero para eso debe haber seguridad jurídica, social y política. ¿Este es
el momento adecuado para avanzar en el proceso?
Hay cinco empresas que han decidido confiar en el país e invertir en el
OCP, y eso le ha dado apertura. Hay que capitalizar este impulso, estamos
mejorando la imagen en el exterior y, si logramos vender las eléctricas,
nos proyectaremos más. El Fondo de Solidaridad recibirá dinero fresco y
los réditos se invertirán en desarrollo social. Además, vendrá nueva
inversión en generación, empezando por Mazar. Caso contrario, se
continuará administrando las empresas irresponsablemente y con
clientelismo. Son 30 años de esta situación.
¿Como asegurarse para que un nuevo Gobierno no declare nulo el proceso
ante las observaciones del Tribunal Constitucional?.
El TC no le ha hecho ningún favor al país. El proceso se lleva adelante
con la Ley de Régimen del Sector Eléctrico, que fue aprobada por el
Congreso en 1996, después de un año de debates, y los artículos 249 y 259
de la Constitución que permiten la venta de las acciones. Veo con
preocupación una corriente opositora a la privatización. Los sindicatos
no quieren perder las prebendas, como cargos hereditarios y exoneración
en el pago por el consumo.
¿Sí, pero qué garantías ofrece el Gobierno a los tres inversionistas
interesados?
Hemos hablado con ellos. La única manera para que el TC frene el proceso
será si declara inconstitucional la Constitución. Los detractores
deberían empezar por respetar la Constitución.
Una cuarta prórroga, ¿no es una mala señal para los inversionistas?
Es un proceso extremadamente complejo, valorar 17 empresas no es fácil.
El objetivo es ofrecer transparencia y tranquilidad a la ciudadanía
porque las cosas están haciéndose bien.
Los sectores sociales dudan sobre la valoración de las empresas que
realiza el consorcio Salomon Smith Barney...
La banca de inversión Salomon Smith es el brazo ejecutor del City Bank y
no va a jugarse su prestigio; no pueden haber cosas oscuras. Además, la
venta será en subasta pública y con puja.
¿Las empresas se venderán como negocio en marcha?
Sí. En una economía moderna no importa el valor en libros, sino cuánto
puede rendir el negocio, porque hay empresas que tienen bajos valores en
libros, pero son rentables.
¿Por qué se consiguió apenas tres inversionistas?
Son pocas las empresas en el mundo que se dedican a esto y a invertir
afuera.
¿Cuál va a ser el papel del Estado?
Como regulador fuerte.
¿En enero es la fecha última de la subasta?
No estoy manejando el proceso, es el Conam, pero espero que así sea. La
autocrítica que podemos hacer es la falta de difusión, de cuáles van a
ser los resultados de la venta del 51% de las acciones de las 17
empresas. (Diario Hoy)
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